This article presents an analysis of the status of limitations under the current environmental sanction regime by proposing two different stages, on the one hand, the term for the initiation of the investigation, and on the other hand, the term for the termination of the investigation. Moreover, this article also analyses the application of the status of limitation with respect to the constructions built without a riverbed occupancy permit before the enactment of Law 1333 of 2009.

Los destinos turísticos están expuestos a una constante presión debido al desarrollo del turismo, por lo tanto, también deben enfrentar constantes retos (Oktay, 2012, p. 100) no solo para proteger y conservar el ambiente, sino también para asegurar una viabilidad financiera a largo plazo y una justicia social y ética con las comunidades locales (unep & wto, 1998, citado por Oktay, 2012, p. 100). Los efectos producidos por el turismo pueden ser impactos positivos o impactos negativos que se han visto reflejados en los territorios donde se desarrolla esta actividad, por eso, el turismo sostenible busca “la viabilidad económica de las empresas (…) el bienestar de la población anfitriona, la valoración de su identidad cultural y la preservación de los ecosistemas en los que las comunidades locales viven y se desenvuelven” (Maldonado, 2006, p. 5). Los impactos socioculturales del turismo son cualitativos y subjetivos, a diferencia de los impactos económicos y de los ambientales, que suelen ser objetivos y medidos cuantitativamente (Oktay, 2012, p. 103). En el presente capítulo se analizan los resultados de las preguntas correspondientes a la dimensión sociocultural de las encuestas realizadas a 76 establecimientos certificados con las normas técnicas de turismo sostenible.

El tema que a continuación se desarrolla fue seleccionado con el fin de someter a reflexión nuestra preocupación respecto de las limitaciones a la libertad contractual determinadas por la abundante intervención del Estado en los negocios jurídicos que se celebran en el sector eléctrico. Se trata, igualmente, de escudriñar en la realidad hasta dónde va esa intervención del Estado y qué tanto campo de acción le queda a la autonomía privada.La ponencia está compuesta de dos partes, la primera estudia las fuentes del negocio jurídico según la teoría general del negocio jurídico, y la segunda analiza en concreto las fuentes de los negocios jurídicos de energía eléctrica y todas sus vicisitudes. Anexo al presente escrito se encuentra un cuadro resumen con el fin de facilitar la comprensión de cada uno de los elementos de los negocios jurídicos que se celebran en el sector eléctrico.

Nuestro punto de partida es que estamos ante un derecho administrativo de la regulación por la configuración de la tríade regulatoria. La tríade regulatoria está representada por la regulación y la mejora regulatoria, por un lado; el cumplimiento normativo (compliance), por otro; y la fiscalización, por otro. Estos tres ángulos están estrechamente vinculados o relacionados, y cada cual cumple un papel o una función, pero de forma interrelacionada, lo que conlleva una verdadera transformación e innovación del derecho administrativo.

"El doctor Castaño Peña presenta aquí una notable contribución que, con ligeras modificaciones, reproduce su tesis doctoral, defendida el pasado curso académico 2018-2019 en la Universidad Autónoma de Madrid. La tesis, que tuve la satisfacción de dirigir, recibió la máxima calificación, por unanimidad. Al objetivo mérito de abordar el detalle de la gestación, el recorrido aplicativo y la interpretación de las cláusulas de disciplina fiscal y de estabilidad presupuestaria, de reciente articulación en las constituciones de Colombia y España, suma esta obra el acierto de su consideración en relación con la cláusula constitucional de Estado social. Y en eso estriba, sin duda, el mayor interés de esta relevante aportación doctrinal. A lo largo del estudio relativo a esas constitucionalizadas cláusulas muestra el autor una gran desenvoltura tanto en el manejo de conceptos basilares de la teoría del Estado y de la Constitución como en el tratamiento de las cuestiones concretas en uno y otro ordenamiento y mediante un aseado empleo de categorías económicas de un modo solvente y, por lo demás, inusual entre los constitucionalistas. Seguramente, el autor habría podido ampliar el foco de su estudio a fin de apreciar el grado de incidencia que esas cláusulas hayan podido tener en la vertiente democrática y de derecho del Estado constitucional (ahondando, incluso, en su caracterización tipológica entre las normas constitucionales). Y ello le habría permitido, quizás, enfatizar lo que de constreñimiento del pluralismo encierran articulaciones tan puntillosas de contenidos disciplinarios de las políticas democráticas. Sin embargo, lo cierto es que, mediante su restricta consideración de la vertiente social de la definitoria cláusula de Estado social y democrático de derecho, el autor alcanza a poner de manifiesto su propósito de avanzar en el anclaje constitucional de su faceta o vertiente social, mediante una interpretación comprensiva de las cláusulas de disciplina fiscal y presupuestaria que, lejos de automatismos simplificadores contrarios a la exigencia de sistemática interpretación de las previsiones constitucionales, se pretende contextualizar y modular en consonancia con las finalidades de las cuales es cifra la constitutiva cláusula de Estado social. En esa disposición, el autor apunta a la conclusión de que la articulación constitucional de esas exigencias de disciplina fiscal y presupuestaria no supone per se un cuestionamiento de la efectiva vigencia de la cláusula de Estado social. Sin perjuicio, pues, de la episódica regresión en unos u otros ámbitos de la política social, a resultas de la efectiva práctica del pluralismo político y, en todo caso, de coyunturas económicas (pues solo al amparo de un férreo dogmatismo cabría imaginar políticas sociales indemnes y a salvo de toda posible regresividad), esas previsiones constitucionales demandarían interpretaciones equilibradas, menos desajustadas, mediante una lectura comprensiva a la luz de la definitoria cláusula de Estado social"

