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Se encontraron 164 resultados en recursos

Por: Rafael Nieto Navia | Fecha: 28/05/2010

El artículo se divide en tres grandes partes. La primera parte presenta los antecedentes del caso relativo a la delimitación en el mar Caribe entre Nicaragua y Colombia. Analiza la competencia de la Corte Internacional de Justicia – CIJ (la Corte) de acuerdo con el artículo 36 del Estatuto de la Corte; en consecuencia se estudia la declaración de aceptación de la Competencia de la Corte presentada por Colombia ante la Corte Permanente de Justicia Internacional en 1937, y el Pacto de Bogotá de 1948, así como su aplicabilidad y alcance con relación al Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928. La segunda parte hace una detallado análisis de la decisión de la Corte relativa a las excepciones preliminares, en la que determinó que la soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina era colombiana, que el tratado Esguerra- Bárcenas no es un tratado de delimitación marítima y que es competente para conocer sobre el fondo del asunto. La tercera parte señala las actuaciones que faltan por realizarse en lo relativo al fondo del caso.

Fuente: Universidad del Rosario - Anuario Colombiano de Derecho Internacional Formatos de contenido: Artículos

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Por: Abdelwahab Biad | Fecha: 28/05/2010

Desde la adopción del Estatuto de Roma en julio de 1998, la CPI está confrontada a varios problemas, entre los que se encuentra el desacuerdo que persiste entre la Asamblea de Estados parte relativo a la defi nición del crimen de agresión, que es uno de los crímenes de competencia de la Corte de acuerdo con el artículo 5 del Estatuto. Otra difi cultad es la oposición de los Estados Unidos de América desde que la administración Bush desplegó todo un arsenal jurídico destinado a impedir cualquier tipo de colaboración con la CPI con el American Service Members’ Protection Act y los acuerdos bilaterales de inmunidad destinados a prevenir la entrega de ciudadanos estadounidenses a la Corte por parte de los Estados miembros del Estatuto de Roma.La entrada en vigor de su Estatuto el 1 de julio de 2002 le permitió al Fiscal de la Corte iniciar las primeras investigaciones y procesos por crímenes de guerra y por crímenes contra la humanidad cometidos en los conflictos que destrozan ciertos Estados africanos (R.D.C., República Centroafricana, Uganda). La orden de detención contra el presidente sudanés Omar Al Bashir por las atrocidades cometidas en Darfur muestra los límites de la actuación de la Corte, al no poder ejecutar su mandato sin la cooperación de los Estados. La Corte debe enfrentarse a las críticas relativas al “doble estándar” y de ser un instrumento de “justicia para los pobres” de la que se escaparían los “poderosos”. Las respuestas a estos problemas podrían ser aportadas, en parte, en el marco de los procesos de revisión previstos por el Estatuto de Roma nueve años después de su entrada en vigor.

Fuente: Universidad del Rosario - Anuario Colombiano de Derecho Internacional Formatos de contenido: Artículos

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Crímenes de guerra

Por: Carlos Enrique Arévalo Narváez | Fecha: 01/03/2017

El presente escrito analiza la cuestión de los tratados en el tiempo en el marco del alcance que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha dado al ejercicio interpretativo de los convenios sobre las materias propias de su jurisdicción. Las partes 1 y 2 introducen los elementos esenciales de la interpretación de los tratados en el derecho internacional general, proporcionando elementos para la aplicación de la aproximación evolutiva como una herramienta hermenéutica, planteando, así mismo, el aparente debate que existe entre dicha aproximación y el uso de la conducta subsiguiente como criterios interpretativos. La parte 3 estudia el impacto del fenómeno de la fragmentación en el derecho internacional de los derechos humanos, evidenciando, a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la aplicación de reglas del derecho internacional general para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Finalmente, se arriba a conclusiones sobre la interpretación en el tiempo de los tratados en materia de derechos humanos, como resultado del contraste entre la aplicación intertemporal que la Corte ha hecho de la Convención Americana, el Reporte sobre Fragmentación de la Comisión de Derecho Internacional en 2008 y los hallazgos preliminares del Grupo de Estudio sobre Acuerdos y Prácticas Subsiguientes respecto de la interpretación de tratados y el asunto del paso del tiempo.

Fuente: Universidad del Rosario - Anuario Colombiano de Derecho Internacional Formatos de contenido: Artículos

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Por: Cindy Hawkins Rada | Fecha: 15/12/2021

Numerosas mujeres venezolanas embarazadas han huido de Venezuela. Para algunas de ellas, la crisis de salud ha incrementado el riesgo para sus vidas y sus hijos/as. Miles han llegado a Colombia en busca de atención médica. A pesar de los esfuerzos del gobierno para adoptar medidas de alivio a la afluencia masiva de migrantes, las mujeres embarazadas no reciben atención prenatal ni posnatal. Una de las principales barreras es su estatus migratorio y la estructura del sistema de salud. Teniendo en cuenta los principales debates en relación con el acceso a la salud de personas migrantes y refugiadas, como los problemas de salud pública, la preocupaciones del “imán”, del “polizón” y sobre los costos en la atención médica, este artículo estudia las obligaciones internacionales de derechos humanos de Colombia con respecto a su estatus migratorio y el derecho a la salud reproductiva. La investigación permite concluir que las medidas gubernamentales han sido insuficientes para cumplir con estas obligaciones.

