Catholics for a Free Choice shapes and advances sexual and reproductive ethics that are based on justice, reflect a commitment to women’s well being, and respect and affirm the moral capacity of women and men to make sound decisions about their lives. Through discourse, education, and advocacy, CFFC works in the United States and internationally to infuse these values into public policy, community life, feminist analysis, and Catholic social thinking and teaching.

Este estudio se enmarca en los proyectos pilotos sobre “Salud, Dignidad y Prevención Positivas” que han sido implementados en Bolivia, Tanzania y Vietnam, y tomará como base la metodología que está siendo validada actualmente por GNP+ y por ONUSIDA con el fin de asegurar una armonización y alineamiento con los principios de la iniciativa global de impulsar la agenda de “Salud, Dignidad y Prevención Positivas”. Están además en concordancia con los objetivos generales del Plan Estratégico Multisectorial 2007-2011, el Marco de Resultados 2009- 2011 de ONUSIDA y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/Sida para el Perú, 2010-2011. Hasta el presente estudio, no se había llevado a cabo, en el Perú, ninguna iniciativa orientada a analizar y obtener evidencias del ejercicio de la sexualidad de las personas viviendo con VIH/Sida (PVVS) y cómo sus demandas asociadas a este aspecto están siendo o no integradas a la oferta de servicios de salud sexual y salud reproductiva en el marco del Objetivo de Acceso Universal, así como en las normas, políticas y reglamentaciones sobre prevención. En esta línea este estudio tiene como fin contribuir a la aceleración de resultados, mediante un estudio diagnóstico, en el área de acceso a servicios y programas de prevención de salud sexual y reproductiva para las PVVS. La evidencia que presentamos a continuación pretende ser un elemento que ayude a impulsar políticas y programas sobre prevención y servicios de salud sexual y reproductiva orientados a personas viviendo con VIH/Sida y a los grupos de mayor riesgo de exposición al VIH.

Como parte de un conjunto de propuestas que implementan la Liga de Mujeres Desplazadas LMD y el Observatorio Género Democracia y Derechos Humanos OGDDHH, bajo una estrategia titulada Agenda Justicia de Género, durante más de 3 años han trabajado en el desarrollo de acciones que contribuyan a la judicialización de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario DIH y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos DIDH, cometidas contra las mujeres desplazadas y receptoras en el marco del conflicto interno armado en Colombia.Esta publicación es el resultado del haber asumido con profundidad dicho reto, ha articulado un conjunto de actividades que han arrojado como resultado concreto la recolección de 144 testimonios de mujeres víctimas del delito de desplazamiento forzado y de otros delitos conexos, haciendo un especial énfasis en los delitos de Violencia Sexual Basada en Género VSBG. A este momento, estos testimonios han sido entregados a la Fiscalía General de la Nación, y tras ejercicios como el del presente documento, buscan convertirse en material probatorio emblemático en la búsqueda del acceso a la verdad y a la justicia por parte de las mujeres desplazadas de la Liga, pero también del resto del país. Tanto la totalidad de la estrategia, como la presente publicación, tienen como objetivo brindar más elementos jurídicos para continuar trabajando en los distintos procesos legales, pero a su vez, desarrollar un documento formativo e informativo para los funcionarios públicos, las investigadoras, las y los estudiantes y sobre todo, las organizaciones sociales.

Letras y Encajes publica su primer número en 1926, esta revista fue fundada por mujeres de la clase dirigente de Medellín, muchas de ellas socias de la institución cultural Centro Femenino de Estudios (Sofía Ospina de Navarro, Teresa Santamaría de González, Ángela Villa de Toro y Alicia Merizalde de Echavarría) a lo largo del tiempo se consolido como la revista femenina más importante del país, dirigida a mujeres de la clase alta y media, abordaba temas que giraban alrededor del hogar, la religión, la literatura y la moda de la época. La revista circuló mensualmente hasta 1959. Sus principales redactoras eran mujeres, pero contaba con la colaboración ocasional de algunos hombres y con traducciones de autoras(es) extranjeras(os).

En Colombia, la pionera había sido la revista bogotana La Mujer, creada 50 años antes y dirigida por la escritora Soledad Acosta de Samper. Sin embargo, mientras La Mujer se publicó solo por cuatro años, Letras y Encajes fue editada mensualmente durante 33 años, hasta 1959. Una aventura de estas pareciera ser un ejemplo de emancipación femenina, pero al revisar la publicación es fácil encontrarse con una postura conservadora que, con todo, da cuenta de cómo se entendía a la mujer a principios del siglo veinte.

Letras y Encajes publica su primer número en 1926, esta revista fue fundada por mujeres de la clase dirigente de Medellín, muchas de ellas socias de la institución cultural Centro Femenino de Estudios (Sofía Ospina de Navarro, Teresa Santamaría de González, Ángela Villa de Toro y Alicia Merizalde de Echavarría) a lo largo del tiempo se consolidó como la revista femenina más importante del país, dirigida a mujeres de la clase alta y media, abordaba temas que giraban alrededor del hogar, la religión, la literatura y la moda de la época. La revista circuló mensualmente hasta 1959. Sus principales redactoras eran mujeres, pero contaba con la colaboración ocasional de algunos hombres y con traducciones de autoras(es) extranjeras(os).

Letras y Encajes publica su primer número en 1926; esta revista fue fundada por mujeres de la clase dirigente de Medellín, muchas de ellas socias de la institución cultural Centro Femenino de Estudios (Sofía Ospina de Navarro, Teresa Santamaría de González, Ángela Villa de Toro y Alicia Merizalde de Echavarría), a lo largo del tiempo se consolidó como la revista femenina más importante del país, dirigida a mujeres de la clase alta y media, abordaba temas que giraban alrededor del hogar, la religión, la literatura y la moda de la época. La revista circuló mensualmente hasta 1959. Sus principales redactoras eran mujeres, pero contaba con la colaboración ocasional de algunos hombres y con traducciones de autores y autoras extranjeras.

