Por: Javier Martín Hernández
|
Fecha: 01/01/2019
El natural desvalimiento y la dependencia de los niños, así como la necesidad de educación y socialización hasta la mayoría de edad hace que el Estado se responsabilice y garantice las atenciones que reciben los menores de edad. Para ello, atribuye a los padres el cuidado de los hijos y, en el desempeño de su labor, les confiere los derechos y los deberes que conforman la patria potestad, vigilando, a través de las instituciones, que la atención que reciben sea adecuada. El Servicio de Protección de Menores,1 como la policía, el Tribunal Supremo o Hacienda, es una institución del Estado y la sociedad le encomienda la misión de proteger a los niños de los cuidados inadecuados en el ámbito familiar. El núcleo central de esta tarea consiste en valorar lo que está bien y lo que está mal en la crianza de un menor (en lo que atañe al cuidado y la educación en el hogar) y corregir las situaciones en que exista desprotección. Esto implica determinar si la familia es socialmente adaptada y modificar las circunstancias desajustadas o desviadas, en una labor que se centra en valorar aspectos de carácter personal y social. Esta función de evaluar la situación personal y social y, como consecuencia, su aprobación o reprobación, precisa comparar y contrastar las circunstancias con una escala de valores que permita discernir lo que es correcto y lo que se puede o no se puede hacer.
Fuente:
E-books 7-24
Tipo de contenido:
Libros
