La globalización ha introducido a millones de mujeres de los países en desarrollo en el mundo del trabajo. Trabajan en las cadenas globales de producción de las empresas multinacionales, produciendo mercancías que impulsan el crecimiento de las exportaciones: recogen y envasan fruta, cosen prendas de vestir, cortan flores y montan juguetes. Estos trabajos podrían aportar a las mujeres los ingresos, la seguridad y el apoyo que necesitan para salir de la pobreza junto con sus familias. Por el contrario, se les niega sistemáticamente la participación que les corresponde en los beneficios que genera la globalización. Los contratos –en el caso de que los tengan– son de corta duración y la mujer trabaja a un ritmo frenético a cambio de un salario muy bajo, en condiciones insalubres. Se ve obligada a realizar muchas horas para ganar lo suficiente como para sobrevivir. La mayoría no goza de baja por enfermedad o por maternidad, pocas están amparadas por alguna cobertura sanitaria o de desempleo y aún menos consiguen ahorrar para el futuro. En lugar de apoyar el desarrollo a largo plazo, el comercio fomenta la inseguridad y la vulnerabilidad de millones de mujeres trabajadoras. La dura realidad a la que se enfrentan las trabajadoras pone de relieve uno de los fallos patentes del actual modelo de globalización. A lo largo de los últimos 20 años, se han ampliado y fortalecido espectacularmente los derechos (jurídicos) de las poderosas entidades corporativas. A través de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de los acuerdos comerciales regionales y bilaterales, las empresas disfrutan ahora de protección para sus derechos de propiedad intelectual a escala mundial. Como inversores, estas mismas empresas están protegidas jurídicamente frente a una amplia gama de posibles acciones de los gobiernos. Los derechos de los trabajadores han evolucionado en sentido contrario. Y no es casual que el ascenso de los contratos “flexibles” haya ido parejo al aumento del número de mujeres trabajadoras, a menudo inmigrantes. El resultado es que los derechos de las empresas son cada vez más fuertes, mientras que los derechos y la protección de las personas en el trabajo se debilitan, y las mujeres están pagando los costes sociales de todo ello. El núcleo de muchas estrategias de empleo de las cadenas de producción globales es la explotación de las circunstancias de la población vulnerable, ya sea de manera intencionada o no. Es evidente que los grupos sociales vulnerables necesitan desesperadamente trabajar para poder salir de la pobreza y la desigualdad. Pero si la manera de contratarlos convierte su vulnerabilidad en una excusa para pagarles menos, haciéndoles trabajar más horas y en condiciones más duras, sin darles los subsidios que les corresponden legítimamente, el trabajo no les servirá para salir de la pobreza. El resultado es un cambio gradual, pero fundamental, en el beneficiario del comercio bajo el modelo de globalización imperante. Las ventajas de la flexibilidad de que gozan las empresas al final de las cadenas globales de producción son a costa de la precariedad del empleo en el otro extremo de la cadena. Si éste es el futuro del trabajo orientado a la exportación en los países pobres, el comercio no cumplirá con su auténtico potencial para reducir la pobreza y la desigualdad de género. El estudio llevado a cabo por Oxfam con socios de 12 países, ha supuesto la realización de entrevistas a cientos de mujeres trabajadoras y a muchos jefes de fábricas y de explotaciones agrícolas, a agentes de las cadenas mundiales de producción, al personal de empresas minoristas y de grandes marcas, a sindicatos y funcionarios gubernamentales. Ha puesto de manifiesto cómo los minoristas (supermercados y grandes almacenes) y las marcas de ropa utilizan su poder en las cadenas de producción para trasladar sistemáticamente los costes y los riesgos a los productores, quienes, a su vez, los desplazan a las mujeres trabajadoras. En el Capítulo 1 se explican las repercusiones de todo ello en las mujeres y en sus familias: • En Chile, el 75% de las mujeres del sector agrícola trabaja con contratos temporales, recogiendo fruta durante más de 60 horas a la semana durante la temporada. Pero una de cada tres sigue ganando menos del salario mínimo. • Menos de la mitad de las mujeres empleadas en el sector de la exportación de textiles y de prendas de vestir en Bangladesh tiene contrato de trabajo y la gran mayoría no tiene bajas de maternidad o cobertura sanitaria... Pero el 80% teme el despido si se queja. • En la provincia china de Guangdong, una de las regiones industriales de crecimiento más rápido de todo el mundo, las jóvenes hacen 150 horas extras al mes en las fábricas de confección, pero el 60% no tiene contrato de trabajo y el 90% no tiene acceso a la seguridad social. Las repercusiones de esta inseguridad en el empleo van más allá del lugar de trabajo. Todavía se considera que las mujeres deben ocuparse de criar a los hijos y cuidar a los familiares enfermos y a los ancianos aunque trabajen fuera de casa. Soportan una doble carga y apenas reciben ayuda de sus gobiernos o empresarios para llevarla dignamente. La presión que sufren puede acabar con su salud, desestructurar a su familia y minar las posibilidades de que sus hijos accedan a un futuro mejor. El resultado: precisamente a las trabajadoras que constituyen la columna vertebral de la generación de riqueza en muchos países en vías de desarrollo se les arrebata su parte de los beneficios que el comercio les podría deparar. Sufren las consecuencias los trabajadores tanto de los países ricos como pobres. Las mujeres e inmigrantes de las comunidades pobres de los países ricos –como las trabajadoras agrícolas de EE.UU. y Canadá y las que se llevan el trabajo a casa en el Reino Unido y Australia– padecen igualmente condiciones de contratación muy precarias en los sectores sometidos a la competencia comercial. La presión de la competencia que ejercen las importaciones de bajo coste es claramente una de las razones, pero también interviene la presión que comporta trabajar en el eslabón más bajo de la cadena de abastecimiento mundial de una gran cadena de venta al público, tanto si ésta compra en el extranjero como en casa. Una de las causas básicas de estas condiciones precarias es el nuevo modelo empresarial que ha surgido con la globalización, y que se describe en el capítulo 2. Las empresas minoristas y las grandes marcas se han erigido como la poderosa bisagra entre los consumidores y los productores del mundo. Sus cadenas de producción globales se extienden desde las estanterías de los supermercados y de las tiendas de ropa de los principales centros comerciales del mundo a las explotaciones agrícolas de fruta y verdura de América Latina y África y las fábricas de confección de ropa en el Norte de África y China. Wal-Mart, la cadena de hipermercados más grande del mundo, que lidera este modelo, compra productos a más de 65.000 proveedores de todo el mundo y los vende a más de 138 millones de consumidores cada semana en sus 1.300 tiendas repartidas en 10 países. La globalización ha reforzado enormemente la capacidad negociadora de las cadenas de tiendas minoristas. Las nuevas tecnologías, la liberalización del comercio y la movilidad de los capitales han aumentado de forma espectacular el número de países y de productores a los que pueden adquirir sus productos, creando un sector productivo de proveedores que crece indefinidamente y que se disputan un puesto en las cadenas de producción. Al mismo tiempo, las fusiones y adquisiciones internacionales y las estrategias agresivas de fijación de los precios han concentrado el poder del mercado en manos de un puñado de grandes grupos empresariales que ahora construyen imperios internacionales. Éstos tienen un poder enorme a la hora de negociar con los productores y lo utilizan para trasladar los