La vinculación de las libertades de expresión al valor y esencia de la democracia les reporta un amplio reconocimiento y garantía, en su consideración de libertades básicas con una posición preferente frente a otros derechos y libertades. Por tanto, para garantizar el ejercicio del derecho a expresarse con libertad, se ampara, prácticamente, todo discurso y se prohíbe cualquier modelo de censura previa. Ello, no obstante, se mantiene el eterno debate sobre la necesidad o conveniencia de regular el ejercicio de libre expresión e información y la necesidad de imponer límites o condicionamientos en aras de evitar abusos y daños a otros derechos o bienes protegidos. Nos situamos, así, en un escenario donde se constata la revolución de los presupuestos del modelo clásico de comunicación que ha propiciado la propagación de nuevas prácticas ‹‹informativas››, claro exponente del ejercicio ilimitado o abusivo de estas libertades, principalmente, a través de las redes sociales digitales con la ayuda inestimable de la inteligencia artificial, que están poniendo en riesgo o peligro el Estadodemocrático.

Los parlamentos afrontan una crisis de representatividad y legitimidad. Son muchas las razones de esto, sin embargo, en el caso peruano hay una reforma constitucional que incide en esta crisis: la prohibición de relección parlamentaria. El Perú afronta nuevos desafíos constitucionales-políticos que requiere de congresistas con experiencia en el puesto, no obstante, el escenario actual es distinto. En ese sentido, el propósito del presente artículo es desarrollar algunos argumentos del por qué una medida de esta naturaleza es perjudicial y a largo plazo incide negativamente no solo en la legitimidad del parlamento, sino también en la de los partidos políticos.

El presente escrito tiene como objetivo formular una crítica respetuosa a la providencia proferida el 27 de mayo de 2021, por la Sección Primera del Consejo de Estado, por medio de la cual se decretó la suspensión provisional de una ordenanza departamental que prohibía la asistencia de menores de edad a eventos de maltrato animal, con fundamento en que la competencia para restringir o limitar este tipo de eventos está a cargo del Congreso de la República. La crítica se fundamenta en que en virtud del poder subsidiario de policía y del principio de rigor subsidiario en materia ambiental, las entidades territoriales tienen competencia para limitar o restringir la realización de eventos de maltrato animal en sus territorios.

The competent authority for settling disputes arising on the Internet, as well as the question of the applicable law, are a constant motive of uncertainty due to the cross-border nature of the Internet (Scotti, 2012). In these cases, it becomes complex for network´s users to determine which law should be obeyed or which jurisdiction responds ("contextual legal environment") (Ramírez Plascencia, 2007).To have caused any harm within the territory is a relatively common rule on which there is a relative consensus. But the criteria for claiming jurisdiction may be broader depending on the location. In this brief analysis, I will focus on one statute from Connecticut, which states that the court where the server is located has jurisdiction to hear the case. In MacDermid, Inc. v. Deiter , this issue was contentious.

El presente artículo de investigación está dividido en cuatro secciones, respectivamente: (1) la primera es la introducción; (2) en la segunda se estudia y desarrolla el concepto de Justicia Restaurativa y sus nociones, sentando una base para analizar más adelante los componentes del sistema de justicia ordinario a través de esta óptica; (3) en la tercera, se desarrolla un marco normativo de los dos nodos centrales de análisis de la jurisdicción ordinaria, que son respectivamente, el sistema de Justicia y Paz y las Casas de Justicia; (4) en la cuarta sección, se presentan reflexiones finales y un análisis de Justicia y Paz y de las Casas de Justicia a la luz de los criterios restaurativos desarrollados en el segundo punto. Adicionalmente, se presenta una propuesta a nivel de política pública en cuando a las Casas de Justicia. Este artículo busca analizar diferentes componentes de dos mecanismos alternativos a la jurisdicción ordinaria y contribuir en el estudio de la Justicia Restaurativa en el marco del sistema legal colombiano, a la luz del trabajo de campo y el análisis cualitativo realizado por los autores.

Este artículo es parte del resultado del proceso de formación en investigación socio jurídica y formulación de proyectos, que tiene como objetivo identificar tensiones y realidades sobre la vulneración de los derechos fundamentales ante una posible regulación de la inteligencia artificial (IA) en Colombia, esto se logra  mediante un corto análisis de la situación actual de regulación nacional e internacional sobre la implementación de la inteligencia artificial, derechos fundamentales que pueden sufrir afectaciones y  un estado del arte con el que se buscó identificar los resultados de algunos autores en el tema de la inteligencia artificial.   Bajo este contexto, se toman algunas manifestaciones de expertos en tecnología y se acude a ejemplos que han generado tensiones internacionales en cuanto a la implementación de estas tecnologías, finalmente se generan unas conclusiones sobre la ausencia de regulación de la inteligencia artificial en Colombia con los insumos mencionados.

En primer lugar, quiero decir que no soy la pionera del feminismo en Colombia. No me gusta la palabra "pionera", siempre hay mujeres que abren camino. Imagínate lo que hizo Esmeralda Arboleda para conseguir el derecho al voto de las mujeres en 1950. También está la textilera de Antioquia, de Bello, Antioquia, que organizó una huelga en 1920 de las obreras del textil. Son mujeres impresionantes porque en esa época los hombres las marginaban completamente.

