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Se encontraron 582 resultados en recursos

Por: Erick Rincón-Cárdenas | Fecha: 13/03/2010

Este ensayo estudia el proceso de ajuste estructural de las finanzas públicas que ha tenido lugar en Colombia a partir de 1998, con el propósito de examinar desde un punto de vista jurídico-político, en qué medida dicho proceso es resultado de un consenso en la sociedad colombiana y cuáles son las consecuencias de su existencia o de su ausencia, teniendo en cuenta la importancia de la legitimación democrática y el concepto pacto fiscal.Para el efecto, parte de la noción de participación ciudadana, de la importancia que esta institución tiene en Colombia a partir de 1991, así como de sus limitaciones. Luego se remonta al origen de la situación económica y fiscal que hizo necesario el ajuste y, luego, al acuerdo extendido con el Fondo Monetario Internacional, suscrito en 1999.

Fuente: Universidad del Rosario - Estudios Socio-Jurídicos Formatos de contenido: Artículos

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Por: Mónica Lucía Fernández-Muñoz | Fecha: 13/03/2010

Los daños causados por aquellas personas por las cuales estamos llamados a responder constituyen un hecho generador de responsabilidad y configuran un régimen de presunción de culpa. Pero antes de hablar con certeza de la existencia de una presunción, debe analizarse si ésta surge de modo automático o si, al contrario, es necesaria la culpa del directo responsable como presupuesto para que funcione. Frente a esta disyuntiva han surgido distintas posiciones doctrinales que es preciso analizar antes de condenar al pago de una indemnización en casos de responsabilidad por el hecho ajeno.

Fuente: Universidad del Rosario - Estudios Socio-Jurídicos Formatos de contenido: Artículos

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Por: Manuel Alberto Restrepo-Medina | Fecha: 11/03/2010

La concepción que se tenga del Estado determina su régimen jurídico, especialmente en cuanto tiene que ver con la actividad y estructura de la Administración, de manera que, además de su actualcomplejidad, el cambio de paradigma del Estado intervencionista al Estado regulador ha implicado que el ordenamiento jurídico de actuación y organización de los entes estatales, particularmente de la rama ejecutiva, se haya tenido que venir ajustando a ese nuevo modelo de Estado, proceso de cambio cuyo contenido y alcance ha sido determinado por las tendencias contemporáneas que lo orientan.La más connotada de esas tendencias es la denominada "huida del derecho administrativo", cuya implementación ha venido operan do mediante la adopción directa del derecho privado a la actividad y estructura de la administración pública o a través de la introducción de elementos del derecho privado dentro de las formas institucionales del derecho público, ya sea atendiendo a la naturaleza de la actividad o a la estructura del órgano que la lleva a cabo.Teniendo en cuenta que el objeto de estudio del Derecho Administrativo lo constituye entonces en buena medida la regulación de la actividad y estructura de la Administración, en este artículo se hace un análisis de la manera en que a través de la tendencia antes mencionada se han pretendido adecuar los contenidos de esa disciplina jurídica al cambio del modelo de Estado imperante y de los riesgos que ese proceso de adecuación entraña.

Fuente: Universidad del Rosario - Estudios Socio-Jurídicos Formatos de contenido: Artículos

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Por: Beatriz Londoño-Toro | Fecha: 11/03/2010

Fuente: Universidad del Rosario - Estudios Socio-Jurídicos Formatos de contenido: Artículos

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Por: Leonardo Augusto Torres-Calderón | Fecha: 11/03/2010

La jurisdicción de lo contencioso-administrativo está actualmente congestionada, ya que el número de demandas presentadas por los usuarios es superior a la capacidad operativa de la misma para resolverlas oportunamente. Los tribunales de descongestión y la conciliación obligatoria no son suficientes para resolver la congestión.Para resolverla es necesario adoptar medidas como: crear un cargo adicional de abogado auxiliar en los tribunales administrativos más congestionados, distribuir más equitativamente los expedientes, disminuir el tiempo de atención al público, crear Jueces especializados de acciones constitucionales limitar el número de apelaciones y consultas, instaurar un arancel judicial para demandas de mayor cuantía, establecer en acciones de reparación directa y contractuales la necesidad de agotar previamente la vía administrativa, implantar un procedimiento sumario y breve para asuntos de menor cuantía, extender los efectos de las sentencias a casos similares que no hayan sido sometidos a los tribunales, atribuir facultades jurisdiccionales a los secretarios e imponer a los abogados demandantes la obligación de presentar con la demanda todas las pruebas que deba tener la parte actora en su poder.

