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El contexto empresarial hace que las empresas tengan que competir en mercados cada vez más globalizados. Ello obliga a buscar estrategias y soluciones que permitan a todos los actores estar informados, utilizar su conocimiento y aplicarlo en los productos y servicios que elaboran. En este sentido, cobran especial importancia los flujos de información y conocimiento. Es por ello que esta investigación busca responder las preguntas ¿por qué se habla tanto de flujos de información y conocimiento?, ¿cómo la literatura científica refleja estos temas?, ¿en qué concepciones se apoya?, y ¿con qué procesos se vincula? Para responderlas se realiza un análisis teórico sobre los flujos de información y conocimiento lo que ha permitido detectar las aportaciones y limitaciones de ambos temas, así como proponer un enfoque superior que los absorba e integre.

Este artículo trata de la gestión ambiental concebida por el ordenamiento Constitucional de 1991 y delineada por la Ley 99 de 1993. El principal referente de análisis es el Sistema Nacional Ambiental –sina–, creado por el cuerpo normativo referido para concretar una carga amplísima de preceptos que expresa o tácitamente buscaban en la Carta Política asegurar la sostenibilidad, el ahorro, la planificación y la vigilancia de los recursos naturales renovables. No se trata por demás de realizar un ejercicio descriptivo después de años de implementado el sistema. Lo que sí cobra vigencia, y por tanto constituye la verdadera orientación de este documento, es consignar una serie de reflexiones que se decantan al analizar cada elemento que estructura el sina. Los retos presentes y futuros que se avizoran para el país en materia ambiental son varios y diversos, y si se tiene en cuenta que este elemento es definitivamente transversal en la relación Estado-sociedad-sector productivo, ello implica que las estructuras, instrumentos de planeación, políticas públicas, entidades establecidas, sean lo suficientemente capaces de afrontar con eficacia dichos desafíos, no teniendo otro fin que salvaguardar el derecho superior que consagró con coherencia el artículo 79 de la Constitución Política de 1991.

"El doctor Castaño Peña presenta aquí una notable contribución que, con ligeras modificaciones, reproduce su tesis doctoral, defendida el pasado curso académico 2018-2019 en la Universidad Autónoma de Madrid. La tesis, que tuve la satisfacción de dirigir, recibió la máxima calificación, por unanimidad. Al objetivo mérito de abordar el detalle de la gestación, el recorrido aplicativo y la interpretación de las cláusulas de disciplina fiscal y de estabilidad presupuestaria, de reciente articulación en las constituciones de Colombia y España, suma esta obra el acierto de su consideración en relación con la cláusula constitucional de Estado social. Y en eso estriba, sin duda, el mayor interés de esta relevante aportación doctrinal. A lo largo del estudio relativo a esas constitucionalizadas cláusulas muestra el autor una gran desenvoltura tanto en el manejo de conceptos basilares de la teoría del Estado y de la Constitución como en el tratamiento de las cuestiones concretas en uno y otro ordenamiento y mediante un aseado empleo de categorías económicas de un modo solvente y, por lo demás, inusual entre los constitucionalistas. Seguramente, el autor habría podido ampliar el foco de su estudio a fin de apreciar el grado de incidencia que esas cláusulas hayan podido tener en la vertiente democrática y de derecho del Estado constitucional (ahondando, incluso, en su caracterización tipológica entre las normas constitucionales). Y ello le habría permitido, quizás, enfatizar lo que de constreñimiento del pluralismo encierran articulaciones tan puntillosas de contenidos disciplinarios de las políticas democráticas. Sin embargo, lo cierto es que, mediante su restricta consideración de la vertiente social de la definitoria cláusula de Estado social y democrático de derecho, el autor alcanza a poner de manifiesto su propósito de avanzar en el anclaje constitucional de su faceta o vertiente social, mediante una interpretación comprensiva de las cláusulas de disciplina fiscal y presupuestaria que, lejos de automatismos simplificadores contrarios a la exigencia de sistemática interpretación de las previsiones constitucionales, se pretende contextualizar y modular en consonancia con las finalidades de las cuales es cifra la constitutiva cláusula de Estado social. En esa disposición, el autor apunta a la conclusión de que la articulación constitucional de esas exigencias de disciplina fiscal y presupuestaria no supone per se un cuestionamiento de la efectiva vigencia de la cláusula de Estado social. Sin perjuicio, pues, de la episódica regresión en unos u otros ámbitos de la política social, a resultas de la efectiva práctica del pluralismo político y, en todo caso, de coyunturas económicas (pues solo al amparo de un férreo dogmatismo cabría imaginar políticas sociales indemnes y a salvo de toda posible regresividad), esas previsiones constitucionales demandarían interpretaciones equilibradas, menos desajustadas, mediante una lectura comprensiva a la luz de la definitoria cláusula de Estado social"

