En desarrollo de los principios y líneas de acción contenidos en la política preventiva de la PGN se evidenció la necesidad de desarrollar una experiencia piloto de verificación de la situación de las mujeres privadas de libertad en Colombia, desde una perspectiva de género, en el marco del enfoque de los derechos humanos. Con este propósito, la Procuraduría General de la Nación suscribió un convenio con el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer -UNIFEM-, en cuyo marco se adelantó, entre los meses de mayo y octubre de 2006, un proyecto piloto cuyos resultados más relevantes se recogen en el presente documento. El presente informe está estructurado en tres partes: la primera destinada a precisar y describir, dentro de los objetivos del proyecto, los conceptos básicos que lo orientan -incluyendo consideraciones generales sobre las mujeres privadas de libertad- y los estándares generales de protección, a través de una breve revisión normativa y jurisprudencial. Una segunda parte describe de manera analítica aspectos relevantes de la vida de las mujeres en prisión en Colombia, con énfasis en aquellos temas que suponen una afectación particular por razones de género. Finalmente, sobre la base de los análisis previos y teniendo en cuenta además las previsiones sobre nuevas construcciones en el parque penitenciario nacional, se formulan recomendaciones a las diferentes instancias del Estado con responsabilidades en el diseño, ejecución y seguimiento de políticas públicas en la materia.

Letras y Encajes publica su primer número en 1926; esta revista fue fundada por mujeres de la clase dirigente de Medellín, muchas de ellas socias de la institución cultural Centro Femenino de Estudios (Sofía Ospina de Navarro, Teresa Santamaría de González, Ángela Villa de Toro y Alicia Merizalde de Echavarría), a lo largo del tiempo se consolidó como la revista femenina más importante del país, dirigida a mujeres de la clase alta y media, abordaba temas que giraban alrededor del hogar, la religión, la literatura y la moda de la época. La revista circuló mensualmente hasta 1959. Sus principales redactoras eran mujeres, pero contaba con la colaboración ocasional de algunos hombres y con traducciones de autores y autoras extranjeras.

Por medio del Observatorio de Humanas: Mujeres, Paz y Seguridad, la Corporación Humanas monitorea en cuál medida el Gobierno colombiano cumple con lo establecido por la Resolución 1325 de 2000 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y las resoluciones posteriores sobre las mujeres, la paz y la seguridad: 1820 de 2008, 1882 de 2009, 1888 de 2009, 1889 de 2009 y 1962 de 2010. El sistema a partir del cual se le hace seguimiento a estas resoluciones se basa en lo propuesto por el Secretario General del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el informe del 28 de septiembre de 2010 (S/2010/498). El Observatorio cuenta con el apoyo del Foro de Mujeres y Desarrollo (Fokus) y hace parte del programa Fokus 1325 en Colombia. El conjunto amplio de indicadores que propuso el Secretario General de Naciones Unidas para hacerle seguimiento a la aplicación de la Resolución 1325, consta de veintiséis para ser utilizados en todo el mundo. Este conjunto se organiza en cuatro componentes: prevención, participación, protección, socorro y recuperación. Se propuso que el Sistema de las Naciones Unidas fuese el encargado de informar sobre veinte de ellos, y que los Estados Miembros sean los responsables de informar sobre los demás (Consejo de Seguridad, 2010, septiembre: 34). Cabe aclarar que hay indicadores de los cuales la responsabilidad de informar es responsabilidad tanto del Sistema de Naciones Unidas como del Estado Miembro. Este documento presenta la información relacionada con el cumplimiento del Estado colombiano a lo establecido en las Resoluciones mencionadas, y se divide en cuatro partes, una por cada componente. No se hace seguimiento a otros indicadores en tanto que la responsabilidad de informar sobre estos no es responsabilidad del Estado Miembro.

Letras y Encajes publica su primer número en 1926, esta revista fue fundada por mujeres de la clase dirigente de Medellín, muchas de ellas socias de la institución cultural Centro Femenino de Estudios (Sofía Ospina de Navarro, Teresa Santamaría de González, Ángela Villa de Toro y Alicia Merizalde de Echavarría) a lo largo del tiempo se consolido como la revista femenina más importante del país, dirigida a mujeres de la clase alta y media, abordaba temas que giraban alrededor del hogar, la religión, la literatura y la moda de la época. La revista circuló mensualmente hasta 1959. Sus principales redactoras eran mujeres, pero contaba con la colaboración ocasional de algunos hombres y con traducciones de autoras(es) extranjeras(os).

