Los diferentes ejemplos de injusticia, así como las problemáticas que se desprenden del uso indiscriminado del agua en Colombia, ha conducido a que hoy en día se hable con mayor frecuencia de Justicia Hídrica, y sean los Jueces quienes formulen o reformulen, de acuerdo al caso, la Políticas Públicas Ambientales que contribuyan ya sea a la protección y conservación de las fuentes hídricas o a garantizar el acceso de las poblaciones y comunidades de agua apta para consumo humano en las diferentes regiones del país.

From the specialty of Land Rights or Agrarian Law; the legal science has a great challenge in Colombia to avoid the social conflicts that may arise when distributing the rural territorial surface among those who want it and are apt to exploit it, the incessant demand growth for new available land for agricultural or livestock exploitation, the growing needs of non-renewable natural resources and the constitutional obligation of natural conservation to guarantee the sustainable development of the Nation. In other words, it is evident that the need to guarantee food sustainability or in order to satisfy other economic intentions, put pressure on the availability of more areas for exploitation. There is also the need of preserve areas of special ecological importance and the protection and increase public patrimony that is in the territory. ¿How to do all this simultaneously and legally possible? Although in Colombia it is frequently said that the land is unequally distributed, for various reasons, the truth is that most of it is occupied. Or because whoever owns it has titles of ownership or private property over it, or because it is occupied and exploited without title due to the carelessness of its private or state owner. And it is about this last situation that we will focus on; because society’s main concern must be how to avoid the illegal occupation of fiscal or state assets and public property owned by the Nation under State administration, and especially in the latter case, the moorland that should remain as wastelands to guarantee that they never remain occupy or adjudge like the ideal strategy of conservation by his immeasurable Currently the normative frameworks have been overwhelmed in their purpose of protecting vacant goods (for the needs of guaranteeing sustainable development and at the same time safeguarding the national fiscal patrimony) and some decisions of the courts, Constitutional and Supreme Court, possibly without aiming for it, they have increased the possibilities of this happening under the healthy intention that the people who occupy them do not see their fundamental rights undermined. ¿How to avoid it? At the same time, there has been high interest to effectively protect certain areas of the national territory, such as the moorland, the sanctuaries of flora and fauna, and national natural parks (the last two already legally included as protected natural areas), including agricultural activities to dedicate them exclusively to natural conservation which diminishes the possibilities of administrative adjudications by way of agricultural development and the protection of the rural man and at the same time, by reserving real estate as an inventory of the national patrimony. The formulas that are proposed to solve this situation and to answer the previous questions start from conceptual clarities and from common sense as a fundamental pillar of a public policy that reconciles the agricultural and environmental interests that, we discover, are intimately linked.

Este artículo presenta los principales debates en materia de responsabilidad ambiental frente a los negocios comerciales y analiza los aspectos relevantes de la debida diligencia legal ambiental, de la negociación de las cláusulas ambientales en los acuerdos comerciales y de los efectos en la responsabilidad ambiental de la venta de activos (venta de establecimientos de comercio), venta de sociedades, fusiones y escisiones de sociedades. De igual forma, examina los efectos legales ambientales de cara a la responsabilidad de los grupos empresariales, el levantamiento del velo corporativo y la responsabilidad de los prestamistas en la financiación de proyectos bajo las leyes ambientales colombianas.

Este artículo presenta un análisis del procedimiento sancionatorio ambiental actual en Colombia, y cuestiona la efectiva aplicación del principio de imparcialidad en la medida en que la autoridad ambiental viene actuando como juez y parte. De manera que se proponen soluciones a corto y largo plazo para corregir la tensión existente entre el sistema actual y las garantías constitucionales y legales del individuo a ser juzgado por una autoridad administrativa autónoma, independiente e imparcial.

Este trabajo contiene un análisis de los instrumentos económicos y financieros para la gestión de las áreas protegidas de Colombia, las cuales se extienden por una amplia porción del territorio nacional y cuentan con un alto nivel de importancia ambiental. El citado análisis se enmarca en el actual y desfavorable panorama financiero de las áreas protegidas, panorama que genera un extenso abanico de dificultades en el cumplimiento de los objetivos que se persiguen con esas áreas.

El reconocimiento de derechos a la naturaleza en general, a una parte de ella o a alguna especie en particular es, sin duda, uno de los asuntos jurídicos medioambientales que mayores discusiones y curiosidad han generado en la comunidad jurídico medioambiental internacional.

