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Se encontraron 1786 resultados en recursos

Por: María Catalina Gastelbondo Chiriví | Fecha: 2020

Este capítulo se orienta a evidenciar el carácter abierto de la norma que prohíbe la colusión en procesos de contratación pública como un factor que dificulta la lucha contra esa conducta anticompetitiva, así como a proponer elementos de juicio que permitan reducir dicho problema mediante la determinación adecuada de los elementos de configuración de tal comportamiento. Con ese fin, propondremos una forma de aproximación a la norma y unos criterios de interpretación que resultarán útiles para establecer de mejor manera su significado y las condiciones en que se configura la conducta que prohíbe. Además, acudiremos a la experiencia que ha adquirido la Superintendencia de Industria y Comercio para subrayar algunos de los más importantes aspectos que determinan el perfeccionamiento de una colusión en el marco de procesos de contratación pública. Esta información será útil para que los lectores puedan valorar, con mejores elementos, las situaciones que podrían configurar la modalidad de acuerdo anticompetitivo materia de estudio.

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Economía

Por: Andrés Barreto González | Fecha: 2020

Los programas de cumplimiento (compliance) en materia de competencia aún no son una realidad jurídica en el país. En el ámbito colombiano, y de cara al sobreviniente estatus jurídico de Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), la autoridad de competencia debe liderar la construcción e implementación de la guía que señale las pautas necesarias dirigidas a las entidades que quieran cumplir con la ley de manera efectiva, por lo que la construcción colectiva de normativas son el camino más efectivo para seguir fortaleciendo el régimen de libre competencia económica en Colombia. La implementación de medidas de cumplimiento (compliance) para los agentes económicos del siglo xxi, además de ser una necesidad, es un interés, pues a estos no les es suficiente el cumplimiento de la ley, sino que van más allá del formalismo, implementando una verdadera cultura empresarial fundamentada en la ética. Estos principios mejorarán la competitividad no solo de las empresas, sino del mercado en general, satisfaciendo así el propósito general del régimen jurídico del derecho de la competencia.

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Por: Álvaro Yáñez Rueda | Fecha: 2020

En Colombia, la Ley 1340 de 2009 introdujo el Programa de Beneficios por Colaboración, y es, sin duda, una de las novedades más importantes en el derecho de la competencia. Fue regulado en el Decreto 2896 de 2010 y reformado con el Decreto 1523 de 2015. A diez años de su creación y diferentes casos de implementación, se presenta un balance con el propósito de identificar los principales desafíos para la autoridad de competencia. Algunos se concentran en contrarrestar los diferentes desincentivos para solicitar clemencia, como la exposición a responsabilidades en otros ámbitos, necesidad de mejora de la confidencialidad y el sistema de marcadores, y otros, en explorar nuevos incentivos para aumentar la efectividad y adaptabilidad del programa ante el dinamismo de los mercados. Principalmente, el diseño de incentivos debe propender a brindar mayor seguridad jurídica para generar más confianza en su utilización y asegurar su eficacia en detectar y reprimir carteles empresariales.

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Por: Aura María García Pabón | Fecha: 2020

El régimen de integraciones empresariales en Colombia vivió grandes cambios con la expedición de la Ley 1340 de 2009. Este capítulo tiene como objetivo hacer una revisión de las principales modificaciones que se introdujeron con la Ley y reflexionar sobre la repercusión que han tenido en aspectos como cuáles agentes deben someterse al control previo, las fases del procedimiento, el análisis económico de los efectos de las operaciones y la definición de condicionamientos en aquellos casos en que la autoridad encuentre preocupaciones en materia de libre competencia. Si bien los cambios han tenido un efecto positivo y significativo sobre la función de control previo de la autoridad de competencia, al final del capítulo se señalan algunos retos que el régimen deberá enfrentar para seguir consolidándose como una herramienta idónea para conservar la efectiva competencia en los mercados.

