NEW-GRAL

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011, creó en Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y le atribuyó, entre otras, la función de diseñar e implementar un archivo de derechos humanos y de conflicto armado. Vale destacar que esa decisión del legislador se abrió espacio en la citada ley luego de intensos debates que pusieron de presente la importancia de los archivos en un eventual proceso transicional, y su carácter de esenciales en la realización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto y de la sociedad en general. Este reto llevó al CNMH, a través de la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos, entre otras labores, a un exhaustivo trabajo orientado al diseño y construcción de una política pública de archivos de graves violaciones a los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario, memoria histórica y conflicto armado. Un tema hasta entonces inédito en el país, ausente de la legislación sobre archivos que rife la institucionalidad pública que, elaborada a parir del desconocimiento de la existencia y vigencia de un conflicto armado interno, no incluía disposición alguna relacionada con los archivos sobre violaciones a los Derechos Humanos. Este documento es el resultado preliminar de un proceso de participación de instituciones públicas, víctimas del conflicto y las organizaciones que las representan, académicos y expertos nacionales e internacionales, en la ruta de construcción de la mencionada política pública. Se trata de un conjunto de insumos sobre los que se está construyendo un marco legislativo que respete los principios y normas archivísticos, y que tengo los estándares de Derechos Humanos como guía para su aplicación, y así permitir tanto la reconstrucción de la memoria histórica como la lucha contra la impunidad. Cómo citar: Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Archivos de graves violaciones a los DD.HH., infracciones al DIH, memoria histórica y conflicto armado. Elementos para una política pública. Bogotá: CNMH. 2014. Nota: Este informe es de carácter público. Puede ser reproducido, copiado, distribuido y divulgado siempre y cuando se cite la fuente, no se altere su contenido, y se disponga de la autorización del Centro Nacional de Memoria Histórica (cnmh) como titular de los derechos morales y patrimoniales de esta publicación.

Esta cartilla se realiza como resultado de un ejercicio de reconstrucción de memoria histórica en diferentes regiones del país con diversas comunidades afectadas por el conflicto armado. Allí las víctimas tuvieron la oportunidad de hablar sobre las pérdidas, los daños y las situaciones que debieron enfrentar en algún momento. Fue gracias a este ejercicio de memoria colectivo que se logró ubicar los hechos violentos, los contextos en que éstos ocurrieron, reconstruir las acciones de los actores armados y evocar los padecimientos y las transformaciones por las que atravesaron las víctimas. De esta manera, esta cartilla se constituye como un inventario de daños sobre los que las víctimas demandan acciones de reparación. La identificación de los daños contribuye a que las víctimas procesen sus experiencias, encuentran respuestas y otorguen sentido a sus vivencias. Además, aporta para que la sociedad y el Estado entiendan lo que significa y cuesta reparar, y asuman la responsabilidad de llevar a cabo acciones y políticas para lograrlo. Ronald Villamil, investigador del CNMH, explica que “se trata de un instrumento metodológico que recoge la experiencia y postura que desde la entidad se le da a la relación entre memoria histórica y daño. La cartilla aporta en dos dimensiones: 1) fortalece el debate sobre los procesos de identificación de daño desde una perspectiva de exigibilidad de derechos y reparación y 2) ofrece una propuesta metodológica que va dirigida a aquellas entidades, instituciones o personas que deseen fortalecer sus procesos de valoración de los daños y esa relación entre memoria histórica y daño.” Fotografía: María Luisa Moreno Cómo citar: Centro Nacional de Memoria Histórica. Aportes teóricos y metodológicos para la valoración de los daños causados por la violencia . Bogotá: CNMH, 2014. Nota: Este informe es de carácter público. Puede ser reproducido, copiado, distribuido y divulgado siempre y cuando no se altere su contenido, se cite la fuente y/o en cualquier caso, se disponga la autorización del Centro Nacional de Memoria Histórica como titular de los derechos morales y patrimoniales de esta publicación.

El conflicto armado en Colombia ha golpeado duramente la actividad política y, por lo tanto, ha perturbado el funcionamiento del sistema democrático. El departamento de Norte de Santander es un doloroso ejemplo de los graves daños que el conflicto armado le ha ocasionado a la posibilidad de que los ciudadanos escojan libremente a sus voceros en los cargos de elección popular y que éstos puedan ejercer a plenitud sus compromisos legales y los mandatos de sus comunidades. Esta región del nororiente del país ha sufrido, como pocas, los embates de las guerrillas y los paramilitares contra dirigentes y militantes políticos de todas las vertientes, mediante asesinatos, secuestros, amenazas y desplazamientos forzados. En la presente publicación, el Centro Nacional de Memoria Histórica seleccionó cuatro casos muy representativos de cómo la guerra silenció la actividad política de voceros de todas las tendencias políticas en Norte de Santander. Se trata del secuestro y muerte en cautiverio del ex ministro conservador Argelino Durán Quintero y de los asesinatos del senador liberal Jorge Cristo Sahium, del ex alcalde, poeta y candidato independiente a la gobernación Tirso Vélez y del dirigente comunista Carlos Bernal. Estas historias son emblemáticas de muchísimas otras víctimas en el país, que incluyen alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, congresistas y candidatos presidenciales.

Fragmentos para una historia económica y sociocultural de las caucherías en el Putumayo

Documentos relativos a las violaciones del territorio colombiano en el Putumayo (1903-1910)

No existe una historia amazónica de la Amazonia. A pesar de los notables esfuerzos de arqueólogos, antropólogos, etnohistoriadores y de otros especialistas para profundizar en el conocimiento de la historia amazónica desde la Amazonia, lo que secularmente ha circulado y se ha difundido, por razones económicas, políticas y etnocéntricas, es una “historia” construida desde los Andes, es decir, desde las tierras “altas” del claustro andino, sobre las tierras “bajas” de la Amazonia. Ahora bien, esa “historia” que desde los Andes se fue elaborando sobre la Amazonia ha sido construida sobre las concepciones ideológicas de “civilización”, “progreso” y “desarrollo”. Se trata de una “historia” entre comillas, es decir, de una invención, tejida con base en el eslabonamiento de una larga lista de imágenes e imaginarios, de construcciones ideológicas al fin y al cabo, que desde el siglo XVI aluden al “paraíso”, al “país de las Amazonas”, a “El Dorado”, al “país de la canela”, a la “tierra de aucas”, de “salvajes”, de “brujos”, de “infieles” y de “caníbales”. Los siglos XIX y XX agregaron nuevas imágenes como “tierra baldía”, “paraíso del diablo”, “infierno verde”, “tierra sin hombres para hombres sin tierra”, “pulmón del mundo”, “paraíso de la biodiversidad”, “mar de agua dulce” y hoy ha vuelto a resurgir con fuerza la imagen de la Amazonia como “Tierra Prometida”, como “la Nueva Jerusalén”. Putumayo: la vorágine de las caucherías es un texto histórico, descriptivo y explicativo de los procesos extractivos inherentes al primer período de la explotación cauchera en el Putumayo y ha sido construida con base en un vasto universo de fuentes documentales primarias, elaboradas por indígenas y mestizos, por caucheros, por misioneros, por militares, por agentes gubernamentales locales y regionales y, en fin, por un conjunto muy diverso de sujetos que, fundamentalmente, estuvieron atrapados en “la vorágine” de las caucherías. La obra está dirigida a las poblaciones indígenas del Putumayo y, en general, de la Amazonia, cuyos “taitas”, “abuelos” y “mayores”, como mano de obra endeudada y esclavizada, sufrieron los vejámenes cometidos durante el primer auge de la explotación cauchera. Asimismo, la obra está dirigida a todas aquellas personas e instituciones comprometidas con el presente y el futuro del Putumayo y, en general, de la Amazonia.

¿Ha sido eficaz el Estado colombiano para combatir, prevenir y sancionar a los responsables de un crimen contra la humanidad como la desaparición forzada de personas? Luego de leer este informe, lamentablemente la respuesta es que el Estado colombiano no ha sido eficaz en cumplir con esas obligaciones. Lo mismo puede decirse del papel del Estado en materia de búsqueda de las víctimas directas de la desaparición forzada. Durante muchos años se creyó que la razón de la ineficacia del Estado radicaba, fundamentalmente, en que la desaparición forzada de personas no era un delito en el Código Penal colombiano. Pero luego de su tipificación, en el año 2000, y pese a que desde entonces se cuenta con mejores mecanismos para combatir ese crimen tan atroz, no se puede afirmar que hayan sido sustanciales los cambios en la acción del Estado contra la desaparición forzada ni que los mismos hubieran sido suficientemente persuasivos para evitar la repetición de esas conductas. Las acciones desarrolladas hasta este momento por las diversas instancias del Estado no encuentran canales de implementación apropiados para garantizar de manera efectiva y oportuna los derechos a la prevención, la búsqueda, la investigación, la asistencia y la reparación integral, aunque son herramientas formuladas para dar respuesta a varios de los derechos de las víctimas de desaparición forzada. Asimismo, algunas medidas, aunque se han puesto en funcionamiento desde hace algún tiempo (tipificación del delito, CBPD, MBU, PNB, entre otros), no han logrado un desarrollo apropiado para responder a los derechos y requerimientos de las víctimas. Así, a pesar de existir nuevos instrumentos legales para combatir la desaparición forzada y asistir a sus víctimas, este libro concluye que “fueron frecuentes las informaciones sobre la falta de coordinación y coherencia interinstitucional al momento de desarrollar acciones”. Finalmente, el informe dicta algunas recomendaciones en materia de: prevención, búsqueda, investigación, asistencia y reparación.