Letras y Encajes publica su primer número en 1926; esta revista fue fundada por mujeres de la clase dirigente de Medellín, muchas de ellas socias de la institución cultural Centro Femenino de Estudios (Sofía Ospina de Navarro, Teresa Santamaría de González, Ángela Villa de Toro y Alicia Merizalde de Echavarría), a lo largo del tiempo se consolidó como la revista femenina más importante del país, dirigida a mujeres de la clase alta y media, abordaba temas que giraban alrededor del hogar, la religión, la literatura y la moda de la época. La revista circuló mensualmente hasta 1959. Sus principales redactoras eran mujeres, pero contaba con la colaboración ocasional de algunos hombres y con traducciones de autores y autoras extranjeras.

Letras y Encajes publica su primer número en 1926, esta revista fue fundada por mujeres de la clase dirigente de Medellín, muchas de ellas socias de la institución cultural Centro Femenino de Estudios (Sofía Ospina de Navarro, Teresa Santamaría de González, Ángela Villa de Toro y Alicia Merizalde de Echavarría) a lo largo del tiempo se consolidó como la revista femenina más importante del país, dirigida a mujeres de la clase alta y media, abordaba temas que giraban alrededor del hogar, la religión, la literatura y la moda de la época. La revista circuló mensualmente hasta 1959. Sus principales redactoras eran mujeres, pero contaba con la colaboración ocasional de algunos hombres y con traducciones de autoras(es) extranjeras(os).

El desplazamiento forzado afecta de manera diferencial y desproporcionada a las mujeres y entre éstas a las mujeres indígenas y afro-descendientes; constituye además un delito que vulnera los derechos humanos, a la vida, a la familia, a la paz, a la dignidad, a la libertad, a la igualdad, a la tranquilidad, al trabajo, a la seguridad, a la libre circulación, a la vivienda, al mínimo vital, a la educación, a la propiedad, al trabajo, entre otros derechos. Colombia es uno de los países con mayor número de desplazados(as) en el mundo. Las cifras varían de acuerdo a la fuente, pero van desde tres millones quinientos mil, cifra oficial registrada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, hasta más de cuatro millones, según la Consultoría para los Derechos Humanos – CODHES. La Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, además de dar alta visibilidad a la situación de la población en situación de desplazamiento, ha establecido con meridiana claridad medidas para superar el “estado de cosas inconstitucional en el desplazamiento forzado” declarado mediante la sentencia T-025 de 2004. Adicionalmente en una decisión sin precedentes, se ha ocupado del tema de las mujeres afectadas por el conflicto y el desplazamiento, en el Auto 092 de 2008. Es importante que cada operador/a judicial tome conciencia de las barreras que enfrentan las mujeres en situación de desplazamiento para acceder a la justicia, entre otras, la dificultad en materia probatoria en casos de violencia sexual o despojo violento o intimidatorio de sus tierras y bienes; el desconocimiento de sus derechos y de los mecanismos para demandar una reparación; la destrucción o pérdida de documentos; la pérdida de redes sociales de apoyo; la falta de asesoría jurídica sensible al género; el aspecto cultural que todavía persiste en los prestadores/as de servicios y que contribuye a la discriminación de las mujeres; el temor de las víctimas por amenazas a su integridad física o sexual, tanto a ellas como a sus hijos e hijas; el asesinato de sus parejas; la carencia de información suficiente en Catastro; el testaferrato, el lavado de activos, etc., etc. Es en este contexto que sigue siendo un desafío para el Estado colombiano, evaluar los mecanismos y políticas vigentes para asegurar el acceso a la administración de justicia por parte de la población afectada por el desplazamiento forzado, especialmente de las mujeres; y garantizar que los y las prestadores del servicio de justicia comprenden la condición de vulnerabilidad de ésta población y actúan en consecuencia con la protección reforzada que les ha sido reconocida. Es necesario reconocer que hay grandes esfuerzos por responder a la problemática, sin embargo, queda todavía mucho por hacer para prevenirlo y para garantizar de manera oportuna e integral los derechos a las personas afectadas. Adicionalmente el escenario colombiano presenta preocupantes indicadores de pobreza a lo cual se suma la situación de emergencia humanitaria causada por las inundaciones, lo cual constituye un elemento de mayor complejidad para prevenir y garantizar los derechos a una población que en general padece de una doble afectación: desplazamiento forzado por causas inherentes al conflicto y desplazamiento con ocasión de las inundaciones o desastres naturales. Es por todo lo anterior que este documento cobra capital importancia como un ejemplo de lo que es posible hacer desde la Rama Judicial, renovando las capacidades de sus operadores/as para que aseguremos desde este ámbito del Estado la respuesta integral, oportuna y sensible a la población en desplazamiento, especialmente a las mujeres; contiene un análisis sobre el acceso a la administración de justicia como derecho fundamental; las acciones colectivas, de grupo o de clase como instrumento de defensa de los grupos en condiciones de vulnerabilidad; la dificultad probatoria que pesa sobre los grupos en estas condiciones y plantea algunas propuestas que permiten subsanar estas dificultades probatorias.

