Asimismo el documento se nutre de informes investigaciones einstrumentos realizados por organismos internacionales como el AltoComisionado de Naciones Unidas para los Refugiados la OrganizacionInternacional para las Migraciones UNICEF Medicos s

La cuestión de la tierra ha ocupado la atención del país de manera recurrente porque sigue sin ser resuelta y ahora regresa asociada al proceso de paz con las FARC y al cumplimiento de los acuerdos que buscan hacer una reforma rural integral. Esa circunstancia histórica hace más importante hacer un balance sobre lo que sabemos y lo que ignoramos de la compleja trama de procesos sociales, económicos, políticos y culturales que vinculan la cuestión agraria con la violencia. Apoyado en ocho de los trabajos publicados por el Grupo de Memoria Histórica y el Centro Nacional de Memoria Histórica, este informe examina las principales líneas explicativas que desarrollaron las publicaciones del CNMH sobre tierras y territorios y sugiere los temas sobre los cuales convendría profundizar. Descripción tomada de: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2018/tierras-balance-de-la-contribucion-del-cnmh-al-esclarecimiento-historico

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) ha buscado elaborar textos depositarios de la memoria de las comunidades que han narrado diferentes experiencias de victimización, entre ellos videos documentales, investigaciones y análisis metodológicos. Se trata de textos que representan también formas de aproximación a la experiencia de la guerra, e implican la responsabilidad nacional por conocer el pasado y el deber de la memoria que tiene el Estado. También tienen la intención de legar a la nueva institucionalidad, construida en el marco del acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), en 2016, el relato de los sobrevivientes del conflicto armado como narración dolorosa, de manera que en el porvenir se construya un esquema de representación, que tome en cuenta los referentes de valía que fueron trasgredidos en las diferentes poblaciones. Descripción tomada de http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2018/sujetos-victimizados-y-danos-causados-balance-de-la-contribucion-del-cnmh-al-esclarecimiento-historico

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) es un establecimiento público de orden nacional que tiene como objeto “reunir y recuperar todo el material documental, los testimonios orales y cualquier otro medio relativo a las violaciones de que trata el artículo 147 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras” (CNMH, s. f.). Esta información está a disposición de la ciudadanía por medio de estrategias investigativas, comunicativas, pedagógicas, museísticas y acompaña procesos e iniciativas de memoria gestionadas y lideradas por víctimas del conflicto armado, ya sea individuos, organizaciones o comunidades. Todo esto con el fin de aportar al conocimiento de la historia política, social, económica y cultural del conflicto armado en Colombia. El CNMH es una entidad comprometida con la reparación simbólica y, por tanto, con la memoria histórica del conflicto armado, que pone en el centro las voces de las víctimas, tanto sus relatos e interpretaciones del conflicto, como su capacidad de resistencia y agencia política para construir la paz de Colombia. Descripción tomada de: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2018/viaje-audiovisual-por-la-memoria-historica-ruta-para-la-activacion-pedagogica-de-productos-audiovisuales

Este libro da cuenta del éxodo ocasionado en la frontera entre Colombia y Venezuela, escenario donde se estima el mayor número de víctimas de esta forma de violencia. El análisis no se limita a reconstruir el punto de vista "interno" de la problemática, sino que pretende visibilizar la prolongación de un fenómeno que trasciende las fronteras. En este sentido, el presente informe espera aportar en la reconstrucción de los vínculos existentes entre el desplazamiento forzado en Colombia y la situación de los colombianos desplazados en territorio venezolano

This work relates to the debate between direct subsidies and territorial development. lt seeks to provide empirical (econometric) evidence to identify the territorial components of wellbeing and to establish how the environment should become a subject of intervention, particularly in the policy as to victims of torced displacement. To reach this objective, this work compares the socio-economic conditions of the people who moved between 2005 and 201 O and their situation three years later; the conditions ofthe displaced population in the host municipalities are also compared with those ofthe voluntary migrant and non-migrant population; and a model is identified to identify the territorial and socio-demographic factors of wellbeing. The results show that certain conditions in the environment have a greater influence than the socio- demographic characteristics of households and that territorial development is essential to reduce the dependence of the displaced population on state aid and thus reduce the tax burden of assistance to the displaced population .

La verdad de las mujeres constituye un esfuerzo colectivo por recoger una memoria de las víctimas del conflicto armado, y una verdad que trata de abrirse paso en el país, entre los discursos políticos, los análisis académicos o los enfoques jurídicos cuando se habla de las violaciones de derechos humanos. Este esfuerzo es parte de la búsqueda de salidas políticas al conflicto y la transformación de las condiciones de vida de la población civil afectada por la guerra. El informe da cuenta de una experiencia. Como investigación en el campo de derechos humanos que pone el énfasis en la experiencia de las víctimas, esta es una sistematización que describe un proceso realizado por más de mil mujeres y coordinado por la Ruta Pacífica de las Mujeres.

