444 páginas

El contexto empresarial hace que las empresas tengan que competir en mercados cada vez más globalizados. Ello obliga a buscar estrategias y soluciones que permitan a todos los actores estar informados, utilizar su conocimiento y aplicarlo en los productos y servicios que elaboran. En este sentido, cobran especial importancia los flujos de información y conocimiento. Es por ello que esta investigación busca responder las preguntas ¿por qué se habla tanto de flujos de información y conocimiento?, ¿cómo la literatura científica refleja estos temas?, ¿en qué concepciones se apoya?, y ¿con qué procesos se vincula? Para responderlas se realiza un análisis teórico sobre los flujos de información y conocimiento lo que ha permitido detectar las aportaciones y limitaciones de ambos temas, así como proponer un enfoque superior que los absorba e integre.

Este artículo trata de la gestión ambiental concebida por el ordenamiento Constitucional de 1991 y delineada por la Ley 99 de 1993. El principal referente de análisis es el Sistema Nacional Ambiental –sina–, creado por el cuerpo normativo referido para concretar una carga amplísima de preceptos que expresa o tácitamente buscaban en la Carta Política asegurar la sostenibilidad, el ahorro, la planificación y la vigilancia de los recursos naturales renovables. No se trata por demás de realizar un ejercicio descriptivo después de años de implementado el sistema. Lo que sí cobra vigencia, y por tanto constituye la verdadera orientación de este documento, es consignar una serie de reflexiones que se decantan al analizar cada elemento que estructura el sina. Los retos presentes y futuros que se avizoran para el país en materia ambiental son varios y diversos, y si se tiene en cuenta que este elemento es definitivamente transversal en la relación Estado-sociedad-sector productivo, ello implica que las estructuras, instrumentos de planeación, políticas públicas, entidades establecidas, sean lo suficientemente capaces de afrontar con eficacia dichos desafíos, no teniendo otro fin que salvaguardar el derecho superior que consagró con coherencia el artículo 79 de la Constitución Política de 1991.

"El doctor Castaño Peña presenta aquí una notable contribución que, con ligeras modificaciones, reproduce su tesis doctoral, defendida el pasado curso académico 2018-2019 en la Universidad Autónoma de Madrid. La tesis, que tuve la satisfacción de dirigir, recibió la máxima calificación, por unanimidad. Al objetivo mérito de abordar el detalle de la gestación, el recorrido aplicativo y la interpretación de las cláusulas de disciplina fiscal y de estabilidad presupuestaria, de reciente articulación en las constituciones de Colombia y España, suma esta obra el acierto de su consideración en relación con la cláusula constitucional de Estado social. Y en eso estriba, sin duda, el mayor interés de esta relevante aportación doctrinal. A lo largo del estudio relativo a esas constitucionalizadas cláusulas muestra el autor una gran desenvoltura tanto en el manejo de conceptos basilares de la teoría del Estado y de la Constitución como en el tratamiento de las cuestiones concretas en uno y otro ordenamiento y mediante un aseado empleo de categorías económicas de un modo solvente y, por lo demás, inusual entre los constitucionalistas. Seguramente, el autor habría podido ampliar el foco de su estudio a fin de apreciar el grado de incidencia que esas cláusulas hayan podido tener en la vertiente democrática y de derecho del Estado constitucional (ahondando, incluso, en su caracterización tipológica entre las normas constitucionales). Y ello le habría permitido, quizás, enfatizar lo que de constreñimiento del pluralismo encierran articulaciones tan puntillosas de contenidos disciplinarios de las políticas democráticas. Sin embargo, lo cierto es que, mediante su restricta consideración de la vertiente social de la definitoria cláusula de Estado social y democrático de derecho, el autor alcanza a poner de manifiesto su propósito de avanzar en el anclaje constitucional de su faceta o vertiente social, mediante una interpretación comprensiva de las cláusulas de disciplina fiscal y presupuestaria que, lejos de automatismos simplificadores contrarios a la exigencia de sistemática interpretación de las previsiones constitucionales, se pretende contextualizar y modular en consonancia con las finalidades de las cuales es cifra la constitutiva cláusula de Estado social. En esa disposición, el autor apunta a la conclusión de que la articulación constitucional de esas exigencias de disciplina fiscal y presupuestaria no supone per se un cuestionamiento de la efectiva vigencia de la cláusula de Estado social. Sin perjuicio, pues, de la episódica regresión en unos u otros ámbitos de la política social, a resultas de la efectiva práctica del pluralismo político y, en todo caso, de coyunturas económicas (pues solo al amparo de un férreo dogmatismo cabría imaginar políticas sociales indemnes y a salvo de toda posible regresividad), esas previsiones constitucionales demandarían interpretaciones equilibradas, menos desajustadas, mediante una lectura comprensiva a la luz de la definitoria cláusula de Estado social"

