Hasta el presente estudio, no se había llevado a cabo, en el Perú, ninguna iniciativa orientada a analizar y obtener evidencias del ejercicio de la sexualidad de las personas viviendo con VIH/Sida (PVVS) y cómo sus demandas asociadas en este aspecto están siendo o no integradas a la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva en el marco del Objetivo de Acceso Universal, así como en las normas, políticas y reglamentaciones sobre prevención. En esta línea, este estudio tiene como fin contribuir a la aceleración de resultados, mediante un estudio diagnóstico, en el área de acceso a servicios y programas de prevención de salud sexual y reproductiva para las PVVS. La evidencia que presentamos a continuación pretende ser un elemento que ayude a impulsar políticas y programas sobre prevención y servicios de salud sexual y reproductiva orientados a personas viviendo con VIH/Sida y a los grupos de mayor riesgo de exposición al VIH en el marco de la propuesta “ Salud, Dignidad y Prevención Positivas".

La Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (la “Conferencia de Beijing”) fue un acontecimiento histórico desde el punto de vista de las políticas, pues en ella se estableció un marco mundial de políticas para hacer progresar la igualdad de género. Trascurridos 10 años desde la Conferencia de Beijing, en marzo de 2005, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas presidió una reunión intergubernamental que tuvo lugar en Nueva York para examinar los avances alcanzados en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en virtud de la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción. Este acontecimiento, conocido como “Beijing +10”, tuvo un perfil decididamente bajo. Su meta no era definir una agenda, sino confirmar la agenda existente; no se proponía formular políticas, sino afirmar las existentes. La pregunta que se hacen muchos movimientos femeninos internacionales es si este evento forma parte de un esfuerzo mundial en curso a favor de la igualdad de género o si señala el deterioro de este proceso. En el presente trabajo, que se alimenta de la investigación que se hiciera para el informe de UNRISD titulado Igualdad de género: La lucha por la justicia en un mundo desigual, se reflexiona sobre la historia ambivalente de los avances que han logrado las mujeres en las últimas décadas y se examina la forma en que el entorno de políticas ha cambiado durante todo el tiempo transcurrido desde que se celebrara el evento que ha constituido el punto culminante de los movimientos femeninos mundiales. A partir de una serie de indicadores utilizados comúnmente para medir el “avance de la mujer”, el documento sostiene que el historial de logros en materia de igualdad de género es más ambivalente y las influencias causales más diversas y menos unidireccionales de lo que en ocasiones se supone. También se indica que las políticas de desarrollo tienen un importante papel que desempañar para garantizar la obtención de resultados y que la primera fase de las reformas estructurales (que datan desde principios de los años 80) fue en muchos sentidos negativa para la mujer. En los 10 años transcurridos desde la Conferencia de Beijing, se han dado algunos cambios importantes en la política de desarrollo internacional y una valoración cada vez mayor de la necesidad de formular políticas sensibles a la cuestión de género. Para finales de los años 80, el “fundamentalismo de mercado” y la terapia de choque habían perdido buena parte de su atractivo, abriendo así espacio para nuevas ideas y enfoques sobre políticas y prácticas de desarrollo. El creciente descontento con los efectos sociales de las reformas y las críticas que han formulado importantes economistas de las instituciones financieras internacionales (IFI) han generado un cambio de políticas que con frecuencia se denomina el “Consenso post-Washington”. Las nuevas políticas han demostrado una disposición a brindar mayor atención a las inquietudes sociales y políticas, lo cual puede constatarse en conceptos como “capital social” y “buen gobierno”. La política social y, en especial, la reducción de la pobreza lograron ascender en la escala de prioridades internacionales durante los años 90. No obstante, tras este aparente consenso que se forjase en torno al vocabulario compartido de “pobreza” y “protección social”, existen interpretaciones encontradas de la política social en razón de las diferencias en cuanto a los valores, prioridades y visiones de la responsabilidad del Estado. Existen serias preocupaciones sobre si se está brindando o pueden brindarse opciones sostenibles para superar la pobreza en un contexto donde no existen medidas apropiadas de creación de empleos y de regeneración regional. Habida cuenta de que la mayor parte de la responsabilidad por el trabajo doméstico no remunerado recae sobre la mujer y que tiene menos acceso al dinero y a las oportunidades de generación de ingresos, es probable que la redefinición de la responsabilidad del Estado y el papel preponderante conferido a las fuerzas de mercado incidan negativamente sobre el tiempo y el acceso de la mujer a los beneficios sociales. El retiro del fundamentalismo de mercado ha permitido una rehabilitación parcial de la función del Estado como actor protagónico en el desarrollo, y se ha enfatizado el “buen gobierno” a través de la democracia, la participación, la descentralización y la integración de la sociedad. Una interpretación integral de la agenda del “buen gobierno” abarcaría la liberalización política, la participación, los derechos humanos y atender los problemas de desigualdad social como parte del compromiso fundamental con la democracia. Esta agenda comprendería cuestiones como la legitimidad del Estado y problemas de capacidad y rendición de cuentas que los movimientos sociales y los movimientos femeninos han confrontado durante décadas. Si bien las reformas de la gobernanza pueden y deben atender las cuestiones relativas a la legitimidad del gobierno y la participación pública de los grupos socialmente marginados, tales reformas se han visto frecuentemente dominadas por una preocupación más limitada. De allí que, si bien la reciente atención que han prestado los donantes al “buen gobierno” es un acontecimiento positivo, mucho depende de cómo se interprete tal hecho. Una buena parte depende de si, por un lado la democratización de la política y la participación de los grupos sociales marginados se entienden como parte integral de los objetivos de la reforma y se incorporan al cambio institucional y, por otro lado, si la reducción de las desigualdades sociales y de género figura entre los principios fundamentales que orientan el programa de transformación institucional del Estado. Existen algunos aspectos del actual clima político internacional que limitan las posibilidades de que esto se cristalice, a saber, el aumento del poder político de las fuerzas conservadoras en los Estados Unidos y otros países y los sucesos del 11 de septiembre. Aunque el primero de estos hechos ha llevado a la adopción, por parte de Estados Unidos y con el apoyo de las fuerzas religiosas, de políticas conservadoras en cuanto a los derechos reproductivos y sexuales de la mujer, el último ha llevado a que se preste más atención y se asigne más financiamiento a la “seguridad”, en detrimento del desarrollo y los derechos humanos. En este trabajo se analizan la forma en que estos cambios en la política y el clima político internacionales en la última década han propulsado el surgimiento de nuevos problemas y desafíos para quienes participan en los movimientos femeninos mundiales.

