La implementación del Acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno nacional –así como el inicio de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)– es un hecho fundamental en la historia política y económica del país. Esta coyuntura exige una reflexión sobre los caminos que se despejan con el acuerdo para el fin del conflicto, y los retos de los municipios productores de coca en el mediano y largo plazo para lograr una paz estable y duradera. Colombia está en un tiempo de definiciones fundamentales. El posacuerdo es un momento en el que se sientan las bases de las trayectorias locales futuras. Allí, las viejas disputas y los debates en torno a la reforma agraria, el sistema democrático y el modelo de desarrollo son retomados en el contexto de una posible apertura democrática, en la que coexisten élites tradicionales y emergentes, las visiones plurales del movimiento social y organizaciones armadas ilegales que obstaculizarán los esfuerzos de paz para asegurar el control de las economías del narcotráfico y la minería. Este documento tiene como objetivo analizar los desafíos que enfrentan los municipios productores de coca en dos aspectos cruciales para su futuro: la construcción de Estado local y la definición de una senda de desarrollo humano, integral y participativo. Estos dos aspectos pueden reforzarse entre sí, pero si se abordan desconociendo su dependencia mutua pueden terminar frustrándose. La creación de capacidad institucional y el desarrollo son procesos que emergen en una relación de interdependencia mutua entre el Estado y la sociedad, en la que el fortalecimiento de una ciudadanía activa y una economía próspera e incluyente es tan importante como el de instituciones más eficaces y democráticas. Este texto hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa. Descripción tomada y adaptada de: https://www.dejusticia.org/publication/coca-instituciones-y-desarrollo/

El CEDD publica su estudio sobre los impactos de las políticas de drogas en el sistema penitenciario de 10 países de América Latina. El uso excesivo del derecho penal y de sanciones privativas de libertad, tiene consecuencias sobre la vida de las personas en los sistemas penitenciarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay. Este estudio documenta la evolución de las leyes de drogas y su impacto sobre los sistemas penitenciarios de la región, las poblaciones afectadas y las condiciones penitenciarias en las que viven; la situación socioeconómica de las personas privadas de la libertad por esos delitos, su grado de participación en las redes de narcotráfico y los impactos del encarcelamiento sobre poblaciones específicas. Si la libertad es uno de los derechos más importantes para el ser humano, debería restringirse sólo en aquellos casos donde ha habido una afectación directa y grave a los derechos de terceros. Por ello, el poder que tienen los Estados de privar a las personas de este derecho debe ejercerse de manera proporcional y racional; y solo como último recurso, una vez que otros han sido probados y han fallado. La “guerra contra las drogas”, desplegada en las últimas décadas, sin embargo, ha generado una enorme distorsión en los sistemas penales, en el uso del poder punitivo de los Estados y de la cárcel en todo el mundo, particularmente en las Américas. El perfil de quienes se encuentran en las prisiones por delitos de drogas demuestra que se está capturando a quienes desempeñan las labores logísticas de bajo poder, evidenciando que la política no es eficiente en judicializar a quienes más se lucran del negocio. De allí que el informe invite a repensar la política de drogas y enfocar los esfuerzos de criminalizaciones en los peldaños superiores de la pirámide del narcotráfico y no en la base, donde se encuentran poblaciones excluidas y sometidas a diferentes fuentes de la desigualdad e inequidad social. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/sobredosis-carcelaria-y-politica-de-drogas-en-america-latina/

