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Se encontraron 481 resultados en recursos

Por: John Karakatsianis | Fecha: 2022

El referido documento presenta cuatro “Principios Sustantivos” y cinco “Principios Operativos” que buscan cualificar el debate y el posicionamiento del tema en la agenda pública colombiana y de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) de la región. Para la Defensoría, los Principios Sustantivos de la debida diligencia son i) Cumplimiento de la ley; ii) Conciencia de derechos; iii) Disposición al diálogo, y iv) Ética en los negocios. Por su parte, los Principios Operativos son i) Compromiso político de respeto a los derechos humanos; ii) Identificar y evaluar los impactos negativos sobre los derechos humanos; iii) Prevenir, mitigar y reparar los impactos negativos sobre los derechos humanos; iv) Monitorear y verificar el desempeño; y v) Rendir cuentas/ comunicar cómo se abordan los impactos negativos sobre los derechos humanos.

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Por: Sonia Patricia Villalba Orjuela | Fecha: 2022

La Cartilla desarrolla la acción-derecho constitucional de habeas corpus, mediante la cual se amparan, además del derecho fundamental a la libertad individual, los de- rechos de la vida y la integridad física de las personas privadas de la libertad, entre otros. Se espera que este documento ayude al proceso de pro- moción y divulgación, y al empoderamiento de la población en general, de la acción-derecho constitucional que, a partir del funcionamiento del nuevo sistema de reserva, donde el derecho es la libertad y la pretensión, el habeas corpus (entre los años 2016 y 2018) se invocó ante la Corte Constitucional por vía de tutela en 355 oportunidades; en 2019 la Corporación reporta 9 registros entre Sentencias de tutela (T), de Unificación (SU), de Constitucionalidad (C) y Salvamentos de Voto (SV) y; para 2020 no registra

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Por: Carlos Camargo Assis | Fecha: 2022

Se realiza el seguimiento a la política pública sobre Desaparición Forzada en lo referente al Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) (Leyes 589 de 2000 y 971 de 2005) y aquella que regula el Estatus Jurídico de las Personas Desaparecidas (EJPD), principalmente con respecto a la aplicación de la Ley 1531 de 2012. Recoger insumos provenientes de los funcionarios públicos que realizan tareas de búsqueda de personas desaparecidas, familiares de las personas desaparecidas y de las entidades y organismos que tienen dentro de sus funciones apoyar la búsqueda de las personas desaparecidas, respecto a la implementación del Mecanismo de Búsqueda Urgente conforme la Ley 589 de 200 y la Ley 971 de 2005. Complementar la información recogida directamente en los grupos focales con funcionarios públicos y familiares de personas desaparecidas, mediante la elaboración y envío de cuestionarios dirigidos a las entidades y organismos relacionados con la misión de búsqueda de personas desaparecidas y con la mencionada acción civil de declaración de ausencia. Identificar cómo se está implementando e interpretando la Ley 1531 de 2012, que establece la Acción de Declaración de Ausencia por desaparición forzada u otras formas de desaparición involuntaria, tanto con funcionarios públicos involucrados en este procedimiento, como con familiares de personas desaparecidas.

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Por: Lilia Inés Ávila Alférez | Fecha: 2022

La Constitución Política de Colombia, promulgada el 4 de julio de 1991, nace a partir del sueño de las colombianas y los colombianos por una nación más pluralista y participativa, con más garantías y derechos. A través de un nuevo pacto social y político, se consagraron diferentes mecanismos constitucionales e instituciones del orden nacional y territorial, diseñados con el fin de consolidar la protección de los derechos fundamentales. Desde hace ya casi tres décadas, estos instrumentos se han convertido en las herramientas puestas a disposición de los y las ciudadanas, sin distinción, para exigir el cumplimiento efectivo de sus derechos.

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Por: Tania Correa Bohórquez | Fecha: 2022

Este capítulo propone una reflexión en torno a un lenguaje incluyente y respetuoso de los derechos humanos, entendiendo incluyente en un sentido amplio. Para ello, presenta cómo se ha estudiado el lenguaje y el marco normativo internacional y nacional desde el cual se aborda este asunto.

