Por:
Eddy Alexandra Villamizar-Schiller
|
Fecha:
14/03/2010
En la opinión pública, el tema de la contratación esta tal ha generado amplios cuestionamientos desde el punto de vista del manejo de los recursos gubernativos que evidencian el área de la contratación pública como sensible a la corrupción. Esta preocupación ha genera do la implementación de diversos mecanismos jurídicos que pretenden evitar estas prácticas; entre ellos, la acción popular se erige como medio de protección de los derechos colectivos, uno de los cuales es la moralidad pública. No obstante, la incorporación de este instrumento procesal presenta varios interrogantes jurídicos en su aplicación práctica, que van desde la posible lesión a los derechos de los contratistas hasta las dificultades que debe afrontar el juez al precisar y delimitar la moralidad en los contratos estatales como derecho colectivo objeto de tutela. El presente artículo constituye una revisión bibliográfica del tema, y encuentra que el referido derecho colectivo es una concreción más de los tradicionales principios éticos del derecho administrativo, como son el «interés general» y el «bien común», y las dificultades que han venido enfrentando ante las prácticas individua les y lesivas para la comunidad. El derecho colectivo a la moralidad administrativa, se erige como otro capítulo del derecho administrativo en defensa de los derechos humanos y los intereses de la comunidad, en la gestión de los recursos públicos.
Fuente:
Universidad del Rosario - Estudios Socio-Jurídicos
Formatos de contenido:
Artículos