Fuente: Universidad del Rosario - Estudios Socio-Jurídicos Formatos de contenido: Artículos

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Por: David Alberto Leiva | Fecha: 10/03/2010

Se hace un estudio de la literatura política española del siglo XVII que se ocupaba de la formación de los gobernantes y que fijó el ideal del príncipe cristiano. El príncipe debe reflejar en la mayor medida posible los atributos divinos y, por lo tanto, los autores españoles recuerdan esta premisa para animarle a una imitación proporcional a sus fuerzas humanas, equilibrada y posible. Este artículo rescata las obras hispanas más notables para la formación del príncipe en las virtudes y en el perfeccionamiento moral y propone como reflexión la vigencia de la propuesta cristiana de monarquía universal como modelo de organización para las periódicas aspiraciones de gobierno mundial.

Fuente: Universidad del Rosario - Estudios Socio-Jurídicos Formatos de contenido: Artículos

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Por: Oscar Delgado-Sánchez | Fecha: 09/03/2010

Fuente: Universidad del Rosario - Estudios Socio-Jurídicos Formatos de contenido: Artículos

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Por: Estudios Socio-Jurídicos | Fecha: 02/07/2019

Fuente: Universidad del Rosario - Estudios Socio-Jurídicos Formatos de contenido: Artículos

Por: Pierre-Henri Cialti | Fecha: 01/01/2016

La tasa de cobertura convencional en Colombia presenta un índice bajo en extremo, que contrasta con el reconocimiento constitucional del derecho a la negociación colectiva. Tras poner de relieve el papel del legislador en cuanto al desarrollo del derecho a la negociación colectiva constitucionalmente reconocido, este trabajo centra su propósito en dos aspectos fundamentales: la determinación de los actores de la negociación y la eficacia del producto negociado. En este marco, un estudio cruzado de los regímenes jurídicos de la negociación colectiva de los empleados públicos y de aquella en el sector privado resulta pertinente, ya que surge una paradoja. Mientras ambos dispositivos otorgan a cualquier sindicato legalmente constituido la facultad de negociar, las condiciones de aplicación del producto negociado varían. Esta situación conduce a proyectarse hacia su convergencia desde dos elementos clave del sistema de negociación colectiva para mejorar la tasa de cobertura convencional: el refuerzo de la representatividad de los negociadores y la ampliación de los efectos del producto negociado.

Fuente: Universidad del Rosario - Estudios Socio-Jurídicos Formatos de contenido: Artículos

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Por: Nina Ferrer Araújo | Fecha: 18/11/2016

El presente texto, es un artículo de reflexión que constituye parte de la base teórica del Proyecto de Investigación denominado “Ejercicio del derecho al trabajo de la población transgenerista de la ciudad de Cartagena: análisis de las condiciones laborales frente a los estándares de trabajo digno”, que incluye el análisis del caso concreto en uno mucho más general: la ciudadanía trans en el Distrito, como una identidad colectiva en construcción en la que los patrones de represión y violencia han constituido un punto importante de acción y reacción, entendiendo la identidad transgénero como una de las presentes en el Movimiento Social lgbti de la ciudad y de Colombia. Para tales fines será necesario abordar un breve desarrollo teórico del concepto de ciudadanía, para entrar en el campo de la acción colectiva y los movimientos sociales como agencias de democracia radical,so pretexto de comprender la articulación entre el movimiento social y la consecución del estatus ciudadano de la población transgénero, asunto que, a pesar de los avances democráticos a partir de la Constitución Política de 1991, continúa siendo conflictivo, principalmente porque la ciudadanía trans es reconocida de manera incompleta.

Fuente: Universidad del Rosario - Estudios Socio-Jurídicos Formatos de contenido: Artículos

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