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Se encontraron 1786 resultados en recursos

Por: Yann Basset | Fecha: 2020

Fuente: Universidad Externado de Colombia Formatos de contenido: Otros

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Por: Guillermo Rodrigo Corredor Castellanos | Fecha: 2020

el crecimiento sostenido del comercio global de servicios y sus interacciones puntuales con la denominada economía de los datos big data está dando paso a reflexiones profundas sobre el papel que desempeña el Estado en la regulación de las actividades que se despliegan en el entorno digital. En este escenario, la posibilidad del surgimiento de una suerte de “proteccionismo tecnológico” constituye un riesgo para la profundización de la prestación transfronteriza de servicios en ámbitos, tales como la salud, la educación, los seguros, entre otros. Igualmente, puede afectar la trasmisión de contenidos audiovisuales que se efectúa a través de plataformas direct-to-consumer. Frente a este panorama, la búsqueda de soluciones técnicas y regulatorias en los países en desarrollo enfrenta el reto de estimular el mercado y simultáneamente insertarse en la digitalización en la gestión de los asuntos públicos.

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Por: David Andrés Aguirre Soriano | Fecha: 2020

The purpose of this work is to evaluate essentially in terms of efficiency, according to the rules of the Law and Economics Movement, the convenience or not of the legal protection of software thorugh patent law, as well as contribute new elements of judgment.

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Por: Alba Lucía Cruz | Fecha: 2020

Desde el año 2012, el país adelanta un ambicioso e incierto proceso de reparación colectiva. Son diversos y complejos los daños no solo individuales sino colectivos que en el marco del conflicto armado sufrieron las comunidades campesinas y que es necesario reparar. El municipio El Dorado en el Meta es una de estas comunidades. Precisamente por ello fue reconocida como un Sujeto de Reparación Colectiva por el Estado colombiano. El capítulo presenta las particularidades históricas, geográficas, demográficas y políticas de este municipio ubicado en la región del Ariari. Se incluye también una reflexión sobre los hechos victimizantes que impactaron a sus habitantes. El tema es complejo. Pero creemos que lo anterior nos acerca a entender las dinámicas relacionadas con el fin de la guerra y la reparación colectiva en esta comunidad; es decir, nos permite respondernos de qué modo estas condiciones y dinámicas hicieron posible que la guerra se ensañara de manera compleja, feroz y persistente en esta región del piedemonte llanero. El capítulo se cierra con unas reflexiones sobre el asunto.

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Conflicto armado
Procesos de paz

Por: Marcela Gutiérrez Quevedo | Fecha: 2019

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Memoria colectiva

Por: José Luis Benavides Russi | Fecha: 2020

La contratación estatal ha estimulado en Colombia la publicación de numerosos libros sobre el tema a partir de 1993: desde la recopilación de artículos e intervenciones en foros realizados poco después de la promulgación de la Ley 80 de ese año, que con el espíritu fresco del legislador contenían los primeros comentarios y reacciones frente a los cambios del régimen contractual contenido en el Decreto Ley 222 de 1983, hasta la elaboración de una teoría general del contrato, pasando por manuales prácticos y modelos de contratos, así como compilaciones del derecho positivo y de parte de la jurisprudencia sobre la materia.

Fuente: Universidad Externado de Colombia Formatos de contenido: Libros

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Por: Bernardo Carvajal Sánchez | Fecha: 2020

Ciertamente, los servicios públicos son un signo del Estado social de derecho; mas ello no impide afirmar que también constituyen uno de los temas más difíciles de abordar desde la doctrina del derecho administrativo. En efecto, cuando se reflexiona sobre la caracterización de los servicios públicos o sobre el concepto de servicio público, lo habitual es encontrar incoherencia, confusión y mutación. El derecho de los servicios públicos es un campo que no solo desafía las fronteras entre derecho público y privado, o entre interés general y particular, sino que además le recuerda al jurista que el derecho siempre va corriendo detrás de la realidad política, socio-económica y cultural. De ahí que, sea cual sea el modelo administrativo y económico imperante en cada era, “el servicio público está en el centro de un gran debate ideológico sobre el rol del Estado y sobre sus funciones y finalidades”.

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Por: Juan Carlos Upegui Mejía | Fecha: 2020

Decidir si la información personal que consta en archivos estatales puede ser conocida por terceros es problemático. El Estado ha detentado históricamente una gran cantidad de información personal. Hasta hace poco este era un fenómeno sin mucha importancia, una cuestión menor. Sin embargo, la onda emocratizadora de las últimas décadas, representada en la expedición masiva de leyes de transparencia terminó por posicionar el tema del acceso a la información en poder del Estado, al menos en el plano interamericano. Este posicionamiento ha traído consigo nuevas preguntas: ¿pueden las personas acceder a información sobre quiénes participaron en operativos policiales o militares? ¿Sobre investigaciones penales o disciplinarias contra servidores públicos? ¿Sobre subsidios públicos entregados a particulares? ¿Incluso si los beneficiarios son niños y niñas? ¿Sobre la salud del presidente de la República? ¿Sobre la condonación de créditos fiscales y los beneficiarios de amnistías tributarias? ¿Sobre los antecedentes judiciales de terceros? ¿Sobre los ingresos y la situación patrimonial de los servidores públicos, sus evaluaciones o sus hojas de vida? ¿Sobre la información catastral y de la propiedad inmueble? ¿Sobre la relación de visitas a personas privadas de la libertad? ¿Pueden (¿deben?) editarse documentos públicos, como contratos, actos administrativos o sentencias judiciales, para proteger información personal? La relativa imposibilidad de responder estas preguntas de forma sencilla, de hacerlo de forma general y a la vez satisfactoria, y sin evitar contrapreguntar para precisar los detalles, nos indica la emergencia de un nuevo problema: la publicidad de la información personal en posesión del Estado.

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Por: Édgar Solano González | Fecha: 2020

La Constitución Política de 1991, como resultado de un proceso participativo y pluralista, reconoce en su artículo 7.º el carácter pluriétnico y multicultural de la nación colombiana, así como establece algunos derechos específicos para ciertos grupos de personas.

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Por: Milton Fernando Montoya Pardo | Fecha: 2020

La institucionalidad del sector minero reposa en cabeza del Ministerio de Minas y Energía (MME) como brazo del poder ejecutivo nacional encargado de la formulación de la política del sector minero-energético. A través del Decreto 381 de 2012, el MME fue reestructurado internamente y se creó el Viceministerio de Minas que se encarga de gestionar las políticas relacionadas con las actividades de exploración y explotación del potencial minero en Colombia.

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