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Por: Juan Manuel España Forero | Fecha: 2019

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Por: Luis Ferney Moreno Castillo | Fecha: 2020

Este escrito está inspirado en el artículo de Juan Carlos Cassagne sobre La permanencia del servicio público como institución jurídica (crisis y metamorfosis)1. Con base en sus importantes aportes a la permanencia de la institución jurídica de los servicios públicos, nos hemos dado a la tarea de analizar el derecho de los servicios públicos vigente en Colombia, con el fin de determinar cómo esta institución permanece, es útil y ha vivido una renovación desde el punto de vista constitucional y jurisprudencial. Es reconfortante leer a Cassagne2, quien dice que países como Brasil, Chile, Perú y Colombia no se concentraron a poner fin a la ideologización del concepto de servicio público; en cambio sí lo propone, para el caso colombiano, Palacios Mejía, quien habla de la inutilidad del concepto de servicio público.

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Por: Adriana Martínez Villegas | Fecha: 2020

Durante el 2017 el Departamento de Derecho Minero-Energético, de la Universidad Externado de Colombia, con sus grupos de investigación, estudió lo referente a las políticas públicas para el sector y esa fue, además, la temática abordada en las jornadas anuales que se programan para el debate de asuntos de importancia y de coyuntura para la industria. Para el presente 2018, se tuvo como objetivo revisar el estado de la regulación, con el propósito de identificar eventuales necesidades de mejora del marco regulatorio sectorial, a fin de impulsar su mejor desarrollo, teniendo en cuenta que se ha visto seriamente afectado por factores internos y externos que han reducido significativamente sus resultados.

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Por: José V. Zapata L. | Fecha: 2020

Uno de los aspectos que mayor dificultad representa en el contexto regulatorio del sector hidrocarburos es la manera cómo se pueden integrar las normas de dicho sector con aquellas relativas a la protección de los recursos naturales y el medio ambiente. La ausencia de coherencia normativa dificulta no solamente la labor de los entes reguladores y administradores de los recursos, sino también la de los operadores jurídicos. Tal situación contribuye a la inseguridad jurídica. Todo esfuerzo tendiente a lograr una rigurosa congruencia jurídica podrá fortalecer los principios del desarrollo sostenible. En el interregno se continuarán presentando conflictos relevantes entre la normatividad regulatoria sectorial, los contratos en materia de hidrocarburos (tantos los contratos de evaluación técnica como los contratos de exploración y producción de hidrocarburos), la normatividad ambiental (particularmente aquella que regula los aspectos de licencia ambiental), la normatividad en materia social y de participación ciudadana, así como la realidad de las condiciones físicas in situ. En paralelo, resulta necesario que, en frentes nuevos de regulación, se ajusten las normas existentes a los avances técnicos y el “estado del arte” relativo al sector hidrocarburos. La falta de precisión técnica a nivel jurídico resulta en errores profundos y limitantes del desarrollo del sector.

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Por: Luis Ferney Moreno Castillo | Fecha: 2020

Tomando como punto de partida la regulación colombiana sobre derecho de la competencia y de los usuarios aplicado al servicio público de energía eléctrica, se cuestiona y analiza la incorporación de tecnologías disruptivas en el servicio público de energía eléctrica. Con ese propósito, se estudia e identifica el incremento de la competencia en el mercado mayorista y cómo puede dinamizarse la competencia en el mercado minorista, teniendo en cuenta restricciones legales y reglamentarias las cuales se convierten en un desafío regulatorio que debe contemplar las tecnologías disruptivas. La evolución de la industria energética está estrechamente ligada con el desarrollo de la sociedad y encuentra un aliado en las nuevas tecnologías, configurando una relación casi simbiótica que ha permitido el progreso de la humanidad y el gran salto tecnológico de los últimos cincuenta años. Las nuevas tecnologías han traído consigo cambios en como la sociedad percibe las relaciones con los mercados tradicionales y su incidencia en las actividades propias del desarrollo de la industria de servicios públicos y la necesaria integración de las nuevas tecnologías. Este artículo presenta un análisis de la regulación actual y una visión a futuro, en busca del equilibrio entre el servicio público de energía eléctrica y la necesaria metamorfosis que esta está sufriendo a raíz de cómo las nuevas tecnologías varían la forma y los roles.

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Por: Luis Ferney Moreno Castillo | Fecha: 2020

La tríada regulatoria está representada por la regulación y la mejora regulatoria, por un lado; por otro, el cumplimiento normativo (compliance), y por otro, la fiscalización. Estos tres ángulos están estrechamente vinculados o relacionados, cada cual cumple un papel o una función, pero interrelacionados, lo que conlleva una verdadera transformación e innovación del Derecho Administrativo.

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