Centro Nacional de Memoria Histórica
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Creada el:
- 15 de Julio de 2019
Encuesta Nacional
Esta encuesta, realizada con el apoyo de la Unidad de Víctimas, Fundación Social, la Universidad de los Andes; el acompañamiento técnico y financiero de OIM y USAID, y el Centro de Memoria Histórica, es la evaluación social de la Ley 975 de 2005 ó Justicia y Paz.
Diferentes sectores de la población urbana colaboraron para obtener respuestas a preguntas como ¿Cuál es el impacto de la Ley de Justicia y Paz? Y ¿Cómo percibe su legado la sociedad colombiana? Los encuestados fueron seleccionados desde grupos de expertos, víctimas organizadas y ciudadanos del común.
Los resultados presentados ofrecen un panorama del camino que la sociedad colombiana ha recorrido con la Ley de Justicia y Paz, al tiempo que contribuyen con sugerencias sobre las falencias y la gestión colectiva que le falta a nuestra sociedad para terminar el conflicto armado y hacer justicia para las víctimas.
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Mujeres que hacen historia: Tierra, cuerpo y política en el Caribe colombiano
Este libro reconstruye la trayectoria de cuatro mujeres que hilan sentidos de vida luego de afrontar el asesinato de seres queridos o la violencia ejercida por ‘manos amigas’ o por integrantes de grupos armados sobre sus propios cuerpos. Son mujeres, madres, esposas o hijas que, luego de vivir hechos traumáticos, vencen las huellas del sinsentido que deja el ejercicio de una violencia arbitraria practicada por miembros de organizaciones armadas.
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San Carlos
Este texto reconstruye la historia de los acontecimientos violentos sucedidos en el municipio de San Carlos, Antioquia, entre los últimos años del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. A comienzos del siglo XXI, San Carlos era un pueblo fantasma. Cerca de tres décadas de asedio, terror y muerte produjeron un éxodo casi total de los 25.000 habitantes del municipio. Víctimas de todos, sus pobladores padecieron de manera sucesiva o simultánea la presencia destructora y asesina de guerrillas, paramilitares y hasta de miembros de la fuerza pública, que actuaban a veces con pasiva complicidad, y en otras con no disimulada intervención del lado de fuerzas contrainsurgentes.
San Carlos representa el drama continuo de cientos de localidades del país convertidas por los actores armados en zonas de disputa, o territorios de guerra. En la historia de San Carlos se perfilan los diferentes momentos del conflicto social y armado nacional: el dinamismo del movimiento social de los años ochenta y la apertura política en ciernes; la instrumentalización del conflicto social por parte de las guerrillas; el arribo de los paramilitares para contrarrestar a los insurgentes y neutralizar toda iniciativa de acción colectiva; y finalmente, para cerrar el ciclo, la connivencia de las autoridades con grupos paramilitares que se decían portavoces del orden.
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La masacre de El Tigre: 9 de enero de 1999: reconstrucción de la memoria histórica en el Valle del Guamuéz, Putumayo
Se retratan los eventos de la noche del 9 de enero de 1999, en que aproximadamente 150 paramilitares del Bloque Sur Putumayo, unidad adscrita al Bloque Central Bolívar—BCB— de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), irrumpieron en la zona urbana de la Inspección de Policía El Tigre, en el Bajo Putumayo (Valle del Guamuéz), en donde asesinaron a 28 personas, quemaron casas, motocicletas y vehículos. La estigmatización como “pueblo guerrillero”, soportó este accionar violento, convirtiendo a sus pobladores en objetivos militares.
La represión y violencia directa contra esta población no terminó con la masacre, sino que se intensificó durante el período 2001-2006, cuando este mismo bloque paramilitar estableció en la mayoría de las zonas urbanas del Bajo Putumayo (Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, La Hormiga, La Dorada) un control territorial permanente, ejerciendo un dominio social, económico y político en esta región. Así, la masacre y posterior ocupación paramilitar de la zona, generaron diversos daños y pérdidas que no sólo afectaron la economía de los habitantes del poblado, sino que modificaron sustancialmente la vida de campesinos, afrocolombianos e indígenas que habitan el sector.