Este artículo trata de la gestión ambiental concebida por el ordenamiento Constitucional de 1991 y delineada por la Ley 99 de 1993. El principal referente de análisis es el Sistema Nacional Ambiental –sina–, creado por el cuerpo normativo referido para concretar una carga amplísima de preceptos que expresa o tácitamente buscaban en la Carta Política asegurar la sostenibilidad, el ahorro, la planificación y la vigilancia de los recursos naturales renovables. No se trata por demás de realizar un ejercicio descriptivo después de años de implementado el sistema. Lo que sí cobra vigencia, y por tanto constituye la verdadera orientación de este documento, es consignar una serie de reflexiones que se decantan al analizar cada elemento que estructura el sina. Los retos presentes y futuros que se avizoran para el país en materia ambiental son varios y diversos, y si se tiene en cuenta que este elemento es definitivamente transversal en la relación Estado-sociedad-sector productivo, ello implica que las estructuras, instrumentos de planeación, políticas públicas, entidades establecidas, sean lo suficientemente capaces de afrontar con eficacia dichos desafíos, no teniendo otro fin que salvaguardar el derecho superior que consagró con coherencia el artículo 79 de la Constitución Política de 1991.

El contexto empresarial hace que las empresas tengan que competir en mercados cada vez más globalizados. Ello obliga a buscar estrategias y soluciones que permitan a todos los actores estar informados, utilizar su conocimiento y aplicarlo en los productos y servicios que elaboran. En este sentido, cobran especial importancia los flujos de información y conocimiento. Es por ello que esta investigación busca responder las preguntas ¿por qué se habla tanto de flujos de información y conocimiento?, ¿cómo la literatura científica refleja estos temas?, ¿en qué concepciones se apoya?, y ¿con qué procesos se vincula? Para responderlas se realiza un análisis teórico sobre los flujos de información y conocimiento lo que ha permitido detectar las aportaciones y limitaciones de ambos temas, así como proponer un enfoque superior que los absorba e integre.

444 páginas

Desde el año 2012, el país adelanta un ambicioso e incierto proceso de reparación colectiva. Son diversos y complejos los daños no solo individuales sino colectivos que en el marco del conflicto armado sufrieron las comunidades campesinas y que es necesario reparar. El municipio El Dorado en el Meta es una de estas comunidades. Precisamente por ello fue reconocida como un Sujeto de Reparación Colectiva por el Estado colombiano. El capítulo presenta las particularidades históricas, geográficas, demográficas y políticas de este municipio ubicado en la región del Ariari. Se incluye también una reflexión sobre los hechos victimizantes que impactaron a sus habitantes. El tema es complejo. Pero creemos que lo anterior nos acerca a entender las dinámicas relacionadas con el fin de la guerra y la reparación colectiva en esta comunidad; es decir, nos permite respondernos de qué modo estas condiciones y dinámicas hicieron posible que la guerra se ensañara de manera compleja, feroz y persistente en esta región del piedemonte llanero. El capítulo se cierra con unas reflexiones sobre el asunto.

The purpose of this work is to evaluate essentially in terms of efficiency, according to the rules of the Law and Economics Movement, the convenience or not of the legal protection of software thorugh patent law, as well as contribute new elements of judgment.