Informe general de la economía departamental de Amazonas para el segundo semestre del año 2004. A lo largo del documento se mencionan variaciones en los índices de desempleo, exportaciones e importaciones, actividades financieras, construcción de infraestructura y sacrificio de ganado con respecto al periodo anterior.

Informe general de la economía departamental de Amazonas para el primer trimestre del año 2002. A lo largo del documento se mencionan variaciones en los índices de desempleo, exportaciones e importaciones, actividades financieras, construcción de infraestructura y sacrificio de ganado con respecto al periodo anterior.

Informe general de la economía departamental de Caldas para el año 2014. A lo largo del documento se señala que hubo un ascenso del PIB de Caldas, un incremento de las exportaciones y bajas en el indice de importaciones a lo largo del año. Asimismo, se señala que la inversión neta del departamento se redujo en comparación del año inmediatamente anterior.

Informe general de la economía departamental de Cesar para el segundo semestre del año 2006. A lo largo del documento se mencionan variaciones en los índices de desempleo, exportaciones e importaciones, actividades financieras, construcción de infraestructura y sacrificio de ganado con respecto al periodo anterior.

Informe general de la economía departamental de Cesar para el segundo semestre del año 2004. A lo largo del documento se mencionan variaciones en los índices de desempleo, exportaciones e importaciones, actividades financieras, construcción de infraestructura y sacrificio de ganado con respecto al periodo anterior.

En Colombia, en el año 2000 fue promulgada la Ley 617 que define una serie de mecanismos tendientes a la recuperación fiscal y a la racionalización del gasto de las entidades territoriales, por la vía de la fijación de límites a sus gastos de funcionamiento, considerando la categoría a la cual pertenezcan. Esta ley ha sido presentada por algunos autores como una de las más importantes en materia de ajuste fiscal, del grupo de normas emanadas del artículo 364 superior. No obstante, existen algunos elementos que ponen en evidencia la debilidad con la cual fue diseñada esta norma, así como las diferencias en su interpretación y aplicación. En esta investigación, elaborada bajo un enfoque con un énfasis jurídico, se analiza a fondo esta Ley 617 de 2000, revelando aquellos aspectos que permiten evidenciar que esta norma presenta falencias en su diseño y que ha sido mal implementada y mal interpretada. No se trata de demostrar si esta regla fiscal ha contribuido o no al cumplimiento de la función de estabilización propia del Estado, sino que, debido a las falencias en su diseño, esta no ha sido bien aplicada y ha sido interpretada erróneamente, resultando una regla fiscal ineficiente.

Seres humanos huyendo de una promesa rota. El Estado que debía garantizarles que su paso por este mundo fuera más amable y digno, sobre todo digno, los abandona a su suerte. Pensar, creer, tener un color de piel que no se elige o discrepar son motivos suficientes para que 1 de cada 113 personas en el mundo soliciten la condición de refugiado. Cualquier esfuerzo, representa un avance para estas personas que luego de dejar la tierra, en la que creían morirían de viejos, tienen como único mecanismo de defensa lo planteado en el ordenamiento jurídico-político internacional (Acnur, 2016). ese a los esfuerzos del Estado Colombiano para alinear su normativa interna con los compromisos internacionales que se ven materializados en las normas constitucionales y en la estandarización de los procedimientos de los solicitantes en el Decreto Único Reglamentario 1067 y los esfuerzos en política migratoria, lo cierto es que el país tiene todavía retos en materia de implementación para adaptar su legislación en el nivel territorial. A partir de dichos hallazgos, se lograron establecer los problemas de diseño e implementación del marco jurídico -político que garantizan el derecho a la identidad de los solicitantes de la condición de refugiado.

The purpose of this research is to investigate how, through business tools and the strategic relationship with stakeholders, NGOs can improve their management and thus achieve the desired financial sustainability. These business strategies will enable non-governmental organizations to identify stakeholder needs and expectations, make effective planning within a set timeframe, and establish clear responsibilities and procedures, thereby generating the enduringness of the organization. This study seeks to find a balance between the academic research work and its direct applicability in the area of corporate social responsibility and sustainability through the applied methodology for the case of Tiempo de Juego foundation.

