Tanto la sanción administrativa como la pena son ciertamente la concretización del ius puniendi en cabeza del Estado; mas ello no permite afirmar que el derecho administrativo sancionador sea una prolongación o derivación del derecho penal. Muy probablemente, la teoría según la cual el derecho administrativo sancionador proviene, conceptual, histórica y prácticamente, de un “derecho penal administrativo” ha sido en gran medida causa de malos entendidos epistemológicos, axiológicos y metodológicos. En realidad, debe considerarse algo más simple: la sanción administrativa es una manifestación, en el ámbito del derecho administrativo, de la potestad sancionadora reservada a las autoridades estatales. Por su parte, la pena es una clarísima manifestación de esa misma potestad sancionadora, pero que solo puede verse materializada en el ámbito del derecho penal. Así, mientras la sanción administrativa y la pena puedan distinguirse, el derecho administrativo sancionador y el derecho penal constituirán disciplinas y regímenes diferentes.

Del mismo modo en que ciertas actividades de la administración escaparon del objeto del derecho administrativo, la figura jurídica de la caducidad resolvió también huir de los fundamentos de esa disciplina. En Colombia, la idea de una caducidad llamada a consolidar en el tiempo las situaciones jurídicas de interés público fue gestada al mismo tiempo en que el fenómeno preclusivo se construía sobre unas bases que lo alejaban de ella. En el derecho administrativo colombiano, la caducidad se comporta en dos formas distintas y completamente opuestas, y es a partir de esa dualidad que se confirma que la caducidad dejó de estar llamada a regular las relaciones de derecho público de la administración. El objetivo de esta investigación no es solo el de probar la afirmación categórica que se incorpora a su título principal, sino además el de mostrar por qué la huida de la caducidad se produjo en la forma que se indica.