Mediante un trabajo de campo en doce colegios de Ciudad Bolívar en Bogotá, este texto muestra la necesidad de que el Estado regule y monitoree la oferta y la publicidad de productos comestibles ultraprocesados en entornos escolares. ¿La regulación en materia de oferta y publicidad de productos comestibles ultraprocesados funciona en Bogotá? ¿La autorregulación por parte de la industria de bebidas azucaradas se está cumpliendo? ¿Los rectores de los colegios de Ciudad Bolívar se preocupan por la alimentación de sus estudiantes? Para responder a estas preguntas se llevó a cabo un trabajo de campo en doce colegios de Ciudad Bolívar en Bogotá. Este texto aborda estas preguntas a partir de un análisis tanto cuantitativo como cualitativo, que permite identificar el incumplimiento de la regulación existente. Además, se evidencia el desconocimiento del acuerdo de autorregulación de la industria de bebidas azucaradas y el incumplimiento del mismo. El texto muestra la necesidad de que el Estado regule y monitoree la oferta y la publicidad de productos comestibles ultraprocesados en entornos escolares. Lo anterior toma mayor relevancia si se tiene en cuenta la ineficiencia de los mecanismos de autorregulación plasmada en el documento. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/sobrepeso-y-contrapesos/

Este documento tiene la pretensión de contribuir con nuevos argumentos para avanzar en el debate sobre las garantías para la implementación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Colombia, superando los obstáculos de la dispersión normativa y la confusión sobre el alcance de la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Constitucional que posibilitan el aborto legal. Para ello buscamos evidenciar que dichos obstáculos, como dificultades prácticas en el acceso a la IVE, pueden superarse por una vía jurídica expedita y novedosa. En concreto, proponemos revisar con lupa la facultad de impartir instrucciones de la Superintendencia Nacional de Salud, función con la que esta entidad puede recoger los mandatos dados por la Corte Constitucional en materia de IVE y socializarlos a sus entidades vigiladas, cumpliendo con sus obligaciones legales y sin usurpar la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo o del Legislativo. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/no-interrumpir-el-derecho-facultades-de-la-superintendencia-nacional-de-salud-en-materia-de-ive/

Este informe presenta los resultados de un estudio sobre condiciones de vida y segregación residencial en doce ciudades del país. Este documento ofrece un análisis sobre los posibles alcances y limitaciones de dos de los mandatos claves de la Ley 1475 de 2011, con el fin de identificar estrategias que permitan potenciar sus efectos a favor de la participación paritaria de las mujeres en política y la superación de la discriminación que han padecido históricamente. En el año 2011 fue aprobada una ley de reforma política (Ley 1475) con la que Colombia adoptó nuevas medidas encaminadas a promover la participación política de las mujeres. Se trata de una ley estatutaria que, además de regular la organización de los partidos y movimientos políticos en Colombia, y algunos aspectos de las elecciones, contiene mandatos destinados a incentivar la participación de las mujeres en los partidos y en los procesos electorales. Es entonces la primera vez que una ley en Colombia establece normas destinadas a impulsar la inclusión de las mujeres en la arena política y a fortalecer su participación en la misma. Es precisamente por ello que este documento ofrece un análisis sobre los posibles alcances y limitaciones de dos de los mandatos claves de esta ley, con el fin de identificar estrategias que permitan potenciar sus efectos a favor de la participación paritaria de las mujeres en política y la superación de la discriminación que han padecido históricamente, entre otros, mediante la identificación de alternativas de política que permitan generar una mejor implementación de la ley. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/participacion-politica-de-las-mujeres-y-partidos-posibilidades-a-partir-de-la-reforma-politica-de-2011/

El objetivo de este documento es examinar el marco legal y jurisprudencial colombiano sobre vigilancia de comunicaciones, a la luz de las capacidades tecnológicas de hoy. Dicho a manera de hipótesis, el propósito es mostrar cómo la regulación y la jurisprudencia en materia de inteligencia no se ocupan de interpretar los esquemas de vigilancia actuales para mantener vigentes los derechos que resultan afectados. A pesar de que en Colombia cada tanto se conoce algún escándalo relacionado con inteligencia estatal, nunca queda claro cómo funciona en la práctica y qué controles existen para su ejercicio. Entretanto, pasa el tiempo y los esquemas de vigilancia se sofistican a la par con nuestros teléfonos móviles y computadores. Los cambios tecnológicos suelen alterar presunciones largamente establecidas sobre el alcance de determinados derechos. La privacidad, sin duda, es el derecho que más tensiones enfrenta en el entorno digital. A pesar de esto, en la regulación y en la jurisprudencia subsisten lagunas sobre cómo la tecnología impacta el ejercicio de derechos fundamentales. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/vigilancia-de-las-comunicaciones-en-colombia-el-abismo-entre-la-capacidad-tecnologica-y-los-controles-legales/ Consulte la versión en inglés en la siguiente URL: http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll31/id/114

