El encarcelamiento por delitos de drogas está contribuyendo enormemente a la crisis de hacinamiento en centros penitenciarios del país, que es del 50%. Además, se convirtió en una amenaza directa a la garantía de derechos de las personas privadas de la libertad. Así lo concluye la investigación “Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en Colombia”, realizada por el Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho (CEDD) y Dejusticia. Entre 2005 y 2014 en Colombia se capturaron más de 720 mil personas por porte, tráfico o fabricación de drogas, lo que equivale a capturar a nueve personas cada hora o a 80 mil personas por año. Aunque no todos los casos llegan a ser judicializados, la presión de la política de drogas sobre el sistema penitenciario es evidente. Mientras que entre 2000 y 2015 la población general del país se incrementó en un 19%, la población penitenciaria aumentó un 141% y la población encarcelada por delitos de drogas aumentó un 289%. Las penas establecidas para los delitos de drogas se acercan a las de delitos graves como el homicidio o la violencia sexual. La política de drogas basada en la persecución de usuarios, correos humanos y otros eslabones débiles de la cadena, ha dado como resultado una carga desproporcionada hacia las personas más vulnerables. Y, en cambio, no ha impactado a los grandes capos ni a las organizaciones delictivas que controlan las redes de producción, tráfico y distribución. La guerra contra las drogas ha establecido como delitos una gran gama de conductas sin considerar los contextos económicos y sociales, y sin permitir un debate amplio sobre las mejores respuestas que cada sociedad podría adoptar frente a este fenómeno. Por esto, se propone descriminalizar el porte simple de drogas y cesar toda clase de persecución sobre los consumidores, racionalizar el uso de la prisión, realizar las reformas necesarias para permitir que quienes cometen delitos menores y no violentos de drogas no vayan a la cárcel, e implementar alternativas al encarcelamiento. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/delitos-de-drogas-y-sobredosis-carcelaria-en-colombia/

Por generaciones, los defensores de derechos humanos han luchado por el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) para conseguir su justiciabilidad en las cortes nacionales e internacionales, lucha que ha tenido bastante éxito. Los DESC son considerados con frecuencia por cortes nacionales de distintas partes del mundo, y varios países han consagrado tanto estos derechos como su justiciabilidad en sus constituciones nacionales. Cortes internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, consideran peticiones sobre los DESC. En 2013, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entró en vigencia, lo cual permite que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales considere quejas individuales sobre violaciones de DESC. No obstante, la lucha para realizar los DESC no se ha ganado por completo. Actualmente, el desafío que enfrentan los defensores de los derechos humanos es asegurar que los fallos sobre DESC sean implementados. A pesar de una jurisprudencia creciente a favor de estos derechos, muchas de las victorias acaban siendo de papel, y no han logrado transformar las realidades de los derechos que han sido violados. La evidencia sugiere que la falta de implementación de las decisiones de cortes y cuerpos internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos es un gran desafío que limita el goce efectivo de los derechos humanos. Considerando los bajos niveles de implementación en varios países y sistemas de derechos humanos, esta guía busca contribuir a la discusión sobre estrategias para las cortes tomadoras de decisiones a nivel internacional y para la sociedad civil, con el fin de impulsar la implementación de las decisiones sobre DESC. Así, analizamos varios factores que afectan la implementación de las sentencias DESC a nivel nacional, regional e internacional, y los mecanismos de implementación con los que cuentan los sistemas internacionales. También consideramos diferentes estudios de casos sobre sentencias nacionales y regionales que han sido implementadas exitosamente, incluyendo sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, India, Colombia, Estados Unidos y Sudáfrica. Al final, con base en los estudios de casos exitosos, esbozamos varias estrategias de implementación que esperamos sean útiles para cortes nacionales y regionales, órganos internacionales de derechos humanos, la sociedad civil e instituciones de derechos humanos. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/bancada-de-mujeres-del-congreso-una-historia-por-contar/ Consulte la versión en inglés en la siguiente URL: http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll31/id/110