Fuente: Universidad del Rosario - Anuario Colombiano de Derecho Internacional Formatos de contenido: Artículos

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Por: Ricardo Abello-Galvis | Fecha: 01/03/2017

Fuente: Universidad del Rosario - Anuario Colombiano de Derecho Internacional Formatos de contenido: Artículos

Por: Fernando Villamizar Lamus | Fecha: 15/01/2016

Este artículo tiene como objetivo analizar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del caso “Whaling in the Antarctic”, Australia c. Japón (Nueva Zelanda interviniente), particularmente respecto de cómo surgió y se desarrolló la controversia, y cómo este caso puede convertirse en un hito respecto del rol de los peritos en los juicios que se adelanten ante la cij, porque con la postura sostenida se evitan prácticas poco transparentes o que pueden afectar el debido proceso. También se analizará el estándar de revisión fijado por la cij para determinar qué es ciencia y qué no lo es. Se evidenciará cómo ese estándar permite inconsistencias que se pueden apreciar en la propia sentencia, y se sugiere que otros métodos más puntuales, considerados por la CIJ, podrían salvar los inconvenientesde ese estándar de revisión.

Fuente: Universidad del Rosario - Anuario Colombiano de Derecho Internacional Formatos de contenido: Artículos

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Por: Rubén Cardoza Zúñiga | Fecha: 16/03/2015

Este artículo analiza las acciones tomadas por la comunidad internacional, a través de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (opaq) y del Consejo de Seguridad sobre la amenaza que representa el hecho de poseer y, sobre todo, de usar armas químicas en contra de la población, como una reacción enérgica por parte del gobierno de Siria, violando las normas y principios más elementales del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. Hay que reconocer que en esta ocasión se pudo lograr un consenso unánime entre los miembros del Consejo de Seguridad para imponer un proceso de destrucción de las armas químicas, materiales y aditamentos que posee el gobierno de la República de Siria, mediante la Resolución del Consejo de Seguridad 2118, sin tener que recurrir a las sanciones mencionadas en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, por lo que imperó el derecho internacional. Como podrá observar el lector, las acciones en conjunto tomadas tanto en el seno del Consejo de Seguridad, por la opaq, como en el consenso llevado a cabo entre Rusia y los Estados Unidos obligaron al gobierno de Siria a comprometerse a aceptar lo estipulado en la Convención sobre Armas Químicas, y se evitó de esta manera que se realizara una invasión militar a Siria, situación que empezaba a ser considerada por el gobierno de los Estados Unidos.

Fuente: Universidad del Rosario - Anuario Colombiano de Derecho Internacional Formatos de contenido: Artículos

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Por: Christian G. Sommer | Fecha: 05/02/2014

Las directrices del Consenso de Washington en los años 90, implicaron la transformación política y económica de los Estados de Latinoamérica caracterizada por la liberalización de la economía, la reforma del Estado, la desregulación del sistema financiero y las privatizaciones de los servicios públicos. Siguiendo estas directrices, el término “inversión extranjera” se transformó en un imperativo de crecimiento económico y desarrollo, por lo que los Estados, para conseguir tales fines, recurrieron a soluciones bilaterales, modificando la legislación nacional y suscribiendo tratados bilaterales de inversiones extranjeras (TBI). La incorporación de una serie de estándares de protección como trato justo, cláusulas de expropiación, de nación más favorecida; como condición para la participación de inversores extranjeros en la prestación de servicios públicos de los Estados son un claro ejemplo de esta nueva realidad. De esta manera, el régimen de promoción y protección de inversiones extranjeras ha venido constituyéndose en un nuevo “subsistema” jurídico internacional, con sus particularismos normativos y su propio mecanismo de solución de controversias, a través de tribunales arbitrales internacionales, aunque en algunos casos en colisión con normas constitucionales de los Estados.

Fuente: Universidad del Rosario - Anuario Colombiano de Derecho Internacional Formatos de contenido: Artículos

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Por: Observatorio de Derecho Internacional | Fecha: 01/12/2011

Fuente: Universidad del Rosario - Anuario Colombiano de Derecho Internacional Formatos de contenido: Artículos

Por: Soledad Torrecuadrada | Fecha: 31/12/2011

Desde el comienzo de la década de 1990, el Consejo de Seguridad ha multiplicado su actividad cuantitativa y cualitativamente. No todas las acciones emprendidas desde entonces parecen acomodarse a las competencias atribuidas por la Carta en su Capítulo VII aunque el Consejo lo utilice como fundamento formal. El estudio de algunas decisiones controvertidas subraya el comportamiento del Consejo, excediéndose del ámbito competencial atribuido por la Carta y la ausencia de contrapesos institucionales que permitan controlar la validez de este órgano principal de las Naciones Unidas.

Fuente: Universidad del Rosario - Anuario Colombiano de Derecho Internacional Formatos de contenido: Artículos

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