En este documento se analiza la justicia internacional desde la perspectiva de las mujeres sobrevivientes de violaciones cometidas durante el genocidio en Rwanda y se exponen las oportunidades que en el último decenio se han desperdiciado en los juicios por violencia sexual ante el Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR). Durante el genocidio en Rwanda, en todas las prefecturas del país se desató una violencia sexual generalizada principalmente en contra de las mujeres tutsi. Miles de mujeres fueron violadas en las calles, en los puntos de control instalados en las carreteras, en sembradíos, o bien dentro o cerca de edificios del gobierno, hospitales, iglesias y otros lugares donde buscaron refugio. Las mujeres fueron sometidas, individualmente y en grupo, a la esclavitud sexual con el propósito de violarlas. Eran violadas con palos punzantes u otros objetos, hasta causarles la muerte. Luego sus cuerpos fueron abandonados, por lo general desnudos, ensangrentados, los brazos y piernas extendidos, expuestos a la vista de todos. La propaganda de odio que se emprendiera antes y durante el genocidio alimentó la violencia sexual mediante la satanización de la sexualidad de las mujeres tutsi. A la luz de las pruebas y los delitos que el TPIR debe conocer, prácticamente todos los que han de comparecer ante este tribunal internacional deberían ser imputados y condenados, según corresponda, por su papel en la ejecución de estos actos, o por su responsabilidad como líderes por no prevenir las acciones de sus subordinados. Sin embargo, a 10 años de haberse cometido el genocidio en Rwanda, el TPIR ha dictado 21 sentencias: 18 condenas y 3 absoluciones. El 90 por ciento de estos fallos no incluyó ninguna condena por violación. Lo que resulta todavía más perturbador es que el número de absoluciones por violación fue el doble de las condenas por el mismo delito. La Fiscalía ni siquiera presentó cargos de violación en el 70 por ciento de los casos adjudicados. De continuar esta tendencia, será cada vez mayor la probabilidad de que no se haga plena justicia a las mujeres víctimas del genocidio en Rwanda ante el TPIR. Este documento se basa en entrevistas con sobrevivientes de violaciones en Rwanda, entre ellas algunas de las mujeres que atestiguaron ante el TPIR. En la primera parte se examinan los funestos antecedentes del fiscal del TPIR en la investigación y enjuiciamiento de las violaciones sexuales. Los 10 años transcurridos revelan una falta de voluntad política a nivel de los altos directivos para integrar los delitos de violación sexual en una estrategia de enjuiciamiento estable y constante. Diversos factores han dificultado los procesos, entre otros, las investigaciones inadecuadas, la aplicación de una metodología de indagación inapropiada y la falta de capacitación del personal. Algunos casos han continuado sin acusaciones de violación, a pesar de que en algunos de ellos el fiscal tenía en su poder pruebas fehacientes del delito. En un número considerable de casos, los cargos por violación se han agregado tardíamente como enmiendas, en lugar de formar parte integral de la estrategia de enjuiciamiento. Los abogados principales de la fiscalía siguen teniendo interpretaciones y opiniones divergentes y hasta contradictorias sobre la responsabilidad legal de la violencia contra las mujeres y sobre el enfoque legal que han de adoptar en la corte. La segunda parte del documento se basa en las voces de los testigos de las violaciones, incluidas algunas de las mujeres que atestiguaron ante el TPIR. En esta parte se revela la profunda decepción y frustración de las víctimas de las violaciones frente al proceso de justicia internacional. Las mujeres de Rwanda explican lo que en su opinión ha sido el fracaso del tribunal, que no sólo les ha negado justicia, sino también agudizado el sufrimiento que continúan padeciendo. En el documento se destacan algunas de las deficiencias del proceso (el cual se ha estructurado sin considerar la necesidad de brindar una atención y una protección óptimas a las víctimas de violación), como la carencia de información y seguimiento y la falta de una explicación completa por parte de la fiscalía sobre los posibles riesgos. En la corte, por lo general como consecuencia de la conducción de juicios conjuntos con múltiples acusados, las víctimas de violación se enfrentan a un ambiente hostil en el que se ven sometidas a contrainterrogatorios prolongados y repetitivos, a lo cual se suma la renuencia de algunos jueces a limitar el período de repreguntas. Debido a una falta de preparación adecuada, algunas víctimas de violación se han sentido humilladas y apenadas al momento de presentar su testimonio porque no se les advirtió que tendrían que hablar explícitamente sobre partes de su cuerpo o sobre actos sexuales. Luego de los juicios, las víctimas de violación con frecuencia observan que, a pesar de la prometida anonimidad, regresan a sus hogares para enterarse de que se ha revelado su identidad como víctimas de violación, tras lo cual se ven sujetas a amenazas y represalias. Luego de una década de existencia, resulta desalentador ver cuán poca justicia el Tribunal Penal Internacional para Rwanda ha podido llevar a las víctimas de la violencia sexual. En esta era de justicia internacional, deben desplegarse esfuerzos concertados para aprender de las experiencias de las víctimas de violación en Rwanda y asegurarse de que las Naciones Unidas no continúe en deuda con las víctimas de violación. Este análisis de la justicia internacional a través de los ojos de las víctimas de violación revela la urgente necesidad de velar, como cuestión prioritaria, por que los tribunales penales internacionales no pasen por alto los crímenes de violencia sexual ni permitan la conducción de un proceso judicial que margina, deshumaniza y degrada a las víctimas de violación.

Aunque en los países desarrollados la práctica de la evaluación de programas y proyectos de intervención para el desarrollo humano y social es habitual desde los años sesenta, en países como Colombia es una exigencia reciente pero cada vez más frecuente, por la escasez de recursos disponibles y el compromiso que tienen las organizaciones de dar cuenta a la sociedad de su gestión. Esta guía para la evaluación de programas/proyectos tiene una característica particular: el enfoque de género. De esta manera, se busca que las personas responsables de la evaluación consideren en el análisis las condiciones, las necesidades, los intereses y las relaciones sociales de los hombres y de las mujeres. La evaluación con enfoque de género permite establecer la medida en la que el programa/proyecto objeto de escrutinio tiene en cuenta las especificidades de cada sexo, así como el grado en el que la intervención promueve la equidad en la vida de las mujeres y de los hombres. Este enfoque debe orientar todo el proceso evaluativo e impregnar de manera transversal cada uno de sus elementos.

La Corporación Sisma Mujer, en desarrollo de uno de sus principales objetivos institucionales como es el aportar a la consolidación del movimiento de mujeres como actor político para la defensa de sus derechos y la transformación de su posición en la sociedad, ha considerado de gran importancia el hacer un seguimiento de las reformas legislativas de mayor trascendencia para las mujeres en Colombia.