Por medio de este documento, aportamos algunos elementos pedagógicos para desarrollar un programa de formación en la materia, cuya implementación esperamos contribuya a mejorar la atención a las víctimas, y la investigación y judicialización de la violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado, con el fin de disminuir la impunidad de estos crímenes y fortalecer el acceso a la justicia de sus víctimas. La violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado (VSCA), comprende una gran cantidad de delitos atroces, que afectan desproporcionadamente a las mujeres. En concreto, el Auto 092 de 2008, partiendo de la calidad de sujeto de especial protección constitucional que tienen las mujeres en Colombia, constató que la violencia sexual contra ellas es una “práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano” (Corte Constitucional, 2008a), y se constituye en uno de los factores de riesgo a los que se encuentran expuestas las mujeres en virtud de su género, y que causa estos impactos desproporcionados. Todo indica que aunque la ocurrencia de la VSCA es alta, su judicialización es baja; frente a este escenario es importante garantizar el acceso a la justicia de las víctimas especialmente en tanto son víctimas del conflicto armado. La tarea de mejorar la situación de impunidad es en parte labor de la Fiscalía General de la Nación (FGN) como titular de la acción penal (Constitución Política de Colombia, en adelante CP, art. 250). Fortalecer entonces la labor de esta institución es una de las formas por medio de las cuales puede reducirse la impunidad, al mejorarse y aumentarse los procesos investigativos de estos delitos y, de ser posible, obtener condenas. En general, consideramos que un programa de formación en VSCA debería tener dos características fundamentales. Por un lado, estar conformado por componentes de capacitación y sensibilización que se complementen entre sí: la capacitación referida principalmente a los conocimientos, las herramientas y las habilidades técnicas requeridas para el desarrollo de las actuaciones de los funcionarios y las funcionarias; la sensibilización como el proceso a través del cual se genera una toma de conciencia sobre una situación o problema específico, que implica un cambio de actitudes y comportamientos.4 La sensibilización, especialmente en materia de VSCA, es fundamental para lograr que las actuaciones de los funcionarios garanticen el acceso a la justicia de las víctimas. Descripción tomada y adaptada de: https://www.dejusticia.org/publication/formacion-en-violencia-sexual-en-el-conflicto-armado-una-propuesta-metodologica-para-funcionarios/

Este documento explora la situación de las mujeres víctimas de violaciones graves de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado colombiano en relación con su acceso efectivo a la justicia. Las dinámicas del conflicto armado interno en Colombia afectan de manera diferenciada a las mujeres. Ellas han sido víctimas de múltiples violaciones de sus derechos por el hecho mismo de ser mujeres, y han vivido de forma desproporcionada las violencias perpetradas en el marco de la guerra en virtud de los arreglos patriarcales de género existentes en nuestra sociedad. Si bien en los últimos años se han dado avances normativos que permiten visibilizar, prevenir y enfrentar la violencia contra las mujeres por razones de género, y reconocer a las víctimas como titulares de derechos, existe una enorme brecha entre esos avances normativos y la realidad de las mujeres. El presente documento tiene como objeto explorar la situación de las mujeres víctimas de violaciones graves de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado colombiano en relación con su acceso efectivo a la justicia. En este sentido, analiza si las mujeres que han sido víctimas de violencia de género con ocasión y en desarrollo del conflicto tienen un acceso efectivo a la justicia y evalúa las razones por las cuales no pueden gozar efectivamente de este derecho a pesar de que este está garantizado por la normatividad nacional y los estándares internacionales vinculantes para el Estado. El balance no es muy favorable, la investigación revela que las mujeres víctimas de violaciones graves de los derechos humanos ocurridas con ocasión y en desarrollo del conflicto armado enfrentan numerosas barreras para acceder efectivamente a la justicia, de allí que muchas de las atrocidades cometidas en su contra permanezcan en la impunidad. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/acceso-a-la-justicia-mujeres-conflicto-armado-y-justicia/

Este libro plantea algunas reflexiones jurídicas sobre la importancia del secreto profesional por parte de las y los profesionales de la salud, en los casos de mujeres que acuden a los centros de salud en busca de ayuda luego de haber interrumpido su embarazo de manera clandestina, poniendo en peligro su salud e incluso su vida. Estas reflexiones surgen de la tensión que se presenta entre el derecho a la intimidad de las mujeres que acuden a los hospitales por complicaciones derivadas de abortos incompletos o inseguros, y la obligación de denuncia de los médicos/as y enfermeros/as cuando están ante la posible presencia de un delito. ¿Se justifica la violación del secreto profesional en estos casos? A cuál dimensión de la tensión se le debe dar prioridad, al deber de denuncia de las y los profesionales de la salud, o al derecho a la intimidad de las mujeres? ¿Cuáles son las consecuencias dentro del proceso penal de usar información que se obtiene violando el secreto profesional? ¿Qué impactos tiene esto sobre el derecho a la intimidad? ¿Cómo se ha resuelto esta tensión en el derecho comparado y en los sistemas de protección de derechos humanos? El presente texto se propone responder estas preguntas. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/carcel-o-muerte-el-secreto-profesional-como-garantia-fundamental-en-casos-de-aborto/

