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Se encontraron 1786 resultados en recursos

Por: Daniel Eduardo Rojas Poveda | Fecha: 2019

El Consejo de Estado ha desarrollado la regla conforme a la cual todas las reclamaciones que emanen del desequilibrio económico del contrato estatal deben hacerse al momento de suscribir documentos tales como prórrogas, suspensiones, contratos adicionales u otrosíes. De no ser así, se finiquitan los asuntos pendientes para las partes, no siendo posible discutir posteriormente hechos anteriores por resultar contrario al principio de la buena fe y a los actos propios. Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende analizar la restricción en la forma de aplicar el principio de la buena fe, pues al privilegiarse escenarios concretos de reclamación por desequilibrios económicos se disminuye la posibilidad de lograr el reajuste del contrato y la consecuente reparación de un daño. Hacerlo en momentos distintos a los señalados atrás, no supone per se y en todos los casos, una violación del principio general de buena fe y a la regla "venire contra factum proprium non valet", ni necesariamente un actuar desleal frente a las cargas recíprocas que genera el vínculo jurídico en un contrato conmutativo.

Fuente: Universidad Externado de Colombia Formatos de contenido: Otros

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Por: Luis Fernando Páez Díaz | Fecha: 2019

Este trabajo de investigación busca dar respuesta a la pregunta de si debería aplicarse en el ordenamiento jurídico colombiano un régimen de responsabilidad objetiva a los eventos de daños derivados de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IMS).Con tal propósito se hace un recorrido por los principios o criterios que han servido de fundamento, autónomo o complementario, de los regímenes objetivos de responsabilidad, como el principio de solidaridad, igualdad, equidad y el criterio del riesgo, que en todo caso encuentra su fundamento en la equidad, Seguidamente aborda el estudio de los daños que podrían derivarse de las IMS, a la luz de las categorías de daño material e inmaterial vigentes en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Por último, analiza si el régimen objetivo del riesgo que actualmente aplica la Sección Tercera a estos eventos resulta apropiado, y si lo sería la eventual aplicación del régimen objetivo del daño especial o de aquel que apareja la existencia de una obligación de seguridad de resultado. Finalmente, propone cuál es el régimen de responsabilidad jurídica que en definitiva debería aplicarse en esta clase de hipótesis.

Fuente: Universidad Externado de Colombia Formatos de contenido: Otros

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Por: Maria Fernanda Pezzotti Toloza | Fecha: 2020

La Constitución Política de Colombia en su artículo 2 establece el deber de protección del Estado, sin embargo, es la Corte Constitucional, quien se encarga de otorgarle el carácter de de,echo fundamental a este. En otras palabras, puede ser analizado desde dos perspectivas, primero como una obligación del Estado y segundo como un derecho de todos los habitantes del territorio. En el primer caso se han analizado ciertos matices. entre ellos, que dicha obligación es de medio y de no resultado y que debe ser estudiada a la luz de la relatividad de las obligaciones del Estado. En el segundo caso, como un derecho, es importante tener claro que, no solo conlleva una obligación por parte del Estado, también tiene inmerso una obligación de autoprotección. Una vez delimitada la obligación del Estado, se realiza un estudio de la jurisprudencia del Consejo de Estado, con el objetivo de determinar el título de imputación aplicable en los casos de omisión al deber de protección, concluyendo que esta alta corporación hace uso de la falla del servicio y la imputación objetiva, especialmente la posición de garante.

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Por: Estefhany Rodríguez Collazos | Fecha: 2019

El trabajo investigativo surge como una posibilidad de dar aplicación a principios clásicos que han regido el derecho administrativo, pero que indiscutiblemente han sufrido mutaciones derivadas del recorrido histórico, la interpretación amplia por las altas cortes sobre las fuentes del derecho y la necesidad de la Administración de flexibilizar sus actuaciones para tornarlas de eficacia. Para tal fin, se abordarán dos ejes temáticos, el primero, se centra en hacer un estudio acerca de las formas típicas y atípicas de relacionamiento de la Administración Pública; el segundo, se enfocará en realizar un análisis conceptual acerca del principio de legalidad, desarrollando un marco teórico a través del cual se describe los cambios de ambas transformaciones con el fin de abordar una idea más amplia de sometimiento de la Administración al Derecho. Finalmente, se pretende establecer un vínculo entre esas dos evoluciones para concluir en la necesidad imperante de transmutar la concepción clásica de legalidad y de acto administrativo lo que cuestionablemente conllevará a reconocer nuevos instrumentos normativos que permitan materializar la actividad de la Administración Pública.

Fuente: Universidad Externado de Colombia Formatos de contenido: Otros

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Por: Nataly Vera Castellanos | Fecha: 2020

Como consecuencia del proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría General de la República de Colombia contra Prodeco-Glencore y el subsiguiente procedimiento arbitral fallado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) contra el Estado colombiano, queda en evidencia la necesidad de armonizar los compromisos internacionales relativos a la protección a las inversiones extranjeras con el poder regulatorio, como prerrogativa típica de un Estado soberano. Así las cosas, son múltiples los retos que deben ser enfrentados por parte del Estado con el fin de garantizar sus intereses y para tales fines, se considera esencial el diseño e implementación de un Plan Global de Administración de Riesgos que busque la prevención o mitigación de eventos que pueden ocurrir en los procesos de ejecución contractual y que tengan como consecuencia la generación de hechos internacionalmente ilícitos.

