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Se encontraron 582 resultados en recursos

Por: Facultad de Jurisprudencia | Fecha: 11/03/2010

Fuente: Universidad del Rosario - Estudios Socio-Jurídicos Formatos de contenido: Artículos

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Por: Juan Manuel Charry-Urueña | Fecha: 11/03/2010

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Por: Juan Pablo Mesa-Morales | Fecha: 11/03/2010

Fuente: Universidad del Rosario - Estudios Socio-Jurídicos Formatos de contenido: Artículos

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Por: Miguel Alejandro Malagón-Pinzón | Fecha: 13/03/2010

En este artículo se analizan los antecedentes hispánicos del juicio de amparo y de la acción de tutela. Se parte del estudio de justicia mayor de Aragón y de su importante proceso de manifestación, antecedentes del hábeas corpus. Luego se analiza la institución del juzgado general de indios en la Nueva España y se miran algunos casos de amparo. Por último, se estudian los recursos contra los actos de gobierno en las india, concretamente los de suplicación y el de agravios, que sin duda alguna constituyen antecedentes de la suspensión provisional del acto de tutela, importante garantía constitucional que se toma de España, pero que tiene sus antecedentes en el derecho indiano, donde se empezaron a proteger los derechos de las personas, y no en el siglo XIX como equivocadamente se piensa.

Fuente: Universidad del Rosario - Estudios Socio-Jurídicos Formatos de contenido: Artículos

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Por: Luis Alfonso Fajardo-Sánchez | Fecha: 13/03/2010

El debate del pluralismo jurídico, tan de moda en Colombia a partir del reconocimiento por parte del Estado de la existencia de otras formas jurídicas diferentes a la oficial o reconocida como mayoritaria, tiene unos antecedentes históricos y doctrinales que es necesario abordar; esto nos permitirá recuperar la esencia emancipatoria del derecho. El pluralismo jurídico alude a la existencia de otros "derechos u otras formas jurídicas junto al derecho estatal, que coexisten, una veces armónicamente, otras en conflicto, pero en cualquier caso, siempre con independencia al derecho estatal". En la historia de Colombia han existido antecedentes que evidencian que en nuestro país han existido fértiles antecedentes que es vital recuperar. El artículo estudia algunos ejemplos: el derecho indiano, como forma de resistencia a la opresión y estrategia de supervivencia de nuestros pueblos nativos; el derecho de la Hermandad de la Costa, la más importante fraternidad pirata que se desarrolló en nuestro archipiélago de San Andrés providencia y Santa Catalina; el derecho palenquero o la consolidación del plan de vida de los cimarrones y palenqueros, y la kriss romaní, la forma del derecho gitano, uno de los primeros derechos globales que llegó a tierras de nuestra América y a Colombia, en el cuarto viaje de Colón.

Fuente: Universidad del Rosario - Estudios Socio-Jurídicos Formatos de contenido: Artículos

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Por: Carlos Ariel Sanchez-Torres | Fecha: 13/03/2010

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Por: Mónica Lucía Fernández-Muñoz | Fecha: 13/03/2010

Los daños causados por aquellas personas por las cuales estamos llamados a responder constituyen un hecho generador de responsabilidad y configuran un régimen de presunción de culpa. Pero antes de hablar con certeza de la existencia de una presunción, debe analizarse si ésta surge de modo automático o si, al contrario, es necesaria la culpa del directo responsable como presupuesto para que funcione. Frente a esta disyuntiva han surgido distintas posiciones doctrinales que es preciso analizar antes de condenar al pago de una indemnización en casos de responsabilidad por el hecho ajeno.

Fuente: Universidad del Rosario - Estudios Socio-Jurídicos Formatos de contenido: Artículos

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Por: Liseth Mojica-Gómez | Fecha: 13/03/2010

En el pasado, los procesos para establecer o impugnar paternidad y maternidad no tenían una prueba contundente. En la actualidad, debido a los avances científicos y médicos, las partes tienen una prueba definitiva que les permite establecer la verdad real: el ADN, que en la legislación colombiana originó la Ley 721 del 24 de diciembre de 2001.Estas pruebas de ADN pueden determinar o descartar la paternidad-maternidad con un 99,99% de certeza. Esto significa que la verdad biológica y la verdad jurídica son iguales sin aceptar dudas, por eso estas deben reflejarse en las decisiones judiciales.

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Por: Fabricio Mantilla-Espinosa | Fecha: 13/03/2010

En este estudio de derecho francés se puede apreciar claramente cómo; por medio de los recursos interpuestos ante el juez ordinario contra los laudos arbitrales, las partes intentan desconocer o retar dar la ejecución de la decisión proferida por el tribunal arbitral para resolver el conflicto que fue sometido a su consideración por disposición misma de las partes.En el derecho colombiano se puede apreciar la misma tendencia. En efecto, tanto nuestra legislación (Ley 23 de 1991, artículo 111), como nuestra jurisprudencia (por ejemplo, C. E. del 7 de febrero de 2002. C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, Exp. 20467), le confieren al recurso de anulación efecto suspensivo de la ejecución lauda arbitral, lo cual, sumado a la inexistencia de sanciones eficaces contra los recursos abusivos y a la tendencia de nuestros jueces a desconocer las decisiones tomadas por los tribunales arbitrales, logra privar a la figura del arbitraje de su utilidad práctica.En los sistemas jurídicos donde se presenta esta misma situación se están tomando medidas que permiten contrarrestar dicho problema. Sin embargo, nuestro legislador persiste en mantener las mismas soluciones (véase, por ejemplo, las reformas introducidas por el Congreso de la República a los artículos 44 y 45 del proyecto de Ley General de Arbitraje presentado por el gobierno), que van claramente en contra de la finalidad del arbitraje.

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Por: Gabriel Ángel Hernández-Villarreal | Fecha: 13/03/2010

Preocupado por la morosidad en la tramitación de los procesos judiciales, el 13 de diciembre de 2001 el ministro de Desarrollo Económico presentó, en nombre del gobierno nacional, una iniciativa con el propósito de modificar el Código de Procedimiento Civil y regular el proceso ejecutivo. Así fue como, luego de su tránsito por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, y teniendo en cuenta los cambios introducidos por estas corporaciones, finalmente la aludida iniciativa se convirtió en la Ley 794 del 8 de enero de 2003, la cual es sucintamente desarrollada en el presente artículo. ·

Fuente: Universidad del Rosario - Estudios Socio-Jurídicos Formatos de contenido: Artículos

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