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Se encontraron 1786 resultados en recursos

Por: Juan Pablo Herrera Saavedra | Fecha: 2020

Este capítulo presenta algunas reflexiones relacionadas con la definición y alcance de la cartelización empresarial en Colombia y discute el papel de la evidencia circunstancial en el encuadramiento de la conducta objeto de estudio de parte de la autoridad de competencia. Así mismo, a partir de algunas referencias asociadas a la teoría microeconómica, se ilustra la relevancia que tiene para la autoridad de competencia el asignar recursos para desenmascarar este tipo de comportamientos.

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Por: William Alejandro Gamboa Sierra | Fecha: 2019

Este capítulo aborda la concepción de patrimonio cultural en el contexto colombiano y analiza los resultados del proyecto Memoria, historia e identidad: un estudio de caso en el Colegio Jorge Soto del Corral de la Localidad de Santa Fe, desde la perspectiva del patrimonio cultural, con el objetivo de demostrar que los proyectos participativos de esa índole constituyen el primer paso para la integración de comunidades tradicionalmente invisibilizadas y como evidencia de la necesidad de que las instituciones encargadas de la patrimonialización den cabida a la voz de las y los jóvenes.

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Patrimoinio cultural
Museos

Por: Édgar Solano González | Fecha: 2020

En Colombia, a partir de la promulgación de la Constitución de 1991 se refuerza el valor normativo de la Constitución con la creación de la Corte Constitucional como cabeza de la jurisdicción constitucional (arts. 241 al 245 C. P.). La Corte tiene la función de asegurar la integridad y supremacía de la Constitución, mediante el control abstracto y objetivo de la constitucionalidad de la ley, esto es, un control jurídico a través del cual el juez constitucional establece si una disposición legal es conforme o no con el texto constitucional, tanto por vicios de procedimiento como por su contenido material.

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Por: Édgar Solano González | Fecha: 2020

Este artículo pretende evaluar la labor de desminado humanitario realizada por el Ejército Nacional por medio de la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario. Esto, con la intención de dar a conocer cómo mediante el desminado humanitario el Ejército Nacional ha contribuido y sigue contribuyendo a la disminución del número de víctimas de minas antipersonal, a la reconstrucción del tejido social de las comunidades y a la construcción de una paz estable y duradera.

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Por: Bernardo Carvajal Sánchez | Fecha: 2020

En Colombia, relacionar jurídicamente la paz, la salud y el derecho administrativo, de manera adecuada y sistemática, es una tarea inacabada para el Estado y la sociedad. En la actualidad, con ocasión del proceso de paz más importante de los últimos tiempos, adelantado para poner fin al conflicto armado interno con las FARC, esa tarea se impone con mayor urgencia si se pretende erradicar la exclusión, el maltrato o la mala calidad de la salud, como causas tenidas en cuenta por algunos para entrar en rebelión. Las vías del derecho constituyen ahora el único camino a seguir, no solo para construir en la práctica un Estado social de Derecho, sino también para que la violencia armada no sea nunca más considerada como una forma de hacer justicia.

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Procesos de paz

Por: Édgar Solano González | Fecha: 2020

Por medio de este artículo se pretende establecer que los miembros de la Fuerza Pública afectados en su vida e integridad personal por el empleo de minas antipersonal por parte de los grupos guerrilleros son, en efecto, víctimas de un crimen de guerra en razón de las disposiciones de derecho internacional humanitario consuetudinario que prohíben el empleo de medios y métodos de guerra que causen sufrimientos innecesarios a la parte adversa. Que exista claridad en lo anterior resulta imperativo, dado que Colombia se encuentra inmersa en un contexto de justicia transicional que aunque establece ciertos incentivos con la finalidad de la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, exceptúa de la concesión de amnistías e indultos a quienes hayan cometido graves crímenes de guerra, entre otras violaciones. En consecuencia, aún en una situación excepcional como es la aplicación de instrumentos de justicia transicional, deberá garantizarse la satisfacción de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario, como en el caso de los integrantes de la Fuerza Pública víctimas de un medio ilícito de combate.

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Conflicto armado

Por: José Luis Benavides Russi | Fecha: 2020

El silencio administrativo es un mecanismo de protección instrumental del administrado, que ofrece cierta efectividad al derecho constitucional de petición. Mediante el silencio administrativo se crean consecuencias jurídicas de la inactividad de la Administración, cuando esta no responde al cabo de un tiempo definido las peticiones o recursos que se le presentan. El silencio puede ser sustantivo o material, cuando se refiere a una petición que no tuvo respuesta sobre el fondo, o puede ser procesal o adjetivo, cuando la ausencia de respuesta se refiere a un recurso administrativo, interpuesto contra una decisión.

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Por: Mónica Sofía Safar Díaz | Fecha: 2020

Al analizar la etapa posterior a la celebración de los contratos estatales podemos ciertamente encontrar aspectos o circunstancias que, previstas o no por las partes, vienen a configurar una serie de inconvenientes para la adecuada ejecución del objeto pactado por la Administración y los contratistas dentro de la relación económica bilateral que entre ellos se desarrolla. En efecto, lo inicialmente acordado en los contratos estatales propiamente dichos –que son los regidos por las normas del derecho público en general, y en especial del derecho administrativo, sin perjuicio de utilizar en la base el derecho civil y comercial– puede ser modificado o alterado por eventos posteriores a su efectiva celebración, valga decir, no propiamente a partir del acto de adjudicación, sino desde la firma del contrato; esto es conocido como rompimiento del equilibrio económico, o de la ecuación financiera del contrato, y sus causas pueden atribuirse a diversos factores inmersos en el cotidiano desarrollo de las relaciones económicas que se presentan en el tráfico comercial que envuelve a la actividad administrativa y que se traducen, en últimas, en un “acontecimiento que frustra o excede de todos los cálculos que las partes pudieron hacer en el momento de formalizar el contrato”.

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Por: Diego Felipe Contreras Pantoja | Fecha: 2020

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Ordenamiento territorial

Por: Manuela Canal Silva | Fecha: 2020

El origen y el desarrollo de la planificación se dieron en los campos de la filosofía, la sociología y la economía. Es así como la planificación surgió como una institución técnica y, en sus inicios, fue utilizada por las empresas privadas y se caracterizó por su lejanía de las fuerzas políticas y los estamentos públicos. Paulatinamente, la planificación fue encontrando un espacio en el escenario estatal, hasta convertirse en una institución esencial para dirigir la actividad pública hacia un desarrollo económico y social sostenible tanto a nivel nacional como global.

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Administración