Los estudios feministas sobre tecnología, surgidos como una ampliación de los estudios feministas sobre ciencia, desarrollaron su propia agenda de trabajo y sus propias corrientes durante la década de los 80, trabajando paralelamente a los constructivistas sociales, aunque con escasa comunicación entre ambos. El objetivo del presente trabajo es recoger las principales críticas de los estudios feministas de la tecnología al constructivismo social en general y, en particular, a los más recientes desarrollos sobre las fases de uso y consumo de las tecnologías que se presentan desde el constructivismo como un avance teórico. Las feministas critican que desde los estudios de ciencia, tecnología y sociedad (CTS) se sigue utilizando en el fondo cierta noción convencional de tecnología, al no prestar suficiente atención a los intereses de género como un factor social determinante que puede influir en el diseño y selección de los artefactos.

La Mesa de Trabajo “Mujer y conflicto armado” es un espacio de coordinación y reflexión conformado por organizaciones de mujeres y de derechos humanos, organizaciones sociales, personas y entidades nacionales e internacionales interesadas en hacer visibles las múltiples formas de violencia que afectan a las mujeres y a las niñas en el contexto del conflicto armado interno colombiano.

Durante varios años, la Corporación Sisma Mujer ha venido profundizando en el conocimiento sobre las reparaciones y su especificidad para las mujeres derivada de las afectaciones particulares de la violencia ejercida contra las mujeres en el marco del conflicto armado con énfasis en la violencia sexual.

El presente escrito hace parte de un proyecto de investigación intitulado "Constitución y estabilidad de la unión de hecho en Colombia" que cuenta con la aprobación del consejo de investigación de la Universidad Nacional y financiación de Colciencias. Dicho proyecto consta de dos fases: una bibliográfica y otra de terreno. En la primera se elaboró una síntesis histórica-jurídica con los siguientes objetivos: a) Hacer un análisis histórico de la familia en general, con el fin de identificar los lazos existentes entre las llamadas "familias de derecho" y las "familias de hecho". b) Esbozar un análisis comparativo de las "familias de hecho" al menos en una muestra de países  latinoamericanos y algunos europeos con el fin de ver si existe una gradual aceptación legal de las uniones de hecho y cuáles son las diferencias entre unas y otras, tanto en Colombia como en los países de la muestra; y c) Revisar cómo se dan la constitución y disolución de las uniones de hecho y de derecho mediante un rápido análisis de la normatividad jurídica general sobre familia, sus características y consecuencias personales, para los hijos y patrimoniales. El contenido de esta fase resume la revisión de gran parte de la abundante bibliografía existente sobre el tema de familia ya que cualquier investigación abarcativa sobre su problemática, precisa de un numeroso equipo interdisciplinario de especialistas. A continuación se presenta a manera de avance, uno de los capítulos que conforman la base bibliográfica de la investigación, que contiene los hitos más importantes en el tratamiento teórico e ideológico de la familia.

Chile se abre hoy a la posibilidad de reencuentro y construcción democrática tras dieciséis años de dictadura militar, los que han tenido profundas repercusiones en los más diversos ámbitos de la vida nacional. En estos años, las mujeres pobladoras han hecho un importante recorrido desde variadas organizaciones que se proyectan y demandan al futuro proceso democrático. ¿Cuál es el Estado democrático que interesa a estas mujeres y sus organizaciones? ¿Cuál debe ser la relación del Estado con ellas para que se mantengan como actor social, fortalezcan la sociedad civil y no reproduzcan las experiencias de dependencia asistencialismo y cooptación del pasado? ¿Cómo se insertarán en el proceso de profundización democrática con sus demandas por el cambio cultural? En este marco, este texto pretende entregar antecedentes, debatir ciertos planteamientos, haciendo algunas propuestas y delineando tensiones y desafíos

El desplazamiento forzado afecta de manera diferencial y desproporcionada a las mujeres y entre éstas a las mujeres indígenas y afro-descendientes; constituye además un delito que vulnera los derechos humanos, a la vida, a la familia, a la paz, a la dignidad, a la libertad, a la igualdad, a la tranquilidad, al trabajo, a la seguridad, a la libre circulación, a la vivienda, al mínimo vital, a la educación, a la propiedad, al trabajo, entre otros derechos. Colombia es uno de los países con mayor número de desplazados(as) en el mundo. Las cifras varían de acuerdo a la fuente, pero van desde tres millones quinientos mil, cifra oficial registrada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, hasta más de cuatro millones, según la Consultoría para los Derechos Humanos – CODHES. La Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, además de dar alta visibilidad a la situación de la población en situación de desplazamiento, ha establecido con meridiana claridad medidas para superar el “estado de cosas inconstitucional en el desplazamiento forzado” declarado mediante la sentencia T-025 de 2004. Adicionalmente en una decisión sin precedentes, se ha ocupado del tema de las mujeres afectadas por el conflicto y el desplazamiento, en el Auto 092 de 2008. Es importante que cada operador/a judicial tome conciencia de las barreras que enfrentan las mujeres en situación de desplazamiento para acceder a la justicia, entre otras, la dificultad en materia probatoria en casos de violencia sexual o despojo violento o intimidatorio de sus tierras y bienes; el desconocimiento de sus derechos y de los mecanismos para demandar una reparación; la destrucción o pérdida de documentos; la pérdida de redes sociales de apoyo; la falta de asesoría jurídica sensible al género; el aspecto cultural que todavía persiste en los prestadores/as de servicios y que contribuye a la discriminación de las mujeres; el temor de las víctimas por amenazas a su integridad física o sexual, tanto a ellas como a sus hijos e hijas; el asesinato de sus parejas; la carencia de información suficiente en Catastro; el testaferrato, el lavado de activos, etc., etc. Es en este contexto que sigue siendo un desafío para el Estado colombiano, evaluar los mecanismos y políticas vigentes para asegurar el acceso a la administración de justicia por parte de la población afectada por el desplazamiento forzado, especialmente de las mujeres; y garantizar que los y las prestadores del servicio de justicia comprenden la condición de vulnerabilidad de ésta población y actúan en consecuencia con la protección reforzada que les ha sido reconocida. Es necesario reconocer que hay grandes esfuerzos por responder a la problemática, sin embargo, queda todavía mucho por hacer para prevenirlo y para garantizar de manera oportuna e integral los derechos a las personas afectadas. Adicionalmente el escenario colombiano presenta preocupantes indicadores de pobreza a lo cual se suma la situación de emergencia humanitaria causada por las inundaciones, lo cual constituye un elemento de mayor complejidad para prevenir y garantizar los derechos a una población que en general padece de una doble afectación: desplazamiento forzado por causas inherentes al conflicto y desplazamiento con ocasión de las inundaciones o desastres naturales. Es por todo lo anterior que este documento cobra capital importancia como un ejemplo de lo que es posible hacer desde la Rama Judicial, renovando las capacidades de sus operadores/as para que aseguremos desde este ámbito del Estado la respuesta integral, oportuna y sensible a la población en desplazamiento, especialmente a las mujeres; contiene un análisis sobre el acceso a la administración de justicia como derecho fundamental; las acciones colectivas, de grupo o de clase como instrumento de defensa de los grupos en condiciones de vulnerabilidad; la dificultad probatoria que pesa sobre los grupos en estas condiciones y plantea algunas propuestas que permiten subsanar estas dificultades probatorias.

Con ocasión de la Feria Internacional del Libro realizada en Bogotá entre el 24 de abril y el 8 de Mayo de 1997, Milagros Palma, antropóloga y escritora nicaragüense radicada en París, estuvo en la ciudad. Una de sus últimas investigaciones se ha centrado en la recuperación de la vida de María Carrizosa de Umaña, primera egresada de la Escuela de Trabajo Social fundada por María Carulla de Vergara. La Revista de Trabajo Social conversó con ella sobre esta investigación, con la idea de presentar a los/as lectores/as los rasgos de la historia de esta pionera. La entrevista fue realizada el 4 de Mayo de 1997 por Juanita Barreto Gama, transcrita por Milena Huérfano y editada por el Consejo Editorial de la Revista. Revista de Trabajo

Letras y Encajes publica su primer número en 1926, esta revista fue fundada por mujeres de la clase dirigente de Medellín, muchas de ellas socias de la institución cultural Centro Femenino de Estudios (Sofía Ospina de Navarro, Teresa Santamaría de González, Ángela Villa de Toro y Alicia Merizalde de Echavarría) a lo largo del tiempo se consolidó como la revista femenina más importante del país, dirigida a mujeres de la clase alta y media, abordaba temas que giraban alrededor del hogar, la religión, la literatura y la moda de la época. La revista circuló mensualmente hasta 1959. Sus principales redactoras eran mujeres, pero contaba con la colaboración ocasional de algunos hombres y con traducciones de autoras(es) extranjeras(os).

El artículo analiza tres iniciativas de acción colectiva realizadas por mujeres en zonas rurales del suroccidente de Colombia, indagando por los motivos que explican su movilización y cómo es el proceso de empoderamiento bajo el que ésta se dan. El trabajo se desarrolla a partir del registro de las historias de vida de las lideresas de las iniciativas, con lo que se recrea una trayectoria de lucha o de movilización. Con la construcción de esta trayectoria se busca evidenciar cómo se van transformando los marcos de significado de las mujeres por medio de la interacción entre actores(as), identidades y contexto. Así mismo, se aborda el impacto que tiene el conflicto armado sobre el proceso de movilización y las propuestas de construcción de paz que surgen de las iniciativas estudiadas.

Este informe pertenece a una serie de documentos publicados por Amnistía Internacional como parte de su campaña mundial contra la tortura, iniciada en octubre del 2000. Otros informes de la campaña: ¡Actúaya! Tortura, nunca más (Índice AI: ACT 40/13/00/s), Un escándalo oculto, una vergüenza secreta. Tortura y malos tratos a menores (Índice AI: ACT 40/38/00/s) y El comercio de la tortura: una lacra que hay que erradicar (Índice AI: ACT 40/02/01/s).