La doctrina del margen de apreciación y su nula recepción en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
este estudio busca ejemplificar y explicar el rechazo a la recepción de la doctrina del margen de apreciación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se sostiene que esta figura en su entendimiento más estricto, esto es, la inhibición del control internacional respecto de la calificación de elementos fácticos y/o normativos relevantes para determinar el cumplimiento estatal de las obligaciones internacionales, no ha sido aceptada en el sistema de control contencioso interamericano. Esta decisión de alejarse de la doctrina desarrollada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene bases normativas y de eficacia de la protección.
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La dudosa competencia del Consejo de Seguridad para adoptar algunas medidas decididas a partir de 1990
Desde el comienzo de la década de 1990, el Consejo de Seguridad ha multiplicado su actividad cuantitativa y cualitativamente. No todas las acciones emprendidas desde entonces parecen acomodarse a las competencias atribuidas por la Carta en su Capítulo VII aunque el Consejo lo utilice como fundamento formal. El estudio de algunas decisiones controvertidas subraya el comportamiento del Consejo, excediéndose del ámbito competencial atribuido por la Carta y la ausencia de contrapesos institucionales que permitan controlar la validez de este órgano principal de las Naciones Unidas.
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La evaluación del impacto ambiental en el esperado acuerdo para la gobernanza de la biodiversidad marina fuera de la jurisdicción nacional y su previsible aplicación a las tecnologías para la obtención de energía renovable marina
La evaluación del impacto ambiental (EIA) es uno de los elementos esenciales del esperado instrumento internacional jurídicamente vinculante relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, que actualmente se encuentra en proceso de negociación. Teniendo en cuenta que las tecnologías para la consecución de energía renovable marina (ERM) se están desarrollando en espacios cada vez más alejados de la costa y que su desarrollo puede tener impactos medioambientales negativos en estos ecosistemas, este estudio analiza la regulación de la EIA en el esperado acuerdo, su previsible aplicación a la ERM, así como propone posibles sugerencias para fortalecer la protección medioambiental.
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L’affaire des Immunités Juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie): La Cour Internationale de Justice à contre-sens de l’évolution du Droit International
Cet article vise à évaluer l’affaire des Immunités juridictionnelles de l’État devant la Cour internationale de justice. Compte tenu de la position adoptée par la majorité des membres de la Cour, le présent article vise à porter un oeil critique sur les arguments qui tendent à considérer qu’il existe un conflit entre l’immunité étatique et les règles de jus cogens, en argumentant que la distinction entre les règles de procédure et de fond s’avère être artificielle et formaliste. En outre, l’immunité de l’Etat revêt un caractère relatif lorsque sont en jeu de graves violations des Droits de l’Homme et du Droit International Humanitaire ayant le statut de règles de jus cogens. Il est nécessaire d’effectuer une lecture progressiste de la pratique étatique dans le domaine des immunités étatiques, compte tenu de l’évolution actuelle du Droit International et de l’apparition des individus en tant que sujets de Droit International.
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La garantía de los DESCA a través del dialogo judicial y arbitral
El escrito muestra, en primer lugar, la importancia de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. En segundo lugar, refleja que en la actualidad estos no se encuentran protegidos del todo, en especial en el ámbito del derecho internacional de inversiones. De esta forma los laudos producto de las disputas entre Estados e inversores pueden afectar la instrumentalización de los derechos sociales, ya que restringirían de manera drástica potestades al Estado. En consecuencia, se hace necesario que los árbitros se sometan a los derechos humanos. Para ello, en el Max Planck de derecho público comparado y de derecho internacional se ha desarrollado una teoría conocida como el ius constitutionale commune en América Latina, que permitiría someter a los árbitros no solo a los derechos de las personas, sino que también podría tener en cuenta las decisiones de los tribunales encargados de proteger los derechos humanos v.gr. la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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La “guerra” en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humano
¿De qué manera los órganos del sistema interamericano de derechos humanos han hecho frente a la noción de “guerra”, concepto que ha ido cambiando con el tiempo, siendo la expresión utilizada hoy la de “conflicto armado”, ya sea interno o internacional? Esta pregunta se halla a la base del análisis desarrollado en la primera parte de este artículo, demostrando que el continente americano ha sido objeto de conflictos de todo tipo. La heterogeneidad de situaciones (conflictos armados, tensiones internas, terrorismo de Estado) ha engendrado una variedad de calificaciones jurídicas que tanto la Comisión como la Corte interamericanas han identificado con detalle en su jurisprudencia. Esta operación de conceptualización es aún más trascendente por su implicación para el Derecho Internacional aplicable a los conflictos armados. A través de este estudio, resurge el eterno debate de la relación entre dos ramas clave del Derecho internacional: la del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la del Derecho Internacional Humanitario. La segunda parte del análisis tiene por objeto explorar, pues, si el ius in bello ha encontrado su sitio en la jurisprudencia de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos. En fin, los cambios que han acompañado buena parte de la historia política del continente americano demuestran igualmente la importancia de tener en cuenta el régimen aplicable a los estados de excepción, muy presente en el trabajo de la Corte y la Comisión Interamericanas.
