Desde las primeras asociaciones comunitarias a finales de los años sesenta, pasando por la fundación del CRIC y de AICO, por la participación en la Constituyente de 1991, y la elección del primer Gobernador Indígena, hasta llegar a las grandes marchas de la primera década del siglo XXI contra la violencia de los actores armados y del Estado, las comunidades indígenas del Cauca han luchado durante medio siglo, superando todas las adversidades, en defensa de un núcleo de principios que se sintetizan en tres demandas históricas: Unidad, Tierra y Cultura a la que se ha sumado posteriormente, Autonomía. En el desarrollo de las primeras etapas de la investigación que dio origen a esta publicación, discutimos las diversas definiciones del concepto de Resistencia, desde aproximaciones clásicas que continúan teniendo una enorme vigencia, hasta complejas interpretaciones apoyadas en estudios de caso o regionales, pasando por interpretaciones globales sobre las prácticas de la movilización social. Al final privilegiamos una lectura que incorpora varios de estos aportes y que a la vez propone una aproximación desde distintas dimensiones: políticas, económicas, jurídicas y culturales. Aproximarnos al tema desde la perspectiva de los actores, implicó también aproximarnos a las distintas “memorias” dejando de lado la opción, probablemente imposible y seguramente inútil, de tratar de construir una “memoria”. Es por eso que los lectores apreciarán en los distintos capítulos de este trabajo una pluralidad de voces, que no esconden matices ni tampoco, en ocasiones, contradicciones. Prácticamente todos los capítulos, sintetizan el trabajo de muchos años de los diferentes autores -que en algunos casos son también testigos directos de estos hechos- por lo cual varios de ellos incorporan voces recuperadas a lo largo del tiempo, lo que evidencia también, la dimensión temporal de las diversas “memorias”. Con todo, hay que destacar que esta publicación recoge, no solo el producto de las actividades desarrolladas por el grupo entre entre el año 2009 y el año 2011, sino que sintetiza en buena medida la trayectoria de los autores que en ella participan, quienes generosamente pusieron al servicio del proyecto una experiencia investigativa de años y en algunos casos de décadas. Finalmente, nuestro reconocimiento a la memoria del sociólogo Alvaro Camacho Guizado, quien fuera el coordinador del proyecto general “Memoria y Resistencia” y quien participó directamente en las distintas etapas investigación: desde el primer Taller que realizamos en la ciudad de Popayán, tres años atrás, hasta la revisión de las primeras versiones de este texto, a mediados del año pasado. Su optimismo frente a los resultados que esperábamos obtener de este proyecto nos acompañó en la fase de elaboración de la versión final de esta publicación. Su particular sentido del humor y el aroma del tabaco, me acompañan hoy al escribir estas líneas que deberían haber sido redactadas por él.

Para entender la guerra también es necesario mirar más allá del campo de batalla. Las festividades, las celebraciones religiosas o las actividades deportivas ilustran cuán importante es la cotidianidad de los pueblos como botín de guerra. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido en la Costa Caribe entre 1997 y 2005, cuando las Autodefensas Unidas de Colombia dominaron a sangre y plomo los pueblos de la zona. Algunos de sus rasgos más notorios durante este periodo de conquista fueron la violencia contra las mujeres y la reconstrucción de un nuevo orden social. El acceso, muchas veces violento, a las mujeres más apetecidas de los pueblos y los castigos físicos diferenciados por sexo –que incluían crueles ejercicios de estigmatización pública como rapar sus cabezas, la esclavitud laboral y los trabajos forzados domésticos– se convirtieron en una estrategia tan poderosa como los propios muertos. Sin embargo, es claro dentro de los relatos que la violencia sexual responde a condiciones históricas y no biológicas de los actores armados. Es decir, este informe se aleja del lugar común que dice que todos los hombres armados estás dispuestos a violar a las mujeres. Hay momentos específicos, dados por las condiciones sociales del momento, que hacen que algunos tengan propensión a regular la vida sexual de las mujeres. Descripción tomada de: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2011/mujeres-y-guerra-victimas-y-resistentes-en-el-caribe-colombiano

