Bovine neosporosis is a parasitic disease with worldwide distribution that causes important economic losses. Because of the limited information on the occurrence of Neospora caninum infection in Colombia, this study aimed to determine the seroprevalence and identify the risk factors associated with this infection in cattle in Antioquia, which is the largest milk-producing state in the country. We collected 1,038 blood samples from Holstein, Jersey and crossbred cows from 31 farms. An epidemiologic questionnaire was given to all the owners. A commercial ELISA kit was used as the diagnostic technique. The occurrence of anti-N. caninum antibodies was determined to be 28.3% (294/1038), and 100% of the screened farms were positive, indicating that all the properties had at least one positive animal. The seropositivity within each farm ranged from 5.5% to 50%. A multivariable logistic regression model identified the following as significant risk factors: history of abortion (OR=5.33, p<0.001), replacement with cattle purchased outside the farm (OR=1.54, p<0.05), age (OR=1.7, p<0.01) and poor hygienic practices associated with manual milking (OR=1.69, p<0.01). The latter two factors suggest that horizontal transmission is an important route of infection. This study is the first to report the seroprevalence of and risk factors for N. caninum infection in Antioquia and allows us to conclude that N. caninum is widely distributed in this region. Resumen:La neosporosis bovina es una enfermedad parasitaria con amplia distribución mundial que causa importantes pérdidad económicas. Debido a la limitada información de la ocurrencia de infección de Neospora caninum en Colombia, este estudio tiene por objetivo determinar la seroprevalencia e identificar los factores dee riesgo asociados a esta infección en bovinos de leche de Antioquia, el cual es el mayor productor de leche del país. Fueeon colectadas 1.038 muestras de sangre en vacas Holstein, Jersey y razas cruzadas en 31 propiedades. Un cuestionario epidemiológico fue realizado a cada propietario. Un kit comercial de ELISA fue usado como técnica diagnóstica. La ocurrencia de anticuerpos anti-Neospora caninum fue de 28.3% (294/1038), y 100% de las propiedades fueron positivas, indicando que todas tenían por lo menos un animal positivo. El rango de seropositividad entre las granjas varió ente 5.5% a 50%.Un modelo de regresión logística multivariada identificó los siguientes factores de riesgo : historia de aborto (OR=5.33, p<0.001), reemplazo con animales comprados en otras granjas (OR=1.54, p<0.05), edad (OR=1.7, p<0.01) y las pobres condiciones higiénicas asociadas al ordeño manual OR=1.69, p<0.01). Los últimos dos factores de riesgo sugieren que la transmisión horizontal es una importante ruta de infección. Este estudio es el primer reporte de seroprevalencia y factores de riesgo para Neospora caninum en Antioquia, permitiendo concluir la amplia distribución de este agente en la región.

En este texto presentamos una nueva alternativa que se desprende por completo del derecho penal y regula el aborto únicamente a través de leyes sanitarias. A este modelo le llamamos despenalización total y regulación sanitaria. Nuestro objetivo es mostrar que la despenalización total, entendida como la eliminación del delito de aborto de los códigos penales, es posible y puede coexistir con una regulación basada en la salud pública, orientada a garantizar el acceso a los servicios de aborto. Para esto, presentaremos tres casos de estudio de países y estados federales que han regulado el aborto exclusivamente mediante leyes sanitarias y, por lo tanto, han prescindido de cualquier tipo de criminalización en contra de mujeres o profesionales de la salud que accedan o practiquen un aborto, respectivamente. Los tres lugares que estudiamos en este texto son: i) Canadá, que despenalizó el aborto en 1988 mediante la decisión R. vs. Morgentaler; ii) El Territorio Capital de Australia (TCA), en Australia, que eliminó el delito de aborto del Código Penal mediante una enmienda legal en 2002; y iii) El Estado de Nueva York, en Estados Unidos, donde se eliminó el delito de los códigos federales mediante el Reproductive Health Act de 2019. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/descriminalizar-para-proteger-modelos-alternativos-de-regulacion-del-aborto-despenalizacion-total-y-regulacion-sanitaria-en-canada-australia-y-nueva-york/

Dado que el enfoque de las ciencias sociales hacia los temas de drogas y consumos problemáticos ha evolucionado y han aparecido varias investigaciones acerca de estos en las ciencias naturales, la perspectiva social y legal sobre las personas que usan drogas también se ha encaminado a tener un entendimiento más amplio de los consumos problemáticos. Ya no se ve a una persona que usa drogas como una criminal que debe ser judicializada y castigada sino como una persona marginalizada que necesita tratamiento, seguimiento y educación para reducir los riesgos del uso de drogas (es decir, la “reducción del daño”). Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/introduccion-al-modelo-de-accion-judicial-para-defender-a-personas-usuarias-de-drogas/

En este artículo realizamos un análisis sistemático de la normativa sobre búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada en El Salvador y Colombia, al igual que sobre la participación de las familias víctimas en estos procesos. Al estudiar ambos cuerpos normativos —en consonancia con los instrumentos de derecho internacional aplicables y los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas de la ONU—, encontramos diferencias tanto en la consagración de los derechos a la búsqueda y a la participación como en su contenidos y alcances. En dos contextos distintos, uno de hiperinflación normativa (Colombia) y otro de ausencia de regulación explícita (El Salvador), la consecuencia parece seguir siendo la misma: las víctimas siguen esperando que se busque a sus seres queridos. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/la-busqueda-y-la-participacion-en-los-casos-de-desaparicion-forzada-marco-legal-en-colombia-y-el-salvador/