costes y los riesgos del negocio a los eslabones más bajos de la cadena de abastecimiento. Su modelo empresarial, centrado en el máximo beneficio para el accionista, exige cada vez más flexibilidad a través de una entrega “al momento”, pero con un control más estricto de los inputs y los estándares, junto con unos precios cada vez más bajos. Bajo estas presiones, los directores de las fábricas y de las explotaciones agrícolas desplazan los costes y los riesgos a los eslabones más débiles de la cadena: la mano de obra que contratan. Para muchos productores, la estrategia laboral es muy sencilla: que sea flexible y barata. Para hacer frente a la oscilación de pedidos y a la caída de precios, contratan trabajadores y trabajadoras con contratos de corta duración, exigen objetivos exagerados y subcontratan en la economía informal a productores que están fuera de la normativa y son invisibles. Presionados para cumplir plazos de entrega muy ajustados, exigen que los trabajadores inviertan muchas horas para cumplir las fechas de envío pactadas. Y para minimizar la resistencia, contratan a las trabajadoras con menos probabilidades de sindicarse (mujeres jóvenes, a menudo emigrantes e inmigrantes) y amenazan o despiden a las que se atreven a defender sus derechos. A la vista de estas fuertes presiones comerciales, los gobiernos deberían fortalecer la protección de los derechos de las trabajadoras. Por el contrario, muchos han comerciado con ellos hasta vaciarlos de contenido, ya sea por medio de leyes o en la práctica. Presionados por los inversores locales y extranjeros y por las condiciones de los préstamos del FMI y del Banco Mundial, con demasiada frecuencia han permitido que las normas del trabajo se definiesen de acuerdo con las exigencias de flexibilidad de la cadena de compra: mayor facilidad de contratación y de despido, más contratos de menor duración, menos subsidios y más horas extras. Ello genera una ventaja a corto plazo para el comercio, pero con el riesgo de un coste a largo plazo para la sociedad. Cada vez más, las empresas exhiben “códigos de conducta” que aseguran a los consumidores que se preocupan de que se respete la legislación laboral a lo largo de toda la cadena. Pero las auditorias que realizan en sus fábricas y explotaciones agrícolas siguen centrando su atención en documentar los problemas laborales que existen sin preguntarse por qué persisten. Intervienen muchos factores, desde una dirección deficiente a una legislación nacional laxa. Pero una de las raíces del problema, ignorada durante demasiado tiempo, es la presión de las empresas distribuidoras y de las marcas debido al tipo de prácticas de compra que imponen a la cadena de proveedores, que deterioran las mismas normas del trabajo que dicen apoyar. Cuando nos quedamos horrorizados de las condiciones de trabajo infrahumanas de las fábricas de confección deberíamos preguntarnos ¿quién las generó? La presión que sufren las trabajadoras se inicia lejos de los locales de la fábrica y va bajando por la cadena de compra a través de las estrategias de las cadenas minoristas y marcas comerciales descritas en el Capítulo 3. Su exigencia de entrega “al momento” ha reducido un 30% los tiempos de producción en cinco años...y genera pedidos más pequeños y menos previsibles y costes de transporte aéreo elevados en los casos de incumplimiento de plazos. Las fábricas de Marruecos que producen para Induyco y El Corte Inglés, la cadena de grandes almacenes más importante de España, deben entregar muchos de los pedidos en menos de siete días. “Las tiendas tienen que estar siempre llenas de diseños nuevos”, decía un responsable de la planificación de la producción. “Hacemos lo imposible por cumplir los plazos... Nos jugamos la imagen”. Pero la imagen que ocultan es la de las jóvenes que trabajan hasta 16 horas al día para cumplir esos plazos, recibiendo un 40% menos por las horas trabajadas fuera de su horario habitual. “Una de las chicas está embarazada de siete meses y trabaja diez horas al día”, comentaba una trabajadora de la confección, “y como tiene que hacer un montón de piezas por hora, el encargado no le deja ir al lavabo. Para ella es una auténtica tortura, pero no se puede permitir el lujo de perder el trabajo.” En todos los países, la caída de los precios (para los productores de prendas de vestir ha sido del 30% en tres años) aumenta la presión para recortar los costes; la solución preferida, aunque oculta, es subcontratar la producción a talleres cuyas condiciones son mucho peores. Y cuando los compradores no aseguran pedidos para el futuro, sus intenciones de mejorar las condiciones laborales suenan huecas. No es de extrañar que muchos directivos falsifiquen los documentos e intimiden a las trabajadoras para que contesten las preguntas “correctamente”. La industria de productos frescos –fruta, verduras y flores– es intrínsecamente arriesgada, pero las duras negociaciones que imponen los supermercados pueden incrementar todavía más esta apuesta. Como muestra el capítulo 4, los campesinos de todo el mundo se ven obligados a cargar con los costes y riesgos cada vez que los supermercados establecen los precios mucho después de que se haya embarcado el producto, cuando exigen relaciones de exclusividad pero anulan el pedido, y cuando hacen promociones a precios bajísimos para alcanzar sus objetivos de ventas. “Es la única parte del pastel que nos queda, los costes de la mano de obra”, decía un productor de manzanas sudafricano que exporta a Tesco, el mayor supermercado del Reino Unido. “Si ellos nos exprimen, ese es el único lugar donde podemos exprimir nosotros”. No es de extrañar pues, que los agricultores como él contraten temporalmente cada vez más a mujeres para que trabajen 11 horas al día en el campo a cambio de salarios de pobreza, sin bajas por enfermedad o maternidad y sin seguridad en sus ingresos. Ya es hora de conseguir un comercio con justicia En la campaña de Oxfam Por un Comercio con Justicia estamos uniendo esfuerzos, con organizaciones de todo el mundo, para exigir que las mujeres que trabajan en las cadenas de producción de algunas de las compañías más poderosas del mundo obtengan la parte que les corresponde de los beneficios que genera el comercio. Sus experiencias y luchas constituyen el núcleo de este informe y de nuestra campaña internacional. Todos nosotros exigimos: • Que las compañías respeten los estándares laborales en toda la cadena de producción, también en la parte que sea deslocalizada y que su política comercial considere especialmente el impacto que tienen sus prácticas de compra y aprovisionamiento en la forma en que los productores contratan y tratan a sus trabajadoras. • Que los productores y proveedores de todo el mundo ofrezcan puestos de trabajo dignos a sus empleados, lo que incluye respetar el derecho de las trabajadoras a sindicarse y a negociar convenios colectivos y a eliminar la discriminación de las mujeres trabajadoras. • Que los gobiernos del Norte y del Sur dejen de comerciar con los derechos de los trabajadores jurídicamente y en la práctica, y que hagan cumplir las normas internacionales del trabajo para fomentar trabajos dignos que favorezcan la reducción de la pobreza, la igualdad de género y el desarrollo. • Que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial promuevan los derechos de los trabajadores en todas sus operaciones, en tanto que es una herramienta fundamental para la reducción de la pobreza y para una mayor igualdad de género. • Que los inversores institucionales –accionistas y fondos de pensiones– utilicen su poder en los mercados de inversión para promover prácticas en las cadenas de producción que respeten las normas internacionales del trabajo. • Que los consumidores reclamen a las cadenas de distribución y grandes marcas que garanticen que sus prácticas de compras respetan los derechos de los trabajadores en lugar de deteriorarlos.

