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Por: Ángela María Sanchez Rojas | Fecha: 2022

Los Estados en el mundo entero están obligados a respetar, garantizar y prevenir potenciales vulneraciones a los derechos humanos. Respeto implica que las autoridades, los funcionarios y los servidores públicos deben abstenerse de efectuar acciones vulneratorias de los derechos humanos. Garantía, por su parte, significa impedir o adelantar las acciones necesarias para que actores no estatales causen violaciones a los derechos humanos y si estas ocurren, se adelanten las investigaciones y se resarza a las víctimas. Por último, prevención implica la obligación de diseñar e implementar políticas públicas para evitar que las personas sufran violaciones a sus derechos humanos.1 En calidad de garante de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo lleva a cabo acciones de prevención mediante la promoción y divulgación de los derechos humanos, la emisión y seguimiento de alertas tempranas, la presentación de informes estructurales sobre vulneración de derechos humanos, entre otras. Dichas acciones se complementan con la importante labor de protección, que también apunta a lograr una respuesta estatal oportuna, orientada al goce efectivo de derechos de quien demanda intervención defensorial en garantía de los derechos que considera amenazados o vulnerados. Una de las aristas de las acciones de protección se centra en la atención y trámite de peticiones, función que la Entidad lleva a cabo a través de las defensorías regionales, las defensorías delegadas y la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas. La acción protectora de la Defensoría recae en la tarea de preservar los derechos consagrados en la Constitución Política y enfatiza en aquellos inherentes a la persona, que son, por así decirlo, condición indispensable para el ejercicio y disfrute de los demás. Desde su creación, la Defensoría del Pueblo trabaja por la salvaguarda de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la integridad personal, a la libertad individual y al debido proceso, entre otros; pero también por los derechos colectivos y del ambiente, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Fuente: Defensoría del Pueblo de Colombia Formatos de contenido: Otros

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