La presente Memoria recoge las principales ponencias presentadas durante las sesiones plenarias de las Primeras Jornadas Científicas en Salud Pública llevadas a cabo los días 13 y 14 de Julio del 2006. Las Jornadas Científicas en Salud Pública (JCSP) tuvieron como objetivo reunir a investigadores, docentes, gestores, profesionales de las ciencias de la salud y sociales, funcionarios nacionales y regionales del campo sanitario y social, organizaciones sociales, y agentes comunitarios de salud del país, con el fi n de promover el intercambio científico-académico en el campo de la salud pública en el Perú y analizar las experiencias de investigación y/o evaluación de programas y su impacto en diversas áreas de la salud pública y las políticas públicas. Las jornadas buscaron introducir y discutir el panorama actual de la salud pública en el ámbito nacional, regional e internacional, aportar a la agenda actual de preocupaciones y experiencias de investigación y evaluación en este campo desde la perspectiva de los diversos actores sociales, e iniciar un debate acerca de las posibilidades y limitaciones de las relaciones entre investigación y políticas públicas en salud a partir de experiencias concretas.

El propósito de este artículo es sistematizar algunas de las diversas maneras en que el trabajo femenino ha sido analizado en América Latina. Antes que presentar una revisión exhaustiva de los estudios realizados, nos interesa destacar la manera en que han sido abordadas tres problemáticas centrales en el estudio de la participación económica femenina: el análisis del impacto de los cambios económicos globales sobre el trabajo femenino extradoméstico, las vinculaciones entre familia y trabajo, y las implicaciones del trabajo extradoméstico para la condición femenina.

Este material ayudará a las radialistas y los radialistas no sólo a divulgar la Ley 1257 de 2008, sino a contribuir a que nuestras comunidades piensen y transformen la manera como se construyen y desarrollan las relaciones entre mujeres y hombres. Este manual busca divulgar una ley construida dentro de los mecanismos de la democracia, pero en el fondo pretende incidir en la manera como nos relacionamos, que se ha ido tejiendo en el alma de todos y de todas por efecto de la costumbre, la imposición y no pocas veces de la sociedad de consumo.

La reforma constitucional de 1991 llevada a cabo durante el gobierno del Presidente César Gaviria se constituye en eje fundamental y referente obligado de 32 de los 33 proyectos de ley sobre Mujer y Familia propuestos a partir del segundo semestre de 1991 hasta Diciembre de 1993. Al hacer explícito el reconocimiento y defensa de los derechos de la mujer en igualdad de condiciones con el hombre y sin ningún tipo de discriminación, la nueva Carta Política abre el espacio jurídico y legal necesario para iniciar el camino de "la igualdad en el respeto a la diferencia". Enunciado que en el marco de las "relaciones de género", es decir, de las relaciones existentes entre los hombres y las mujeres, significa transformar la relación de poder que en razón del sexo biológico, ha determinado una posición privilegiada para los hombres y una condición subordinada y desigual para las mujeres. Se presenta a continuación, una caracterización de los proyectos de ley sobre mujer y familia, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Fundamentos constitucionales e internacionales, principios básicos, temática, objetivos, conceptualización sobre mujer y familia y origen político.

La estrategia del desarrollo rural apunta al incremento de la producción agropecuaria con una mejora simultánea de la calidad de vida de los productores y las productoras. Supone un marco de definiciones de política pública que incluya criterios de equidad por parte del estado y de la sociedad para modificar circunstancias que favorecen la subordinación de los necesidades de los sectores campesinos: trabajadores agrícolas, productores de bajos ingresos, y que limitan el control de los recursos e insumos para mejorar su participación y competitividad en los mercados nacionales e internacionales. En la región latinoamericana se han identificado tres modalidades en las estrategias de desarrollo rural (Barraclough: 1981): una primera que centra su énfasis en la introducción de técnicas modernas de manejo de los recursos (procesos de fertilización, semillas mejoradas, mecanización, y selección de razas). Esta modalidad provoca una modernización tecnológica, sin afectar las bases de la estructura social, y facilita procesos de inserción de las economías campesinas en el mercado. Otra modalidad introduce procesos reformistas del ingreso mediante redistribución marginal del suelo y/o por impuestos a la tierra, pero que no redefine las relaciones de poder entre los sectores sociales vinculados al agro. Una tercera que se sustenta en cambios rápidos y drásticos de la estructura social pero que mantiene un control de la gestión de la producción impidiendo un desarrollo autónomo de la producción y sus agentes.

