Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 1407 de 2017

Por el cual se establece el sistema especial de nomenclatura clasificacion y remuneracion de los empleos publicos de la Unidad de Busqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razon del conflicto armado UBPD

Por el cual se establece la planta de personal parcial de la Unidad de Busqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razon del conflicto armado UBPD

Por el cual se modifica el articulo 2 del Decreto 1915 de 2017 que establece la transitoriedad del banco de proyectos de inversion en las Zonas mas Afectadas por el Conflicto Armado Zomac

Entre 1982 y 1997 en los municipios de Remedios y Segovia, Nordeste Antioqueño, ocurrieron 14 masacres y centenares de asesinatos selectivos. En este escenario de terror generalizado se ha podido documentar que al menos cuatro masacres forman parte de una escalada criminal dirigida contra activistas políticos, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Estos hechos de violencia masiva contaron con la participación directa o indirecta de miembros de la Fuerza Pública, en una típica combinación de guerra sucia y sectarismo político. Las masacres de Remedios y Segovia son pues emblemáticas de una violencia sistemática contra disidentes políticos de amplio espectro que se extendió a lo largo de casi dos décadas por todo el país, y que tiene en el exterminio de la Unión Patriótica –UP– la más funesta y reprochable de sus expresiones. La tarea de la memoria es no sólo posible sino necesaria. De hecho, son muchas las iniciativas de memoria en curso promovidas por las víctimas o sus comunidades. Muchas de ellas son estrategias de resistencia y confrontación, o ejercicios de reafirmación e identidad, que buscan un reconocimiento en la esfera pública. Son muchas también las víctimas que reclaman con justicia su visibilidad y la denuncia de las situaciones de coacción a las que fueron, o siguen siendo sometidas. Son muchos los hechos y las décadas de violencia que requieren ser esclarecidas por las instituciones y la sociedad en su conjunto. La memoria es un derecho de las víctimas y un deber del Estado y de la sociedad, y como derecho o como deber la tarea de la memoria es hoy en Colombia inaplazable. Este texto es un reconocimiento no sólo a los que decidieron confiarnos su palabra, sino también a aquellos, muchos, que todavía no pueden hablar.

El resultado: toda una población desplazada y 12 víctimas (entre secuestros, tortura, desaparición forzada y homicidio en persona protegida). Mientras los asistentes seguían llegando al Parque, los familiares de las víctimas se reunieron en el segundo piso de la antigua Cooperativa Cooagrosarare para participar de un espacio dedicado al acompañamiento psicosocial liderado por la psicóloga del CNMH, Ana Lorena González. Allí, aprovecharon para afirmar que lo más importante para ellos es que se reconozca, no solo la dignidad de sus seres queridos fallecidos, sino de toda la comunidad que tuvo que desplazarse. “Se murieron los líderes y con ellos las costumbres de toda una comunidad”, dijeron. Hacia las 9 am, los familiares, vestidos ahora con camiseta blanca y la frase “Recordando unidos. Por la vida y para la paz”, salieron al parque para reunirse con las personas que venían a acompañarlos. Kalia Ronderos, investigadora del CNMH, dio la bienvenida a todos los asistentes y afirmó que este evento era un homenaje por la memoria de las personas que perdieron la vida, pero que hoy son símbolo de resistencia y fuerza para toda una comunidad. Seguidamente, Carolina Restrepo, investigadora del CNMH y relatora del informe “Recordar para reparar. Las masacres de Matal de Flor Amarillo y Corocito en Arauca”, agradeció a los familiares de las víctimas por haberle abierto las puertas de sus vidas y permitirles tener ese nivel de acercamiento. Asimismo, comentó que este acto y la entrega del informe eran un aporte en el proceso de reparación y dignificación de las víctimas de Corocito y Matal de Flor Amarillo, reconocidas en el fallo de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá contra José Rubén Peña Tobón, Wilmer Morelo Castro y José Manuel Hernández Calderas, exintegrantes del BVA de las Autodefensas Unidas de Colombia. Debido a ello, y luego de cerca de 2 años de una investigación juiciosa, el CNMH hacía presencia de nuevo en la vereda para realizar este acto de reparación y hacer entrega del informe, el cual, explicó, es una forma para recordar lo ocurrido y dignificar la memoria de las víctimas, pues ninguna de ellas merecía la suerte que les tocó. Carlos Mejía, también relator del informe, procedió a hacer lectura en voz alta de cada uno de los perfiles biográficos de las víctimas fatales de la masacre de Corocito, todos ellos contenidos en el informe: Los hermanos Gonzalo y Pedro González Romero, Gregorio Rojas Cárdenas, José Elías Motavita Arévalo, Onésimo Leonel Tonocolia Macualo y Santos Yimmy Contreras Ramírez. Al finalizar la lectura, una a una de las familias de las víctimas pasaron al frente para recibir, de manos de los investigadores del CNMH, la fotografía de su ser querido, una ofrenda floral que representaba su arraigo con el campo y ejemplares del informe “Recordar para reparar”. Posteriormente, y luego de una sentida oración de uno de los familiares, uno a uno de los asistentes se apropió de la tarima; cantantes, poetas y grupos de joropo fueron pasando al frente para rendir un homenaje y acompañar a las familias. El Alcalde de Tame, Octavio Pérez Hernández, aprovechó también el momento para recalcar la importancia que tiene el no perder la memoria de los hechos tristes y reconocer que, por omisión del Estado, se llegó a ellos. “Los araucanos son gente capaz de sobreponerse a las dificultades”, dijo. Para finalizar, Carolina Restrepo invitó a todos los asistentes a sembrar una palma de Corozo en el parque, como símbolo de una comunidad que vuelve a unirse y a recuperar sus costumbres. Explicó que este lugar se va a convertir en el futuro lugar de memoria de la vereda y se va a llamar Parque Representativo de la Paz de El Macaguán, un espacio que será dedicado a la memoria de los fallecidos en ausencia de sus cuerpos. Al terminar, todos se dirigieron a la discoteca para pasar un rato agradable en comunidad y comer ternera a la llanera con sancocho.

