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Se encontraron 1786 resultados en recursos

Por: Diana Geraldine Quevedo Niño | Fecha: 2019

El diseño e implementación de los proyectos REDD+ en los países en desarrollo implica grandes retos jurídicos, entre los cuales se encuentra la definición de la propiedad sobre el CO2 almacenado en los bosques, factor que también ha sido un reto para Colombia en el proceso de preparación de la ENREDD+. Por esto se estudiará la normatividad vigente sobre la materia y se analizará si esta es suficiente para garantizar los derechos de todos los actores involucrados en la implementación de la estrategia, incluyendo las comunidades indígenas y afrodescendientes del país, de tal manera que se garantice la distribución de los beneficios obtenidos por los pagos basados en resultados y que se genere una certeza jurídica frente a las transacciones relacionadas con los derechos sobre el carbono para fortalecer los mercados de carbono y promover la financiación internacional de la ENREDD+.

Fuente: Universidad Externado de Colombia Formatos de contenido: Otros

Temas:
Otros
Pueblos indígenas

Por: Juliana Hurtado Rassi | Fecha: 2020

Recognizing the importance of the Region Environmental Management as a function of the State to regulate the planning processes of the territory and the renewable resources of the Nation with a view to guarantee an adequate use of these and the sustainable development of the territories. Bearing in mind the effects that climate change generates in these territories, specifically Colombia’s vulnerability to the consequences generated by this phenomena, its indispensable to study the importance and the need to include climate change on the environmental management of the Colombian territory, having multiple international experiences and a few local approximations on this topic as a clear example.

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Temas:
Ordenamiento territorial
Otros

Por: Luis Ferney Moreno Castillo | Fecha: 2020

Dentro del marco del tema de derecho y cambio climático que se desarrollará en las Jornadas Internacionales en Derecho del Medio Ambiente, se ha planteado si frente al cambio climático se justificaría realizar una regulación específica de energías renovables, en particular de energía eólica. Esta problemática planteada tiene ya antecedentes en estudios realizados a propósito de la regulación de incentivos a las energías renovables. Un primer estudio es el de Andrea Díaz Rincón Identificación y evaluación de un conjunto de medidas para incentivar la penetración de energía renovable en la generación de electricidad en Colombia, del año 2007, donde concluye que las energías renovables que le dan firmeza del sistema colombiano son la energía geotérmica y la biomasa y que estas son las más competitivas, contra la energía eólica.

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Temas:
Otros
Ecología

Por: Luis Ferney Moreno Castillo | Fecha: 2020

La organización del mercado eléctrico mexicano se fundamenta en el modelo de monopolio público, que debe ser entendido como aquel en el que se suprime la libre competencia y se reemplaza el mercado por el Estado. A diferencia del concepto de monopolio estatal puro vigente en Venezuela, para el caso mexicano se establece la figura del comprador único, en el cual las empresas públicas tienen derecho especial y exclusivo a comprar la energía eléctrica producida por terceros. Pero, ¿cuál es la razón por la cual México continúa basando su mercado en este modelo mientras que en los demás países de la región la tendencia dominante es hacia la libre competencia?

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Otros
Ordenamiento territorial

Por: Luis Ferney Moreno | Fecha: 2020

Para este tema sólo se contempla la interconexión internacional y el comercio internacional de energía eléctrica, pero en lo sustancial muchos de los principios y reglas desarrollados son aplicables al gas. Concretándonos en el punto, empecemos por decir que antes se hablaba que la energía era un bien no comercializable, y hoy se afirma que la energía es un bien transable; y algo muy importante, que la energía eléctrica como un bien está afectada a un servicio público. Los servicios públicos en la Organización Mundial del Comercio (OMC) no hacen parte de las discusiones ni están contemplados en la regulación. Pero, no obstante, por otro lado, estos servicios sí han estado regulados en los procesos de integración, y en donde más se ha tratado este tema, en particular el de la electricidad, es en la comunidad europea. En América Latina este tema de la interconexión y el comercio internacional de energía eléctrica se ha venido construyendo normativamente, en especial en los países del Mercosur, aquellos que integran el NAFTA, y más recientemente los países del Pacto Andino y el mercado centroamericano.

