Los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos en línea: su problemática en el derecho internacional privado
Resumen: El futuro del comercio electrónico depende en gran parte del desarrollo de mecanismos extrajudiciales para la solución de conflictos adaptados a la dinámica de internet (ODR), que sean capaces de brindar seguridad y confianza a consumidores y comerciantes por igual. Lo cierto es que a la fecha no existe una normativa internacional consensuada para la solución de controversias transfronterizas relativas al comercio electrónico entre empresas y consumidores. Lo anterior, trae como resultado una serie de dificultades a nivel global que definitivamente impactan al Derecho Internacional Privado. La finalidad de este artículo es precisamente poner de manifiesto la problemática que enfrentan en la actualidad los ODR, al momento de resolver conflictos derivados del comercio digital y plantear, con una visión diferente –más atrevida y postmodernista-, algunas ideas de como deberían ser abordadas dichas dificultades.
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Los diferentes mecanismos de compensación en la protección jurídica del medio ambiente: un desafío para la epistemología jurídica
La compensación es una herramienta de adaptación entre intereses diversos. Con relación al medio ambiente, existe una variedad de mecanismos que aplican de distintas formas la técnica de la compensación. Dicho de otra forma, diferentes situaciones jurídicas aplican la compensación como un mecanismo para solucionar un diferendo, puede darse bajo la perspectiva de la indemnización, como en el caso “Trail Smelter”, así como en la Comisión de Compensación de Naciones Unidas; para reglamentar un daño futuro, siendo una compensación ex ante facto, como en el caso de la Convenció Ramsar; por vías jurídicas que incitan al comportamiento privado a través del uso de ciertas herramientas del mercado, como mecanismos de desarrollo propio, o en el ámbito del derecho internacional, la compensación de la biodiversidad francesa, la “mitigation banking” estadounidense, la “Servidão Ambiental” Brasilera, y la ecocompensación china, entre otras. El desafío epistemológico se presenta como consecuencia de la variedad de fuentes, de la variedad de actores así como del campo de acción en el marco jurídico medioambiental, exigiendo una ampliación de la visión del derecho estatal. También se trata de integrar una interpretación sistémica para una interrelación entre los sistemas jurídicos, ecológicos y económicosconcernidos. Es imposible acudir a algunas las herramientas como el pluralismojurídico, la teoría de los sistemas y el análisis económico del derecho ambiental. Los conceptos de corregulación y autorregulación pueden ser útiles en la ampliación que se requiere. Entre otras, es necesario establecer límites para que haya un equilibrio entre la puesta en funcionamiento de los intereses ecológicos y los económicos. Estos límites los da el derecho por la vía de la interpretación sistémica, por el Estado y por el fortalecimiento dela responsabilidad de las entidades privadas. El análisis presenta, en primer lugar, las características de la compensación en los instrumentos económicos y jurídicos; en segundo lugar, se comprueba como el pluralismo jurídico, la interpretación sistémica, el análisis económico y los conceptos de corregulación y autorregulación pueden ser útiles para la mirada epistemológica de la compensación, así como para su análisis jurídico.
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Los derechos de los inversores extranjeros sobre la tierra según los tratados de protección de inversiones: una visión desde Latinoamérica
En los últimos diez años, la inversión extranjera en agricultura se ha incrementado notablemente en Latinoamérica. Inversores extranjeros tanto privados como estatales están interesados en la producción agrícola, ya sea por el beneficio esperado o para asegurarse el abastecimiento de alimentos. Este aumento de la inversión puede ser positivo para los países de la región. No obstante, para realizar esta determinación, es necesario comprender, entre otros, los efectos legales de estos flujos de inversión. Este trabajo sostiene que los derechos de propiedad que adquieren los inversores extranjeros sobre la tierra y los emprendimientos agrícolas pueden ser diferentes de los derechos de los inversores nacionales Esto se debe a los tratados para la protección de inversión extranjera. El fortalecimiento de losderechos de los inversores extranjeros afecta la relación de estos inversorescon los Estados receptores. Este artículo analiza los efectos de losderechos de los inversores extranjeros en relación con cinco categorías deiniciativas estatales. Concretamente, 1) el derecho a exportar la produccióno al precio de exportación frente a medidas comerciales y tributarias; 2) elderecho a continuar el proyecto frente a cambios dentro del paradigma regulatorio;3) el derecho a continuar el proyecto frente a cambios de políticao nuevas preferencias sociales; 4) el derecho a recibir una compensaciónmayor frente a reformas agrarias o programas de reparación histórica;5) el derecho a mantener su plan de negocios frente a una crisis alimentaria.