Desde la década de 1980, la migración laboral ha venido feminizándose cada vez en mayor medida en el este y sudeste asiáticos. Para principios del siglo XXI, se estimaba que había más de dos millones de mujeres trabajando en la región, lo que constituye un tercio de la población migrante. Casi todas las mujeres migrantes se desempeñan en labores reproductivas, como el trabajo doméstico y los servicios sexuales, en hogares de particulares y sectores comerciales informales. No obstante la gran necesidad de proteger su bienestar y sus derechos humanos, los gobiernos de los países de destino ven a los migrantes simplemente como una fuerza laboral que se requiere para cubrir la escasez de mano de obra local, e ignora las medidas de protección y las políticas en función del género. Por su parte, bajo la presión para incrementar los ingresos de divisas extranjeras, los países que constituyen la fuente de esta fuerza laboral alientan a sus mujeres a migrar y a remitir sus ganancias, pero ante la competencia mundial, los gobiernos de estos países han mostrado poco interés en el bienestar de las mujeres migrantes. En el contexto de los antecedentes poco alentadores en materia de derechos humanos de los países del este y sudeste asiáticos, los actores no estatales han adquirido una importancia creciente en la defensa de los derechos de los migrantes, lo que han logrado a través de redes locales y transnacionales. Las raíces de la migración–feminizada y que por lo tanto tiene en cuenta consideraciones de género–en el este y sudeste asiáticos se encuentran en el rápido pero desigual desarrollo económico de la región, caracterizado por la desigualdad y el conflicto que producen las diferencias de género, clase social y nacionalidad. La transferencia de mujeres extranjeras de la región desde economías de bajos ingresos (Filipinas, Tailandia, Indonesia y Viet Nam, entre otros) hacia países de altos ingresos (Singapur, Malasia, la Región Administrativa Especial de Hong Kong, Taiwán Provincia de China, la República de Corea y Japón) intensifica la actual desigualdad de género, injusticia económica y discriminación étnica. Sin embargo, la migración internacional es un proceso contradictorio que, si bien brinda a las mujeres migrantes oportunidades para la movilidad social, también las somete a abusos y explotación. La mayoría de las mujeres migrantes son trabajadoras independientes empleadas por contrato que buscan trabajo en el exterior a fin de aumentar los ingresos familiares y sus ahorros personales. El empoderamiento resulta de su resistencia diaria a las estructuras de poder existentes, así como de la oportunidad de acumular recursos personales y colectivos. El análisis de las políticas de inmigración de Asia y de los patrones de migración de las mujeres revela que existen seis categorías de mujeres migrantes con sus respectivas características: • trabajadoras domésticas • animadoras (trabajadoras sexuales) • trabajadoras no autorizadas • esposas inmigrantes • trabajadoras capacitadas • trabajadoras que comparten un patrimonio étnico con la población que las recibe (como los brasileños de origen japonés en el Japón y los chinos de ascendencia coreana en la República de Corea). Estas seis categorías de mujeres migrantes se diferencian entre sí en razón de las condiciones de traslado al otro país, de empleo y de protección legal, por lo que difieren en cuanto a las formas en que enfrentan las prácticas desiguales y discriminatorias que encuentran en sus lugares de destino. En consecuencia, los ciudadanos conscientes y las organizaciones no gubernamentales recurren a diferentes acciones civiles y contramedidas para mejorar los derechos de las mujeres migrantes. Los gobiernos de los estados importadores de mano de obra del este y sudeste asiáticos tienen niveles distintos de tolerancia política frente a las actividades de la sociedad civil, por lo que existen diferencias importantes en cuanto a las capacidades y los recursos con que cuentan sus sociedades civiles para la acción colectiva. La bibliografía sobre este tema identifica tres niveles de efectividad de las acciones civiles y de la resistencia de la mujer en Asia. El primer nivel agrupa a Singapur y Malasia, donde la aplicación de estrictas políticas de inmigración, rígidos sistemas de contratación laboral y bajos grados de tolerancia del activismo cívico por parte del Estado limitan seriamente las acciones a favor de las trabajadoras migrantes. El segundo nivel reúne al Japón y la República de Corea, donde los estrictos controles fronterizos y las grandes cantidades de trabajadores, combinados con un relativamente alto grado de tolerancia de la acción colectiva, permiten a muchos grupos y organizaciones desafiar la autoridad del Estado y brindar asistencia legal y cultural a los trabajadores migrantes. En el tercer nivel se encuentra la Región Administrativa Especial de Hong Kong, donde, a pesar de una estricta política de inmigración y un rígido sistema de contratación laboral, el legado colonial británico permite a los trabajadores migrantes defender abiertamente sus derechos económicos y emprender acciones colectivas. La frecuencia de las manifestaciones de trabajadoras migrantes, en particular de las trabajadoras domésticas filipinas en Hong Kong, destaca la importancia de establecer redes transnacionales que permitan estrechar los vínculos entre los trabajadores migrantes en los países fuentes de la mano de obra y las naciones receptoras. La creciente presencia de un movimiento transnacional de protección en toda la región de Asia facilita los esfuerzos de las organizaciones civiles por mejorar los derechos y el bienestar de las trabajadoras migrantes. En conclusión, la feminización de la migración ha incrementado la desigualdad y la injusticia basadas en el género, la clase social y la nacionalidad en Asia. Pero al mismo tiempo, ha abierto nuevas oportunidades para que las mujeres migrantes puedan aumentar los ingresos familiares y la creciente sociedad civil de Asia pueda desafiar las políticas y prácticas opresivas que afectan a las trabajadoras migrantes. A pesar de que persisten muchos obstáculos legales e institucionales a la justicia social en los países que importan mano de obra, las acciones civiles de ciudadanos y trabajadores migrantes constituyen un paso importante hacia el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras migrantes.