El mayor reto de este informe es reflejar los impactos psicosociales del delito de la desaparición forzada por cuanto supone exponer la dimensión del dolor y el sufrimiento, lo cual es a todas luces innombrable por la profundidad que implica en todos los aspectos de la vida de quienes se ven sometidos a una experiencia tan extrema. Allí se realiza un ejercicio de memoria a través de testimonios, lo cual permite no sólo comprender la forma de explicar y ver el mundo de las personas victimizadas sino que, a través de ellas, es posible conocer el contexto histórico, social y político como referentes desde los cuales se narra la experiencia; es decir, evidenciar el sistema de creencias y valores de la sociedad colombiana. Sin duda, este delito es también en una tortura psicológica. La desaparición del familiar ocasiona la presencia permanente del sufrimiento de los familiares, la incertidumbre, impotencia, tristeza, angustia y sentimiento de indolencia por la falta de respuesta estatal. Se constituye como una tortura por el malestar emocional, psicológico y espiritual en tanto han sido sometidos a un trato cruel degradante e inhumano. Los 11 Casos Tipo seleccionados son evidencia de que la revictimización es un escenario común. La impunidad se constituye en el mecanismo que por excelencia afecta el psiquismo individual y colectivo ; se convierte en el centro y punto de retorno del desconcierto, sufrimiento y ansiedad, por cuanto evidencia la ausencia estatal, el abandono y la indiferencia ante la contundente expresión de la violencia en sus vidas. Lo anterior se debe, por un lado a que los funcionarios del sector público, los agentes privados y los actores armados no han asumido su responsabilidad histórica ante las víctimas ni ante la sociedad por los hechos de violencia ocurridos. Y de otro lado, la impunidad se relaciona también con el hecho de construir versiones “oficiales” de lo que pasó, negando los relatos, la voz de las víctimas y su memoria histórica de los acontecimientos, además de encubrir los hechos. Es por ello que los familiares se ven abocados a organizarse como colectivos y buscar por su propia cuenta la verdad, la justicia y al familiar desaparecido. Las luchas de los familiares ha llevado muchos años de espera para lograr resultados, lo cual implica una sobrecarga emocional y la constatación de encontrar en el Estado, no un aliado o protector, sino el principal obstáculo para encontrar al ser querido, conocer la verdad y hacer justicia. Nada más revelador en el estudio sobre los impactos psicosociales de la desaparición forzada en los familiares de víctimas que su capacidad para actuar y asumir retos, los cuales a primera vista parecen inalcanzables en el proceso de búsqueda de sus seres queridos, de la verdad y la justicia.

La desaparición de Omaira Montoya, militante de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ocurrió en la ciudad de Barranquilla en septiembre de 1977. Este caso fue el primero de miles similares que han ocurrido en el país, gran parte de los cuales han quedado en la impunidad; la mayoría debido a que solo en 1991 la Constitución Política estableció el derecho a no ser desaparecido y apenas en el año 2000 el Código Penal colombiano tipificó como delito esa conducta, la cual hasta aquel entonces había sido investigada como una modalidad de secuestro, sin serlo. En este libro se realiza un minucioso recuento de los instrumentos internacionales en materia de desaparición forzada y los intentos colombianos por tipificar este crimen, así como de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional colombiana, el sistema interamericano de derechos humanos y los órganos que interpretan los tratados y los pactos suscritos al amparo de las Naciones Unidas. Asimismo, revela que en el país no existe una cultura estadística: las cifras sobre este delito no están construidas y se encuentran fragmentadas, motivo por el cual los datos no son confiables. Paralelamente, algunas organizaciones de víctimas han ido construyendo sus propios registros, sin embargo, de los datos que ellas poseen actualmente, ni el 20% están en medicina legal. Así, con la información disponible no es posible construir una cifra, ni siquiera aproximada, que dé cuenta de la magnitud de este delito. Sin embargo, a partir de un arduo trabajo de revisión y análisis crítico de las cifras históricas, oficiales y no oficiales, es posible dar cuenta de las tendencias.