En el medio siglo posterior a la partición de Palestina por Naciones Unidas en 1947, en la política doméstica y en las opciones de inserción internacional de Colombia se alentó un trato equilibrado frente a los actores del conflicto. Con el cambio de siglo, el Gobierno nacional dio el viraje completo, en detrimento de los legítimos derechos de una comunidad subyugada, cuyo Estado Colombia se rehusó a reconocer por décadas. Sin embargo, en agosto de 2018, de una forma inesperada, la administración Santos dio un nuevo viraje al reconocer la soberanía del pueblo palestino. Este vaivén en las relaciones con ese país revela el excesivo centralismo latinoamericano en torno al poder ejecutivo, que neutraliza los intentos por lograr políticas exteriores más discutidas y proyectadas de manera más diversa. Mediante el análisis histórico y cualitativo, este capítulo caracteriza las relaciones de Colombia con Israel y Palestina.

Given the lack of access to justice and a comprehensive public policy towards the victims of the crime of forced displacement, it is important to create an alternative (complementary) that recognizes the rights of victims and dignified as such. We propose a Truth Commission to take into account: the history of this crime, the ratio of displacement to the dispossession of land, the impact, the paradigmatic cases and visualization of reality, the actors (victims, state, civil society, local organizations and international organizations), a democratic strategy without polarization and partial and finally build a goal of institutional and social change through historical memory. The proposal centers for all victims of displacement with an emphasis on indigenous peoples.

El presente artículo pretende dilucidar si la normativa constitucional chilena da cabida a la existencia y soporte de aquellas titularidades que la doctrina del derecho comparado ha denominado derechos de la naturaleza. De la consagración constitucional del deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza–concebido como una obligación independiente al imperativo de velar para que el derecho humano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no sea afectado– ha venido surgiendo el reconocimiento jurisprudencial de un derecho correlativo autónomo, cuya finalidad es la supervivencia de los ecosistemas. Estos derechos –a los que indistintamente denominaremos derechos ecológicos– han venido cuajándose, tímidamente, en las manos de los jueces al amparo del principio precautorio. Es así como este deber de tutelar la preservación de la naturaleza abandona ese letargo y comienza a manifestarse en el entorno jurídico con repercusiones directas en el cuidado preventivo y en la restauración de la naturaleza, especialmente en materia de aguas.

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En 1991 Dreier definía el Estado constitucional como un tipo especial de Estado caracterizado por la interrelación de tres elementos: los derechos fundamentales, la separación de poderes y la democracia. Así mismo puede desprenderse de esa argumentación que la existencia de un tribunal constitucional juega un papel fundamental en las tensiones surgidas de la interacción de dichos elementos. Para Dreier la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional alemán sobre el orden de valores presente en la Ley Fundamental habría generado dos posiciones, o mejor dos especies de razonamiento jurídico, las cuales él mismo denominaría como constitucionalismo y legalismo. En sus palabras, el constitucionalismo “realza el contenido valorativo de la Constitución acudiendo al órgano judicial para reclamar su validez incluso frente al poder ejecutivo y legislativo”. Dreier ve al legalismo como el realce del cuerpo legislativo y una contención de la ampliación de las competencias jurisprudenciales; podría decirse que, en esencia, el legalismo se contrapone a esa apertura del sistema constitucional a un orden valorativo.