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La herencia colonial hispana sobre la desigualdad de género en el matrimonio quedó resumida en el primer código civil colombiano dentro del concepto de potestad marital, en términos de los derechos del marido sobre la persona y bienes de la mujer. Tomó casi un siglo desmontarlo legalmente, lo cual se logró al reconocer dicho control como violencia económica y patrimonial. Desde 2008 se reconoce este tipo de violencia como una forma de violencia contra la mujer; sin embargo, los datos indican una alta incidencia de violencia económica y patrimonial por parte de la pareja o expareja, especialmente entre mujeres separadas y divorciadas, y entre las que están en uniones de hecho comparadas con las casadas. Se evidencia la prevalencia cultural de la lógica patriarcal, y también explica porque esta forma de violencia ha recibido poca atención institucional.