La investigación muestra los resultados de la aplicación del instrumento encuesta NTP 394: Satisfacción laboral: escala general de satisfacción y de los 4 grupos focales, en los funcionarios de planta del Ministerio de Minas y Energia (MME) seleccionados, ya que según manifestaciones realizadas por dichos funcionarios, muchos de estos no se sienten satisfechos o incluidos en los programas de bienestar que se vienen adoptando por parte del Ministerio, pues en muchas ocasiones no se tienen en cuenta las prioridades o necesidades de los colaboradores, ya que no se mide el nivel de satisfacción con dichos programas o no se proponen actividades nuevas. Con el fin de medir este nivel de satisfacción laboral y la satisfacción con el Programa de Bienestar Social adoptado por el Ministerio en el año 2015 se utilizó un enfoque de tipo mixto, para conocer una perspectiva más amplia de los funcionarios del Ministerio en cuanto a la satisfacción. Luego de haber recolectado la información, se obtuvo resultados e información que permitió proponer mejoras al Programa de Bienestar Social adoptado por el MME en el 2015, con el fin de que sean incluidas al Programa de Bienestar que se adopte por dicho Ministerio en el 2017.

La investigación analiza el agendamiento de la Jornada Única como una estrategia del Gobierno Nacional para mejorar la calidad educativa de las instituciones educativas oficiales del país. En su momento, el Ministerio de Educación Nacional argumentaba inequidad entre colegios públicos y privados, así como bajos resultados en las pruebas PISA 2012 y pruebas de Estado que corroboraba el problema de la baja calidad educativa en los colegios públicos. Sin embargo, tales argumentos se presentaban cuando ya la decisión de implementar la estrategia estaba tomada y se veía la necesidad de dar una explicación como respuesta a las críticas de algunos actores del sector educativo, especialmente los profesores sindicalizados. Estas razones parecieran suficientes para el agendamiento de la política, no obstante, el aporte de esta investigación -que tiene relación directa con el espacio de estudio sobre el agendamiento- es analizar si tales argumentos fueron suficientes elementos de juicio y contaban con el respaldo técnico para que el tema ingresara en la agenda, pues en ocasiones, la falta de perfilamiento, debate y confrontación de un tema en dicha etapa, termina teniendo impactos importantes en su proceso de implementación.

A partir de| la descentralización, se configura el esquema de ordenamiento territorial que da vida a la Ley 1454 de 2011, conocida como LOOT - Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, cuyo principal aporte a la estructura del Estado fue la creación de los diferentes esquemas asociativos que conducen a la generación de desarrollo en el territorio. A partir de allí, el Departamento del Tolima decidió hacer parte de la Región Administrativa y de Planificación Especial (RAPE) Región Central, conformada por los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima y el Distrito Capital de Bogotá, y del Contrato Plan que agrupa a nueve municipios del sur del departamento, con la Gobernación del Tolima, la Corporación Autónoma Regional del Tolima y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). En la presente investigación se realiza un análisis de la estructura de estas figuras para así determinar cómo ha sido su implementación con respecto al cumplimiento de la función para la cual fueron creados, teniendo en cuenta que su finalidad es generar desarrollo en los territorios que hacen parte de ellos. Por lo tanto, fue importante verificar y analizar aspectos jurídicos, políticos, fiscales e institucionales como base para la existencia de estos mecanismos que permiten la asociatividad y a su vez determinar obstáculos que impiden el buen desarrollo de estos.

El presente documento se fijó como objetivo establecer la pertinencia y legalidad de la actual coexistencia de dos estatutos docentes en Colombia (1278 de 2012 y 2277 de 1979) que regulan el ejercicio de esta profesión en el sector oficial, en los niveles de educación preescolar, básica y media, desde la perspectiva de la Nueva Gestión Pública. Para el logro del propósito general, se hace la debida justificación, bajo el análisis de un componente de la Política Pública Educativa, para el caso, la simultaneidad regulatoria. En el Capítulo I, se habla sobre la Metodología, se hace la respectiva explicación de la relevancia de la educación sobre el nivel de desarrollo que logre el país y se describe la problemática surgida a raíz de la actual coexistencia de dos estatutos docentes; El Capítulo 2, toca los aspectos teóricos que fundamentan la investigación; En el Capítulo 3 se describen los dos estatutos docentes vigentes, se comparan y se infiere la legalidad, implicaciones y pertinencia de su coexistencia. Finalmente se presentan las conclusiones derivadas del desarrollo de la investigación. La investigación se adelantó bajo un enfoque cualitativo de tipo documental, privilegiando la consulta de fuentes secundarias y realizando comparaciones y descripciones.