El registro único de TIC como herramienta digital para alcanzar los fines del Estado colombiano : recomendaciones técnicas y jurídicas en el uso de herramientas digitales necesarias para el ejercicio de las funciones asociadas al registro único de TIC a cargo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Desde hace ya más de una década, las tecnologías de la información y las comunicaciones -TIC-, en Colombia, se han convertido en un instrumento indispensable para la formación de la manifestación de la voluntad de los agentes del Estado y como consecuencia de ello, se han venido presentando nuevas realidades técnicas y jurídicas que han transformado la Administración Pública y el Procedimiento Administrativo colombiano. En el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante Ministerio de TIC o el Ministerio) se han implementado plataformas tecnológicas que hoy hacen parte de la vida diaria de sus funcionarios, colaboradores y aquellos ciudadanos con los cuales se tienen relaciones de tipo contractual, legal o administrativo (usuarios internos y externos), dando lugar a problemáticas que aún no han tenido una debida discusión doctrinal ni jurisprudencial; de ahí que los servicios provistos a través de estas plataformas, aunque se encuentren en constante perfeccionamiento de la mano de la tecnología, aún no se prestan con los adecuados mecanismos de protección jurídica.
Este fenómeno de digitalización que se ha extendido a lo largo del territorio nacional, debido a varias razones, por un lado, gracias a las facilidades y avances que prestan las nuevas tecnologías y por el otro, como resultado efectivo de las políticas sectoriales recientes (Planes Vive Digital y Plan Vive Digital "para la gente"), representa para las entidades públicas un desafío en términos de esfuerzos presupuestales y técnicos, tras los cuales se plantea una tarea de apropiación jurídica a cargo de administrados y servidores; reto que nunca podrá perder de vista el más mínimo acatamiento de los principios regentes de las actuaciones administrativas, especialmente de los principios de Legalidad y Seguridad Jurídica, los cuales suponen una garantía de certeza a unos y otros para cumplir con los objetivos y principios del Estado Social de Derecho y la satisfacción efectiva de las necesidades de los ciudadanos de manera eficiente.
Fuente:
Universidad Externado de Colombia
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