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El Estado parte en la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante, CADH) tiene la obligación de suministrar recursos judiciales adecuados y eficaces a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario1, los cuales deben ser tramitados de conformidad con las reglas del debido proceso y dentro de un plazo razonable (art. 8.1 CADH). Todo ello en el marco de las obligaciones generales de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos a toda persona sometida a su jurisdicción, sin discriminación alguna por razones de sexo, raza, género, edad, origen nacional o familiar, lengua, idioma, religión o creencia, posición económica, condición social, opinión política o cualquier otro criterio análogo (art. 1.1 CADH).

The current context is characterized by an increase in the demand for accounting training coupled with the inclusion of public accounting programs in different universities. This makes it essential to study the training of accountants in Colombia, so the objective of this research is framed in the analysis of trends in accounting training, the behavior of public accounting in Colombia as a profession and in the treatment of the history of accounting in the scientific literature. The results show that the accounting formation registers as current trends, the use of information and communication technologies in the teaching-learning process. At the same time, it is evident that the public accounting in Colombia has been framed from the commercial and tax regulations, the training has evolved and nowadays there is an increase of graduates in this profession. While the scientific literature reflects an increase in the publication and study of the subject of accounting history.

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La construcción y operación de la infraestructura dispuesta para la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, entendiendo por este su transporte desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, y en especial las actividades complementarias de generación, transformación e interconexión reguladas por la Ley 142 de 1994, provoca impactos ambientales que por su naturaleza, extensión geográfica y duración son calificados como críticos. El almacenamiento de agua en embalses para la producción de esa forma de energía induce a cambios dramáticos en el ecosistema, en los usos del suelo, en las actividades productivas y en ocasiones en la cultura tradicional de los pueblos, ante la presencia de nuevos actores atraídos por oportunidades de empleo, y por el desplazamiento forzado de sus habitantes tradicionales. Con impactos de menor criticidad (impactos moderados), la plataforma tecnológica para la transmisión y distribución de la energía eléctrica producida en plantas hidráulicas y térmicas requiere también la adopción de medidas adecuadas de manejo, que deben ser asumidas por los ejecutores en los términos y condiciones definidos en las licencias ambientales que autorizan los proyectos destinados a ese fin. Como unos instrumentos de compensación y para el beneficio de los ecosistemas afectados con esas obras, el ordenamiento establece diversos instrumentos para la financiación de acciones tendientes a la protección, conservación y mejoramiento de las cuencas hidrográficas que aportan el recurso requerido para la generación eléctrica, entre ellos, la inversión forzosa de un porcentaje del costo total de los proyectos que, al margen de ser objeto de licenciamiento ambiental, requieren para su ejecución derivar el recurso hídrico directamente de la fuente natural. En este orden de ideas, se hará referencia a dos instrumentos de vital importancia para el medio ambiente: las transferencias por ventas de energía, y la inversión a que se ha hecho referencia. Pero, además, será objeto de unos breves comentarios otra actividad que ha aportado beneficios importantes a la memoria de nuestra identidad cultural: la arqueología de rescate, que se estatuye como requisito esencial para el otorgamiento de la licencia ambiental a cierto tipo de proyectos, y gracias a la cual se ha logrado el rescate de un patrimonio que ahora es valorado como una fiel representación de los orígenes de nuestra nacionalidad.

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From the specialty of the denominated Land Law or Agrarian Law, legal science has a great challenge in Colombia to avoid social conflicts that may arise when distributing the rural territorial surface between those who want it and can exploit it, and those who possess them materially, due to the incessant growth in demand for new lands available for agricultural or livestock exploitation, the growing needs of non-renewable natural resources and the constitutional obligation of natural conservation to guarantee the sustainable development of the Nation. Although the country has recognized the importance of closing the rural poverty gap and generating the factors to prevent migration to the cities of men who have a vocation to develop agricultural activities and has tried to implement policies and legislation to address these problems. Today, there is still a need to guarantee the food sustainability of the population and satisfy the economic desires of a growing population, which brings with it greater pressures to have more areas for agricultural exploitation. In order to formalize the holdings and possessions on rural properties with registration records that begin with false tradition, which have evidenced the enormous informality in the ownership of the domain or property over the rural property, the State issued Decree 578 of 2018, which generates many susceptibilities that merit analyzing and guiding a unique legal position. And there arises the purpose of this four-hand article between who must promote the formalization administrative processes supporting the responsibilities that in this matter correspond to the National Land Agency (ant) and who must ensure the defense of the interests of the farmers from the Public Ministry. Of course, without the presumption of declaring the debate exhausted, but instead providing elements from their experience for a better analysis.

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Luego de más de cincuenta años de conflicto armado, en el escenario del posconflicto se ponen de presente herramientas que harán posible una Reforma Rural Integral (RRI) en aquellas zonas especialmente afectadas por el conflicto: es decir, el campo colombiano. Para ese fin se crearon los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y su mecanismo ejecutorio, los Planes de Acción para la Transformación Territorial. Estos instrumentos buscan solventar el aspecto territorial del conflicto armado en los espacios rurales, respondiendo de manera integral a todas las condiciones que generaron victimización de los campesinos y campesinas del país. Así, de la mano de una participación directa de la población de zonas priorizadas en las cuales se dará aplicación a estas figuras, se busca transformar al campo colombiano en un escenario de reconciliación y progreso.