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La masacre de El Tigre: 9 de enero de 1999: reconstrucción de la memoria histórica en el Valle del Guamuéz, Putumayo
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El orden desarmado. La resistencia de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC)
Se mueve en dos dimensiones: de un lado resalta la resistencia de la organización y la memoria de sus formas de enfrentar la violencia. Para ello se muestran los fundamentos originarios del rechazo a la violencia, las fases de la organización campesina y las diversas expresiones de resistencia y de uso de la memoria. De otro lado, el informe sigue los parámetros de los elaborados anteriormente por el Grupo de Memoria Histórica al contemplar aspectos relacionados con el proceso de victimización, la acción de la justicia y el proceso apenas inicial de reparación colectiva.
A diferencia de los otros informes publicados por el Grupo de Memoria Histórica, no se trataba de hacer memoria de un episodio inédito y anteriormente contado de manera fragmentaria, sino de reconstruir un proceso y la historia de una organización enfrentada en su transcurrir a diversas modalidades de violencia. Esa perspectiva de hacer memoria, no de un episodio sino de un proceso, hizo que la reconstrucción de la memoria histórica de la zona del Carare necesitara de un análisis sistemático y detallado, de los conflictos y violencias vividos en la zona, en una amplia temporalidad que abarcara los años comprendidos entre 1965 y 2010. Este recurso metodológico redimensionó la importancia de la asociación y las fases de su experimento y aprendizaje en la búsqueda de autonomía frente a los actores armados.
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El orden desarmado. La resistencia de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC)
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La Huella Invisible. Desplazamiento forzado en Comuna 13
El Grupo de Memoria Histórica plantea un recorrido por los problemas de exclusión y violencia que ha generado la precaria presencia del Estado y sus instituciones en dicho territorio, y por el proceso de configuración de un escenario conflictivo, inducido, explotado o aprovechado por múltiples actores armados. El poblamiento de la Comuna 13, un conjunto de 19 barrios anclados en las montañas del centro occidente de Medellín, es el resultado combinado de procesos migratorios conocidos en otras regiones del país, pero también de la relegación social y económica, y muy especialmente del desplazamiento forzoso que ha provocado la guerra en las últimas décadas.
En un territorio tan densamente poblado resulta pues casi imposible para los lugareños sustraerse primero al control, y luego a los enfrentamientos. Como se muestra en este informe, los habitantes de la Comuna 13 han engrosado efectivamente las filas del actor de turno, pero también han sido víctimas, dolientes, y en proporciones significativas, esa misma población joven, ha resistido. La abrumadora y circular presencia de los actores de la guerra, y la permanente militarización y vigilancia de otra parte, han terminado por imponer una visión cruda y resignada de esos dominios. El informe sobre la Comuna 13 es no sólo un diagnóstico, sino también un reclamo profundo de movilización ciudadana para que se levanten los estigmas, se proteja con vigor a las comunidades amenazadas y se creen las condiciones de reinvención de la esperanza.
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Mujeres y Guerra. Víctimas y Resistentes en el Caribe Colombiano
Para entender la guerra también es necesario mirar más allá del campo de batalla. Las festividades, las celebraciones religiosas o las actividades deportivas ilustran cuán importante es la cotidianidad de los pueblos como botín de guerra. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido en la Costa Caribe entre 1997 y 2005, cuando las Autodefensas Unidas de Colombia dominaron a sangre y plomo los pueblos de la zona. Algunos de sus rasgos más notorios durante este periodo de conquista fueron la violencia contra las mujeres y la reconstrucción de un nuevo orden social.
El acceso, muchas veces violento, a las mujeres más apetecidas de los pueblos y los castigos físicos diferenciados por sexo –que incluían crueles ejercicios de estigmatización pública como rapar sus cabezas, la esclavitud laboral y los trabajos forzados domésticos– se convirtieron en una estrategia tan poderosa como los propios muertos.