El presente documento resume los avances en la discusión sobre alternativas al encarcelamiento para delitos menores de drogas en las Américas, presenta algunas razones por las que resulta urgente implementar esta clase de medidas en la región y discute la pertinencia de algunas de las alternativas implementadas. Finalmente concluye con unas recomendaciones a los Estados para avanzar en la adopción de alternativas al encarcelamiento respetuosas de los derechos humanos, que sean eficaces para reducir el hacinamiento carcelario y proteger la seguridad y la salud públicas. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/mitigando-la-adiccion-punitiva-alternativas-al-encarcelamiento-para-delitos-de-drogas/

Este documento presenta las deliberaciones del tribunal que se llevaron a cabo el 3 de octubre de 2013, cuando se reunió la tercera Sala Penal del Tribunal de Casación, compuesta por la presidenta Souheir Haraki y los jueces auxiliares Ghassan Fawaz y Nahida Khaddaj, para examinar el recurso de casación presentado ante el registro de dicho tribunal en el Caso No. 293/2013. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/sentencia-sobre-el-reconocimiento-del-principio-de-tratamiento-en-lugar-de-judicializacion-en-los-casos-en-contra-de-usuarios-de-drogas-en-el-libano/

En agosto de 2016, Educar Consumidores, una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la implementación de políticas saludables en el país, lanzó un comercial televisado y emitido también en varias emisoras radiales, en el cual se mostraba la cantidad de azúcar de varias bebidas azucaradas. El comercial fue demandado por Postobón S.A., una compañía de bebidas azucaradas colombiana, por supuesta “publicidad engañosa”. En decisión del 7 de septiembre de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad colombiana encargada de vigilar el cumplimiento de los derechos de los consumidores, emitió la Resolución 59.176 ordenando a Educar retirar el comercial de todos los medios en los que circulaba, incluyendo internet. Además, le ordenó “remitir a la Superintendencia de Industria y Comercio toda pieza publicitaria relacionada con el consumo de bebidas azucaradas […] antes de su emisión para que se lleve un control preventivo sobre la información”. Frente a la Resolución 59.176 se presentaron dos tutelas, las cuales fueron seleccionadas por la Corte Constitucional para su revisión y reunidas en un solo expediente. Por medio de la sentencia Sentencia T-543 de 2017, la Corte Constitucional estudió los dos procesos y falló de fondo sobre lo solicitado. Sobre la decisión que tomó la Corte se puede resaltar que: Es la primera vez que la Corte Constitucional de Colombia se pronuncia a favor del derecho de los consumidores a recibir información sobre los efectos que tienen las bebidas azucaradas en su salud. La Corte advierte a la SIC que no puede hacer control previo de la información de salud pública en ningún otro caso, y reitera los criterios que deben cumplirse en los casos en los que se pretenda limitar la libertad de expresión. La Corte recordó que la libertad de expresión no solo comprende el derecho a expresar el propio pensamiento, sino también el derecho de buscar, recibir, acceder y difundir información. Es decir, reconoce que es un derecho de “doble vía”. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/resumen-ejecutivo-sentencia-t-543-de-2017/

En agosto de 2016, Educar Consumidores, una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la implementación de políticas saludables en el país, lanzó un comercial televisado y emitido también en varias emisoras radiales, en el cual se mostraba la cantidad de azúcar de varias bebidas azucaradas. El comercial fue demandado por Postobón S.A., una compañía de bebidas azucaradas colombiana, por supuesta “publicidad engañosa”. En decisión del 7 de septiembre de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad colombiana encargada de vigilar el cumplimiento de los derechos de los consumidores, emitió la Resolución 59.176 ordenando a Educar retirar el comercial de todos los medios en los que circulaba, incluyendo internet. Además, le ordenó “remitir a la Superintendencia de Industria y Comercio toda pieza publicitaria relacionada con el consumo de bebidas azucaradas […] antes de su emisión para que se lleve un control preventivo sobre la información”. Frente a la Resolución 59.176 se presentaron dos tutelas, las cuales fueron seleccionadas por la Corte Constitucional para su revisión y reunidas en un solo expediente. Por medio de la sentencia Sentencia T-543 de 2017, la Corte Constitucional estudió los dos procesos y falló de fondo sobre lo solicitado. Sobre la decisión que tomó la Corte se puede resaltar que: Es la primera vez que la Corte Constitucional de Colombia se pronuncia a favor del derecho de los consumidores a recibir información sobre los efectos que tienen las bebidas azucaradas en su salud. La Corte advierte a la SIC que no puede hacer control previo de la información de salud pública en ningún otro caso, y reitera los criterios que deben cumplirse en los casos en los que se pretenda limitar la libertad de expresión. La Corte recordó que la libertad de expresión no solo comprende el derecho a expresar el propio pensamiento, sino también el derecho de buscar, recibir, acceder y difundir información. Es decir, reconoce que es un derecho de “doble vía”. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/resumen-ejecutivo-sentencia-t-543-de-2017/

Artículo que relata parte de la historia del río Amazonas y sus afluentes, las etnias indígenas que conviven con el río y el entorno de algunas zonas aledañas a este en Perú, Colombia y Brasil.

Este artículo trata de siete prácticas que los pueblos indígenas preservan en relación con el río Amazonas a propósito del agua, los rituales, la medicina tradicional, el conocimiento chamánico y el bosque.