Por:
Luis Andrés Fajardo Arturo
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Fecha:
2022
Las legislaciones nacionales protegen los derechos humanos; así mismo, en la actualidad, la comunidad internacional presta mayor atención a su consagración normativa y a su promoción, con el propósito de remediar las desigualdades sociales, los desequilibrios económicos y las desventajas causadas por la naturaleza, la edad y otros factores. En conclusión, se propone acrecentar la salvaguarda de la dignidad de las personas, introduciendo una nueva racionalidad en las instituciones políticas y en las sociedades del mundo entero.
Con la Constitución Política y su Estado social de derecho, Colombia avanzó significativamente en materia de derechos humanos, lo cual no solamente respalda y protege la convivencia del individuo en sociedad, sino que busca, por un lado, mejorar las condiciones de vida del colombiano —estándares mínimos de salarios, alimentación, salud, habitación, educación, etc.— y, por el otro, empoderarlo con la creación de mecanismos de exigibilidad y de un catálogo de principios y garantías fundamentales propios de las sociedades democráticas.
Para garantizar la efectividad del Estado social de derecho, la Constitución instituyó el Ministerio Público como uno de los órganos de control con autonomía e independencia de las demás ramas del poder público para ejercer cabalmente sus funciones. Está integrado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías, a quienes les encargó «[...] la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas».1
De manera puntual, la Norma de normas asignó al Defensor del Pueblo la tarea de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. Para tal fin, determinó, entre otras, las siguientes funciones:
1. Orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o ante entidades de carácter privado.
2. Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza.
3. Invocar el derecho de habeas corpus e interponer las acciones de tutela, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados.
4. Organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que señale la ley.
5. Interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia.
Fuente:
Defensoría del Pueblo de Colombia
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