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Los tributos vinculados
La división tripartita de los tributos en impuestos, tasas y contribuciones, ha sido materia de controversia. Doctrinalmente hay quienes consideran que la tasa no. es un tributo independiente y es simplemente un precio; otros consideran que lo que se llaman contribuciones no son más que impuestos. El autor considera que la división tripartita de los tributos es indispensable para una apreciación integral de este tema en la hacienda pública. Para comprobar tal hipótesis discurre y analiza los distintos supuestos de configuración del impuesto, la tasa y la contribución y aporta un análisis doctrinal y jurisprudencial para soportar su acerto.
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Financiación privada de infraestructura y equipamientos públicos. Le experiencia francesa
La perspectiva del artículo parte de los aspectos financieros para mirar cómo se obtienen, a través del concurso de recursos de particulares, las infraestructuras y equipamientos públicos. Esta visión lleva al autor a estudiar los distintos tipos de contratos que a partir de la concesión, favorecen este vínculo entre el capital privado y los entes públicos, para necesidades tan apremiantes como la construcción de infraestructuras y equipamientos
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Financiación privada de infraestructura y equipamientos públicos. Le experiencia francesa
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De los tratados estudiados por la Corte Constitucional. Actualización. Enero de 1998- septiembre de 2005
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Aplicabilidad del modelo de nueva administración pública (New Public managment) al sistema de contratación estatal colombiano, a la luz de las estrategias asumidas por el poder político, durante el período 2001 - 2004
La tendencia a la modernización de la administración pública parece relacionarse con una modificación en el concepto de Estado, producida bajo el influjo del fenómeno de la globalización. El modelo de Nueva Administración Pública busca modificar algunas características del modelo tradicional de gestión con miras a favorecer principios tales como la transparencia, la eficiencia y la publicidad. Uno de los principales ámbitos de la gestión pública que ha recibido el influjo de esta tendencia modernizadora es el sistema de contratación pública, el cual es objeto de múltiples presiones surgidas desde el conglomerado. Es necesario verificar las diferentes medidas de dicha tendencia a la modernización con miras a garantizar que el cambio responda a un intento homogéneo que fortalezca el sistema en lugar de suscitar esfuerzos en diferentes sentidos que pueden generar un colapso en su ejercicio.
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Poder tributario y entidades territoriales. El caso colombiano en la Constitución de 1991
El presente artículo realiza una breve presentación del concepto de poder tributario y menciona la problemática en las relaciones centro periferia en otros ordenamientos en lo relativo a dicho poder. Trata del ejercicio y la determinación del poder tributario en el Estado colombiano, bajo el régimen de la Constitución regeneradora, y más específicamente después de la expedición de la Constitución de 1991; propone una normatividad complementaria del tema y señala la bibliografía base del actual estado del arte.Se centra en las interpretaciones que conviven en el actual escenario en el que no se ha expedido la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), y traza los lineamientos que deberán seguirse en su expedición. En este sentido, el poder tributario territorial no puede ser obstruido por la legislación orgánica. Finalmente, se aproxima a los cuestionamientos que deberán ser abordados a la hora de la realización de la LOOT y los alcances ideales del ejercicio del poder tributario territorial en cuanto a la obligación tributaria, sin desenfocar las posturas modernas del ejercicio del poder tributario.
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Equilibrio económico y su efecto sobre la litigiosidad en la contratación pública en Colombia
La contratación pública en Colombia es conflictiva, poco eficaz y eficiente, y con frecuencia causa daño patrimonial al Estado. El sistema legal colombiano no fue capaz de hacer eficiente y transparente la contratación pública. Esto ocurre porque la contratación pública transcurre en un ambiente institucional que se caracteriza por los altos costos de transacción. La ley colombiana complica las cosas aún más con el principio del equilibrio económico de los contratos, que aumenta la incompletitud contractual y hace difícil utilizar los incentivos económicos para controlar el oportunismo de los agentes económicos. Los autores formulan la hipótesis de que el principio del equilibrio económico contribuye a aumentar la litigiosidad en la contratación pública. Se hace la prueba empírica de la hipótesis. En la primera sección se realiza el resumen de la literatura económica sobre los costos de transacción y el contrato incompleto, así como la literatura jurídica sobre el origen histórico del principio del equilibrio económico de los contratos. La segunda sección describe la metodología del estudio empírico. La tercera, presenta la evidencia empírica de los efectos que ejerce el principio del equilibrio sobre la contratación pública. Finalmente, se presentan las conclusiones.
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Aproximaciones sobre el derecho al trabajo desde la perspectiva de los Derechos Humanos
El derecho al trabajo es un derecho humano consagrado, tanto en su dimensión individual como colectiva, en múltiples instrumentos del sistema internacional de los derechos humanos. La Constitución Política colombiana de 1991 reconoce también el trabajo como principio, como deber y como derecho. A partir del sistema normativo internacional y nacional constitucional se presenta un concepto de trabajo que, desde una perspectiva de derechos humanos, debe ser digno. En esta dirección, con base en lo señalado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Observación General No.18 sobre el derecho al trabajo, se identifica el contenido básico de este derecho y se refieren algunas obligaciones jurídicas del Estado para su efectiva realización.
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La tutela de los derechos económicos, sociales y culturales en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
El propósito de este trabajo es sugerir una interpretación del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que permita la protección de ciertos derechos económicos, sociales y culturales en el Sistema Interamericano. Esta interpretación pretende ubicarse a mitad de camino entre las posturas que consideran el referido artículo como una norma no operativa y aquellas que sostienen que es la piedra de toque para la vigencia plena de estos derechos en el sistema. Finalmente, busca establecer el catálogo de derechos que dicho precepto protege.
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