Este libro plantea algunas reflexiones jurídicas sobre la importancia del secreto profesional por parte de las y los profesionales de la salud, en los casos de mujeres que acuden a los centros de salud en busca de ayuda luego de haber interrumpido su embarazo de manera clandestina, poniendo en peligro su salud e incluso su vida. Estas reflexiones surgen de la tensión que se presenta entre el derecho a la intimidad de las mujeres que acuden a los hospitales por complicaciones derivadas de abortos incompletos o inseguros, y la obligación de denuncia de los médicos/as y enfermeros/as cuando están ante la posible presencia de un delito. ¿Se justifica la violación del secreto profesional en estos casos? A cuál dimensión de la tensión se le debe dar prioridad, al deber de denuncia de las y los profesionales de la salud, o al derecho a la intimidad de las mujeres? ¿Cuáles son las consecuencias dentro del proceso penal de usar información que se obtiene violando el secreto profesional? ¿Qué impactos tiene esto sobre el derecho a la intimidad? ¿Cómo se ha resuelto esta tensión en el derecho comparado y en los sistemas de protección de derechos humanos? El presente texto se propone responder estas preguntas. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/carcel-o-muerte-el-secreto-profesional-como-garantia-fundamental-en-casos-de-aborto/

Este documento explora la situación de las mujeres víctimas de violaciones graves de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado colombiano en relación con su acceso efectivo a la justicia. Las dinámicas del conflicto armado interno en Colombia afectan de manera diferenciada a las mujeres. Ellas han sido víctimas de múltiples violaciones de sus derechos por el hecho mismo de ser mujeres, y han vivido de forma desproporcionada las violencias perpetradas en el marco de la guerra en virtud de los arreglos patriarcales de género existentes en nuestra sociedad. Si bien en los últimos años se han dado avances normativos que permiten visibilizar, prevenir y enfrentar la violencia contra las mujeres por razones de género, y reconocer a las víctimas como titulares de derechos, existe una enorme brecha entre esos avances normativos y la realidad de las mujeres. El presente documento tiene como objeto explorar la situación de las mujeres víctimas de violaciones graves de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado colombiano en relación con su acceso efectivo a la justicia. En este sentido, analiza si las mujeres que han sido víctimas de violencia de género con ocasión y en desarrollo del conflicto tienen un acceso efectivo a la justicia y evalúa las razones por las cuales no pueden gozar efectivamente de este derecho a pesar de que este está garantizado por la normatividad nacional y los estándares internacionales vinculantes para el Estado. El balance no es muy favorable, la investigación revela que las mujeres víctimas de violaciones graves de los derechos humanos ocurridas con ocasión y en desarrollo del conflicto armado enfrentan numerosas barreras para acceder efectivamente a la justicia, de allí que muchas de las atrocidades cometidas en su contra permanezcan en la impunidad. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/acceso-a-la-justicia-mujeres-conflicto-armado-y-justicia/

