La Sentencia STC 7641, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el veintidós (22) de septiembre de dos mil veinte 2020, en su orden octava ordena al Defensor del Pueblo que, “hasta tanto se constate que el ESMAD está en capacidad de hacer un uso moderado de la fuerza y de garantizar y respetar los derechos y las libertades de las personas que intervengan o no en protestas, realizar un control estricto, fuerte e intenso de toda actuación de ese cuerpo policial en el desarrollo de manifestaciones y de sus actividades en cada uno de sus procedimientos. En desarrollo de este mandato y como resultado de veintiséis (26) mesas de trabajo convocadas por el Defensor del Pueblo para identificar los aspectos que contribuyen al abuso de la fuerza policial y al uso de la violencia en las manifestaciones públicas, se generaron una serie de recomendaciones previas, concomitantes y posteriores por parte de las organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales se encuentra la de, “en coordinación con la DINAE revisar el pensum académico de las Escuelas de Formación de Policía, en particular su intensidad curricular y la metodología casuística, especialmente en lo relacionado a Estado social de derecho, derecho la manifestación pacífica,(…)” (SIC) y temas afines, en el marco de la cual se convino con la Policía Nacional reforzar su proceso de formación a formadores del ESMAD en lo relacionado con el contenido y el alcance del derecho a la manifestación pública pacífica.

La Defensoría del Pueblo de Colombia se ha posicionado como la entidad líder en materia de Derechos Humanos y empresas, a través de un proceso de fortalecimiento institucional e instrumentos concretos que buscan ampliar y afianzar los conocimientos en esta materia para impactar positivamente la Gestión Defensorial e impulsar la promoción y la efectividad de los derechos humanos en el marco de las operaciones empresariales.

Qué es el derecho a la paz.--Obligaciones de los Estados.--Obligaciones de las personas.--Legitimidad de los diálogos de paz con grupos alzados en armas.--La paz y y la firma de los acuerdos.--

Esta cartilla está dirigida a Víctimas del conflicto (connacionales) que actualmente residen fuera del territorio nacional.En ella el lector encuentra herramientas para la vida cotidiana, que le permitirán fortalecer procesos organizativos, priorizar sus necesidades humanas, y contribuir a la construcción de estrategias del cambio, dando paso a la organización, reorganiza-ción y si es lo adecuado a la evolución dentro de su propio entorno.

Las legislaciones nacionales protegen los derechos humanos; así mismo, en la actualidad, la comunidad internacional presta mayor atención a su consagración normativa y a su promoción, con el propósito de remediar las desigualdades sociales, los desequilibrios económicos y las desventajas causadas por la naturaleza, la edad y otros factores. En conclusión, se propone acrecentar la salvaguarda de la dignidad de las personas, introduciendo una nueva racionalidad en las instituciones políticas y en las sociedades del mundo entero. Con la Constitución Política y su Estado social de derecho, Colombia avanzó significativamente en materia de derechos humanos, lo cual no solamente respalda y protege la convivencia del individuo en sociedad, sino que busca, por un lado, mejorar las condiciones de vida del colombiano —estándares mínimos de salarios, alimentación, salud, habitación, educación, etc.— y, por el otro, empoderarlo con la creación de mecanismos de exigibilidad y de un catálogo de principios y garantías fundamentales propios de las sociedades democráticas. Para garantizar la efectividad del Estado social de derecho, la Constitución instituyó el Ministerio Público como uno de los órganos de control con autonomía e independencia de las demás ramas del poder público para ejercer cabalmente sus funciones. Está integrado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías, a quienes les encargó «[...] la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas».1 De manera puntual, la Norma de normas asignó al Defensor del Pueblo la tarea de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. Para tal fin, determinó, entre otras, las siguientes funciones: 1. Orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o ante entidades de carácter privado. 2. Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza. 3. Invocar el derecho de habeas corpus e interponer las acciones de tutela, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados. 4. Organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que señale la ley. 5. Interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia.

Hoy hablaremos sobre el rol de los organismos de control en las elecciones, de los testigos electorales y de las misiones de observación electoral, quienes contribuyen a garantizar el ejercicio del derecho al voto en el proceso electoral.

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores es el primer instrumento internacional de derechos humanos, de orden regional, dirigido específicamente para las personas mayores.

La Cartilla desarrolla el derecho fundamental de petición a partir de su inclusión en la Constitución Política. Este mecanismo fue el más solicitado por vía de tutela entre enero de 2019 y diciembre de 2020, con 354.748 casos que corresponden al 35.4% del total (1.001.489)1 Además de los aspectos generales y el trámite administrativo, la Cartilla aporta un modelo de formato de derecho de petición, el rol que tiene la Defensoría del Pueblo en el mecanismo, un glosario y la bibliografía.

La Defensoría del Pueblo de Colombia, en desarrollo de sus funciones de Institución Nacional de Derechos Humanos, y buscando siempre evitar la revictimización mediante un diálogo constructivo con las propias víctimas y sus representantes, con las autoridades públicas encargadas de proteger sus derechos y con la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, hemos elaborado un proyecto al que denominamos “Ampliando el horizonte de justicia para las víctimas: casos contenciosos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia.