Luchas campesinas y reforma agraria: memorias de un dirigente de la ANUC en la Costa Caribe
La publicación de Las memorias del dirigente de la ANUC de Jesús María Pérez hace parte del proyecto de recuperación de la voz de las víctimas del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Las sabanas de Sucre y Córdoba, los Montes de María y los playones y ciénagas de la Mojana han sido por más de cuarenta años, el escenario por excelencia de las luchas campesinas en Colombia.
En estas regiones de la costa Caribe, el movimiento campesino, bajo el liderazgo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (anuc) ha buscado materializar su célebre consigna de los años 70: La tierra pa´l que la trabaja. Es decir, lograr que al fin haya una parcela propia para los campesinos y que al hacerla productiva les genere mejores condiciones de vida.
Con su libro, Jesús María Pérez Ortega nos invita a pensar en las huellas siempre reactivadas del movimiento campesino, cuyos hitos no se pueden reducir a la lucha por la tierra, sino que se extienden a las concepciones y a las decisiones políticas que gravitan alrededor de las acciones reivindicativas. Tal como lo recalca el autor, la importancia del movimiento campesino radica sobre todo en los golpes que este le propina a la vetusta estructura de la tenencia de la tierra y a la vieja clase de gamonales y terratenientes. Golpes que desafortunadamente no son irreversibles, como lo han mostrado también dos décadas de paramilitarismo y confrontación armada en la región.
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Bojayá: la guerra sin límites
El grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) investiga los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2002, cuando aproximadamente 80 personas murieron (entre ellos 48 menores) luego de que guerrilleros de las FARC lanzaran un cilindro bomba, durante un enfrentamiento con paramilitares de las AUC, contra la iglesia de Bellavista (casco urbano del municipio de Bojayá) en donde la población se refugiaba. La masacre ocasionó el desplazamiento de 5.771 personas a Quibdó.
Este hecho representa un hito en la larga cadena de violencia que ha vivido Colombia, a la vez que es un punto culmen de la degradación del conflicto armado que aún padecen las comunidades afrodescendientes e indígenas del medio Atrato y del departamento de Chocó. Esta acción violenta evidenció la violación de todas las normas del Derecho Internacional Humanitario por parte de los grupos armados, así como las fallas del Estado colombiano en su obligación de velar por la integridad de esta comunidad.
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La Rochela: memorias de un crimen contra la justicia
El grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación presenta una extensa investigación de una de las masacres en las que el estado colombiano se ha visto involucrado. El 18 de enero de 1989 en la vereda La Rochela, municipio de Simacota, corazón del Magdalena Medio santandereano, fueron asesinados doce de quince miembros de una comisión judicial que investigaba una serie de homicidios y desapariciones ocurridos en los municipios de Simacota, Cimitarra y Puerto Parra, cometidos presuntamente por una alianza de narcotraficantes, paramilitares y agentes de la fuerza pública.
Por este hecho, el Estado colombiano fue condenado casi veinte años después, en mayo de 2007, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, pero al igual que el caso de la masacre de Trujillo, y tantos otros, se trata de un proceso inconcluso en los estrados judiciales colombianos, cuyos episodios se relacionan en la memoria histórica que se propone en este Informe.
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La masacre de Bahía Portete: mujeres wayuu en la mira
En La Masacre de la Bahía de Portete, el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación presenta un informe sobre los actos violentos cometidos por grupos paramilitares en esta región de la Alta Guajira. El documento resalta la crueldad de los violentos retratada en el asesinato de 6 personas, entre las que se encontraban 4 mujeres pertenecientes al pueblo Wayuu.
Las imágenes más comunes asociadas a la implicación de las mujeres en la guerra son las de mujeres abusadas sexualmente, o las de mujeres enroladas con los actores armados como combatientes. Una y otra, sin lugar a dudas, son ciertas. Sin embargo, éste es sólo un punto de partida para empezar a conocer y comprender las variadas formas de vinculación y afectación, desde una perspectiva de género, en el escenario del conflicto armado interno. Lo sucedido en Bahía Portete nos pone frente a múltiples tipos de relación entre mujeres y guerra: el de las mujeres amenazadas y perseguidas por sus roles de liderazgo en sus comunidades; el de las mujeres como víctimas que lloran y sufren, y que ven, algunas con resignación y otras desafiantes, cómo se rastocan sus vidas; las mujeres que resisten, protestan y se organizan contra la guerra; así como las mujeres, enroladas de manera directa o indirecta en las filas paramilitares.
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La tierra en disputa. Memorias del despojo y resistencias campesinas en la Costa Caribe: 1960-2010
El grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación brinda una mirada al problema agrario en la costa Caribe colombiana. Este informe recoge las memorias de despojo de tierras y resistencias campesinas en los departamentos de Córdoba, Sucre y en los Montes de María. Asimismo, analiza los procesos organizativos del campesinado y la memoria institucional de políticas agrarias en la región, con particular énfasis en el papel de las mujeres como víctimas y a la vez líderes.
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Mujeres que hacen historia: Tierra, cuerpo y política en el Caribe colombiano
Este libro reconstruye la trayectoria de cuatro mujeres que hilan sentidos de vida luego de afrontar el asesinato de seres queridos o la violencia ejercida por ‘manos amigas’ o por integrantes de grupos armados sobre sus propios cuerpos. Son mujeres, madres, esposas o hijas que, luego de vivir hechos traumáticos, vencen las huellas del sinsentido que deja el ejercicio de una violencia arbitraria practicada por miembros de organizaciones armadas.