Este análisis de Dejusticia y del Human Rights Data Analysis Group agrupa la información compilada por distintas organizaciones sobre los homicidios de líderes sociales en el país y concluye, a través de un método estadístico, que la problemática tiene una magnitud mayor a la que se reporta. Se realizó la estimación con el insumo de las cifras de seis distintas instituciones que hacen un seguimiento a la evolución de la temática en Colombia. Se tomaron los datos de las organizaciones de la sociedad civil: Somos Defensores, Indepaz y Cumbre Agraria, así como del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, la Defensoría del Pueblo y la organización internacional Front Line Defenders. Y a partir de ellos, se estimó el número total de líderes asesinados en 2016 y 2017 por medio de una metodología que permite incluir aquellos casos que nunca fueron documentados. La metodología es conocida como método bayesiano no paramétrico de clase latente y captura-recaptura (LCMCR por sus siglas en inglés). El modelo toma uno a uno los asesinatos reportados por las organizaciones, y con base en el análisis de la cantidad de casos coincidentes entre ellas, estima los homicidios que nunca fueron documentados. Al aplicar el método se pudo constatar que existe un subconteo en los asesinatos a líderes sociales en el país, incluso por parte de las organizaciones que más realizaron reportes. Contrario al argumento tradicional de que la disparidad de las cifras genera incertidumbre, si se toma el trabajo de cada una de las organizaciones y se analiza en conjunto el panorama que presentan, los resultados permiten una aproximación más cercana a la realidad. Esta consolidación de información hace posible la realización de estudios como éste, que amplían el panorama de análisis de la situación. Sin embargo, aunque la suma del trabajo de las organizaciones es cercana a la realidad, en su conjunto continúa habiendo un subconteo. De hecho, la diferencia entre el reporte de las organizaciones y el total de líderes sociales asesinados aumentó entre 2016 y 2017. El documento demuestra que la violencia contra líderes sociales es mayor a la que reportan las organizaciones y además, la violencia letal sí aumentó entre 2016 y 2017, probablemente en 10% o más, por lo que resulta urgente que se tomen medidas eficaces para dar fin a esta problemática, para lo cual, a su vez, es necesario escuchar los pedidos de las organizaciones de líderes sociales. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/asesinatos-de-lideres-sociales-en-colombia-en-2016-2017-una-estimacion-del-universo/

Por medio de este documento, aportamos algunos elementos pedagógicos para desarrollar un programa de formación en la materia, cuya implementación esperamos contribuya a mejorar la atención a las víctimas, y la investigación y judicialización de la violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado, con el fin de disminuir la impunidad de estos crímenes y fortalecer el acceso a la justicia de sus víctimas. La violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado (VSCA), comprende una gran cantidad de delitos atroces, que afectan desproporcionadamente a las mujeres. En concreto, el Auto 092 de 2008, partiendo de la calidad de sujeto de especial protección constitucional que tienen las mujeres en Colombia, constató que la violencia sexual contra ellas es una “práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano” (Corte Constitucional, 2008a), y se constituye en uno de los factores de riesgo a los que se encuentran expuestas las mujeres en virtud de su género, y que causa estos impactos desproporcionados. Todo indica que aunque la ocurrencia de la VSCA es alta, su judicialización es baja; frente a este escenario es importante garantizar el acceso a la justicia de las víctimas especialmente en tanto son víctimas del conflicto armado. La tarea de mejorar la situación de impunidad es en parte labor de la Fiscalía General de la Nación (FGN) como titular de la acción penal (Constitución Política de Colombia, en adelante CP, art. 250). Fortalecer entonces la labor de esta institución es una de las formas por medio de las cuales puede reducirse la impunidad, al mejorarse y aumentarse los procesos investigativos de estos delitos y, de ser posible, obtener condenas. En general, consideramos que un programa de formación en VSCA debería tener dos características fundamentales. Por un lado, estar conformado por componentes de capacitación y sensibilización que se complementen entre sí: la capacitación referida principalmente a los conocimientos, las herramientas y las habilidades técnicas requeridas para el desarrollo de las actuaciones de los funcionarios y las funcionarias; la sensibilización como el proceso a través del cual se genera una toma de conciencia sobre una situación o problema específico, que implica un cambio de actitudes y comportamientos.4 La sensibilización, especialmente en materia de VSCA, es fundamental para lograr que las actuaciones de los funcionarios garanticen el acceso a la justicia de las víctimas. Descripción tomada y adaptada de: https://www.dejusticia.org/publication/formacion-en-violencia-sexual-en-el-conflicto-armado-una-propuesta-metodologica-para-funcionarios/