La finalidad de esta publicación es poner en evidencia la situación actual del sistema legal colombiano frente a las necesidades y derechos las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas).1 Se trata de estudiar la legislación colombiana y la jurisprudencia de la Corte Constitucional a la luz del derecho internacional de los Derechos Humanos. Esto lleva a reconocer, en algunos casos, los avances del sistema colombiano (especialmente en el judicial) y, en otros tantos, las falencias (especialmente en el legislativo) y omisiones del derecho nacional. No se trata, por ahora, de imaginar derechos nuevos. Simplemente se trata de tomar los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos y aplicarlos al caso concreto de las personas LGBT, según las interpretaciones que han hecho los órganos internacionales o, incluso, algunas cortes colombianas.2 Sin embargo, no dejamos de lado la posibilidad futura de vislumbrar nuevas definiciones de los Derechos Humanos y de proponer la adaptación de las normas a las diversas experiencias de las identidades de género y la orientación sexual. Para esta investigación de carácter exploratorio se tomaron sólo algunos de los Derechos Humanos, puesto que si bien la situación general de los Derechos Humanos en Colombia pasa por una crisis profunda, no se pretende hacer un informe general, sino prestarle principal atención a aquellos derechos más afectados para las personas LGBT, y los que más acciones judiciales han provocado. Las personas LGBT son sujetos de todos los Derechos Humanos, pero sufren de falta de garantías frente a todos y cada uno de ellos. Las personas LGBT son víctimas constantes de homicidios así como de torturas físicas, psicológicas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, por falta de protección por parte del Estado. Sin embargo, en lo legal, la problemática no se relaciona simplemente con estos derechos. Hace parte de un problema mucho más grave que engloba y compromete derechos como la vida, la integridad física, el trabajo o la participación política.