Letras y Encajes publica su primer número en 1926; esta revista fue fundada por mujeres de la clase dirigente de Medellín, muchas de ellas socias de la institución cultural Centro Femenino de Estudios (Sofía Ospina de Navarro, Teresa Santamaría de González, Ángela Villa de Toro y Alicia Merizalde de Echavarría), a lo largo del tiempo se consolidó como la revista femenina más importante del país, dirigida a mujeres de la clase alta y media, abordaba temas que giraban alrededor del hogar, la religión, la literatura y la moda de la época. La revista circuló mensualmente hasta 1959. Sus principales redactoras eran mujeres, pero contaba con la colaboración ocasional de algunos hombres y con traducciones de autores y autoras extranjeras.

El análisis de 89 testamentos indígenas de Santafé, capital del Nuevo Reino de Granada, de los siglos XVI y XVII, da cuenta de las transformaciones de la familia muisca en la ciudad colonial. Desapareció la poliginia y el precio de la novia, y se legitimo el matrimonio a través del sacramento católico; se instauró la costumbre de la dote mediterránea y los hijos empezaron a heredar los bienes de su padre. Sin embargo, los testamentos demuestran la persistencia de algunos rasgos matrilineales en los legados que los hombres dejaban a los hijos de sus hermanas y en la sucesión de los cacicazgos. La migración masiva de indígenas a la nueva ciudad promovió el mestizaje y la reconfiguración de las familias indígenas que acogieron en su seno a huérfanos de diferente condición. Algunas mujeres alcanzaron posiciones inéditas y recurrieron a la Real Audiencia para defender los derechos que creían conculcados por sus maridos indígenas o por los padres españoles de sus hijos.