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Límites a la exoneración de responsabilidad en el derecho internacional: la selección y priorización de casos en la jurisdicción nacional
Mucho se ha discutido sobre las herramientas jurídicas con las cuales cuenta un Estado para asumir un proceso de justicia transicional. Tradicionalmente, la literatura ha estado discutiendo el contenido de los estándares de “verdad, justicia y reparación”. No obstante, se le ha dedicado muy poca atención a las fuentes normativas que pueden limitar o permitir la exoneración parcial de responsabilidad en los procesos de justicia transicional. Esta exoneración puede ser parte de una política de selección y priorización de casos, lo cual puede estar vinculado a la concesión de amnistías o indultos parciales. El objetivo de este artículo es estudiar tres marcos regulatorios del derecho internacional: 1) el derecho internacional de los derechos humanos; 2) el derecho internacional humanitario; y 3) el derecho penal internacional. Un estudio cuidadoso demuestra que ningún instrumento internacional requiere que un Estado investigue o juzgue la totalidad de los casos relacionados con el conflicto. A grandes rasgos, el derecho internacional impide que se promulguen amnistías absolutas, pero permite que el Estado seleccione y priorice casos, sin castigar la exoneración parcial de responsabilidad de un grupo de involucrados.
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Ley de libre determinación moderna y la 'cuarta opción': Ley internacional y de Estados Unidos
Conforme a las resoluciones de la ONU 1514 y 1541 (1960), usualmente se discuten solo tres formas de autodeterminación de los pueblos: la independencia, la integración y la libre asociación. En 1970, la Resolución 2625 amplió ese lenguaje, añadiendo una cuarta vía: “La adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo”. La Resolución 2625 y resoluciones posteriores plantean un marco de libertad de petición y negociación que no limita la búsqueda de soluciones razonables y realistas a las aspiraciones legítimas de progreso político, cultural y económico de un pueblo.La monografía también discute estas normas desde la perspectiva del Derecho Constitucional de los Estados Unidos, concluyendo que ese corpus jurisprudencial también reconoce y permite diversas formas de organización política “soberana” más allá de los estados de la Unión, pueblos o jurisdicciones con diversos grados de autonomía, desde las tribus o naciones indias, hasta los Estados libres asociados, consistentes con el espíritu y letra de la Resolución 2625 y su progenie.
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L’exécution des décisions des juridictions internationales des droits de l’homme: vers une harmonisation des systèmes régionau
Este artículo, que compara el régimen de ejecución de las sentencias de las cortes regionales de derechos humanos, demuestra que el enfoque estuvo concebido inicialmente de manera muy distinta. Al modelo judicial de ejecución de sentencias (modelo interamericano) se opone el modelo europeo de tipo político. Este estudio revela que la evolución, ya realizada a nivel europeo y apenas en gestación a nivel del continente latinoamericano, debería operar hacia un acercamiento en favor de un régimen mixto (cambiando el enfoque judicial con el político) y pluriinstitucional, asociando varios órganos, tanto a nivel regional como nacional. Frente a las resistencias semejantes de los Estados en cuanto a la ejecución de las sentencias (de naturaleza técnica y/o política), la respuesta única dada hasta hoy por todos los modelos ha sido de tipo no coercitivo
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Les mesures d’éloignement et le droit à la vie privée et familiale des étrangers en Europe
La regulación de los flujos migratorios en Europa produce una tensión constante entre el ejercicio soberano del control fronterizo y el deber estatal de respeto a los derechos humanos. En este sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos ha desarrollado una jurisprudencia que trata de restablecer el equilibrio entre el respeto a la vida privada y familiar de los extranjeros y la legitimidad de las medidas de alejamiento dictadas por los Estados. Este artículo de reflexión estudia la aplicación del artículo 8 de la Convención Europea de los Derechos Humanos: “Derecho al respecto de la vida privada y familiar”, teniendo en cuenta el llamado margen naciona lde apreciación de los Estados y el análisis de la proporcionalidad, en la jurisprudencia de la Corte. Acto seguido, esta reflexión muestra la evolución jurisprudencial en la materia, para finalizar con un balance entre la efectividaddel artículo 8 de la Convención, habida cuenta del endurecimiento de las condiciones y garantías dadas a la población extranjera en Europa y de la adaptación de las legislaciones nacionales a los mandatos de la Corte.