La Constitución Política colombiana de 1991, reconocida regionalmente como una de las más democráticas de América Latina y el Caribe, por el compromiso de garantizar la participación y los Derechos Humanos, permitió desarrollar en casi una década un marco normativo y crear los espacios necesarios para avanzar hacia un Estado Social de Derecho, posibilitando a la vez el ejercicio de la democracia directa. Para influir en las posturas de los constituyentes en torno a temas de crucial importancia para el país, hizo de esta Asamblea un foro de la democracia. Las mesas temáticas, las propuestas, la interlocución y las alianzas, contribuyeron a crear un clima propicio para pensar el país, repensar y definir los valores fundamentales que se materializarían en instituciones, mecanismos y mandatos. Nunca como en esos meses, organizaciones, movimientos sociales, grupos y partidos políticos se comprometieron a fondo en la tarea de diseñar un modelo de país más inclusivo, igualitario, solidario y respetuoso de las libertades. El esfuerzo de dar a conocer la nueva Carta y preparar a la ciudadanía para la participación fue cumplido tanto por sectores estatales como por organizaciones políticas, sociales y no gubernamentales que veían en esa coyuntura, la posibilidad de superar las desconfianzas e insatisfacciones que un quehacer político excluyente había contribuido a cimentar, generando una cultura de ausentismo y no participación, tanto en las contiendas electorales, como en los resquicios de democracia que podrían darse en lo local. Efectivamente, en los años siguientes las-os ciudadanas-os lentamente se fueron apropiando de los espacios donde se decidía sobre los problemas y necesidades de las comunidades, se distribuían los recursos y se definían y priorizaban las líneas de actuación de las administraciones locales, municipales, distritales y departamentales. La ciudadanía comenzó a expresarse en términos de participación, de derechos y de deberes. Para las mujeres, la evidente discriminación en la conformación de la Asamblea Constituyente (sólo 4 eran mujeres), no fue óbice para su participación; un cabildeo incesante y organizado, logró posicionar propuestas encaminadas a la superación de la discriminación en los ámbitos políticos y sociales; se colocaron en el debate también las relacionadas con sus derechos reproductivos, la necesidad de acciones afirmativas para las mujeres jefas de hogar y de quienes adelantaban labores comunitarias en pro de la niñez, así como la necesidad de promover la participación e inclusión de las mujeres en los espacios políticos. Algunos de los logros fueron formales, pero otros se plasmaron en avances reales. Paulatinamente, en representación de diversos intereses las mujeres empezaron a incrementar su presencia en los espacios deliberantes y/o de decisión creados, al igual que en los tradicionales. Es evidente que la participación está íntimamente relacionada con el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mayorías, pero sentirse sujeto de derechos va más allá de su consagración en una constitución o en una ley; este ha sido el trabajo del feminismo: que las excluidas se reconocieran ciudadanas, no sólo con deberes sino con derechos y que iniciasen un proceso de exigibilidad individual y colectivo. Lo anterior pasa por su reconocimiento en tanto sujetos sociales y por la valoración de sus aportes a la sociedad en su conjunto, así como el conocimiento, introyección y ejercicio de sus derechos.

E l siguiente texto es una síntesis del análisis de la información obtenida tras la realización de la Encuesta de Caracterización del Proyecto “Estrategia Integral para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres Víctimas del Conflicto Armado en el Departamento del Valle del Cauca”, el cual fue coordinado y ejecutado por la Corporación Sisma Mujer en alianza con la Asociación Taller Abierto. Dicha encuesta se aplicó entre noviembre y diciembre de 2007, a una población de 63 mujeres en situación de desplazamiento forzado en los municipios de Cali, Buenaventura y Tuluá; encuesta procesada con el paquete estadístico SPSS versión No 15.

Se ha titulado a esta presentación “Género, raza y sexualidad, debates contemporáneos” porque se proponen desarrollar tres objetivos fundamentalmente: primero, explicar la genealogía de estos conceptos en el marco del pensamiento social; segundo, explicar cuáles son los debates que se suscitan en torno a ellos; y tercero, la importancia de relacionarlos porque estas tres categorías se presentan articuladas en la realidad, con efectos materiales haciéndose concretas para producir opresiones, subordinaciones y exclusiones, incluso asesinatos, pero a la vez entender su interrelación, ya que puede dar herramientas para eliminar estas opresiones.

Durante las últimas cuatro décadas, Colombia ha sido escenario de una lenta pero inobjetable transformación social y política para las mujeres: en medio de todos los obstáculos, el denominador común es el avance hacia una sociedad donde no sólo se ha vuelto creciente su participación, sino más próxima y viable la meta de la equidad para ellas.

La reciente creación de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, que reúne a magistrados y magistradas de las distintas altas Corporaciones Judiciales de Colombia, denota un compromiso institucional cierto en integrar la perspectiva de género e impulsar el desarrollo de la equidad de género en el quehacer judicial.