Entre los problemas vigentes tras la firma del Acuerdo Final deben mencionarse la persistencia de violencia, sobre todo en contra de personas defensoras de derechos humanos y ambientales (DDHA), y las economías ilícitas. Este documento presenta el análisis a nivel subnacional en los departamentos del Pacífico colombiano la correlación espacial entre dichos fenómenos y otros factores sociales que coexisten en ambas apariencias. Mediante un análisis de indicadores múltiples investigamos correlaciones entre violencia —medida a través del número de asesinatos de DDHA, la tasa de homicidios y el desplazamiento forzado—, minería ilegal —empleando imágenes remotas y con base en la cifra oficial de producción aurífera— y otros factores de riesgo social, como: cultivos de coca, presencia de grupos armados ilegales (GAO), pobreza rural y accesibilidad vial limitada. La comparación de tales problemas entre los años 2006 y 2014 permite, además, entender su relación temporal. Los datos demuestran que los lugares donde se observa minería de aluvión corresponden al mayor riesgo para DDHA y al desplazamiento, pero no a la tasa de homicidios. Además, se pudo comprobar que la minería está presente en sitios de mayor riesgo social, es decir, con mayores índices de pobreza rural y economías ilegales.

El presente texto se ocupa del artículo 64 de la Constitución Política de Colombia (CN), el cual contiene el derecho fundamental al acceso progresivo de los campesinos a la tierra. Posteriormente, se aborda la concentración de la tierra en pocas manos como obstáculo para la realización del art. 64 CN y se analiza si el sistema jurídico actual privilegia el derecho de propiedad de quienes concentran la tierra. Por último, se aborda la “adjudicación” ilegal de baldíos como una de las modalidades de despojo jurídico.