El objetivo de este documento es examinar el marco legal y jurisprudencial colombiano sobre vigilancia de comunicaciones, a la luz de las capacidades tecnológicas de hoy. Dicho a manera de hipótesis, el propósito es mostrar cómo la regulación y la jurisprudencia en materia de inteligencia no se ocupan de interpretar los esquemas de vigilancia actuales para mantener vigentes los derechos que resultan afectados. A pesar de que en Colombia cada tanto se conoce algún escándalo relacionado con inteligencia estatal, nunca queda claro cómo funciona en la práctica y qué controles existen para su ejercicio. Entretanto, pasa el tiempo y los esquemas de vigilancia se sofistican a la par con nuestros teléfonos móviles y computadores. Los cambios tecnológicos suelen alterar presunciones largamente establecidas sobre el alcance de determinados derechos. La privacidad, sin duda, es el derecho que más tensiones enfrenta en el entorno digital. A pesar de esto, en la regulación y en la jurisprudencia subsisten lagunas sobre cómo la tecnología impacta el ejercicio de derechos fundamentales. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/vigilancia-de-las-comunicaciones-en-colombia-el-abismo-entre-la-capacidad-tecnologica-y-los-controles-legales/ Consulte la versión en inglés en la siguiente URL: http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll31/id/114

Los suelos del páramo son de origen glacial y volcánico. La ceniza y la materia orgánica que se acumula en su superficie le da cualidades particulares para almacenar el agua y distribuirla. Los muiscas peregrinaban a Chingaza o la Serranía del dios de la noche a agradecer al agua y, especialmente, a Chiminigagua, la luz primera entre la oscuridad. Algo que sorprende de las historietas de Daniel Rabanal es su capacidad de hablar con sutileza de problemas políticos y sociales sistemáticos del país, haciendo una captura del presente con tanta fidelidad y, sin hacer una bajada de línea, nos cuenta qué pasaba en Colombia enlos noventa. En Las aventuras de Gato podemos ver nuestro propio hábitat dibujado de una manera exquisita y un cambio de lugar de los personajes con poder.

Es curioso recordar que las historietas de aventura generalmente nos contaban que los buenos eran los blancos y los malos eran los indios; que los animales eran fieras y bestias salvajes de las que siempre había que defenderse o aprovecharse; que las mujeres solo eran acompañantes o amantes de los héroes. Esa voz terminó siendo una narrativa colonizadora que nos convenció. En Las aventuras de Gato podemos ver nuestro propio hábitat dibujado de una manera exquisita y un cambio de lugar de los personajes con poder. Algo que sorprende de las historietas de Daniel Rabanal es su capacidad de hablar con sutileza de problemas políticos y sociales sistemáticos del país, haciendo una captura del presente con tanta fidelidad y, sin hacer una bajada de línea, nos cuenta qué pasaba en Colombia en los noventa.

Rin has spent countless days chasing the murderer of her parents, and now she has Anotsu Kagehisa where she wants him, but the deathly ill Anotsu is too sick for the honor-bound Rin to strike down. But such is not the case for the students of the Shingyoto-ryu, who are out to avenge the death of their sword master, and they have Rin captured and Anotsu cornered. The spirit of revenge is thick in the air -- and about to get thicker as Manji, Rin's immortal bodyguard, finally reunites with his charge as this pot of retribution prepares to boil over. And so Manji's faced with a strange irony -- to save Rin, he must cut down the men who are out to kill Anotsu, Manji's sworn enemy!

El CEDD publica su estudio sobre los impactos de las políticas de drogas en el sistema penitenciario de 10 países de América Latina. El uso excesivo del derecho penal y de sanciones privativas de libertad, tiene consecuencias sobre la vida de las personas en los sistemas penitenciarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay. Este estudio documenta la evolución de las leyes de drogas y su impacto sobre los sistemas penitenciarios de la región, las poblaciones afectadas y las condiciones penitenciarias en las que viven; la situación socioeconómica de las personas privadas de la libertad por esos delitos, su grado de participación en las redes de narcotráfico y los impactos del encarcelamiento sobre poblaciones específicas. Si la libertad es uno de los derechos más importantes para el ser humano, debería restringirse sólo en aquellos casos donde ha habido una afectación directa y grave a los derechos de terceros. Por ello, el poder que tienen los Estados de privar a las personas de este derecho debe ejercerse de manera proporcional y racional; y solo como último recurso, una vez que otros han sido probados y han fallado. La “guerra contra las drogas”, desplegada en las últimas décadas, sin embargo, ha generado una enorme distorsión en los sistemas penales, en el uso del poder punitivo de los Estados y de la cárcel en todo el mundo, particularmente en las Américas. El perfil de quienes se encuentran en las prisiones por delitos de drogas demuestra que se está capturando a quienes desempeñan las labores logísticas de bajo poder, evidenciando que la política no es eficiente en judicializar a quienes más se lucran del negocio. De allí que el informe invite a repensar la política de drogas y enfocar los esfuerzos de criminalizaciones en los peldaños superiores de la pirámide del narcotráfico y no en la base, donde se encuentran poblaciones excluidas y sometidas a diferentes fuentes de la desigualdad e inequidad social. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/sobredosis-carcelaria-y-politica-de-drogas-en-america-latina/