Sin embargo, es claro dentro de los relatos que la violencia sexual responde a condiciones históricas y no biológicas de los actores armados. Es decir, este informe se aleja del lugar común que dice que todos los hombres armados estás dispuestos a violar a las mujeres. Hay momentos específicos, dados por las condiciones sociales del momento, que hacen que algunos tengan propensión a regular la vida sexual de las mujeres.
Descripción tomada de: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2011/mujeres-y-guerra-victimas-y-resistentes-en-el-caribe-colombiano
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Mujeres y Guerra. Víctimas y Resistentes en el Caribe Colombiano
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La tierra en disputa. Memorias del despojo y resistencias campesinas en la Costa Caribe: 1960-2010
El grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación brinda una mirada al problema agrario en la costa Caribe colombiana. Este informe recoge las memorias de despojo de tierras y resistencias campesinas en los departamentos de Córdoba, Sucre y en los Montes de María. Asimismo, analiza los procesos organizativos del campesinado y la memoria institucional de políticas agrarias en la región, con particular énfasis en el papel de las mujeres como víctimas y a la vez líderes.
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La masacre de Bahía Portete: mujeres wayuu en la mira
En La Masacre de la Bahía de Portete, el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación presenta un informe sobre los actos violentos cometidos por grupos paramilitares en esta región de la Alta Guajira. El documento resalta la crueldad de los violentos retratada en el asesinato de 6 personas, entre las que se encontraban 4 mujeres pertenecientes al pueblo Wayuu.
Las imágenes más comunes asociadas a la implicación de las mujeres en la guerra son las de mujeres abusadas sexualmente, o las de mujeres enroladas con los actores armados como combatientes. Una y otra, sin lugar a dudas, son ciertas. Sin embargo, éste es sólo un punto de partida para empezar a conocer y comprender las variadas formas de vinculación y afectación, desde una perspectiva de género, en el escenario del conflicto armado interno. Lo sucedido en Bahía Portete nos pone frente a múltiples tipos de relación entre mujeres y guerra: el de las mujeres amenazadas y perseguidas por sus roles de liderazgo en sus comunidades; el de las mujeres como víctimas que lloran y sufren, y que ven, algunas con resignación y otras desafiantes, cómo se rastocan sus vidas; las mujeres que resisten, protestan y se organizan contra la guerra; así como las mujeres, enroladas de manera directa o indirecta en las filas paramilitares.
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Silenciar la democracia
Entre 1982 y 1997 en los municipios de Remedios y Segovia, Nordeste Antioqueño, ocurrieron 14 masacres y centenares de asesinatos selectivos. En este escenario de terror generalizado se ha podido documentar que al menos cuatro masacres forman parte de una escalada criminal dirigida contra activistas políticos, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Estos hechos de violencia masiva contaron con la participación directa o indirecta de miembros de la Fuerza Pública, en una típica combinación de guerra sucia y sectarismo político.
Las masacres de Remedios y Segovia son pues emblemáticas de una violencia sistemática contra disidentes políticos de amplio espectro que se extendió a lo largo de casi dos décadas por todo el país, y que tiene en el exterminio de la Unión Patriótica –UP– la más funesta y reprochable de sus expresiones. La tarea de la memoria es no sólo posible sino necesaria. De hecho, son muchas las iniciativas de memoria en curso promovidas por las víctimas o sus comunidades.
Muchas de ellas son estrategias de resistencia y confrontación, o ejercicios de reafirmación e identidad, que buscan un reconocimiento en la esfera pública. Son muchas también las víctimas que reclaman con justicia su visibilidad y la denuncia de las situaciones de coacción a las que fueron, o siguen siendo sometidas. Son muchos los hechos y las décadas de violencia que requieren ser esclarecidas por las instituciones y la sociedad en su conjunto. La memoria es un derecho de las víctimas y un deber del Estado y de la sociedad, y como derecho o como deber la tarea de la memoria es hoy en Colombia inaplazable. Este texto es un reconocimiento no sólo a los que decidieron confiarnos su palabra, sino también a aquellos, muchos, que todavía no pueden hablar.
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Silenciar la democracia