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Por: | Fecha: 2022

En capítulo se explica la información que debe contener el derecho de petición, el término que tiene la autoridad para su trámite, las características que debe cumplir la respuesta, los recursos que tienen las personas si no se responde el derecho de petición y cuál es el trámite ante peticiones reiterativas.

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Por: Sonia Patricia Villalba Orjuela | Fecha: 2022

La constitución política de Colombia, promulga el 4 de julio de 1991, nace a partir del sueño de las colombianas y los colombianos por una nación más pluralista y participativa, con más garantías y derechos. A través de un nuevo pacto social y político, se consagraron diferentes mecanismos constitucionales e instituciones del orden nacional y territorial, diseñados con el fin de consolidar la protección de los derechos fundamentales. Desde hace ya casi tres décadas, estos instrumentos se han convertido en las herramientas puestas a disposición de los y las ciudadanas, sin distinción, para exigir el cumplimiento efectivo de sus derechos. Sin lugar a dudas, uno de los mayores logros de la Carta Política que próximamente cumplirá treinta años de su promulgación, fue la creación de la figura del Defensor del Pueblo quien, por medio de su magistratura moral, cuenta con el reconocimiento social y ético para garantizar la promoción, divulgación, defensa y ejercicio de los derechos humanos. Bajo ese mandato ético y constitucional, la Defensoría del Pueblo trabaja de manera incansable por medio de diferentes estrategias pedagógicas y de divulgación para que la ciudadanía conozca sus derechos y los mecanismos que le permiten garantizar su cumplimiento frente a las instituciones del Estado. La Constitución Política, mecanismo constitucional que entre los años 2000 y 2020 se invocó ante la Corte Constitucional en 47.029 casos.

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Por: Sonia Patricia Villalba Orjuela | Fecha: 2022

A lo largo de la historia las protestas y manifestaciones han sido mo- tores de cambio y factores importantes que contribuyeron a la pro- moción de los derechos humanos. En todas las regiones del mundo y en todas las épocas de la historia, defensores anónimos y activistas reconocidos han liderado e inspirado movimientos de protesta que prepararon el terreno para los logros conseguidos en la esfera de los derechos humanos1. En cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de pro- moción, ejercicio, divulgación y defensa de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo pone a disposición de la ciudadanía la guía de bolsillo “Derechos, deberes, servicios y rutas de atención en el marco de la protesta social pací ca”. Con una metodología de pregunta-respuesta, de manera didáctica, con un lenguaje claro, incluyente y asequible, la guía orienta a quien la consulte sobre sus derechos y deberes antes, durante y después de ejercer el derecho humano a la manifestación y protesta social pací ca; así mismo, brinda información sobre las rutas, los planes y las acciones de acompañamiento, asesoría jurídica y representación judicial con los que cuenta la Entidad, para quienes vean afectados sus derechos en actividades de esta naturaleza. Lo anterior, también en cumplimiento de la orden judicial proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en el numeral sépti- mo de la Sentencia STC 7641 del 22 de septiembre de 2020, median- te la cual amparó el derecho fundamental a la protesta pací ca.

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Por: Jose Fernando Gómez Rojas | Fecha: 2022

Las constantes denuncias sobre afectaciones a la seguridad de los trabajadores, los recursos hídricos, la salud 7 de las comunidades, la seguridad alimentaria, entre otras tantas, han convocado a la Defensoría del Pueblo a pronunciarse en repetidas ocasiones sobre este sector, desde el enfoque de vulneración de derechos, solicitando al Gobierno nacional y a las autoridades locales tomar acciones urgentes para garantizar los derechos fundamentales, colectivos e individuales, de las comunidades en los entornos mineros.

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Por: | Fecha: 2022

En Colombia, de acuerdo con las proyecciones de población del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)1, la población de personas de 60 y más años asciende para el año 2021 a 7.099.300 personas (13,9 %). Del total de la población mayor, el 45 % (3.181.000) son hombres y el 55 % (3.918.300) son mujeres. Para el año 2020, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 2 reportó 2930 casos de violencia interpersonal, 2022 casos de violencia intrafamiliar y 66 reportes por presunto abuso sexual a personas mayores. Durante los primeros cuatro meses del 2021 se registró un total de 619 situaciones de violencia en contra de personas mayores. Las muertes violentas en personas mayores de 60 años aumentaron 16,8 % con respecto a las registradas en el mismo periodo del año anterior.

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