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Por: Camila Andrea Ayala Gómez | Fecha: 2020

En las últimas décadas, los Estados requieren no solo la construcción de obras sino también lograr su financiación por parte de entes externos, bien sean agentes nacionales o internacionales. Suplir estas necesidades ha impulsado mundialmente un proceso de identificación de las formas contractuales y de financiación más adecuadas para llevar a cabo la construcción de importantes proyectos, llevando a todos los involucrados a convenir y elaborar acuerdos bajo unas estructuras complejas que involucran componentes financieros, legales, de riesgos, técnicos y administrativos, entre otros. En este proceso se mezclan un gran número de intereses en cabeza de partes oriundas de diferentes lugares y tradiciones jurídicas, ha sido determinante lograr un lenguaje común que evite inconvenientes durante la ejecución contractual. Por lo que la contribución de la Lex Mercatoria a través de la estandarización de los contratos ha sido determinante. Organizaciones de profesionales, como la FIDIC, han logrado establecer un lenguaje contractual predominante a nivel internacional, facilitando el entendimiento entre los actores. Este documento analiza el proceso surtido por Colombia en búsqueda del desarrollo de su infraestructura a través de capital privado, el papel importante de la Lex Mercatoria en la consolidación de las relaciones internacionales en el mundo de la construcción, el modelo EPC propuesto por el Libro Plateado de FIDIC y algunas de sus cláusulas en relación con la legislación colombiana.

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Por: Lina María Madera Gutiérrez | Fecha: 2020

Desde los programas de inclusión financiera que tienen origen en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas del año 2000, muchos países miembros han analizado como pueden producir beneficios y oportunidades para minimizar los niveles de pobreza a nivel mundial. Por ello, el Gobierno de Colombia, a partir del CONPES NO. 3424 del 16 de mayo de 2006 dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) vigente desde 2006 hasta 2009, decidió instaurar programas de inclusión financiera a través de políticas nacionales que promovieran el acceso de estos servicios para la población de bajos ingresos con el fin reducir la pobreza, fomentar la igualdad social y estimular el desarrollo económico en Colombia. Estos programas han tenido continuidad a través de los siguientes PND, escenario en el cual se expide el Decreto 034 de 2015, que crea la figura de ''Corresponsales de Seguros", como un nuevo canal de comercialización, adicional a los tradicionales y los no tradicionales como el "Uso de Red". De allí, la necesidad de analizar este nuevo canal de distribución de seguros en Colombia, para los denominados "microseguros" y de investigar los principales retos identificados en correlación entre estos dos conceptos.

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Por: Mary Claudia Sánchez Peña | Fecha: 2019

The first normative of the liquor monopoly is Legislative Act 3 of 1910, which modified the Constitution of 1886, a regulation that was maintained in its essence, although with sorne novelties in the Constitution of 1991. Taking into account the normative evolution of the monopoly, we can identify three determining moments for the study of its legal regime, as follows: the regime in force before the 1991 Constitution; the eregime applicable with the approval of the current Political Charter, which offers a special case, since by mandate of the Constitution it is reserved to the law the expedition of the own regime that regulates the organization, control and exploitation of monopolies, and finaly, the own regime defined by law 1816 issued only until 2016, which is the most recent normative advance of the monopoly. The present study includes the analysis of the legal regime in these three moments, evaluating the competences of the assemblies and departments, the forms of exercising the monopoly and income derived from it, among other aspects, taking into account the problems presented in its execution and the impact on the liquor market and departmental.

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Por: Verónica Patricia Sarmiento Argüelles | Fecha: 2020

La DIAN como ente regulador garantiza la seguridad fiscal del Estado Colombiano y la protección del orden público económico nacional. mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarías, a través de las divisiones de Fiscalización, bajo una normatividad y criterios establecidos, en ejercicio de las facultades conferidas por el articulo 684 E T. La fiscalización en Colombia es bastante complejo y susceptible de ineficiencias, en razón a esta misma complejidad, lo cual ocasiona un control limitado a la evasión y elusión de impuestos. El objetivo general del estudio sugirió realizar un análisis comparativo entre la firmeza en Ecuador y en Colombia, de acuerdo lo planteado, la firmeza de las declaraciones tributarias comporta un efecto jurídico muy importante, tanto para la Administración de Impuestos como para el contribuyente. Observaremos que si bien las generalidades de los procedimientos de fiscalización son similares en ambos países; la determinación del impuesto y los términos de firmeza y su dilatación mediante actos administrativos y jurisdicciones contenciosa administrativa de Colombia, deja en evidencia la complejidad de la legislación colombiana convirtiéndose en una desventaja para el adecuado control en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en comparación con la ecuatoriana.

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Por: José Ignacio Español Pérez | Fecha: 2020

The National Unique Registry of Research (In spanish Registro Único Nacional de Investigación - RUNI), emerges as a proposal from senior management based on the demands of the Scientific and lnnovative Community, who claim Colciencias "now Ministry", lntegration, interaction, unification, homologation, centralization and search for The scientific production registered in different sources of information with the aim of promoting the improvement of access to information services to promote registration and participation activities in collaborative networks that strengthen the community and the country. In this sense, a technological structural model for RUNI was designed through an enterprise architecture exercise, based on the good practices of TOGAF, the guidelines of the Architecture framework defined by the Ministry of ICT and presidential directives based on digital transformation of the Colombian state. The exercise consisted of the identification and modeling of the current state of traditional legacy platforms, to be integrated into a proposed System that includes an articulated model between semantic Web, metadata and ontologies whose structure makes information a framework interpretable by agents human and technological, so that the entity is projected towards the trends of the fourth revolution.

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Arquitectura