Este artículo buscó identificar las diferentes formas en que los niños, las niñas y los adolescentes participantes del proyecto Gestores de Paz en el barrio Ciudadela Sucre de Soacha, resignifican los vínculos sociales desde un enfoque de justicia restaurativa a partir de su mirada transformativa y a partir de la construcción de paz cotidiana. Las experiencias de los participantes de Gestores de Paz narran desde su cotidianidad la forma en la que perciben y viven los conflictos, la paz y la justicia. Así mismo, se identificaron los elementos que promueven su empoderamiento como ciudadanos que les permite ejercer su agencia política, desestructurar en sus entornos las relaciones de poder desde la informalidad y brindar elementos que permiten pensar una justicia incluyente y dinámica para este grupo de la población desde la identificación de sus necesidades, desde el reconocimiento de sus capacidades para transformar sus entornos y desde su contribución a la construcción de una paz justa en Colombia.

Este trabajo de investigación se centra en Cartagena del Chairá, Caquetá, uno de los municipios que más registra la muerte, secuestro, desaparición y desplazamiento de personas, también lidera la lista de poblaciones con la mayor tasa de deforestación en el país desde hace más de 10 años. Esta población hace parte de la Amazonía colombiana y, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), solo en 2016 había deforestado 10.241 hectáreas de bosque, convirtiéndose en el tercer municipio con la tasa más alta de deforestación, y su departamento, Caquetá, en el primero. Este trabajo busca mostrar los posibles efectos que podría tener el Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Farc-EP sobre la tasa de deforestación en Cartagena del Chairá, teniendo en cuenta lo sucedido en otros países africanos que han pasado por procesos similares.

El objetivo de esta investigación fue realizar un análisis del impacto de las causas próximas y subyacentes sobre el cambio de las coberturas boscosas en el pasado reciente (1980-2015), en los bosques andinos y altoandinos del municipio de Chámeza (Casanare). Para tal fin, se realizó una evaluación del estado de las coberturas en los últimos 35 años mediante un análisis multitemporal de 11 escenas Landsat entre los años de 1980 y 2015. Con base en información secundaria se identificaron causas próximas (vías, ríos, suelo, pendiente, núcleos mineros y expansión de asentamientos urbanos y rurales) y subyacentes (dinámica demográfica y el conflicto armado), que permitieran comprender la dinámica de los bosques chámezanos en los últimos años; sin embargo, debido a la escaza información disponible sobre las causas subyacentes, fue necesario realizar una caracterización de los factores socioeconómicos por medio de entrevistas semiestructuradas. A partir de la información recopilada se construyó un modelo de simulación de trayectoria de las coberturas para los próximos 10 años. Los resultados encontrados muestran que la cobertura boscosa ocupa la mayor extensión del municipio (61% - 19758.13 ha). De acuerdo con el análisis multitemporal, la deforestación en los últimos 35 años fue de 5914.36 ha. Las principales causas próximas que impulsan los cambios son el relieve y la clase agrológica del suelo y en menor medida la infraestructura vial y la proximidad a ríos. En cuanto a los factores socioeconómicos, fue posible reconocer una relación fuerte entre el conflicto armado (durante y después) y las mayores tasas de pérdida y regeneración de los bosques. Se discute estas causas próximas y subyacentes a la luz de otras zonas, y se propone que de continuar con una situación de postconflicto y las prácticas actuales posiblemente las coberturas arbóreas incrementen en los siguientes años.

El presente artículo evaluará los procesos y transformaciones que trajeron consigo los actores armados del conflicto contemporáneo en la comunidad indígena de los kankuamos, centrándose en los procesos de aculturación, violencia de la que fueron víctimas, los cambios socio-culturales, y el rol de las mujeres kankuamas durante el período establecido entre 1980-2005. Demuestra las causas iniciales por las cuales el pueblo kankuamo se vio directamente afectado por el conflicto armado, como también se reflexiona acerca de los derechos de la mujer indígena de manera necesaria y fundamental para la democratización de la sociedad y cultura.