Este artículo analiza la adaptación de los Distritos de Mejora Empresarial (BIDs)como solución para revitalizar áreas comerciales deterioradas en Santiago de Chile,proponiendo alianzas público-privadas para la gestión colectiva del espacio urbano.Inspirada en modelos exitosos de EE. UU. y Reino Unido, la iniciativa chilena "DistritoCo." busca dinamizar el comercio local, fomentar la sostenibilidad y fortalecer laidentidad de estas zonas mediante la colaboración entre empresas y gobiernoslocales. Aunque programas previos lograron avances limitados por su dependenciade recursos públicos, se plantea la necesidad de un marco normativo que garanticefinanciamiento sostenible y equitativo, superando problemas como el free-rider ypromoviendo la competitividad urbana.

La investigación analiza la transformación digital del sistema judicial en Colombia a través de los Planes Nacionales de Desarrollo, evaluando su impacto en la eficiencia, transparencia y acceso a la justicia. La digitalización de expedientes y la mediación electrónica mediante tecnologías de la información y comunicación ha sido fragmentada y desigual. Persisten desafíos como la congestión de tribunales, la resistencia institucional al cambio, la insuficiencia de recursos, la brecha digital y la falta de interoperabilidad entre sistemas. Por medio de un enfoque cualitativo basado en análisis documental y revisión de políticas públicas, se examina normas y estrategias gubernamentales para identificar patrones y tendencias en la digitalización judicial. A pesar de los avances, la asignación de recursos y la seguridad de datos siguen siendo obstáculos clave. Se requiere superar estas limitaciones y consolidar un sistema de justicia eficiente e inclusivo, asegurando que la transformación digital responda a las necesidades del país.

Desde esta ventana pretendo que miremos al ámbito internacional. Que podamos ver la realidad de los poderes o ramas del Estado, y de la Administración local, desde una perspectiva global, teniendo en cuenta que vivimos en un mismo planeta y que los problemas y las necesidades son las mismas, aunque las opciones y las soluciones que se adopten sean diferentes.

En primer lugar, quiero decir que no soy la pionera del feminismo en Colombia. No me gusta la palabra "pionera", siempre hay mujeres que abren camino. Imagínate lo que hizo Esmeralda Arboleda para conseguir el derecho al voto de las mujeres en 1950. También está la textilera de Antioquia, de Bello, Antioquia, que organizó una huelga en 1920 de las obreras del textil. Son mujeres impresionantes porque en esa época los hombres las marginaban completamente.

A diferencia de lo que sucede en Colombia, el Consejo de Estado español carece de funciones jurisdiccionales, como expondremos en las siguientes líneas. El art. 116 de la Constitución Política de Colombia es claro al señalar que «(l)a Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran justicia (...)» . Esta previsión del art. 116 es concretada por los arts. 236 y ss. - incardinados en el Capítulo III del Título VIII de la Constitución Colombiana, referido este a la «rama judicial» y aquel a la «jurisdicción contencioso administrativa». Específicamente, el art. 237 de la Constitución colombiana prevé en su apartado primero que al Consejo de Estado colombiano le corresponde «desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley». Como se expondrá seguidamente, el Consejo de Estado español no desempeña esta clase de funciones actualmente, a pesar de que durante largo tiempo lo ha hecho. Así, el art. 107 de la Constitución Española de 1978 (CE, en adelante) establece que «el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia». A lo previsto por el art. 107 CE debe sumarse la regulación contenida en la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, (LO 3/1980, en adelante) así como lo dispuesto por el Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio. Más allá de su regulación actual, que data de unas pocas décadas, el Consejo de Estado español está presente en la historia española desde 1526, aunque con distintos nombres y distintas funciones. Aparte de la cuestión de sus competencias - de la que ahora nos ocuparemos - es relevante destacar la disputa en relación con su naturaleza jurídica.  Tal es la relevancia de este órgano consultivo que una gran parte de las Comunidades Autónomas españolas han instituido órganos idénticos al Consejo de Estado central. Tampoco puede olvidarse que la estructura territorial del Estado español no impide que el Consejo de Estado - en principio incardinado en el Poder Ejecutivo central - desempeñe funciones respecto de asuntos de las Comunidades Autónomas. Antes de analizar las competencias del Consejo de Estado, cabe realizar una breve mención a su historia y a su composición.

El objetivo de esta investigación es identificar las estructuras motivacionales que subyacen a la actividad delictiva en adolescentes y jóvenes con el fin de fortalecer los programas que el Distrito Capital oferta para la prevención del delito en sus tres niveles. Proyecto que surge en el marco de la Comisión Asesora de Política Criminal y Tratamiento Carcelario del Distrito Capital que tiene como objetivo "Investigar desde el enfoque preventivo, y en ese sentido, estudiar y elaborar propuestas de cómo se desarrolla una política social, económica y cultural para la prevención del delito y la criminalidad en Bogotá." Para cumplir dicho objetivo, la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS escogió los programas Parceros por Bogotá y el Servicio Forjar Restaurativo (adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes -SRPA), para aplicar propuestas de naturaleza preventiva que impacten positivamente en la juventud y reduzcan su incidencia en la comisión de delitos. Teniendo en cuenta lo anterior este proyecto de investigación lo conforman dos momentos metodológicos: el primer momento lo integran la aplicación del instrumento denominado Inventario de Motivaciones a la Delincuencia (IMD) (Yalle, 2012) un instrumento para medir los motivos subyacentes al comportamiento delictivo entre los jóvenes, basado en el marco conceptual de la teoría de la autodeterminación (Deci y Ryan, 1985, 2002, 2008) y el "Foro Jóvenes y Territorios: alcances, perspectivas y desafíos en la prevención de la vinculación de jóvenes a la oferta delictiva" con el propósito de identificar alternativas para el abordaje de esta problemática desde las percepciones de expertos, actores involucrados institucionales y participación juvenil de los programas distritales. El segundo momento, corresponde a la correlación de la información a partir de la aplicación de la entrevista semiestructurada sobre identificación de estructuras motivacionales, grupos focales y resultados del Inventario de Motivaciones a la Delincuencia (IMD) cuyo resultados serán publicados en un próximo documento. El presente documento tiene como propósito presentar los resultados sobre la percepción de los diferentes actores involucrados frente a alcances, perspectivas y retos para avanzar en la prevención del delito y a un análisis preliminar cualitativo correspondiente a la aplicación del Inventario de Motivaciones a la Delincuencia (IMD).

La Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá UAECOB, fue el ganador en la categoría de "Compliance y Lucha contra la Corrupción", en el marco de la gala de premios a la Excelencia en la Gestión Jurídica Distrital 2023. Es la primera vez que se entrega este premio, ya que el Compliance Público es un modelo de gestión de reciente implementación en las entidades públicas, que incluye el nuevo paradigma mundial en la lucha contra la corrupción, esto es, que va más allá de lo estipulado en la normatividad jurídica actual, invitando a través de la innovación y la construcción colectiva de conocimiento, el entendimiento de ese complejo y cambiante fenómeno, que es la corrupción. La UAECOB, entiende y está implementando el Compliance desde la Responsabilidad Ciudadana, que como lo ha expresado, Cristina Bicchieri, y llevándolo al actuar de las entidades públicas, estas deben encontrar los mecanismos para superar las expectativas empíricas, que forman normas sociales. Es decir, se ha creado una norma social, en las entidades, de ser meros agentes cumplidores de lo que expresa la ley para luchar contra la corrupción, pero lo que se demanda actualmente, es que deben ser proactivas en los ejercicios de investigación junto a la académica, y demás actores sociales, como la ciudadanía, otras entidades, el sector privado, los laboratorios de innovación, entre otros, para participar en la discusión pública y compartir hallazgos, y transformándolo en buenas prácticas. Cambiando así estas normas, que ha alejado a las entidades de la responsabilidad social, de aportar en la solución de problemáticas comunes, pero que la UAECOB por su parte, lo ha abanderado como política, tanto en la de Innovación y Conocimiento, como en la Estadística, y la de Transparencia, reconociendo en la apertura y aprovechamiento de datos, y gestión del conocimiento, herramientas estratégicas, para combatir y prevenir la corrupción. Por esta razón, manifestamos en lo presentado para la mencionada gala, que la Feria del Conocimiento y la Innovación de este año (13 y 14 de diciembre), la UAECOB tiene como tema central el Gobierno Abierto, para lo cual viene haciendo un fuerte trabajo de pedagogía con todas las áreas y cuerpos operativos, para entender cómo la Corrupción depende del conocimiento colectivo y activo, para impactar más allá de nuestra misionalidad como entidad, y que alimenta nuestra filosofía con la que se está implementando el Compliance.

La reciente expedición de la Ley 2094 de 2021, ha generado gran incertidumbre al interior de las Oficinas de Control Disciplinario y de las Personerías Municipales dado que no se conoce con exactitud, la manera en la que estas deben garantizar los principios de imparcialidad y jurisdiccionalidad que se reclaman para todos los servidores públicos.  El fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego v/s Colombia instó al Estado Colombiano para que dentro de las actuaciones que pretendan restringir derechos políticos, se garanticen los principios de imparcialidad y jurisdiccionalidad. El primero enfocado a lograr que la autoridad encargada de la etapa instructiva no sea la misma que adelante el juzgamiento y el segundo y quizás el más polémico, que tal restricción (entiéndase la de derechos políticos) sea impuesta por juez competente en el marco de un proceso que contenga las garantías propias del sistema penal.

Rappi se ha consolidado en el país a través de su plataforma digital, como una de las empresas lideres en el mercado de los domicilios por su capacidad de innovación. Sin embargo, detrás de este gran telón, se esconde un grave problema de fondo que le repercute a sus "rappitenderos" que no son considerados como trabajadores, debido a su modelo operacional que incluye un amplio abanico normativo autónomo, mediante el cual se rigen. Por ende, están privados de ciertas garantías mínimas a las que deberían tener derecho en el marco del ordenamiento jurídico interno. Este esbozo de manera muy general, da cuenta de esa pluralidad de fuerzas presentes en este orden social; en razón a ello, he determinado ciertos ejes problemáticos, dilucidados así: ¿Cuáles son los ordenamientos jurídicos en colisión?, ¿cómo pueden coexistir?, ¿cuáles son sus tensiones? y, ¿qué significan estas tensiones en términos de la apuesta epistemológica que hace el pluralismo jurídico?

El presente escrito, se estructura a partir de un compilado de vivencias de la Asociación Campesina del Sumapaz (Asosumapaz), la cual a través de procesos de transformación de lácteos, salvaguarda al medio ambiente y la materialización de conocimientos enfocados a mejorar la economía campesina, bajo el panorama de proyectos de desarrollo sostenible de una zona de reserva campesina, originan un ejercicio de poder social que a su vez faculta a la estructuración de la economía territorial. Entorno a estas acciones, es donde se genera un proyecto emancipador, el cual tiene como finalidad el llevar a cabo una alternativa frente al manejo de las relaciones sociales y económicas en la localidad de Sumapaz.