El Grupo de Memoria Histórica plantea un recorrido por los problemas de exclusión y violencia que ha generado la precaria presencia del Estado y sus instituciones en dicho territorio, y por el proceso de configuración de un escenario conflictivo, inducido, explotado o aprovechado por múltiples actores armados. El poblamiento de la Comuna 13, un conjunto de 19 barrios anclados en las montañas del centro occidente de Medellín, es el resultado combinado de procesos migratorios conocidos en otras regiones del país, pero también de la relegación social y económica, y muy especialmente del desplazamiento forzoso que ha provocado la guerra en las últimas décadas. En un territorio tan densamente poblado resulta pues casi imposible para los lugareños sustraerse primero al control, y luego a los enfrentamientos. Como se muestra en este informe, los habitantes de la Comuna 13 han engrosado efectivamente las filas del actor de turno, pero también han sido víctimas, dolientes, y en proporciones significativas, esa misma población joven, ha resistido. La abrumadora y circular presencia de los actores de la guerra, y la permanente militarización y vigilancia de otra parte, han terminado por imponer una visión cruda y resignada de esos dominios. El informe sobre la Comuna 13 es no sólo un diagnóstico, sino también un reclamo profundo de movilización ciudadana para que se levanten los estigmas, se proteja con vigor a las comunidades amenazadas y se creen las condiciones de reinvención de la esperanza.

Se mueve en dos dimensiones: de un lado resalta la resistencia de la organización y la memoria de sus formas de enfrentar la violencia. Para ello se muestran los fundamentos originarios del rechazo a la violencia, las fases de la organización campesina y las diversas expresiones de resistencia y de uso de la memoria. De otro lado, el informe sigue los parámetros de los elaborados anteriormente por el Grupo de Memoria Histórica al contemplar aspectos relacionados con el proceso de victimización, la acción de la justicia y el proceso apenas inicial de reparación colectiva. A diferencia de los otros informes publicados por el Grupo de Memoria Histórica, no se trataba de hacer memoria de un episodio inédito y anteriormente contado de manera fragmentaria, sino de reconstruir un proceso y la historia de una organización enfrentada en su transcurrir a diversas modalidades de violencia. Esa perspectiva de hacer memoria, no de un episodio sino de un proceso, hizo que la reconstrucción de la memoria histórica de la zona del Carare necesitara de un análisis sistemático y detallado, de los conflictos y violencias vividos en la zona, en una amplia temporalidad que abarcara los años comprendidos entre 1965 y 2010. Este recurso metodológico redimensionó la importancia de la asociación y las fases de su experimento y aprendizaje en la búsqueda de autonomía frente a los actores armados.

Se retratan los eventos de la noche del 9 de enero de 1999, en que aproximadamente 150 paramilitares del Bloque Sur Putumayo, unidad adscrita al Bloque Central Bolívar—BCB— de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), irrumpieron en la zona urbana de la Inspección de Policía El Tigre, en el Bajo Putumayo (Valle del Guamuéz), en donde asesinaron a 28 personas, quemaron casas, motocicletas y vehículos. La estigmatización como “pueblo guerrillero”, soportó este accionar violento, convirtiendo a sus pobladores en objetivos militares. La represión y violencia directa contra esta población no terminó con la masacre, sino que se intensificó durante el período 2001-2006, cuando este mismo bloque paramilitar estableció en la mayoría de las zonas urbanas del Bajo Putumayo (Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, La Hormiga, La Dorada) un control territorial permanente, ejerciendo un dominio social, económico y político en esta región. Así, la masacre y posterior ocupación paramilitar de la zona, generaron diversos daños y pérdidas que no sólo afectaron la economía de los habitantes del poblado, sino que modificaron sustancialmente la vida de campesinos, afrocolombianos e indígenas que habitan el sector.