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Por: Luis Ferney Moreno Castillo | Fecha: 2020

La electricidad tuvo sus inicios en América Latina hacia 1857, por medio de un modelo de iniciativa privada, vigente hasta mediados de los años 1940. A partir de 1945, los países fueron cambiando el modelo hacia uno de monopolio público, cada uno con sus razones y justificaciones. Desde 1945 hasta los años 1990 predominó el monopolio público para la prestación del servicio de electricidad. Pero, a partir de la década de 1990 los países de América Latina se dividen entre quienes mantienen el modelo de monopolio público y quienes cambian el modelo hacia la libre competencia. Es de aclarar que hoy ciertos países, como como Venezuela y Bolivia, que habían cambiado el modelo hacia la libre competencia, regresan al modelo de monopolio público, y países que se mantuvieron en el monopolio público, como México y Honduras, cambian el modelo hacia la competencia, esto en 2013 y 2014 respectivamente.

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Por: Andrés Barreto González | Fecha: 2020

Para hablar del régimen jurídico del derecho de la competencia, y más exactamente de los antecedentes de la Ley 1340 de 2009, se debe empezar por hacerle un reconocimiento histórico al expresidente Carlos Lleras Restrepo, visionario jefe de Estado que entendía el valor de la libertad económica, de la promoción empresarial y de lo determinantes que eran estos elementos para una sociedad que cree en el valor del capital pero al mismo tiempo en la función social de la empresa.

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Por: Aura Elena Rincón Peña | Fecha: 2020

En este capítulo se explican las nociones legales y económicas que fundamentan la abogacía de la competencia de que trata el artículo 7.º de la Ley 1340 de 2009. En tal sentido, en él se describen las causas que, según la experiencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), llevan a las autoridades de regulación a expedir regulaciones potencialmente restrictivas de la competencia. Así mismo, se ilustra la metodología que aplica la sic para evaluar los proyectos de regulación con incidencia en la libre competencia y se presentan los elementos que deberían tener en cuenta las autoridades regulatorias para expedir regulaciones armónicas con el régimen de la libre competencia económica. En el capítulo se exponen las fallas de mercado tradicionalmente identificadas por la literatura económica, pues estas constituyen el fundamento económico del análisis de la abogacía de la competencia. Finalmente, se presentan algunas conclusiones y unas sugerencias que deberían tenerse en cuenta para el desarrollo futuro de la abogacía de la competencia en Colombia.

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Por: Bernardo Carvajal Sánchez | Fecha: 2020

Desde un punto de vista político y, por oposición al régimen que se había establecido a partir de 1886, la Constitución colombiana de 1991 suele presentarse como un punto de ruptura o, si se quiere, un nuevo punto de partida o, como anhelaba un ex presidente liberal, como la “liquidación amistosa del pasado”. Ahora bien, desde un punto de vista social, con la misma Constitución se opera asimismo una refundación o reconstrucción de la realidad social colombiana, la cual no puede sin embargo separarse de un pasado más profundo y remoto de la Nación y del Pueblo de Colombia. Lo anterior obedece a que dicho proceso de renovación puede entenderse como el reconocimiento institucional, concretamente a través del derecho constitucional –con la intervención de los poderes constituyente y constituido–, de ciertas ideas, discursos o reivindicaciones que lo habían precedido.

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Por: Magdalena Correa Henao | Fecha: 2020

El presente trabajo examina el significado que tiene el que las violaciones de derechos humanos, como aquellas que los “falsos positivos” han configurado, puedan constituir una política de Estado. Esto, especialmente cuando no es claro si esta imputación tiene la capacidad de poner en cuestión la legalidad y la legitimidad del poder público institucionalizado, incluida la Fuerza Pública, frente a los integrantes de la sociedad políticamente organizada en torno de él. Así, el artículo busca establecer cuál es el alcance de esta expresión de “política de Estado” de tipo criminal, cómo y por qué su concepción y ejecución pueden ser atribuibles al Estado y cuál es la responsabilidad que genera. Para tal fin, la autora adelanta una exploración que se circunscribe a las fuentes doctrinales y sobre todo a la jurisprudencia internacional o extranjera, y por tanto ofrece en sus resultados un análisis de derecho comparado.

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