El caso del Perú puede ser considerado como un laboratorio en el que se presentan y plantean una serie de interrogantes y debates sobre la creciente participación femenina en las decisiones políti-cas y económicas del país. En la última década, y bajo el régimen autoritario del Presidente Alber-to Fujimori (1990–2000), un sinnúmero de mujeres participó en las altas esferas del poder como ejecutivas, tecnócratas, parlamentarias o asesoras con gran protagonismo en la escena pública. A propósito de la presencia femenina se afinó la legislación sobre violencia doméstica y se promulgó la Ley de Cuotas para garantizar la participación de las mujeres en las listas de candidatos en la política; se desarrollaron programas especiales sobre salud reproductiva y se promovieron pro-gramas de crédito, capacitación y empleo para mujeres de sectores de bajos ingresos. Parecería que al final del siglo XX, desde esta perspectiva y a pesar del autoritarismo imperante, las mujeres peruanas conquistaron finalmente su condición de ciudadanas del Perú. Mientras el discurso oficial no cesaba de repetir: “Con el Presidente Fujimori las mujeres serán dueñas de su propio destino” y el número de mujeres en el poder se multiplicó, otros datos muestran una realidad diferente. El analfabetismo, que es un problema centralmente femenino e indígena afecta a más de un 25 por ciento de las mujeres rurales, el embarazo adolescente y el alcoholismo juvenil han aumentado por la falta de oportunidades educativas y de empleo, y la deserción escolar es un problema latente, al que se añade la deficiente calidad de la educación. Es decir, una parte considerable de las futuras generaciones de peruanas no conocen una com-putadora, el Internet, y muchas con las justas saben sumar y restar. Estadísticas manipuladas por un gobierno que pretendió controlarlo todo y perennizarse en el poder, han encubierto ante la sociedad y ante el mundo una realidad de persistente pobreza y postergación de un impor-tante sector de mujeres del país. /

Hojas de Warmi es una referencia ya indispensable en el haber historiográfico de los estudios de género y la investigación feminista, y significada en su proyección sobre América Latina. Publicación ciertamente única en el panorama académico español que es editada por el Seminario Interdisciplinar Mujeres y Sociedad, SIMS, de la L'Universitat de Barcelona y dirigida por su fundadora Lola G. Luna, profesora titular de Historia Contemporánea de América desde 1977 y emérita a partir de 2008 en la misma universidad.