En el marco de la justicia transicional, el gobierno colombiano estableció un conjunto de medidas judiciales, administrativas, económicas, sociales (colectivas) e individuales como instrumento de reparación para las víctimas de la violencia producto de la guerra. Por esta razón, el Gobierno Nacional crea la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, con el fin de canalizar los recursos nacionales e internacionales para ejecutar los programas sociales y así atender a poblaciones vulnerables afectadas por la pobreza, el narcotráfico y la violencia. A partir del mes de noviembre del 2011 se lleva a cabo la transformación de Acción Social, gracias a la creación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), cuyo principal objetivo estratégico era formular lineamientos para reducir la pobreza y la pobreza extrema, y contribuir a la consolidación de la clase media y la reconciliación. La presente investigación tiene objetivo dar a conocer las modalidades de inversión social bajo las cuales, las organizaciones del Tercer Sector en Colombia clasifican y ejecutan los proyectos de inversión social, así como también describir cuáles son los proyectos que predominan y a qué tipo de población están enfocados.

Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (PREDH) –puesta en práctica del Marco de las Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”– fueron elaborados por el equipo liderado por el profesor John Ruggie, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y respaldados en la Asamblea General en el 2011. Los PREDH brindan lineamientos para que el Estado proteja los DD. HH., para que la Empresa los respete y para que ambos reparen a las víctimas por las vulneraciones causadas. Forman parte de un conjunto de directrices sobre los Derechos Humanos que incluyen además el Pacto Global, las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales y los Principios Voluntarios de Seguridad y DD. HH, las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo y la Carta Universal de los Derechos Humanos y sus documentos conexos, entre otros. Con el propósito de analizar y estudiar los avances y retos de las multinacionales en la implementación de los PREDH, se seleccionaron organizaciones que vienen adelantando buenas prácticas en la materia y se estudiaron diferentes fuentes, como información documental de centros de pensamiento e informes corporativos de estas empresas, que permitieron comparar, analizar, concluir y realizar algunas recomendaciones en espera de fomentar una mejor apreciación de la problemática en la comunidad académica y empresarial y estimular investigaciones sobre la realidad de la implementación. La gran mayoría de las multinacionales están en una etapa temprana en la implementación de los lineamientos establecidos en los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. Las juntas directivas y la alta dirección se involucran en la validación y el desarrollo del compromiso político, los ejercicios de diligencia debida deberán ser perfeccionados y comunicados en mayor detalle, como el trabajo continuo que deberá hacerse para facilitar el acceso y la divulgación de los canales de remediación, pues quizá este es el elemento más desalentador. Con este panorama, son pocas las multinacionales que empiezan a comunicar al público los resultados de la implementación de la guía, situación que facilitaría afianzar lazos y generar conocimiento con los grupos de interés. Así entonces vale la pena mencionar que a pesar del impulso que han tomado varias multinacionales en el respeto a los DD. HH. y la implementación de la guía, las expectativas eran mayores en cuanto al número de líderes y a la exhaustividad de la información pública. Este pobre avance podría o no impulsar la elaboración de un tratado jurídicamente vinculante para las empresas transnacionales que las “obligaría” a respetar los DD. HH., instrumento sobre el cual se viene dialogando desde el 2014 y que ha generado polarización en el seno de la Comisión de los DD. HH. Países como EE. UU. y algunos de la Unión Europea han votado en contra de la creación del tratado por creerlo innecesariamente restrictivo. Por el momento, la discusión continúa y luego del Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (2017), se declaró que el instrumento buscaría complementar los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y no generar rivalidades. No obstante, es de esperarse que más multinacionales integren buenas prácticas en materia de DD. HH. en sus estrategias de responsabilidad social y que se acojan a los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. Es primordial que las empresas divulguen sus resultados y experiencias a través del marco de reporte de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, a fin de contar con mayor evidencia y profundidad de detalle en futuras investigaciones. Las plataformas y guías están disponibles para que la información sea pública, pero hay prudencia por comunicar. Es importante que las multinacionales no avancen aisladas, pues el éxito en el respeto a los DD. HH. –y por ende la reducción de vulneraciones que afecta su reputación y sus estados financieros– deberá involucrar a sus grupos de interés y empresas pares que compartan sus experiencias.