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Se encontraron 8967 resultados en recursos

Por: Manuel Alberto Restrepo-Medina | Fecha: 13/03/2010

El presente artículo, al emplear como método las categorías del análisis económico del derecho, busca identificar las causas que impidieron que con la normatividad anterior (Ley 333 de 1996) se produjeran los resultados esperados en la administración de los bienes incautados, para que éstos fueran productivos y generadores de empleo, y propone algunas soluciones para los problemas que no fueron completamente atendidos por el nuevo marco regulatorio (leyes 785 y 793 de 2002), con el fin de propiciar los ajustes institucionales y legales que faciliten el cumplimiento del objetivo primeramente señalado.

Fuente: Universidad del Rosario - Estudios Socio-Jurídicos Formatos de contenido: Artículos

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Por: Victor Alberto Quinche-Ramírez | Fecha: 13/03/2010

Este texto propone una reconstrucción de la noción del sistema jurídico en H.L.A. Hart, a partir de una lectura de los términos lenguaje y uso del lenguaje, que el autor emplea aquí y que lo remiten a una tradición específica angloamericana. Se reconstruyen, de acuerdo con esto, los bloques temáticos en que puede leerse el texto de Hart. Se plantea, además, que una lectura de las condiciones de trasfondo del problema del lenguaje puede dirigir los temas precisos de la discusión a un ámbito previo de legitimación, en el que tienen su origen y en lo que puede plantearse una estrategia de lectura. La tesis radica en que el ámbito previo es el de la decisión acerca de las relaciones entre derecho moral, que llevan como consecuencia la construcción de un modelo de sociedad que se adapta a la teoría. Si esto es cierto, la necesidad de legitimar racionalmente el discurso puede ser leída desde el punto de vista justificatorio y fundamentador de una teoría de la argumentación.

Fuente: Universidad del Rosario - Estudios Socio-Jurídicos Formatos de contenido: Artículos

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Por: Juan Pablo Galeano-Rey | Fecha: 14/03/2010

El estudio busca la aproximación al desarrollo del concepto política victima! para el caso del consumo y producción de los alimentos transgénicos en Colombia. Evidencia la posible articulación de propuestas de solución desde las legislaciones penal, ambiental, y comercial, pero por encima de todo desde la Constitucional. Se explora el abordaje del paradigma del riesgo, presupuesto éste que cambia las condiciones de tratamiento de problemas y que evidencian un complejo desenvolvimiento regulatorio.

Fuente: Universidad del Rosario - Estudios Socio-Jurídicos Formatos de contenido: Artículos

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Por: Rodrigo Naranjo-Galves | Fecha: 14/03/2010

Este artículo examina en qué medida la ubicación de las contralorías (entidades de fiscalización superior) en la macroorganización estatal colombiana y su diseño institucional afectan su eficacia. El marco teórico del trabajo está constituida por la teoría de las instituciones (North) y la teoría de las macroorganizaciones (Matus) y, a partir de él y del examen de las interrelaciones concretas en que intervienen las contralorías dentro de la organización estatal, se identifican fallas en el diseño institucional de las mismas, relativas a su independencia y a la efectividad de la evaluación de gestión y resultados.

Fuente: Universidad del Rosario - Estudios Socio-Jurídicos Formatos de contenido: Artículos

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Por: Juan Manuel Urueta-Rojas | Fecha: 14/03/2010

El artículo primero de la Constitución Política de 1991 concibe a la República de Colombia como un Estado de derecho con la categoría de social. Ese postulado, conocido en el constitucionalismo foráneo como cláusula de Estado social, lejos de ser un concepto en blanco carente de sustantividad, hoy en día es una noción polisémica en la cual se reúnen dos perspectivas para orientar el fin del derecho y del Estado. Una dimensión cualitativa que suele tratar la categoría de lo social a través del tema de las políticas estatales de carácter asistencial, y una dimensión cualitativa en la que se analiza la cuestión social desde la perspectiva del denominado Estado constitucional democrático.Ahora bien, al ser consciente de la importancia del tema tratado, este ensayo tiene como objeto delimitar la noción de la dimensión cuantitativa, mostrando cuáles son los fines que persigue la misma, así como sus mecanismos de concreción. Todo bajo el entendido de que el Estado social de derecho cuantitativo no es sólo un cúmulo de políticas asistencialistas, sino un mandato dirigido a todas las ramas del poder público para que éstas, en armónica colaboración, hagan posible la materialización de los derechos fundamentales, velen por la protección de la persona humana y limiten las desventajas sociales a través de la definición de la naturaleza del régimen político y económico del Estado.