En Colombia, la pionera había sido la revista bogotana La Mujer, creada 50 años antes y dirigida por la escritora Soledad Acosta de Samper. Sin embargo, mientras La Mujer se publicó solo por cuatro años, Letras y Encajes fue editada mensualmente durante 33 años, hasta 1959. Una aventura de estas pareciera ser un ejemplo de emancipación femenina, pero al revisar la publicación es fácil encontrarse con una postura conservadora que, con todo, da cuenta de cómo se entendía a la mujer a principios del siglo veinte.

Letras y Encajes publica su primer número en 1926; esta revista fue fundada por mujeres de la clase dirigente de Medellín, muchas de ellas socias de la institución cultural Centro Femenino de Estudios (Sofía Ospina de Navarro, Teresa Santamaría de González, Ángela Villa de Toro y Alicia Merizalde de Echavarría), a lo largo del tiempo se consolidó como la revista femenina más importante del país, dirigida a mujeres de la clase alta y media, abordaba temas que giraban alrededor del hogar, la religión, la literatura y la moda de la época. La revista circuló mensualmente hasta 1959. Sus principales redactoras eran mujeres, pero contaba con la colaboración ocasional de algunos hombres y con traducciones de autores y autoras extranjeras.

Esta ponencia constituye un informe de avance de la investigación “Trabajo, familia y desigualdad. La educación en las estrategias familiares frente a la crisis de la relación laboral”, desarrollada en el marco de la beca Clacso-ASDI 2005. La investigación busca contribuir al estudio de la transmisión intergeneracional de la desigualdad a través del análisis de la relación entre trabajo, familia y escolaridad. En medio de las transformaciones del mercado de trabajo, y de los cambios demográficos y sociales que visibilizan configuraciones de familia diferentes de las construidas por los discursos de la segunda mitad del siglo XX, los hogares latinoamericanos se ven obligados a desarrollar estrategias para hacer frente a la crisis del empleo. Algunas de ellas, las menos, logran mejorar sus condiciones de vida; otras tantas apenas se adaptan a los cambios con grandes dificultades, con más o menos éxitos en el esfuerzo; por último, un número significativo y creciente de hogares a duras penas logra mantener su sobrevivencia comprometiendo el futuro de sus menores al no poder apoyar su proceso educativo. Este estudio se sustenta en la idea de que la fuerza de trabajo y el capital educativo de las familias son vitales para la inserción laboral pero que su valor es relativo a la estructura de oportunidades en la que están insertos. Para revisar esta idea, se recurre a las encuestas de hogares de Argentina, Brasil, Chile y México, años 1990 y 2000, seleccionando a su vez a las familias urbanas con hijos adolescentes, por ser éstos los más vulnerables a ser la variable de ajuste de sus hogares. Junto con mostrar la dinámica de esta relación, se propone indagar acerca de las diferencias entre países a partir de sus características del mercado de trabajo, el perfil educativo de su población, así como las características de la estructura familiar

Varios son los temas que se pueden abordar en el libro publicado por María Himelda Ramírez: la historiografía femenina colonial, la concepción sobre la mujer y la familia, la transmisión de valores y la creación de imaginarios, entre otros. Sin embargo, para esta reseña sólo me ocuparé de la caridad, pues el texto es una invitación a reflexionar sobre la manera como los sistemas de protección social reflejan y reproducen los mecanismos de diferenciación social.

Letras y Encajes publica su primer número en 1926, esta revista fue fundada por mujeres de la clase dirigente de Medellín, muchas de ellas socias de la institución cultural Centro Femenino de Estudios (Sofía Ospina de Navarro, Teresa Santamaría de González, Ángela Villa de Toro y Alicia Merizalde de Echavarría) a lo largo del tiempo se consolido como la revista femenina más importante del país, dirigida a mujeres de la clase alta y media, abordaba temas que giraban alrededor del hogar, la religión, la literatura y la moda de la época. La revista circuló mensualmente hasta 1959. Sus principales redactoras eran mujeres, pero contaba con la colaboración ocasional de algunos hombres y con traducciones de autoras(es) extranjeras(os).