Este episodio habla sobre cómo la determinación, la fuerza y la organización del movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta logró durante los años 1989 y 1990 congregar y unir a diferentes actores sociales hacia un propósito en común: convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

Las diversas problemáticas que hoy aquejan a la pesca artesanal, así como las dificultades particulares que se presentan para las mujeres, son las razones por las cuales muchas de ellas quieren que sus hijos e hijas tengan la posibilidad de desarrollar otras actividades alternativas, sin que ello implique el desconocimiento del ejercicio mismo de la pesca y de esta forma de vida.

¿QUÉ ES LA NACIONALIDAD Y POR QUÉ ES IMPORTANTE TENERLA? La nacionalidad es un derecho fundamental de todas las personas, pues les permite establecer un vínculo con un Estado que tiene el deber de protegerlas y garantizarles sus derechos. En otras palabras, es el vínculo legal, político y jurídico que une a un Estado con una persona

Garantías de no repetición.--Definición.--Naturaleza jurídica.--Características.--Medidas institucionales.--Actuaciones de la Defensoría del Pueblo.--Comisión para el esclarecimiento de la verdad.--Definición.--Naturaleza jurídica.--Criterios para delimitar el periodo de estudio.--Objetivos.--Funciones.--Integración.--Informes.--Participación de las víctimas.--El rol de la Defensoría del Pueblo

¿Y ahora qué? habla de problemáticas sociales con un énfasis en el reclutamiento de menores en Colombia, que constituye un crimen contenido en la legislación nacional y en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, de innegable gravedad por la naturaleza de los derechos que resultan afectados con su comisión.

Dispone el artículo 8.° de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”. El artículo 2.°, ordinal 3.° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevé el compromiso del Estado parte de consagrar en sus sistemas jurídicos un recurso judicial efectivo para proteger los derechos y libertades. En el contexto regional, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José también consagran ese recurso efectivo al que pueden acudir las personas en busca de protección de sus derechos y libertades. La Corte Interamericana hace lo propio en su jurisprudencia cuando señala: “ no basta con la existencia formal de los recursos sino que estos deben ser eficaces, es decir, deben dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados en la Convención”. En Colombia, tal y como se contempla en el XVI Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República, “la tendencia universal de consagrar mecanismos de protección de derechos se abrió paso con el constituyente de 1991 que consagró diversos mecanismos de protección de derechos”. Establecido el encargo que hace el constituyente al Defensor del Pueblo (artículo 282) de invocar el derecho de habeas corpus e interponer acciones de tutela, populares, de grupo y de cumplimiento, de recibo se considera reafirmar, también, que los personeros municipales y distritales, como defensores institucionales de los derechos humanos en el territorio, tienen el deber de accionar los mecanismos constitucionales, de utilizarlos en su quehacer cotidiano, en procura de la defensa de los derechos individuales o colectivos, bien de quienes acuden en demanda de orientación e intervención, o bien de manera oficiosa. No hay que olvidar que los personeros son los defensores del pueblo en el municipio y/o distrito y que el Defensor del Pueblo ha delegado en ellos importantes funciones contempladas en la Resolución 638 de 2008, en la que se precisan los lineamientos generales para el litigio defensorial, en aplicación de los mecanismos de protección de los derechos constitucionales.

La convención de los derechos de los niños de 1989, ratificada por Colombia con la Ley 12 de 1991, constituye un compromiso de la comunidad internacional con los niños, niñas y los jóvenes para la protección de sus derechos civiles y políticos al igual que los de naturaleza económica, social y cultural. En el derecho a la salud la convención consagra para los niños una supervivencia y desarrollo adecuado, un nivel de vida digno, una prestación de atención primaria y preventiva de la salud, educación sanitaria y reducción de las tasas de mortalidad infantil y una atención especial, si están discapacitados, que asegure su dignidad, promueva su autosuficiencia y facilite su participación activa en la comunidad; y servicios instituciones de seguridad social y atención infantil

El propósito de este episodio es que la población migrante venezolana, así como los solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, conozcan dónde, cómo y cuándo regularizar su estatus migratorio por un periodo de diez años a través del Estatuto.

Esta es la historia de una muñeca y su familia, que tienen que salir huyendo para la ciudad por el conflicto. Se enfrenta a la pérdida de su muñeco padre y al dolor que esto le causó. Sin embargo, encontró en el perdón la mejor solución.

En este capítulo conoceremos los requisitos que deben cumplir las víctimas del conflicto armado para participar como intervinientes especiales en los procedimientos de la JEP. Además, hablaremos de los derechos de las víctimas y de las actividades que podrán realizar para garantizar su restauración en la JEP.