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Se encontraron 1786 resultados en recursos

Por: Ana Lucía Moncayo Albornoz | Fecha: 2019

Esta investigación tiene como finalidad identificar algunos de los elementos esenciales para una política pospenitenciaria que reconozca la situación de vulnerabilidad de las mujeres privadas de la libertad. Así mismo, busca visibilizar el refuerzo de un estigma social e institucional por la condición de mujer infractora de la norma penal. También, dar a conocer el programa Preparación para la libertad que ofrece el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para las mujeres privadas de la libertad e identificar algunas barreras en su aplicación. Por último, propone algunos elementos determinantes en la reintegración social de estas mujeres.

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Administración

Por: Bibiana Ximena Sarmiento Álvarez | Fecha: 2019

Una vez analizado el marco normativo que justifica la política pública de protección del derecho a la justicia de la infancia y la adolescencia desplazada, y verificado cómo en la práctica no se está cumpliendo con la obligación prevalente y especial de investigar, juzgar y castigar el desplazamiento forzado cometido en perjuicio de personas menores de 18 años, corresponde ahora establecer cuáles son las principales causas de dicho incumplimiento, así como las fortalezas existentes que se convierten en facilitadores del goce efectivo del derecho a la justicia de los niños y las niñas en situación de desplazamiento. Para ello, el presente artículo, tercero de una serie de informes, recoge las entrevistas realizadas a expertos, funcionarios de Organizaciones No Gubernamentales –ong– y de un órgano de control.

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Desplazamiento forzado

Por: Ana Lucía Moncayo Albornoz | Fecha: 2019

Este artículo analiza el derecho de acceso a la justicia en las víctimas de violaciones a derechos humanos en el marco del conflicto armado interno colombiano, a propósito de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de “Justicia y Paz”. Indaga el contenido de este derecho en la doctrina, normatividad nacional e internacional y jurisprudencia nacional e internacional, especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Del mismo modo, analiza la garantía del Estado de acceso a un recurso judicial efectivo y su deber de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables. Deber que se acentúa ante violaciones de derechos humanos en un escenario de desmovilización. Las víctimas de estas violaciones en su mayoría pertenecen a zonas rurales, con escasos recursos, bajo nivel educativo, etc. En la aplicación de la Ley 975 de 2005 se observaron obstáculos de distinto orden que hacen nugatorio el derecho de acceso a la justicia que les asiste y, por supuesto, no permite que las víctimas sean reparadas en sus derechos. El incumplimiento del Estado en su obligación de garantizar el acceso a un recurso judicial efectivo se hace manifiesto en esta Ley. La identificación de estos obstáculos resulta interesante en la construcción de una política pública de acceso a la justicia, especialmente para aquellas personas que, por la gravedad de las victimizaciones, han sufrido más dolor.

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Por: Bibiana Ximena Sarmiento Álvarez | Fecha: 2019

El presente artículo es el primero de una serie de informes, resultados de la investigación acerca del derecho, de los niños y las niñas, a que no haya impunidad cuando se vean vulnerados sus Derechos Humanos –DH– y/o el Derecho Internacional Humanitario –DIH–. Y está dedicado al estudio de la magnitud del desplazamiento infantil, del marco normativo del derecho a la justicia de las víctimas de violaciones a los DH y al DIH y de las principales disposiciones que configuran la protección constitucional de carácter reforzado que existe en Colombia para la infancia y la adolescencia.

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Desplazamiento forzado

Por: Sebastián Barreto Cifuentes | Fecha: 2020

El espacio público es la ciudad, y quizás no haya mejor momento que el actual en la memoria colectiva para aceptarlo y reconocerlo. La mayor parte de la población global ha estado confinada en sus hogares como consecuencia de la Covid-19 y se han podido observar las ciudades vacías. Y cuando decimos y pensamos en ciudades vacías no imaginamos, o recordamos, el éxodo masivo de los habitantes de la ciudad, sino que visualizamos y recordamos sin seres humanos los espacios públicos donde transitamos y nos instalamos pues, ya en el inconsciente colectivo, el espacio público es la ciudad.

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Por: Manuela Canal Silva | Fecha: 2020

El origen y el desarrollo de la planificación se dieron en los campos de la filosofía, la sociología y la economía. Es así como la planificación surgió como una institución técnica y, en sus inicios, fue utilizada por las empresas privadas y se caracterizó por su lejanía de las fuerzas políticas y los estamentos públicos. Paulatinamente, la planificación fue encontrando un espacio en el escenario estatal, hasta convertirse en una institución esencial para dirigir la actividad pública hacia un desarrollo económico y social sostenible tanto a nivel nacional como global.

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Administración

Por: Diego Felipe Contreras Pantoja | Fecha: 2020

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Ordenamiento territorial

Por: Mónica Sofía Safar Díaz | Fecha: 2020

Al analizar la etapa posterior a la celebración de los contratos estatales podemos ciertamente encontrar aspectos o circunstancias que, previstas o no por las partes, vienen a configurar una serie de inconvenientes para la adecuada ejecución del objeto pactado por la Administración y los contratistas dentro de la relación económica bilateral que entre ellos se desarrolla. En efecto, lo inicialmente acordado en los contratos estatales propiamente dichos –que son los regidos por las normas del derecho público en general, y en especial del derecho administrativo, sin perjuicio de utilizar en la base el derecho civil y comercial– puede ser modificado o alterado por eventos posteriores a su efectiva celebración, valga decir, no propiamente a partir del acto de adjudicación, sino desde la firma del contrato; esto es conocido como rompimiento del equilibrio económico, o de la ecuación financiera del contrato, y sus causas pueden atribuirse a diversos factores inmersos en el cotidiano desarrollo de las relaciones económicas que se presentan en el tráfico comercial que envuelve a la actividad administrativa y que se traducen, en últimas, en un “acontecimiento que frustra o excede de todos los cálculos que las partes pudieron hacer en el momento de formalizar el contrato”.

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Por: José Luis Benavides Russi | Fecha: 2020

El silencio administrativo es un mecanismo de protección instrumental del administrado, que ofrece cierta efectividad al derecho constitucional de petición. Mediante el silencio administrativo se crean consecuencias jurídicas de la inactividad de la Administración, cuando esta no responde al cabo de un tiempo definido las peticiones o recursos que se le presentan. El silencio puede ser sustantivo o material, cuando se refiere a una petición que no tuvo respuesta sobre el fondo, o puede ser procesal o adjetivo, cuando la ausencia de respuesta se refiere a un recurso administrativo, interpuesto contra una decisión.

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Por: Édgar Solano González | Fecha: 2020

Por medio de este artículo se pretende establecer que los miembros de la Fuerza Pública afectados en su vida e integridad personal por el empleo de minas antipersonal por parte de los grupos guerrilleros son, en efecto, víctimas de un crimen de guerra en razón de las disposiciones de derecho internacional humanitario consuetudinario que prohíben el empleo de medios y métodos de guerra que causen sufrimientos innecesarios a la parte adversa. Que exista claridad en lo anterior resulta imperativo, dado que Colombia se encuentra inmersa en un contexto de justicia transicional que aunque establece ciertos incentivos con la finalidad de la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, exceptúa de la concesión de amnistías e indultos a quienes hayan cometido graves crímenes de guerra, entre otras violaciones. En consecuencia, aún en una situación excepcional como es la aplicación de instrumentos de justicia transicional, deberá garantizarse la satisfacción de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario, como en el caso de los integrantes de la Fuerza Pública víctimas de un medio ilícito de combate.

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Conflicto armado