En el año de 1988 Colombia sufrió algunas de las masacres más atroces y recordadas: Honduras y La Negra, Mejor Esquina, Coquitos, Segovia… De 19 masacres registradas en 1987, se pasó a 64 en ese 1988. En medio de este mar de sangre se hundió en el olvido la masacre de mineros de la vereda El Topacio del municipio de San Rafael, Antioquia, ocurrida en junio del mismo año. En dicha vereda un grupo de hombres armados que vestían prendas camufla-das llevó a cabo la masacre de 14 mineros. El 20 de junio se hallaron partes de los cuerpos desmembrados, las cuales fueron trasladadas en un helicóptero de la Gobernación de Antioquia para ser deposi-tadas en varios ataúdes en el cementerio de San Rafael, hecho que es recordado con horror por sus habitantes.En este informe se da cuenta del modo en que esta masacre se in-scribe en el exterminio de la Unión Patriótica, en la estigmatización de los habitantes de las veredas del cañón del río Nare como aux-iliadores de las FARC y en la descripción de los procesos penal y contencioso administrativo contra algunos miembros del Ejército en este hecho. También se consideran las pérdidas y daños sufridos, así como las diversas formas de resistencia contra el olvido y lucha contra la impunidad.Descripción tomada de: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2016/memorias-de-una-masacre-olvidada

En una operacion coordinada entre las Fuerzas Militares y la Policia Nacional con el proposito de garantizar la seguridad y la proteccion de la poblacion civil murio en desarrollo de operaciones militares alias Tuerto Lucho cabecilla del frente A

Durante su visita de este sabado a La Hormiga Putumayo el Jefe de Estado pidio a los asistentes al evento darse el abrazo de la paz

La definicion del proyecto de ley que plantea mecanismos y disposiciones para la financiacion sostenible de la educacion universitaria en Colombia y el debate politico sobre la masacre de Tumaco registrada en octubre pasado son los temas mas sobresalient

El 3 de noviembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos en adelante la Corte o este Tribunal dicto una Sentencia mediante la cual declaro la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por la desaparicion forzada de 14 person

El grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación presenta una extensa investigación de una de las masacres en las que el estado colombiano se ha visto involucrado. El 18 de enero de 1989 en la vereda La Rochela, municipio de Simacota, corazón del Magdalena Medio santandereano, fueron asesinados doce de quince miembros de una comisión judicial que investigaba una serie de homicidios y desapariciones ocurridos en los municipios de Simacota, Cimitarra y Puerto Parra, cometidos presuntamente por una alianza de narcotraficantes, paramilitares y agentes de la fuerza pública. Por este hecho, el Estado colombiano fue condenado casi veinte años después, en mayo de 2007, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, pero al igual que el caso de la masacre de Trujillo, y tantos otros, se trata de un proceso inconcluso en los estrados judiciales colombianos, cuyos episodios se relacionan en la memoria histórica que se propone en este Informe.

El grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) investiga los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2002, cuando aproximadamente 80 personas murieron (entre ellos 48 menores) luego de que guerrilleros de las FARC lanzaran un cilindro bomba, durante un enfrentamiento con paramilitares de las AUC, contra la iglesia de Bellavista (casco urbano del municipio de Bojayá) en donde la población se refugiaba. La masacre ocasionó el desplazamiento de 5.771 personas a Quibdó. Este hecho representa un hito en la larga cadena de violencia que ha vivido Colombia, a la vez que es un punto culmen de la degradación del conflicto armado que aún padecen las comunidades afrodescendientes e indígenas del medio Atrato y del departamento de Chocó. Esta acción violenta evidenció la violación de todas las normas del Derecho Internacional Humanitario por parte de los grupos armados, así como las fallas del Estado colombiano en su obligación de velar por la integridad de esta comunidad.

En La Masacre de la Bahía de Portete, el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación presenta un informe sobre los actos violentos cometidos por grupos paramilitares en esta región de la Alta Guajira. El documento resalta la crueldad de los violentos retratada en el asesinato de 6 personas, entre las que se encontraban 4 mujeres pertenecientes al pueblo Wayuu. Las imágenes más comunes asociadas a la implicación de las mujeres en la guerra son las de mujeres abusadas sexualmente, o las de mujeres enroladas con los actores armados como combatientes. Una y otra, sin lugar a dudas, son ciertas. Sin embargo, éste es sólo un punto de partida para empezar a conocer y comprender las variadas formas de vinculación y afectación, desde una perspectiva de género, en el escenario del conflicto armado interno. Lo sucedido en Bahía Portete nos pone frente a múltiples tipos de relación entre mujeres y guerra: el de las mujeres amenazadas y perseguidas por sus roles de liderazgo en sus comunidades; el de las mujeres como víctimas que lloran y sufren, y que ven, algunas con resignación y otras desafiantes, cómo se rastocan sus vidas; las mujeres que resisten, protestan y se organizan contra la guerra; así como las mujeres, enroladas de manera directa o indirecta en las filas paramilitares.

