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Se encontraron 1786 resultados en recursos

Por: Claudia María Gafner-Rojas | Fecha: 2020

La marcada ineficiencia de los mecanismos reglamentarios, sumada a los altos costos que deben asumir los actores económicos para dar cumplimiento a los requerimientos legales de protección ambiental, ha llevado a recurrir a instrumentos económicos para estimular la observancia de los estándares ambientales. Igualmente, la introducción de criterios económicos en los foros de decisión ambientales se refleja, entre otras cosas, en el concepto de desarrollo sostenible. Recientemente, además, se ha empezado a impulsar el concepto de “economía verde”, según el cual la economía debe tender al consumo cero de carbono y en general contribuir a evitar los riesgos ambientales y la escasez ecológica, al tiempo que favorece el bienestar humano y la equidad social. Si bien los postulados mencionados suenan muy atractivos, hace falta reflexionar acerca de los aspectos éticos del uso de tales instrumentos económicos a efectos de la preservación de la naturaleza y de si estos son, en últimas, verdaderamente convenientes para dichos efectos, teniendo en cuenta que los principios en los que se sustentan y los intereses en juego suponen barreras a superar.

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Por: Juliana Hurtado Rassi | Fecha: 2020

Gracias a las innumerables características ambientales y ecosistémicos que agrupan, las reservas de biosfera se han convertido en lugares estratégicos generadores de servicios ambientales de gran valor e importancia a nivel internacional. Es debido a ello que a nivel internacional ha tomado gran relevancia la implementación de estrategias de pago por servicios ambientales en las reservas de biosfera con el fin de conservar la calidad y cantidad de los recursos naturales presentes en ellas. Sin embargo, a pesar de que en Colombia se han designado cinco reservas de biosfera proveedoras de servicios ambientales de gran valor aún no se ha implementado este tipo de estrategias, aspecto realmente lamentable porque es una de las maneras más adecuadas de conservar estos ecosistemas de importancia internacional.

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Por: Diana Geraldine Quevedo Niño | Fecha: 2019

La Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto colombiano no incorpora una preocupación real por los impactos ambientales, sociales y económicos del cambio climático en los procesos de desarrollo rural, lo que configura un factor negativo en la potencialización y optimización del desarrollo sostenible en el sector rural colombiano, razón por la cual, los instrumentos, mecanismos y acciones que se formulen para la implementación del Acuerdo (especialmente las relacionadas con el acceso y formalización de la propiedad, programas de desarrollo con enfoque territorial y planes nacionales sectoriales) son clave para que la inclusión del cambio climático contribuya a garantizar la sostenibilidad del campo.

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Economía

Por: Luis Felipe Guzmán Jiménez | Fecha: 2020

En el escenario de la Comunidad Andina de Naciones nació la Estrategia Regional de Biodiversidad. Fue creada a raíz de preocupaciones generalizadas en el nivel internacional de generar compromisos que se pudieran materializar con el fin de garantizar la protección de la biodiversidad y cómo poder utilizarla de manera sustentable. Si bien los países miembros han desarrollado estrategias nacionales de biodiversidad, es necesario crear una respuesta desde un ámbito directo que tenga la potencialidad de hacer un impacto más significativo en la mencionada protección: el ordenamiento territorial, donde existen herramientas tales como el Plan de Ordenamiento Territorial, que incluyen objetivos, políticas, metas y programas que pueden adaptarse, según los lineamientos andinos, para una correcta utilización del suelo respetuosa con la diversidad biológica.

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Por: Constanza Bejarano Ramos | Fecha: 2020

El presente artículo repasa inicialmente los aspectos sinérgicos entre la agricultura y el cambio climático que generan consecuencias negativas para el planeta, para luego analizar lo relacionado con el sector agropecuario en las últimas COP; a continuación presenta el enfoque Agricultura Climáticamente Inteligente –ACI– como estrategia en desarrollo para la mitigación de GEI, revisa la actualidad del agro colombiano y hace un análisis jurídico de las fortalezas y debilidades frente al reto de la mitigación y la adaptación, para concluir que factores tales como la tenencia y uso de la tierra son determinantes para el éxito de una implementación de enfoques de ACI.

