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Se encontraron 1786 resultados en recursos

Por: Mónica Liliana Ibagón Ibagón | Fecha: 2020

Fuente: Universidad Externado de Colombia Formatos de contenido: Otros

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Por: Marcos Almeida Cerreda | Fecha: 2020

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Por: José Luis Benavides Russi | Fecha: 2020

Los poderes unilaterales de la Administración contratante han estado cubiertos de un halo de incertidumbre por las dificultades de su concreción jurídica. Desde la Ley 53 de 1909 se establecía la obligación de incluir cláusulas penales y de caducidad en ciertos contratos de la Administración (arts. 4.º y 5.º). Pero en esa época la caducidad tenía un sentido genérico de terminación del contrato, según la acepción civil que sería recordada muchos años después por la Corte Suprema de Justicia. En efecto, en la época no existía aún la conceptualización jurídica del contrato administrativo, que comenzaba apenas a construir la doctrina francesa, y que sería estructurada con la obra de Péquignot sobre la Teoría de los contratos administrativos en los años cuarenta. Entre nosotros, la inclusión y ejecución de esas cláusulas estaban controladas por la jurisdicción ordinaria, por cuanto solo hasta 1964 surgiría la competencia del contencioso-administrativo para juzgar los litigios originados en contratos administrativos. ¿Contratos de la Administración o contratos administrativos? ¿Cláusulas particulares en contratos comunes o contratos especiales administrativos? Son interrogantes que podríamos formularnos hoy, retrospectivamente, pero que no suscitaban inquietudes en la época en la que, simplemente, las cláusulas eran impuestas por la ley en ciertos contratos de la Administración. La caracterización no fue clara, incluso mucho más tarde, en los primeros estatutos de contratación, porque los decretos ley 150 de 1976 (arts. 47 y 48) y 222 de 1983 (arts. 60, 61) confundían las cláusulas exorbitantes con las obligatorias.

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Por: José Luis Benavides Russi | Fecha: 2020

La Ley 1150 de 2007 introdujo una importante modificación sobre la concepción de la responsabilidad contractual y el equilibrio financiero del contrato estatal. Los muy sonados diferendos originados en reclamaciones por desequilibrios financieros de contratos, en particular en los proyectos de concesión, la jurisprudencia incierta del Consejo de Estado y fallos contradictorios de laudos arbitrales en los que están en juego multimillonarias condenas al Estado auspiciaron que el legislador abordara de manera generalizada una política de riesgos contractuales.

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Por: José Luis Benavides Russi | Fecha: 2020

El contrato administrativo clásico (de origen francés) se caracterizó por la presencia esencial de prerrogativas de poder público de la administración contratante. La evolución de la práctica del contrato (y tal vez incluso desde siempre) ha mostrado la relatividad de la oposición de esta condición frente al contrato comercial. Las distintas manifestaciones clásicas de las prerrogativas extracontractuales de la Administración (control, sanción del incumplimiento, modificación y terminación unilaterales), inherentes al contrato, aún sin texto que las estipule, ceden frente a la reforzada necesidad de incluirlas con estrecha definición en el contrato. Con fundamento en reglas constitucionales de habilitación de poderes unilaterales o con dinámicas del mercado que exigen seguridad jurídica, la Administración ve cada vez más enmarcados sus poderes en el contrato. Por su parte, el derecho comercial exige mayor dinamismo, y las tendencias y reformas se orientan al unilateralismo contractual, que le reconoce poderes directos al acreedor, con exigencia reforzada de un debido proceso. La aproximación de los dos contratos, administrativo y comercial, revela su carácter instrumental al servicio de valores públicos y privados cambiantes.

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Por: José Luis Benavides Russi | Fecha: 2020

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Por: José Luis Benavides Russi | Fecha: 2020

La publicación que el lector tiene en sus manos reúne diversos artículos escritos en los últimos años sobre el tema de la contratación pública. La volatilidad legislativa y reglamentaria en la materia hace que la mayoría de libros se ocupen del seguimiento de la normatividad aplicable a los contratos de la administración, tanto los regidos por el Estatuto General de Contratación (Ley 80/93) y sus modificaciones como también los regulados por normatividad especializada en variados campos y regímenes particulares. Esta labor de actualización jurídica, sin duda esencial, aplaza con frecuencia el tratamiento de temas transversales que, con independencia de la regulación cambiante y la especialización normativa, plantean problemas importantes de la contratación.

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Por: Germán Enrique Bacca Medina | Fecha: 2020

La recolección masiva de datos big data es un fenómeno que ha logrado un efecto disruptivo propio de la economía digital. Por esta razón, su análisis ha sido una de las prioridades más importantes para las autoridades de competencia y de protección de datos personales en los últimos años. El presente escrito tiene como objetivo analizar de qué forma cada uno de estos regímenes ha abordado esta temática y establecer el grado de interacción que debería existir entre ellos. Para alcanzar tal fin, se describirán, en primera instancia, las características de la “nueva economía” y sus efectos en la aplicación tradicional del derecho de la competencia, así como las visiones que han surgido sobre el procesamiento masivo de datos. Posteriormente, se hará un recorrido sobre los fundamentos de la protección de datos y se presentará la postura actual en cuanto al big data que involucra datos personales. Por último, se realizará una aproximación sobre algunos elementos, donde puede haber una conexión real entre la protección de la competencia y la protección de datos personales.

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Por: Jorge Pérez Martínez | Fecha: 2020

La consolidación de Internet como eje central de las comunicaciones electrónicas ha propiciado la necesidad de un cambio radical en el arbitraje al que deben someterse los agentes que participan en el mercado. La naturaleza diversa de los agentes y la variedad de los servicios, da origen a un nuevo ecosistema digital mucho más amplio y diverso que el original. Esto hace que las regulaciones a las que están sometidas los agentes sean asimétricas debido a que son aplicables en función de la naturaleza del prestador de servicios. Conviven en este ecosistema dos paradigmas regulatorios diferentes, por un lado, el procedente de las telecomunicaciones con una fuerte regulación ex ante y, por otro, el procedente del mundo de Internet basado en la autorregulación. Esta dualidad normativa genera desequilibrios que afectan a la competencia y, en consecuencia, a los usuarios, por lo que será necesario definir un nuevo escenario equilibrado en el que los diferentes agentes puedan desarrollar una competencia efectiva.

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Por: José Vida Fernández | Fecha: 2020

El presente trabajo ofrece una visión completa y actualizada del marco en que se desarrolla la regulación de las agencias en Estados Unidos que se caracteriza por estar sometida a un complejo e intenso sistema de evaluación económica y supervisión regulatoria. Se trata de una metanormativa que dispone cómo se tiene que elaborar las normas por parte de las agencias (normas sobre normas o regulación sobre la regulación) que exigen el análisis y ponderación de sus costes y beneficios que supervisa el presidente, junto al Congreso y los Tribunales. A lo largo del trabajo se podrá comprobar el papel que desempeña cada uno de estos poderes en la configuración de este sistema de evaluación económica y supervisión, que ha sido impulsado por el Congreso y, sobre todo, por el presidente para ejecer un mayor control sobre la regulación de las agencias y, en definitiva, sobre el desarrollo de la políticas públicas en Estados Unidos.

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