Este documento presenta la histórica decisión que tomó el Consejo de Estado del Líbano el 4 de marzo de 2014, en donde le reconoció a los familiares de las personas desaparecidas durante la guerra civil el “derecho a saber” qué pasó con ellas. En el artículo se presentan y analizan los distintos pasos que se tomaron en el transcurso de dicho litigio estratégico, los motivos para usarlo, el cómo trasladar efectivamente un tema de la arena política a la judicial y los métodos de trabajo. Además, permite entender las razones por las que este litigio sirve como modelo de estudio de las acciones públicas. Descripción tomada de https://www.dejusticia.org/publication/cuando-los-familiares-de-los-desaparecidos-llevan-sus-casos-a-las-cortes/

En los juzgados del Líbano se han emitido tres decisiones que reconocen el principio de “tratamiento en lugar de judicialización” en casos de uso problemático de drogas. Aunque la Ley de Drogas, en la cual se hablaba de este principio, fue aprobada en 1998, por más de quince años el Estado no ha activado los mecanismos de dicha ley. Este documento expone las tres decisiones en las cuales se reconoce el principio de “tratamiento en lugar de judicialización”; la necesidad de que se implemente el principio de forma automática en casos de personas con uso problemático de drogas, y la importancia de que los abogados y jueces se esfuercen para que el principio sea de uso general con rapidez.

En el Líbano los refugiados carecen de un marco legal que garantice su derecho a la protección, violando así los derechos humanos más básicos. Este documento presenta un análisis del sistema legal en el Líbano, el cual no garantiza ninguna protección para las personas que llegan a solicitar asilo en el país. A principios de la década de los 2000, cientos de refugiados huyeron al Líbano; estos en su mayoría eran sudaneses e iraquíes, y hasta el momento siguen estando en peligro al poder ser arrestados y juzgados por entrar de manera clandestina al territorio libanés. Estas prácticas y la falta de garantías para los refugiados violan los derechos humanos más básicos, pero todos los intentos por resolver esta problemática a través de procesos administrativos de parte de LGSG y la Fiscalía Pública de Casación han sido un fracaso, entre otras razones, gracias al argumento de la administración de que “el Líbano no es un país de asilo”. Descripción tomada de https://www.dejusticia.org/publication/introduccion-al-modelo-de-accion-judicial-para-defender-a-refugiados-en-casos-de-deportacion-y-detencion-arbitraria/.

Dado que el enfoque de las ciencias sociales hacia los temas de drogas y consumos problemáticos ha evolucionado, la perspectiva social y legal sobre las personas que usan drogas también se ha encaminado a tener un entendimiento más amplio de los consumos problemáticos. Dado que el enfoque de las ciencias sociales hacia los temas de drogas y consumos problemáticos ha evolucionado y han aparecido varias investigaciones acerca de estos en las ciencias naturales, la perspectiva social y legal sobre las personas que usan drogas también se ha encaminado a tener un entendimiento más amplio de los consumos problemáticos. Ya no se ve a una persona que usa drogas como una criminal que debe ser judicializada y castigada sino como una persona marginalizada que necesita tratamiento, seguimiento y educación para reducir los riesgos del uso de drogas (es decir, la “reducción del daño”). Descripción tomada de https://www.dejusticia.org/publication/introduccion-al-modelo-de-accion-judicial-para-defender-a-personas-usuarias-de-drogas/.

Reconocer los esfuerzos de la cooperación científica internacional, la aguda investigación y el apoyo financiero de los Estados que han permitido el desarrollo de varias vacunas seguras y eficaces contra la Covid-19 en un tiempo récord es de vital importancia. Con el desarrollo que ha tenido la pandemia ocasionada por dicho virus, se espera que una vacuna —elaborada teniendo en cuenta la importancia de no comprometer la seguridad de ninguna persona en el mundo, y siguiendo los protocolos y directrices internacionales aceptadas por las respectivas autoridades sanitarias—, sea una forma de mitigar los efectos negativos que ha traído esta en la sociedad. Este documento presenta una traducción no oficial de la Declaración sobre la vacunación universal asequible contra la covid-19, la cooperación internacional y la propiedad intelectual elaborada por Dejusticia con el fin de difundir un documento, considerado de relevancia pública, que contribuye a informar y educar sobre un tema coyuntural. Además, permite llamar la atención a los Estados, quienes deben ser conscientes de la obligación que tienen para cooperar en la adquisición de las vacunas y el acceso a estas por parte de todas las personas del mundo. Descripción tomada de https://www.dejusticia.org/publication/traduccion-no-oficial-de-la-declaracion-sobre-la-vacunacion-universal-asequible-contra-la-covid-19/

El ejercicio que se realiza aquí consiste en presentar la situación fiscal de los gobiernos subnacionales, por medio de uno de los resultados posibles de la clasificación de las estadísticas del sector público territorial. Este producto, llamado resultado fiscal, se calcula para el consolidado del sector público no financiero territorial y sus niveles, en una vigencia fiscal determinada. En el presente documento se hace una revisión comparativa al cierre de 2008, del resultado fiscal, de manera agregada, del Sector Público no Financiero Territorial -SPNFT-, así como de sus respectivos conjuntos de instituciones públicas que le componen. Esta muestra incluye 31 Gobiernos Centrales Departamentales -GCD-, 31 Gobiernos Centrales correspondientes a las ciudades capitales del país, y 197 Gobiernos Centrales Municipales -GCM- adicionales; 24 entidades descentralizadas municipales y 60 departamentales; 22 empresas públicas no financieras municipales y 14 departamentales; finalmente, 2 entidades de seguridad social, para un total de 381 entidades. El documento se ordena partiendo de los resultados más agregados, el consolidado del SPNFT, a lo más desagregado, revisando los resultados de un grupo de entidades que contribuyen de manera significativa a la situación fiscal consolidada, tanto por la magnitud de su déficit o de su superávit. De esta forma la sección siguiente repasa el resultado fiscal del sector público no financiero territorial. Posteriormente, atendiendo a que la función que se destaca en el nivel territorial es el gasto, se examina el comportamiento de este. Luego se indaga en las fuentes de ingresos que permiten la ejecución de los gastos. Se concluye en la última parte identificando las principales características presentes en el ejercicio. Tomado de la introducción a este Boletín

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.