El desplazamiento forzado afecta de manera diferencial y desproporcionada a las mujeres y entre éstas a las mujeres indígenas y afro-descendientes; constituye además un delito que vulnera los derechos humanos, a la vida, a la familia, a la paz, a la dignidad, a la libertad, a la igualdad, a la tranquilidad, al trabajo, a la seguridad, a la libre circulación, a la vivienda, al mínimo vital, a la educación, a la propiedad, al trabajo, entre otros derechos. Colombia es uno de los países con mayor número de desplazados(as) en el mundo. Las cifras varían de acuerdo a la fuente, pero van desde tres millones quinientos mil, cifra oficial registrada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, hasta más de cuatro millones, según la Consultoría para los Derechos Humanos – CODHES. La Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, además de dar alta visibilidad a la situación de la población en situación de desplazamiento, ha establecido con meridiana claridad medidas para superar el “estado de cosas inconstitucional en el desplazamiento forzado” declarado mediante la sentencia T-025 de 2004. Adicionalmente en una decisión sin precedentes, se ha ocupado del tema de las mujeres afectadas por el conflicto y el desplazamiento, en el Auto 092 de 2008. Es importante que cada operador/a judicial tome conciencia de las barreras que enfrentan las mujeres en situación de desplazamiento para acceder a la justicia, entre otras, la dificultad en materia probatoria en casos de violencia sexual o despojo violento o intimidatorio de sus tierras y bienes; el desconocimiento de sus derechos y de los mecanismos para demandar una reparación; la destrucción o pérdida de documentos; la pérdida de redes sociales de apoyo; la falta de asesoría jurídica sensible al género; el aspecto cultural que todavía persiste en los prestadores/as de servicios y que contribuye a la discriminación de las mujeres; el temor de las víctimas por amenazas a su integridad física o sexual, tanto a ellas como a sus hijos e hijas; el asesinato de sus parejas; la carencia de información suficiente en Catastro; el testaferrato, el lavado de activos, etc., etc. Es en este contexto que sigue siendo un desafío para el Estado colombiano, evaluar los mecanismos y políticas vigentes para asegurar el acceso a la administración de justicia por parte de la población afectada por el desplazamiento forzado, especialmente de las mujeres; y garantizar que los y las prestadores del servicio de justicia comprenden la condición de vulnerabilidad de ésta población y actúan en consecuencia con la protección reforzada que les ha sido reconocida. Es necesario reconocer que hay grandes esfuerzos por responder a la problemática, sin embargo, queda todavía mucho por hacer para prevenirlo y para garantizar de manera oportuna e integral los derechos a las personas afectadas. Adicionalmente el escenario colombiano presenta preocupantes indicadores de pobreza a lo cual se suma la situación de emergencia humanitaria causada por las inundaciones, lo cual constituye un elemento de mayor complejidad para prevenir y garantizar los derechos a una población que en general padece de una doble afectación: desplazamiento forzado por causas inherentes al conflicto y desplazamiento con ocasión de las inundaciones o desastres naturales. Es por todo lo anterior que este documento cobra capital importancia como un ejemplo de lo que es posible hacer desde la Rama Judicial, renovando las capacidades de sus operadores/as para que aseguremos desde este ámbito del Estado la respuesta integral, oportuna y sensible a la población en desplazamiento, especialmente a las mujeres; contiene un análisis sobre el acceso a la administración de justicia como derecho fundamental; las acciones colectivas, de grupo o de clase como instrumento de defensa de los grupos en condiciones de vulnerabilidad; la dificultad probatoria que pesa sobre los grupos en estas condiciones y plantea algunas propuestas que permiten subsanar estas dificultades probatorias.

El presente artículo aborda la problemática del desplazamiento forzado en las comunidades indígenas y afrocolombianas. Se muestran algunas condiciones generadoras de dicho fenómeno y los efectos que este supone. También se describe cómo algunos integrantes de estas comunidades optan por la organización y la participación en los nuevos contextos, para hacer del territorio un aspecto central de sus reivindicaciones, situación que se ilustra a partir de dos experiencias organizativas que se desarrollan en Bogotá.

La Mesa de Trabajo "Mujer y conflicto armando” es conformada por organizaciones de mujeres y derechos humanos, organizaciones sociales, personas y entidades nacionales e internacionales cuyo propósito es hacer evidentes las múltiples formas de violencia que afectan a las mujeres y a las niñas en el marco de la violencia sociopolítica, incluida la del conflicto armado interno colombiano. Con este fin, la Mesa promovió la visita a Colombia de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, la Señora Radhika Coomaraswamy y elaboró este informe, con el cual se espera contribuir a hacer evidente "la grave crisis de derechos humanos de las mujeres en Colombia, entendiendo que su superación no depende exclusivamente de la resolución del conflicto armado interno, en la medida en que las causas de las violaciones a sus derechos humanos obedecen a profundas inequidades sociales, económicas y culturales". El Informe analiza las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en Colombia entre octubre de 2000 y marzo de 2001, destacando las vulneraciones contra los derechos de las mujeres y niñas desplazadas, la violencia contra la participación de las mujeres y sus organizaciones, la situación de las niñas desvinculadas del conflicto armado, la violencia sexual contra las mujeres, jóvenes y niñas, y otras formas de violencia contra las mujeres.

En el mes de marzo de 2023 se registraron 53 eventos de movilidad humana forzada. Las principales causas de estos eventos fueron las confrontaciones entre los grupos armados ilegales que se disputan el control territorial de diferentes áreas del país, amenazas a la población civil, homicidios, presencia de minas antipersonal, y de municiones sin explotar, Así como la estigmatización de la población por la presunta colaboración con la fuerza pública o los grupos armados ilegales. Este boletín notifica los 7 eventos de desplazamiento forzado masivo en diferentes lugares del departamento donde se vieron notoriamente afectados. Estos fueron Nariño, Chocó, Meta, Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Cesar, Córdoba y Bolívar.