Durante varios años, la Corporación Sisma Mujer ha venido profundizando en el conocimiento sobre las reparaciones y su especificidad para las mujeres derivada de las afectaciones particulares de la violencia ejercida contra las mujeres en el marco del conflicto armado con énfasis en la violencia sexual.

El objetivo del presente estudio es la elaboración de un panorama general sobre las leyes, jurisprudencia y políticas públicas en sexualidad en el Perú actual. Con ese fin, un equipo de investigadoras/es del PEG – Programa de Estudios de Género de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos compiló diversos tipos de fuentes documentales y realizó una serie de consultas con especialistas, gestores de políticas y activistas en cada una de las temáticas que componen este informe. Este esfuerzo se inscribe en una iniciativa regional del CLAM – Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos, que incluye la elaboración de estudios del mismo tipo en Brasil, Chile, Colombia y Argentina. El estudio brasileño fue el primero en ser realizado, constituyéndose como referente inicial para los demás4. Sin embargo, cada equipo priorizó temáticas y planteó estrategias metodológicas de acuerdo con criterios propios y especificidades locales5. En ese sentido, la propuesta peruana introdujo algunas diferencias significativas. En primer lugar, además de contemplar el análisis de legislación y acciones gubernamentales – fuentes privilegiadas por los demás estudios–, se incluyó el análisis de discursos y propuestas y demandas surgidas de diversos colectivos y actores. Asimismo, como parte del proceso de elaboración de conocimiento sobre el tema, el PEG convocó agentes del Estado, académicos y de la Sociedad Civil a discusiones públicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las mesas temáticas organizadas abordaron la violencia sexual contra la mujer (mesa 1); violencia sexual y conflicto armado (mesa 2); diversidad sexual (mesa 3); y aborto (mesa 4). Los capítulos de este informe sintetizan los resultados de de cada estrategia de investigación. El primer capítulo es una descripción panorámica del Estado peruano, de modo de proveer un contexto básico de la normativa jurídica y administrativa que rige los procesos políticos actuales. Luego se suceden 6 capítulos, que corresponden a cada uno de los ejes temáticos incluidos; estos son: aborto; anticoncepción oral de emergencia; violencia sexual; prostitución y trata con fines sexuales; derechos y ciudadanía TLGB; y VIH/SIDA. A excepción de los capítulos uno y tres, la estructura propuesta ha sido, en primer lugar, la presentación de datos de contexto y estadísticas disponibles, así como otras informaciones que ayuden a brindar un panorama actual de la situación. Cada capítulo luego prosigue con la normativa existente, el desarrollo de políticas públicas y la revisión de casos de jurisprudencia, cuando es pertinente.

La investigación Mujeres entre mafiosos y señores de la guerra. Impacto del proceso de desarme, desmovilización y reintegración en la vida y seguridad de las mujeres en comunidades en pugna. Caso Villavicencio, desarrollada por HUMANAS – Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género en Colombia, se enmarca dentro de los objetivos del Programa Paz y Seguridad de UNIFEM –Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer– Región Andina que cuenta con el apoyo de AECI –Agencia Española de Cooperación Internacional– respondiendo al mandato de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujer, Paz y Seguridad. Dicha resolución hace un llamado a incrementar la representación de las mujeres en todos los niveles de decisión en prevención, manejo y resolución de conflictos; atender las necesidades especiales de protección de las mujeres en los conflictos; incrementar el apoyo a mujeres constructoras de la paz y a la adopción de una perspectiva de género en operaciones de mantenimiento de la paz, y en los procesos de pos conflicto. Pretende, asimismo, promover investigaciones que visibilicen el impacto que las distintas situaciones tienen sobre los derechos de las mujeres. Este estudio ofrece una mirada integral a la situación de las mujeres en los contextos locales de desarme, desmovilización y reintegración, con miras a avanzar en la promoción de la seguridad humana de las mujeres. La investigación tuvo por objeto conocer el impacto de dichos procesos, desde la percepción de las y los funcionarios públicos del municipio, de las mujeres y de actores sociales claves de la región. De tal forma, se plantean una serie de lineamientos para el análisis que permiten evidenciar de forma específica los efectos sobre la vida de las mujeres de la ciudad de Villavicencio a nivel político-organizativo, socio-económico, de derechos sexuales y reproductivos, de seguridad humana y violencia contra las mujeres y niñas.