En este documento, Gillian Hart analiza las relaciones cambiantes entre la producción industrial intensiva que exige mucha mano de obra y las condiciones que favorecen la proliferación de la última, en Sudáfrica, entre 1980 y 2000. A principios del decenio de 1980, el Estado del apartheid ofreció generosos incentivos a las industrias que requerían numerosa mano de obra para que se establecieran en zonas de descentralización industrial. en antiguos territorios bantúes o en zonas adyacentes a los mismos. Las industrias ligeras, muchas de ellas procedentes de Taiwán (Provincia de China) y empleadoras principalmente de mujeres,se multiplicaron en estas zonas, mientras que el número de industrias pesadas que exigían un gran volumen de capital, situadas en los principales núcleos urbanos, disminuyó drásticamente. En 1991, el gobierno de de Klerk, en respuesta a las feroces críticas de las empresas poderosas de Sudáfrica al ver menoscabados sus intereses, recortó drásticamente los subsidios. Desde mediados del decenio de 1990, el Estado posterior al apartheid ha adoptado la inversión extranjera directa (IED) y la exportación de productos como estrategia principal de su política neoliberal. No obstante, según Hart, hasta ahora no se han cumplido estas promesas. Bajo la presión de los productos importados baratos, el empleo en la industria que necesita mucha mano de obra ha disminuido drásticamente, la IED ha sido mínima y los imperativos neoliberales han limitado las políticas sociales redistributivas.