Fuente: Universidad del Rosario - Estudios Socio-Jurídicos Formatos de contenido: Artículos

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Por: Antonio Bueno-Armijo | Fecha: 14/03/2010

Este artículo da una mirada al derecho administrativo sancionador en España. Parte de diferenciar entre derecho penal y derecho administrativo sancionador. De igual forma, distingue entre sanción e infracción administrativa. También hace un estudio detenido sobre los principios constitucionales que hacen parte de la potestad sancionatoria administrativa, enumerando entre ellos los de legalidad, tipicidad, de defensa, igualdad, non bis in idem, etc. De igual forma, nos introduce en la organización sancionatoria española haciendo énfasis en las competencias de investigación e inspección, y concluye con el funcionamiento de la Unión Europea en esta materia.

Fuente: Universidad del Rosario - Estudios Socio-Jurídicos Formatos de contenido: Artículos

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Por: Francisco Bernate-Ochoa | Fecha: 14/03/2010

La construcción del delito como método lógico no debe entenderse como algo independiente del modelo de Estado en el cual se construye. El sistema penal, sin importar la escuela dogmática que se acoja, estará siempre condicionado por el modelo de Estado que definirá las pautas y los parámetros del delito.

Fuente: Universidad del Rosario - Estudios Socio-Jurídicos Formatos de contenido: Artículos

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Por: Erick Rincón-Cárdenas | Fecha: 14/03/2010

El fin del contrato de garantía es asegurar al acreedor el cumplimiento de las obligaciones que a su cargo tiene el deudor, para tal efecto encontramos que las garantías pueden revestir dos tipos personales o patrimoniales. Si bien en algunos casos tendremos un contrato accesorio, en otros existirá unidad entre la obligación principal y su respaldo, como por ejemplo: el leasing y el reporto. De igual forma, como todo contrato o negocio jurídico los contratos accesorios requieren para su formación de los mismos elementos de los contratos principales. De otra parte, el acreedor busca que su respaldo, garantía, pueda ser ejecutado sin demoras y con la mayor brevedad posible; no obstante, el ordenamiento jurídico protege al deudor asegurándose que todo trámite deba hacerse con observancia del debido proceso, desprendiéndose de éste el derecho de defensa; en efecto, cualquier pacto que pretenda obviar los trámites procesales pertinentes será ineficaz.

Fuente: Universidad del Rosario - Estudios Socio-Jurídicos Formatos de contenido: Artículos

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Por: Miguel Alejandro Malagón-Pinzón | Fecha: 14/03/2010

Este escrito muestra los requisitos que debían cumplir los aspirantes que iban a ingresar a la carrera administrativa en la época de la Colonia. La Corona fue exigente al momento de seleccionar los candidatos que iban a ocupar las plazas vacantes en la burocracia real. Se exigió a los pretendientes que tuvieran una edad determinada, que fueran de religión católica, que no fueran extranjeros, que pertenecieran a determinado estatus social, que fueran solteros, etc.

Fuente: Universidad del Rosario - Estudios Socio-Jurídicos Formatos de contenido: Artículos

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Por: Eddy Alexandra Villamizar-Schiller | Fecha: 14/03/2010

En la opinión pública, el tema de la contratación esta tal ha generado amplios cuestionamientos desde el punto de vista del manejo de los recursos gubernativos que evidencian el área de la contratación pública como sensible a la corrupción. Esta preocupación ha genera do la implementación de diversos mecanismos jurídicos que pretenden evitar estas prácticas; entre ellos, la acción popular se erige como medio de protección de los derechos colectivos, uno de los cuales es la moralidad pública. No obstante, la incorporación de este instrumento procesal presenta varios interrogantes jurídicos en su aplicación práctica, que van desde la posible lesión a los derechos de los contratistas hasta las dificultades que debe afrontar el juez al precisar y delimitar la moralidad en los contratos estatales como derecho colectivo objeto de tutela. El presente artículo constituye una revisión bibliográfica del tema, y encuentra que el referido derecho colectivo es una concreción más de los tradicionales principios éticos del derecho administrativo, como son el «interés general» y el «bien común», y las dificultades que han venido enfrentando ante las prácticas individua les y lesivas para la comunidad. El derecho colectivo a la moralidad administrativa, se erige como otro capítulo del derecho administrativo en defensa de los derechos humanos y los intereses de la comunidad, en la gestión de los recursos públicos.

Fuente: Universidad del Rosario - Estudios Socio-Jurídicos Formatos de contenido: Artículos

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