El resultado: toda una población desplazada y 12 víctimas (entre secuestros, tortura, desaparición forzada y homicidio en persona protegida). Mientras los asistentes seguían llegando al Parque, los familiares de las víctimas se reunieron en el segundo piso de la antigua Cooperativa Cooagrosarare para participar de un espacio dedicado al acompañamiento psicosocial liderado por la psicóloga del CNMH, Ana Lorena González. Allí, aprovecharon para afirmar que lo más importante para ellos es que se reconozca, no solo la dignidad de sus seres queridos fallecidos, sino de toda la comunidad que tuvo que desplazarse. “Se murieron los líderes y con ellos las costumbres de toda una comunidad”, dijeron. Hacia las 9 am, los familiares, vestidos ahora con camiseta blanca y la frase “Recordando unidos. Por la vida y para la paz”, salieron al parque para reunirse con las personas que venían a acompañarlos. Kalia Ronderos, investigadora del CNMH, dio la bienvenida a todos los asistentes y afirmó que este evento era un homenaje por la memoria de las personas que perdieron la vida, pero que hoy son símbolo de resistencia y fuerza para toda una comunidad. Seguidamente, Carolina Restrepo, investigadora del CNMH y relatora del informe “Recordar para reparar. Las masacres de Matal de Flor Amarillo y Corocito en Arauca”, agradeció a los familiares de las víctimas por haberle abierto las puertas de sus vidas y permitirles tener ese nivel de acercamiento. Asimismo, comentó que este acto y la entrega del informe eran un aporte en el proceso de reparación y dignificación de las víctimas de Corocito y Matal de Flor Amarillo, reconocidas en el fallo de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá contra José Rubén Peña Tobón, Wilmer Morelo Castro y José Manuel Hernández Calderas, exintegrantes del BVA de las Autodefensas Unidas de Colombia. Debido a ello, y luego de cerca de 2 años de una investigación juiciosa, el CNMH hacía presencia de nuevo en la vereda para realizar este acto de reparación y hacer entrega del informe, el cual, explicó, es una forma para recordar lo ocurrido y dignificar la memoria de las víctimas, pues ninguna de ellas merecía la suerte que les tocó. Carlos Mejía, también relator del informe, procedió a hacer lectura en voz alta de cada uno de los perfiles biográficos de las víctimas fatales de la masacre de Corocito, todos ellos contenidos en el informe: Los hermanos Gonzalo y Pedro González Romero, Gregorio Rojas Cárdenas, José Elías Motavita Arévalo, Onésimo Leonel Tonocolia Macualo y Santos Yimmy Contreras Ramírez. Al finalizar la lectura, una a una de las familias de las víctimas pasaron al frente para recibir, de manos de los investigadores del CNMH, la fotografía de su ser querido, una ofrenda floral que representaba su arraigo con el campo y ejemplares del informe “Recordar para reparar”. Posteriormente, y luego de una sentida oración de uno de los familiares, uno a uno de los asistentes se apropió de la tarima; cantantes, poetas y grupos de joropo fueron pasando al frente para rendir un homenaje y acompañar a las familias. El Alcalde de Tame, Octavio Pérez Hernández, aprovechó también el momento para recalcar la importancia que tiene el no perder la memoria de los hechos tristes y reconocer que, por omisión del Estado, se llegó a ellos. “Los araucanos son gente capaz de sobreponerse a las dificultades”, dijo. Para finalizar, Carolina Restrepo invitó a todos los asistentes a sembrar una palma de Corozo en el parque, como símbolo de una comunidad que vuelve a unirse y a recuperar sus costumbres. Explicó que este lugar se va a convertir en el futuro lugar de memoria de la vereda y se va a llamar Parque Representativo de la Paz de El Macaguán, un espacio que será dedicado a la memoria de los fallecidos en ausencia de sus cuerpos. Al terminar, todos se dirigieron a la discoteca para pasar un rato agradable en comunidad y comer ternera a la llanera con sancocho.

90 años de las bananeras. La masacre olvidada. El abandono del monumento que conmemora ese acontecimiento simboliza la incapacidad de Colombia de narrar y entender su propia historia. Reportaje. ¿Por qué los escritores colombianos (casi) no venden?. Historia. Las cartillas pedagógicas de las Farc.