Mobility in terms of sustainability is a concept that is increasingly relevant in a municipality such as ltagüí that has grown and is located in the south of the Aburrá Valley, being a mandatory step for several neighboring municipalities such as La Estrella, Caldas, Amagá and the San Antonio de Prado District (Local Road Safety plan of ltagüí, 2018). The challenges of mobility within the municipality of ltagüí are identified by the daily use of 25,000 vehicles that pass through the center of the municipality and 100,000 that circulate along the southern highway, the city's infrastructure is not suitable for the high flow of vehicles which generate congestion on the roads and slow traffic, in turn, there are no investment policies in the planning instruments such as the Territorial Planning Plan of Itagüí (Local Road Safety Plan of ltagüí, 2018). According to the above, this article emphasizes the concept of mobiiity from a different perspective, for this purprse there must be tools for action and awareness, placing this issue at the center of the ltagüí municipality's agenda for development sustainable, so as to reduce the impact that the current model of urban mobility has on people's qualis of life.

El presente estudio de case se concentra en el proyecto de fortalecimiento de capacidades asociativas por medio de Negocios Inclusivos desarrollado par la Fundación Crecer en Paz, creada par iniciativa del Grupo Argos. Este proyecto tiene lugar en el municipio de El Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar, Colombia, en la región de Montes de María que entre marzo de 2014 y julio de 2016, desarrollo cultivos frutales de mango, frijol, ajonjolí, proyectos apícolas, arboles maderables y proyectos ganaderos, todos con comercialización asegurada, con una vinculación de 407 familias pertenecientes a la Base de la Pirámide algunas sin tierras propias. La investigación, de corte cualitativo, permitió identificar, que los Negocios Inclusivos impulsados en zonas de posconflicto, pueden aportar a la construcción de paz y mantener un vínculo de mutuo beneficio, mientras exista la suma de acciones por parte de los actores clave presentes en el territorio: campesinos, empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones estatales, liderados por una organización articuladora, esta construcción se ve representada en transformaciones en las formas de relacionamiento social, en la capacidad de trabajar asociativamente, y en la búsqueda de un desarrollo socio-económico come modelo de negocio.

Con base en el análisis de las tendencias en prácticas de reporte sobre derechos humanos de 60 empresas con operaciones en Colombia que elaboran sus informes utilizando la metodología de reporte de sostenibilidad G4 del Global Reporting lnitiative (GRI G4), este trabajo identifica las principales brechas, oportunidades de mejora y buenas prácticas al· respecto. Para contextualizar los datos encontrados, la investigación incluye un diagnóstico del estado del arte en este tipo de reporte, tanto en el plano internacional como en Colombia, y los debates actuales al respecto, así como un análisis de los riesgos de derechos humanos que presenta la operación de compañías en los 10 sectores económicos priorizados. A partir de los resultados de la investigación, se resaltan buenas prácticas y se formulan algunas recomendaciones para empresas, comunidades, grupos de interés y las organizaciones que promueven mejoras en la calidad del reporte corporativo en derechos humanos en el país.

En las tres últimas décadas se han considerado los impactos que las prácticas empresariales pueden ocasionar en los Derechos Humanos, debido al incremento de las actividades industriales y comerciales en el mundo y a los complejos contextos en los que operan las empresas. Por lo tanto, respetar los Derechos Humanos se ha convertido en un imperativo y en una parte esencial de la Responsabilidad Social de las empresas, ya que ésta contribuye en la generación de un entorno favorable que propicia las condiciones adecuadas que le permite a los individuos gozar de sus libertades y derechos fundamentales, garantizándoles a las empresas una mejor reputación y relación con sus grupos de interés. En este trabajo se presentan las estrategias de Responsabilidad Social Empresarial de las principales empresas del sector industrial lácteo colombiano, y la manera en que éstas han incidido en la generación de un entorno favorable que propicia el respeto de los Derechos Humanos y su promoción en la cadena de suministro, pese a las condiciones adversas que históricamente han afrontado los pobladores rurales en cuanto a pobreza, desigualdad de ingresos y niveles de desempleo.

Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (PREDH) –puesta en práctica del Marco de las Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”– fueron elaborados por el equipo liderado por el profesor John Ruggie, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y respaldados en la Asamblea General en el 2011. Los PREDH brindan lineamientos para que el Estado proteja los DD. HH., para que la Empresa los respete y para que ambos reparen a las víctimas por las vulneraciones causadas. Forman parte de un conjunto de directrices sobre los Derechos Humanos que incluyen además el Pacto Global, las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales y los Principios Voluntarios de Seguridad y DD. HH, las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo y la Carta Universal de los Derechos Humanos y sus documentos conexos, entre otros. Con el propósito de analizar y estudiar los avances y retos de las multinacionales en la implementación de los PREDH, se seleccionaron organizaciones que vienen adelantando buenas prácticas en la materia y se estudiaron diferentes fuentes, como información documental de centros de pensamiento e informes corporativos de estas empresas, que permitieron comparar, analizar, concluir y realizar algunas recomendaciones en espera de fomentar una mejor apreciación de la problemática en la comunidad académica y empresarial y estimular investigaciones sobre la realidad de la implementación. La gran mayoría de las multinacionales están en una etapa temprana en la implementación de los lineamientos establecidos en los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. Las juntas directivas y la alta dirección se involucran en la validación y el desarrollo del compromiso político, los ejercicios de diligencia debida deberán ser perfeccionados y comunicados en mayor detalle, como el trabajo continuo que deberá hacerse para facilitar el acceso y la divulgación de los canales de remediación, pues quizá este es el elemento más desalentador. Con este panorama, son pocas las multinacionales que empiezan a comunicar al público los resultados de la implementación de la guía, situación que facilitaría afianzar lazos y generar conocimiento con los grupos de interés. Así entonces vale la pena mencionar que a pesar del impulso que han tomado varias multinacionales en el respeto a los DD. HH. y la implementación de la guía, las expectativas eran mayores en cuanto al número de líderes y a la exhaustividad de la información pública. Este pobre avance podría o no impulsar la elaboración de un tratado jurídicamente vinculante para las empresas transnacionales que las “obligaría” a respetar los DD. HH., instrumento sobre el cual se viene dialogando desde el 2014 y que ha generado polarización en el seno de la Comisión de los DD. HH. Países como EE. UU. y algunos de la Unión Europea han votado en contra de la creación del tratado por creerlo innecesariamente restrictivo. Por el momento, la discusión continúa y luego del Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (2017), se declaró que el instrumento buscaría complementar los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y no generar rivalidades. No obstante, es de esperarse que más multinacionales integren buenas prácticas en materia de DD. HH. en sus estrategias de responsabilidad social y que se acojan a los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. Es primordial que las empresas divulguen sus resultados y experiencias a través del marco de reporte de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, a fin de contar con mayor evidencia y profundidad de detalle en futuras investigaciones. Las plataformas y guías están disponibles para que la información sea pública, pero hay prudencia por comunicar. Es importante que las multinacionales no avancen aisladas, pues el éxito en el respeto a los DD. HH. –y por ende la reducción de vulneraciones que afecta su reputación y sus estados financieros– deberá involucrar a sus grupos de interés y empresas pares que compartan sus experiencias.

Manifiesto a partir del cual varios vecinos del Estado Soberano de Santander se manifiestan en contra del fraude electoral que tuvo lugar en la región en 1884. A lo largo del impreso, que conserva la ortografía de la época, se adjuntan varios documentos en los que además de dar cuenta de cómo se presentó el fraude, solicitan a las autoridades que tomen las medidas necesarias para solucionar las afectaciones que causó el incidente.

Informe a partir del cual José Rodrigo Borda intenta reivindicar el honor de su familia, luego de que el ministro residente de Estados Unidos en Colombia, Allan A. Burton, hiciera correr el rumor de que la familia Borda había introducido billetes falsos en el país. A lo largo del documento, que conserva la ortografía de la época, Borda demuestra que Burton se niega a reivindicar el buen nombre de su familia, a pesar de los múltiples intentos y peticiones que se le han hecho, incluso valiéndose de la colaboración de reconocidos políticos colombianos, entre ellos Manuel Murillo Toro, Juan Agustín Uricochea y Carlos Holguín.

Informe general de la economía departamental de Guainía, Vichada, Vaupés, Guaviare y Putumayo para el año 2012. A lo largo del documento se mencionan variaciones en los índices de desempleo, exportaciones e importaciones, actividades financieras, construcción de infraestructura y sacrificio de ganado con respecto al año anterior.

Los temas abordados en este informe aluden a la recuperación y crecimiento de la economía colombiana en relación con las economías latinoamericanas para el 2002; la recuperación del sector financiero; el cumplimiento de la meta de déficit fiscal negociada con el Fondo Monetario Internacional (FMI); los acuerdos monetarios alcanzados a través del referendo en el 2002 y la orientación de la política monetaria hacia la meta de inflación. Se incluye una serie de tablas y balances a diciembre 31 de 2002, en los que se da cuenta de los niveles de inversión extranjera a nivel sectorial, así como de los nuevos acuerdos de inversión pactados durante el periodo.

Informe general de la economía departamental de Amazonas para el año 2009. A lo largo del documento se mencionan variaciones en los índices de desempleo, exportaciones e importaciones, actividades financieras, construcción de infraestructura y sacrificio de ganado con respecto al año anterior.