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Las obras de arte del Estado y su inmunidad
En los últimos tiempos, la tecnología ha tenido por efecto empequeñecer el mundo en todos los sentidos. Así, ahora no solo las distancias se recorren en menos tiempo, sino además tenemos ocasión de contemplar museos ‘satélites’ del Museo Hermitage de San Petersburgo en Málaga o Ámsterdam, por ejemplo, o colecciones prestadas por museos a otros para que disfrutemos con ellas en el otro lado del mundo de donde habitualmente se exponen. Con ocasión de estos préstamos y la aplicación de nuevas tecnologías a la difusión de sus obras de arte, se han producido reclamaciones de piezas de quienes se consideran sus legítimos propietarios. Cuando el cedente o propietario de la obra es un museo estatal, nos encontramos con el muro infranqueable de las inmunidades del Estado prestador en el territorio del foro, en su doble vertiente: de jurisdicción y de ejecución. La inmunidad de los préstamos de obras de arte es tan solo una aplicación práctica de estas inmunidades conocidas, cuyo alcance depende de la legislación interna del Estado en el que tiene lugar el procedimiento judicial o aquel en el que solicita la ejecución. Los Estados, para evitarlo, suelen celebrar acuerdos bilaterales que les permiten garantizar el retorno de las colecciones que prestan. Ello evidencia el difícil equilibrio entre las inmunidades del Estado y el derecho a la propiedad individual y el derecho a la tutela judicial efectiva; o entre el interés colectivo —la cooperación cultural— y el individual —la recuperación del bien—.
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Las garantías procesales de las víctimas en la normatividad de la Unión Europea
Este artículo proporciona una reflexión de las garantías procesales de las víctimas en la Unión Europea, teniendo en cuenta el punto de vista de los actores y la forma en que los Estados y la Unión han influido en su normatividad, que se considera una de las más protectoras y salvaguardas de la Unión Europea. Desde una perspectiva interpretativa, con base en los acontecimientos y la profunda participación, veremos como esta normatividad ha demostrado un avance importante en el interés de proteger y garantizar el derecho a la verdad y la justicia de quienes han sufrido o experimentado las consecuencias de los delitos.
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La responsabilité de protéger: Mauvaises querelles et vraies questions
El principio de responsabilidad que lleva a que todo Estado proteja su población en el interior de sus fronteras contra crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio o limpieza étnica fue admitido y reconocido en el documento final adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en la conferencia mundial del año 2005. A partir de esa fecha, la noción de responsabilidad de proteger es objeto de un profundo trabajo de reflexión en el seno de las Naciones Unidas, aprovechando que tiene un amplio apoyo de la comunidad internacional, aunque también tiene sus detractores. La presente contribución tiene por objeto mostrar, independientemente del proceso de intención hechos al concepto, las preguntas y dificultades que su aplicación puede acarrear en las diferentes fases de su ejecución por parte del Estado al que le corresponde en primer lugar; o a la comunidad internacional que asume esa responsabilidad, a modo subsidiario, en caso de imposibilidad o de falta de voluntad del Estado hacia el cumplimientode esta obligación. Precisar los diferentes medios y condiciones que conlleva la noción de responsabilidad de proteger. Hoy en día se ha vuelto apremiante en la medida en que hechos como los de Libia han hecho que sea necesario pasar de la teoría a la práctica en lo relativo a este concepto.
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