La guía psicosocial para acompañar y apoyar a mujeres víctimas de violencia sexual en conflicto armado interno surge entonces de la imperiosa necesidad de responder a la demanda de como abordar el tema y expresar lo vivenciado por parte de mujeres que han sido víctimas de este hecho, y de aquellas personas que en organizaciones sociales, eclesiales, no gubernamentales y gubernamentales, las acompañan y/o atienden. Esta guía pretende ser útil para aquellas personas que atienden casos de violencia sexual contra las mujeres y para quienes, aunque no realicen este tipo de trabajo, pueden estar cerca de una mujer que ha sido víctima de violencia sexual y requieran brindarle apoyo. La guía se encuentra dividida en cinco bloques temáticos. El primero, Orientaciones para acompañar a la mujer, plantea pautas psicosociales a tener en cuenta en el momento de atender a una mujer para generar condiciones que le permitan hablar sobre lo sucedido, identificar los impactos y cuidados que debe tener. El segundo, Reconociendo el entorno en donde sucedió el hecho, permite identificar algunos factores del contexto que promuevan la recuperación y la protección de la mujer. El tercero, Apoyando a la familia y la comunidad, aborda aspectos para reconocer que estos colectivos también resultan afectados por el hecho violento y que es necesario garantizar que reciban una atención adecuada. El cuarto, Reconociendo rutas de atención, indica la importancia de reconocer la oferta institucional para asegurar un abordaje integral. El quinto y último, Preparándonos para abordar casos de violencia sexual, ofrece elementos a tener en cuenta para el cuidado de quienes acompañan a las mujeres víctimas. Cada una de las pautas psicosociales está desarrollada con el mismo esquema: porqué es importante hacerlo, como hacerlo y qué no hacer. Para facilitar que la lectora o el lector de esta guía encuentre sentido a cada una de las pautas psicosociales, se expondrán brevemente algunos conceptos básicos relacionados con el tema desde una perspectiva psicosocial.

Es muy frecuente escuchar hablar de cambio social, pero dentro del medio socio-cultural en que vivimos, que tiene un corte marcadamente masculinista y de subvaloraci6n de la mujer y la sexualidad, no podrá gestarse ningún cambio total dejando de lado este importante elemento: LA SEXUALIDAD DE LA MUJER. Creo que cualquier revoluci6n desexualizada es incompleta pues deja oprimida una faceta vital del ser humano. Me parece que uno de los caminos para facilitar el cambio social es el crecimiento personal de las mujeres, en el cual es básica la autonomía de su cuerpo y de su sexualidad, así como el reconocimiento de sus capacidades, esperanzas e intereses. Hace unos años, con un grupo humanista en México trabajamos el concepto de que no puede darse verdadero cambio social sin un crecimiento y desarrollo de las personas que conforman la sociedad, y no puede darse crecimiento personal sin un compromiso con el cambio social. Mientras no se produzca cambio de este contexto socio-cultural donde la sexualidad femenina es vetada, la vida de la mujer estará esclavizada, ya que sin liberaci6n de las normas sexuales, como antes expresé, los grandes cambios socio-culturales no podrán proporcionar libertad y respeto por las personas, serán solamente cambios parciales y la mujer, para quien siempre se hace la norma, continuará limitada…

El documento contiene una serie de reseñas elaboradas por Alvaro Róman Saavedra sobre algunos libros que abordan temáticas indígenas desde la ley, la sexualidad, la reforma agraria, entre otros.

En el presente trabajo muestro una revisión critica desde la psicología social contemporánea de la relación entre la construcción de género como categoría - concepto y la homofobia social. Metodológicamente hago uso el metaanálisis y la metodología del género que son herramientas útiles para investigar problemáticas de orden social, como la que aquí se presenta y resalta el carácter interdisciplinario y dialógico de este trabajo. Al realizar la revisión critica de la discusiones relevantes al campo de la psicología social y la evolución de las concepciones sobre homosexualidades, género y homofobia pude demostrar la relación que el género tiene con esta ultima, además de profundizar en el carácter discursivo, estructural, y psicológico de las categorías de investigación que es un aporte importante, ya que en otros trabajos sobre el tema esto es algo que no había sido analizado con detenimiento.

El Fondo de Naciones Unidas para la Mujer – UNIFEM – se congratula de presentar en esta publicación algunos resultados del Seminario sobre Presupuestos Sensibles al Género, realizado en la ciudad de Recife, Brasil durante los días 20 al 22 de Junio de 2007. Este evento se inscribe dentro de las actividades y resultados esperados dentro del Programa Regional Presupuestos Sensibles al Género (PSG) que lidera UNIFEM en América Latina.