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Impacto ambiental
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Agricultura

Por: María Daniela De la Rosa Calderón | Fecha: 2019

Tanto en los escenarios globales como en los locales existe una preocupación generalizada acerca del agua como recurso. Es por esa razón que para comprender de qué manera se pueden responder interrogantes frente a su manejo, planificación y conservación, es necesario determinar cuáles son los principios constitucionales que rigen la aplicación y ejecución de las medidas que se tomen frente al recurso hídrico.

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Ciencias naturales
Ecología

Por: Roberto E. Lastra Mier | Fecha: 2020

El 71% de la superficie del planeta Tierra está constituido por mares y océanos, sin embargo, el conocimiento de sus riquezas y potencialidades es mínimo. A lo largo de la historia estos cuerpos de agua han servido tan solo como una vía de comunicación entre los países del mundo, pero los avances en la tecnología, el transporte y el comercio han inducido a una nueva forma de apropiación de los espacios marinos y oceánicos. Estas formas de apropiación han implicado a su vez el establecimiento de una normativa que permita un aprovechamiento y convivencia pacíficos entre los Estados, fruto de ello surgió la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar. A pesar de haber participado históricamente de sus negociaciones, Colombia no forma parte de los 168 países que han ratificado dicha convención. Este documento analiza la historia, desarrollo y evolución, así como las perspectivas del país en la esfera internacional en materia de políticas nacionales para mares y océanos.

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Historia

Por: José Luis Benavides Russi | Fecha: 2020

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Por: José Luis Benavides Russi | Fecha: 2020

La contratación pública es un campo particularmente sensible a la influencia internacional. Los recursos importantes destinados a los proyectos públicos, su alto porcentaje de impacto en la economía nacional, las complejidades técnicas o las precariedades presupuestales son algunos de los factores más visibles por los que se acude a las empresas extranjeras en la contratación. Desde la construcción del ferrocarril en el siglo xix hasta las asociaciones público-privadas de cuarta generación contemporáneas, pasando por la exploración y explotación petrolera, con sus cambios de modelos contractuales, los complejos hidroeléctricos, la extracción masiva del carbón, los modelos de contratos de joint venture en telecomunicaciones o las distintas generaciones de concesiones, son ejemplos de proyectos contractuales con alta participación extranjera. La seguridad jurídica para la atracción de contratistas y capital foráneos, así como la influencia de modelos internacionales y la cada vez más fácil circulación de información y documentación, hacen de la contratación pública uno de los temas más sensibles a la globalización jurídica. Pero, al mismo tiempo, en la influencia internacional también es tema sensible la corrupción. Las mismas razones de importancia económica y atracción de inversionistas auspician los delitos transnacionales, que han salido a la superficie con tanta amplitud en época reciente, con trascendencia e implicaciones igualmente transnacionales.

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Por: Aníbal Zárate | Fecha: 2019

La proliferación de agencias en el derecho colombiano es justificada por una necesidad de mayor independencia técnica y la implementación de buenas prácticas en la organización administrativa del orden nacional. Mediante la comparación con el caso estadounidense, sistema en el que se origina el término, este capítulo muestra cómo las agencias nacionales carecen de los componentes orgánicos que tienen las agencias de los Estados Unidos, que son calificadas como independientes del Ejecutivo. Más que constituir una categoría de órganos, se trata de una denominación genérica e imprecisa para referirse a formas organizativas en su mayoría pertenecientes al sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva y que evocan unidades de trabajo bajo la orientación de comités compuestos de agentes del presidente, no siempre expertos en las áreas de intervención. El eufemismo alrededor de la noción apela a una reforma de la Administración que considere aspectos orgánicos y no solo funcionales de diseño institucional.

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