La presente investigación buscó comprender las nuevas formas de ciudadanía que se construyen a través de la expresión de sentimientos morales en el contexto de las prácticas educomunicativas que desarrollan estudiantes víctimas y no víctimas del conflicto armado, pertenecientes al Colectivo Caminos de Paz del I.E.D. Antonio García de Ciudad Bolívar. Como referentes teóricos y categorías de análisis, se tomaron en cuenta los Sentimientos Morales, la Educomunicación y la Ciudadanía. Se adoptó el enfoque de investigación cualitativo y el método biográfico narrativo. El resultado más importante fue el reconocimiento del Colectivo como un espacio en el que se gestan nuevas formas de ciudadanía a través de diferentes prácticas educomunicativas. Así, se concluyó que los sentimientos morales, como móviles de la acción, son herramientas que contribuyen a la generación de nuevas ciudadanías, a través de valores democráticos que se instauran en la cultura escolar dentro de las prácticas educomunicativas desarrolladas por el Colectivo.

Este Informe de Expertas Independientes fue encargado por UNIFEM en respuesta a la Resolución 1325, como parte del esfuerzo para continuar la documentación y el análisis del impacto específico de la guerra en las mujeres y su potencial para contribuir en todos los aspectos de los procesos de paz. Este trabajo constituye también una respuesta directa al pedido de informe sobre las dimensiones de género de los conflictos armados y su importancia para la paz y la seguridad internacional. El informe acompaña al estudio emprendido por el Secretario General de la ONU según lo estipulado en la Resolución 1325.111 Dicho estudio brinda un panorama más detallado sobre el trabajo del sistema de Naciones Unidas, el cual se centra en las experiencias de las mujeres que han vivido una guerra, desplazamientos, y en sus esfuerzos por reconstruir sus sociedades. Si bien el enfoque de ambos informes difiere, durante nuestras visitas observamos los desafíos que enfrenta el sistema de Naciones Unidas al momento de honrar los compromisos asumidos por los gobiernos respecto de la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Detectamos que muchas oportunidades se pierden debido a la insuficiencia de recursos y coordinación, la incapacidad para centrarse en la protección a las mujeres y la promoción de su papel en los procesos de construcción de la paz.

El desplazamiento forzado afecta de manera diferencial y desproporcionada a las mujeres y entre éstas a las mujeres indígenas y afro-descendientes; constituye además un delito que vulnera los derechos humanos, a la vida, a la familia, a la paz, a la dignidad, a la libertad, a la igualdad, a la tranquilidad, al trabajo, a la seguridad, a la libre circulación, a la vivienda, al mínimo vital, a la educación, a la propiedad, al trabajo, entre otros derechos. Colombia es uno de los países con mayor número de desplazados(as) en el mundo. Las cifras varían de acuerdo a la fuente, pero van desde tres millones quinientos mil, cifra oficial registrada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, hasta más de cuatro millones, según la Consultoría para los Derechos Humanos – CODHES. La Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, además de dar alta visibilidad a la situación de la población en situación de desplazamiento, ha establecido con meridiana claridad medidas para superar el “estado de cosas inconstitucional en el desplazamiento forzado” declarado mediante la sentencia T-025 de 2004. Adicionalmente en una decisión sin precedentes, se ha ocupado del tema de las mujeres afectadas por el conflicto y el desplazamiento, en el Auto 092 de 2008. Es importante que cada operador/a judicial tome conciencia de las barreras que enfrentan las mujeres en situación de desplazamiento para acceder a la justicia, entre otras, la dificultad en materia probatoria en casos de violencia sexual o despojo violento o intimidatorio de sus tierras y bienes; el desconocimiento de sus derechos y de los mecanismos para demandar una reparación; la destrucción o pérdida de documentos; la pérdida de redes sociales de apoyo; la falta de asesoría jurídica sensible al género; el aspecto cultural que todavía persiste en los prestadores/as de servicios y que contribuye a la discriminación de las mujeres; el temor de las víctimas por amenazas a su integridad física o sexual, tanto a ellas como a sus hijos e hijas; el asesinato de sus parejas; la carencia de información suficiente en Catastro; el testaferrato, el lavado de activos, etc., etc. Es en este contexto que sigue siendo un desafío para el Estado colombiano, evaluar los mecanismos y políticas vigentes para asegurar el acceso a la administración de justicia por parte de la población afectada por el desplazamiento forzado, especialmente de las mujeres; y garantizar que los y las prestadores del servicio de justicia comprenden la condición de vulnerabilidad de ésta población y actúan en consecuencia con la protección reforzada que les ha sido reconocida. Es necesario reconocer que hay grandes esfuerzos por responder a la problemática, sin embargo, queda todavía mucho por hacer para prevenirlo y para garantizar de manera oportuna e integral los derechos a las personas afectadas. Adicionalmente el escenario colombiano presenta preocupantes indicadores de pobreza a lo cual se suma la situación de emergencia humanitaria causada por las inundaciones, lo cual constituye un elemento de mayor complejidad para prevenir y garantizar los derechos a una población que en general padece de una doble afectación: desplazamiento forzado por causas inherentes al conflicto y desplazamiento con ocasión de las inundaciones o desastres naturales. Es por todo lo anterior que este documento cobra capital importancia como un ejemplo de lo que es posible hacer desde la Rama Judicial, renovando las capacidades de sus operadores/as para que aseguremos desde este ámbito del Estado la respuesta integral, oportuna y sensible a la población en desplazamiento, especialmente a las mujeres; contiene un análisis sobre el acceso a la administración de justicia como derecho fundamental; las acciones colectivas, de grupo o de clase como instrumento de defensa de los grupos en condiciones de vulnerabilidad; la dificultad probatoria que pesa sobre los grupos en estas condiciones y plantea algunas propuestas que permiten subsanar estas dificultades probatorias.