Con el objeto de fortalecer la labor de la Defensoría del Pueblo en materia de promoción del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos se realizó un convenio con la Organización Internacional para las Migraciones – OIM con el fin de implementar el proyecto denominado “Promoción y Monitoreo del Ejercicio de los Derechos a la Salud Sexual y Reproductiva de Población en Situación de Desplazamiento Forzado y Receptora Vulnerable, con énfasis en Violencias Intrafamiliar y Sexual”, proyecto que responde a la necesidad de superar el vacío de política en el nivel interinstitucional, en donde no existen programas y proyectos destinados a promover y monitorear el ejercicio y la restitución de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niños y niñas en condiciones de desplazamiento forzado. En el marco de una primera fase de este proyecto, se ha desarrollado el Módulo de capacitación en Derechos Sexuales y Reproductivos, dirigido a funcionarios y funcionarias, “De la A a la Z en derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en violencia intrafamiliar y violencia sexual”, resultado del trabajo coordinado entre la Defensoría del Pueblo, Profamilia y la Organización Internacional para las Migraciones - OIM. El módulo ha sido diseñado para la promoción, el conocimiento y la apropiación de los derechos sexuales y reproductivos de hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas en situación de desplazamiento y de la población receptora vulnerable, haciendo un especial énfasis en las problemáticas de violencia intrafamiliar y sexual. Se basa en un enfoque de derechos dirigido al reconocimiento de los seres humanos como sujetos de derechos y al Estado y la sociedad como garantes de los mismos con un enfoque de género, y ha sido elaborado con una perspectiva diferencial que tiene en cuenta la condición y posición de las personas, con el fin de hacer visible su situación en términos de acceso al reconocimiento como sujetos de derechos.

La violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado ha seguido permaneciendo oculta tras un muro de silencio fomentado por la discriminación y la impunidad. Las mujeres que la padecen se han convertido en las víctimas invisibles del conflicto. El objetivo de este informe es ofrecer una plataforma a las mujeres que han sobrevivido a la violencia sexual, cuyas voces rara vez se escuchan debido a la vergüenza y el temor que han experimentado durante tanto tiempo, y así contribuir a que se conozca más la magnitud y la gravedad de la violencia contra las mujeres en el conflicto armado colombiano. Muchas de las mujeres que hablaron con Amnistía Internacional no se habían sentido hasta ahora con fuerzas para contar su historia, a pesar de que en algunos casos habían pasado años desde lo sucedido. La organización agradece a estas mujeres y niñas su valor para denunciar los hechos. A ellas está dedicado este informe. Este texto resume el documento titulado Colombia – Cuerpos marcados, crímenes silenciados. Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado (Índice AI: AMR 23/040/2004), publicado por Amnistía Internacional en octubre de 2004.

La ciudad como albergue para quienes buscando salvar sus vidas se desplazan de sus espacios de origen para sumergirse en el anonimato urbano, aún a costa de la miseria, el desamparo, el desempleo y el hambre, es un hecho que se nos impone día a día. Casi ninguna ciudad de más de dos millones de habitantes en Colombia escapa a este fenómeno siendo Bogotá la más afectada. El arribo cotidiano de estas personas tiende a agravar los desequilibrios existentes, tanto los sociales como los referentes al ordenamiento territorial y la satisfacción de necesidades básicas. Las líneas que a continuación siguen no buscan en ningún momento profundizar en las secuelas psicológicas generadas por el desarraigo; tampoco pretendo adentrarme en el aspecto político-ideológico del problema. El objetivo del presente artículo es visibilizar cuantitativamente la situación de los(as) desplazados(as) para a partir de allí evidenciar la relación ciudad-desplazamiento en el marco de las complejas consecuencias que ello implica para la planeación y el desarrollo humano sostenible en el Distrito Capital.

This research paper examines the most relevant components of the perception the right to justice a group forcibly displaced people. The theoretic starting point was the perspective of transitional justice from below. For this reason, reference is made to this issue, and to the antagonistic stance transitional justice from above. This chapter explains the relevance the role of the State has for the victims, and the effective enjoyment of their economic, social and cultural rights as a guarantee for their right to justice.

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Esta audiencia es principalmente un espacio de encuentro entre mujeres quienes, comprometidas con el desarrollo del país, hemos tomado diferentes opciones de vida. Sin duda, representa la posibilidad de expresar las esperanzas ante el futuro de la sociedad, no sin antes manifestar los temores ante el riesgo de lo que significa, en este momento, romper el silencio buscando superar la complicidad frente a la guerra; al riesgo de continuar siendo utilizadas para el juego de los guerreros; al riesgo de no ser escuchadas y que nuestra palabra sea tomada, una vez más, como palabra-síntoma. Frente al conflicto armado y a la paz invitamos a las personas aquí presentes y a todo el país, a la reflexión a partir de las siguientes consideraciones: • Los y las colombianas no podemos seguir afirmando indefinidamente que la violencia es la partera de la historia. Para nosotras la historia se construye a partir del diálogo, el encuentro, la resolución pacífica de conflictos y la concertación. • Necesitamos crear condiciones de paz con justicia social y des legitimar la idea de aniquilación de unos a otros. Las anteriores consideraciones expresan que en Colombia no podemos seguir viviendo en la disputa sangrienta por la acumulación de los territorios, por la extracción y destrucción ilimitada de los recursos naturales y por el establecimiento de relaciones de apropiación de unos seres humanos sobre otros. Para construir la paz es preciso que todos los procesos productivos sean orientados hacia el desarrollo sostenible.