El objetivo de esta investigación es identificar las estructuras motivacionales que subyacen a la actividad delictiva en adolescentes y jóvenes con el fin de fortalecer los programas que el Distrito Capital oferta para la prevención del delito en sus tres niveles. Proyecto que surge en el marco de la Comisión Asesora de Política Criminal y Tratamiento Carcelario del Distrito Capital que tiene como objetivo "Investigar desde el enfoque preventivo, y en ese sentido, estudiar y elaborar propuestas de cómo se desarrolla una política social, económica y cultural para la prevención del delito y la criminalidad en Bogotá." Para cumplir dicho objetivo, la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS escogió los programas Parceros por Bogotá y el Servicio Forjar Restaurativo (adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes -SRPA), para aplicar propuestas de naturaleza preventiva que impacten positivamente en la juventud y reduzcan su incidencia en la comisión de delitos. Teniendo en cuenta lo anterior este proyecto de investigación lo conforman dos momentos metodológicos: el primer momento lo integran la aplicación del instrumento denominado Inventario de Motivaciones a la Delincuencia (IMD) (Yalle, 2012) un instrumento para medir los motivos subyacentes al comportamiento delictivo entre los jóvenes, basado en el marco conceptual de la teoría de la autodeterminación (Deci y Ryan, 1985, 2002, 2008) y el "Foro Jóvenes y Territorios: alcances, perspectivas y desafíos en la prevención de la vinculación de jóvenes a la oferta delictiva" con el propósito de identificar alternativas para el abordaje de esta problemática desde las percepciones de expertos, actores involucrados institucionales y participación juvenil de los programas distritales. El segundo momento, corresponde a la correlación de la información a partir de la aplicación de la entrevista semiestructurada sobre identificación de estructuras motivacionales, grupos focales y resultados del Inventario de Motivaciones a la Delincuencia (IMD) cuyo resultados serán publicados en un próximo documento. El presente documento tiene como propósito presentar los resultados sobre la percepción de los diferentes actores involucrados frente a alcances, perspectivas y retos para avanzar en la prevención del delito y a un análisis preliminar cualitativo correspondiente a la aplicación del Inventario de Motivaciones a la Delincuencia (IMD).

La Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá UAECOB, fue el ganador en la categoría de "Compliance y Lucha contra la Corrupción", en el marco de la gala de premios a la Excelencia en la Gestión Jurídica Distrital 2023. Es la primera vez que se entrega este premio, ya que el Compliance Público es un modelo de gestión de reciente implementación en las entidades públicas, que incluye el nuevo paradigma mundial en la lucha contra la corrupción, esto es, que va más allá de lo estipulado en la normatividad jurídica actual, invitando a través de la innovación y la construcción colectiva de conocimiento, el entendimiento de ese complejo y cambiante fenómeno, que es la corrupción. La UAECOB, entiende y está implementando el Compliance desde la Responsabilidad Ciudadana, que como lo ha expresado, Cristina Bicchieri, y llevándolo al actuar de las entidades públicas, estas deben encontrar los mecanismos para superar las expectativas empíricas, que forman normas sociales. Es decir, se ha creado una norma social, en las entidades, de ser meros agentes cumplidores de lo que expresa la ley para luchar contra la corrupción, pero lo que se demanda actualmente, es que deben ser proactivas en los ejercicios de investigación junto a la académica, y demás actores sociales, como la ciudadanía, otras entidades, el sector privado, los laboratorios de innovación, entre otros, para participar en la discusión pública y compartir hallazgos, y transformándolo en buenas prácticas. Cambiando así estas normas, que ha alejado a las entidades de la responsabilidad social, de aportar en la solución de problemáticas comunes, pero que la UAECOB por su parte, lo ha abanderado como política, tanto en la de Innovación y Conocimiento, como en la Estadística, y la de Transparencia, reconociendo en la apertura y aprovechamiento de datos, y gestión del conocimiento, herramientas estratégicas, para combatir y prevenir la corrupción. Por esta razón, manifestamos en lo presentado para la mencionada gala, que la Feria del Conocimiento y la Innovación de este año (13 y 14 de diciembre), la UAECOB tiene como tema central el Gobierno Abierto, para lo cual viene haciendo un fuerte trabajo de pedagogía con todas las áreas y cuerpos operativos, para entender cómo la Corrupción depende del conocimiento colectivo y activo, para impactar más allá de nuestra misionalidad como entidad, y que alimenta nuestra filosofía con la que se está implementando el Compliance.

La reciente expedición de la Ley 2094 de 2021, ha generado gran incertidumbre al interior de las Oficinas de Control Disciplinario y de las Personerías Municipales dado que no se conoce con exactitud, la manera en la que estas deben garantizar los principios de imparcialidad y jurisdiccionalidad que se reclaman para todos los servidores públicos.  El fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego v/s Colombia instó al Estado Colombiano para que dentro de las actuaciones que pretendan restringir derechos políticos, se garanticen los principios de imparcialidad y jurisdiccionalidad. El primero enfocado a lograr que la autoridad encargada de la etapa instructiva no sea la misma que adelante el juzgamiento y el segundo y quizás el más polémico, que tal restricción (entiéndase la de derechos políticos) sea impuesta por juez competente en el marco de un proceso que contenga las garantías propias del sistema penal.