56 páginas

En el Análisis de Políticas Públicas (app) hay distintos enfoques que han determinado el avance de la disciplina. Desde los trabajos iniciales de Lasswell, Lindblom y Jones en las décadas de los 50 y 70 del siglo pasado, el llamado enfoque secuencial, al decir de (Surel, 2008), “(…) constituye quizá el elemento fundador de la disciplina, [el cual] descansaba esencialmente en la puesta en práctica de una ‘caja de herramientas’” (2008, p. 42) para la toma de decisiones de los gobiernos, que iba desde el reconocimiento y agendamiento del problema como problema público, su estructuración para ser intervenido con los recursos con los cuales puede movilizar el gobierno, planteándose diferentes alternativas y criterios para su selección, y la definición de unos instrumentos que deben ser implementados, y luego evaluados en su efecto e impacto para dar cuenta de la transformación del problema y, de esa manera, afianzar la continuidad de la intervención.

29 páginas

el crecimiento sostenido del comercio global de servicios y sus interacciones puntuales con la denominada economía de los datos big data está dando paso a reflexiones profundas sobre el papel que desempeña el Estado en la regulación de las actividades que se despliegan en el entorno digital. En este escenario, la posibilidad del surgimiento de una suerte de “proteccionismo tecnológico” constituye un riesgo para la profundización de la prestación transfronteriza de servicios en ámbitos, tales como la salud, la educación, los seguros, entre otros. Igualmente, puede afectar la trasmisión de contenidos audiovisuales que se efectúa a través de plataformas direct-to-consumer. Frente a este panorama, la búsqueda de soluciones técnicas y regulatorias en los países en desarrollo enfrenta el reto de estimular el mercado y simultáneamente insertarse en la digitalización en la gestión de los asuntos públicos.

Nuestro punto de partida es que estamos ante un derecho administrativo de la regulación por la configuración de la tríade regulatoria. La tríade regulatoria está representada por la regulación y la mejora regulatoria, por un lado; el cumplimiento normativo (compliance), por otro; y la fiscalización, por otro. Estos tres ángulos están estrechamente vinculados o relacionados, y cada cual cumple un papel o una función, pero de forma interrelacionada, lo que conlleva una verdadera transformación e innovación del derecho administrativo.

El tema que a continuación se desarrolla fue seleccionado con el fin de someter a reflexión nuestra preocupación respecto de las limitaciones a la libertad contractual determinadas por la abundante intervención del Estado en los negocios jurídicos que se celebran en el sector eléctrico. Se trata, igualmente, de escudriñar en la realidad hasta dónde va esa intervención del Estado y qué tanto campo de acción le queda a la autonomía privada.La ponencia está compuesta de dos partes, la primera estudia las fuentes del negocio jurídico según la teoría general del negocio jurídico, y la segunda analiza en concreto las fuentes de los negocios jurídicos de energía eléctrica y todas sus vicisitudes. Anexo al presente escrito se encuentra un cuadro resumen con el fin de facilitar la comprensión de cada uno de los elementos de los negocios jurídicos que se celebran en el sector eléctrico.