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San Carlos
Este texto reconstruye la historia de los acontecimientos violentos sucedidos en el municipio de San Carlos, Antioquia, entre los últimos años del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. A comienzos del siglo XXI, San Carlos era un pueblo fantasma. Cerca de tres décadas de asedio, terror y muerte produjeron un éxodo casi total de los 25.000 habitantes del municipio. Víctimas de todos, sus pobladores padecieron de manera sucesiva o simultánea la presencia destructora y asesina de guerrillas, paramilitares y hasta de miembros de la fuerza pública, que actuaban a veces con pasiva complicidad, y en otras con no disimulada intervención del lado de fuerzas contrainsurgentes.
San Carlos representa el drama continuo de cientos de localidades del país convertidas por los actores armados en zonas de disputa, o territorios de guerra. En la historia de San Carlos se perfilan los diferentes momentos del conflicto social y armado nacional: el dinamismo del movimiento social de los años ochenta y la apertura política en ciernes; la instrumentalización del conflicto social por parte de las guerrillas; el arribo de los paramilitares para contrarrestar a los insurgentes y neutralizar toda iniciativa de acción colectiva; y finalmente, para cerrar el ciclo, la connivencia de las autoridades con grupos paramilitares que se decían portavoces del orden.
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La masacre de El Tigre: 9 de enero de 1999: reconstrucción de la memoria histórica en el Valle del Guamuéz, Putumayo
Se retratan los eventos de la noche del 9 de enero de 1999, en que aproximadamente 150 paramilitares del Bloque Sur Putumayo, unidad adscrita al Bloque Central Bolívar—BCB— de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), irrumpieron en la zona urbana de la Inspección de Policía El Tigre, en el Bajo Putumayo (Valle del Guamuéz), en donde asesinaron a 28 personas, quemaron casas, motocicletas y vehículos. La estigmatización como “pueblo guerrillero”, soportó este accionar violento, convirtiendo a sus pobladores en objetivos militares.
La represión y violencia directa contra esta población no terminó con la masacre, sino que se intensificó durante el período 2001-2006, cuando este mismo bloque paramilitar estableció en la mayoría de las zonas urbanas del Bajo Putumayo (Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, La Hormiga, La Dorada) un control territorial permanente, ejerciendo un dominio social, económico y político en esta región. Así, la masacre y posterior ocupación paramilitar de la zona, generaron diversos daños y pérdidas que no sólo afectaron la economía de los habitantes del poblado, sino que modificaron sustancialmente la vida de campesinos, afrocolombianos e indígenas que habitan el sector.
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El orden desarmado. La resistencia de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC)
Se mueve en dos dimensiones: de un lado resalta la resistencia de la organización y la memoria de sus formas de enfrentar la violencia. Para ello se muestran los fundamentos originarios del rechazo a la violencia, las fases de la organización campesina y las diversas expresiones de resistencia y de uso de la memoria. De otro lado, el informe sigue los parámetros de los elaborados anteriormente por el Grupo de Memoria Histórica al contemplar aspectos relacionados con el proceso de victimización, la acción de la justicia y el proceso apenas inicial de reparación colectiva.
A diferencia de los otros informes publicados por el Grupo de Memoria Histórica, no se trataba de hacer memoria de un episodio inédito y anteriormente contado de manera fragmentaria, sino de reconstruir un proceso y la historia de una organización enfrentada en su transcurrir a diversas modalidades de violencia. Esa perspectiva de hacer memoria, no de un episodio sino de un proceso, hizo que la reconstrucción de la memoria histórica de la zona del Carare necesitara de un análisis sistemático y detallado, de los conflictos y violencias vividos en la zona, en una amplia temporalidad que abarcara los años comprendidos entre 1965 y 2010. Este recurso metodológico redimensionó la importancia de la asociación y las fases de su experimento y aprendizaje en la búsqueda de autonomía frente a los actores armados.
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La Huella Invisible. Desplazamiento forzado en Comuna 13
El Grupo de Memoria Histórica plantea un recorrido por los problemas de exclusión y violencia que ha generado la precaria presencia del Estado y sus instituciones en dicho territorio, y por el proceso de configuración de un escenario conflictivo, inducido, explotado o aprovechado por múltiples actores armados. El poblamiento de la Comuna 13, un conjunto de 19 barrios anclados en las montañas del centro occidente de Medellín, es el resultado combinado de procesos migratorios conocidos en otras regiones del país, pero también de la relegación social y económica, y muy especialmente del desplazamiento forzoso que ha provocado la guerra en las últimas décadas.
En un territorio tan densamente poblado resulta pues casi imposible para los lugareños sustraerse primero al control, y luego a los enfrentamientos. Como se muestra en este informe, los habitantes de la Comuna 13 han engrosado efectivamente las filas del actor de turno, pero también han sido víctimas, dolientes, y en proporciones significativas, esa misma población joven, ha resistido. La abrumadora y circular presencia de los actores de la guerra, y la permanente militarización y vigilancia de otra parte, han terminado por imponer una visión cruda y resignada de esos dominios. El informe sobre la Comuna 13 es no sólo un diagnóstico, sino también un reclamo profundo de movilización ciudadana para que se levanten los estigmas, se proteja con vigor a las comunidades amenazadas y se creen las condiciones de reinvención de la esperanza.
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