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La historia del Derecho Internacional Privado en China y sus fuentes
El Derecho Internacional chino tiene una historia larga, pues su primera disposición data del Código Mingli de la Dinastía Ming. A pesar de sus tempranos comienzos, el Derecho Internacional Privado comenzó a desarrollarse verdaderamente desde la década de los años 1980. Esta rama del derecho está constituida en China por las normas de conflictos de leyes, las normas de conflictos de jurisdicción, y el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.A pesar de las diferentes opiniones sobre el mejor tipo de codificación entre una codificación completa o de cada materia, la más reciente ley china de derecho internacional, del 28 de octubre de 2010, codificó únicamente las normas de conflictos de leyes. Esta ley representa un progreso importante en el desarrollo del Derecho Internacional Privado en China a pesar de que algunas de sus disposiciones hayan sido muy criticadas.
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La identificación de la expropiación indirecta: el análisis de los criterios de privación de la propiedad y del tiempo utilizados en la práctica arbitral reciente
El alto nivel de litigiosidad entre inversionistas y Estados receptores de inversión corresponden en buena medida a problemas por la expropiación de los segundos sobre activos de los primeros. Cuando se trata de expropiaciones de carácter indirecto, la complicada tarea de los tribunales arbitrales consiste en distinguir si la medida estatal objetada corresponde o no a una legítima acción del Estado anfitrión para proteger sus intereses públicos. La UNCTAD y la OECD han esgrimido varios criterios de identificación de una expropiación indirecta y, de ellos, el criterio de la privación sustancial del inversor de la propiedad o del control de la inversión y la duración de la medida, por lo que nos preguntamos si estos han sido aplicados o no por la práctica arbitral en fechas recientes. Luego del análisis de 15 laudos arbitrales dictados en distintos años del periodo 2010-2019, llegamos a la conclusión que mayoritariamente sí se aplican (especialmente los de la UNCTAD), aunque no siempre se mencionan. A ello, se agrega el análisis por parte de los tribunales arbitrales de laudos arbitrales precedentes y el estudio de la doctrina especializada. Asimismo, debido a la tendencia mostrada en los más recientes tratados de inversión de incorporar estos criterios (en su articulado o como anexo), consideramos que los próximos años serán muy decisivos en la práctica arbitral ante el eventual escrutinio que los tribunales arbitrales realizarán de la actuación de los inversionistas y los propios Estados, en aplicación de estas fuentes convencionales.
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La Impugnación de la Competencia en Asuntos Contenciosos ante la Corte Internacional de Justicia
en el presente artículo se describen y analizan las modalidades procesales a las que puede recurrir un Estado parte en un litigio contencioso ante la Corte Internacional de Justicia que está interesado en bloquear el conocimiento del caso por la Corte. Se explican las diferentes instituciones procesales relativas a la impugnación de la jurisdicción, la forma como el tema se relaciona con la figura de las medidas provisionales de protección y la manera como la Corte le da trámite a dicha impugnación. El análisis de estos aspectos se hace con fundamento en las disposiciones del Estatuto y del Reglamento de la Corte, así como en la abundante jurisprudencia de la Corte en materia procesal.
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La obligación de no prestar ayuda o asistencia al mantenimiento de una situación creada por la violación de una norma imperativa de derecho internacional general
En aras de impedir el fortalecimiento de las autoridades de hecho establecidas sobre un territorio como consecuencia de un uso ilícito de la fuerza y/o en contra del derecho de los pueblos a la autodeterminación, el derecho internacional impone unas obligaciones a los terceros Estados. Los tratados que se concluyen con las autoridades de hecho establecidas sobre los territorios portan sobre temas que los intervinientes deben garantizar el interés de las poblaciones sometidas a su jurisdicción. A falta de esto, esos Estados deben esperar a que las relaciones convencionales establecidas sean objeto de críticas y sean eventualmente denunciadas por los tribunales, tanto nacionales como internacionales. La misma preocupación está en el origen de la distinción que el derecho internacional establece entre los diferentes actos emanados de autoridades de hecho que administran dichos territorios. No conllevarán la nulidad de los actos administrativos que ellas profieran para preservar los derechos civiles de personas que xx su jurisdicción, ni aquellos que permiten a la población concernida deben beneficiar de las ventajas de la cooperación internacional. Distinción difícil de establecer y de poner en práctica.
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