Este texto reconstruye la historia de los acontecimientos violentos sucedidos en el municipio de San Carlos, Antioquia, entre los últimos años del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. A comienzos del siglo XXI, San Carlos era un pueblo fantasma. Cerca de tres décadas de asedio, terror y muerte produjeron un éxodo casi total de los 25.000 habitantes del municipio. Víctimas de todos, sus pobladores padecieron de manera sucesiva o simultánea la presencia destructora y asesina de guerrillas, paramilitares y hasta de miembros de la fuerza pública, que actuaban a veces con pasiva complicidad, y en otras con no disimulada intervención del lado de fuerzas contrainsurgentes. San Carlos representa el drama continuo de cientos de localidades del país convertidas por los actores armados en zonas de disputa, o territorios de guerra. En la historia de San Carlos se perfilan los diferentes momentos del conflicto social y armado nacional: el dinamismo del movimiento social de los años ochenta y la apertura política en ciernes; la instrumentalización del conflicto social por parte de las guerrillas; el arribo de los paramilitares para contrarrestar a los insurgentes y neutralizar toda iniciativa de acción colectiva; y finalmente, para cerrar el ciclo, la connivencia de las autoridades con grupos paramilitares que se decían portavoces del orden.

Este libro reconstruye la trayectoria de cuatro mujeres que hilan sentidos de vida luego de afrontar el asesinato de seres queridos o la violencia ejercida por ‘manos amigas’ o por integrantes de grupos armados sobre sus propios cuerpos. Son mujeres, madres, esposas o hijas que, luego de vivir hechos traumáticos, vencen las huellas del sinsentido que deja el ejercicio de una violencia arbitraria practicada por miembros de organizaciones armadas.

El grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación brinda una mirada al problema agrario en la costa Caribe colombiana. Este informe recoge las memorias de despojo de tierras y resistencias campesinas en los departamentos de Córdoba, Sucre y en los Montes de María. Asimismo, analiza los procesos organizativos del campesinado y la memoria institucional de políticas agrarias en la región, con particular énfasis en el papel de las mujeres como víctimas y a la vez líderes.

En La Masacre de la Bahía de Portete, el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación presenta un informe sobre los actos violentos cometidos por grupos paramilitares en esta región de la Alta Guajira. El documento resalta la crueldad de los violentos retratada en el asesinato de 6 personas, entre las que se encontraban 4 mujeres pertenecientes al pueblo Wayuu. Las imágenes más comunes asociadas a la implicación de las mujeres en la guerra son las de mujeres abusadas sexualmente, o las de mujeres enroladas con los actores armados como combatientes. Una y otra, sin lugar a dudas, son ciertas. Sin embargo, éste es sólo un punto de partida para empezar a conocer y comprender las variadas formas de vinculación y afectación, desde una perspectiva de género, en el escenario del conflicto armado interno. Lo sucedido en Bahía Portete nos pone frente a múltiples tipos de relación entre mujeres y guerra: el de las mujeres amenazadas y perseguidas por sus roles de liderazgo en sus comunidades; el de las mujeres como víctimas que lloran y sufren, y que ven, algunas con resignación y otras desafiantes, cómo se rastocan sus vidas; las mujeres que resisten, protestan y se organizan contra la guerra; así como las mujeres, enroladas de manera directa o indirecta en las filas paramilitares.

El grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación presenta una extensa investigación de una de las masacres en las que el estado colombiano se ha visto involucrado. El 18 de enero de 1989 en la vereda La Rochela, municipio de Simacota, corazón del Magdalena Medio santandereano, fueron asesinados doce de quince miembros de una comisión judicial que investigaba una serie de homicidios y desapariciones ocurridos en los municipios de Simacota, Cimitarra y Puerto Parra, cometidos presuntamente por una alianza de narcotraficantes, paramilitares y agentes de la fuerza pública. Por este hecho, el Estado colombiano fue condenado casi veinte años después, en mayo de 2007, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, pero al igual que el caso de la masacre de Trujillo, y tantos otros, se trata de un proceso inconcluso en los estrados judiciales colombianos, cuyos episodios se relacionan en la memoria histórica que se propone en este Informe.